Rechazo unánime al contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía

Sus casas avistadas desde el espacio constituyen una de las evidencias de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento.

¿Desconocimiento total u osadía temeraria? ¡Juzgue usted! Pero el ministro de Ambiente de Ecuador, Raúl Ledesma, habla de que se ha propuesto contactarse con los Tagaeri – Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven en la Amazonía ecuatoriana.  

“Todavía no he podido contactarme con ellos, pero vamos a ver formas de comunicación”. Así lo dijo Ledesma en el reportaje ‘¿Yasuní o petróleo?’, de Visión 360, del domingo 13 de octubre. Incluso adujo que estos grupos indígenas, que evitan cualquier contacto con el mundo externo, tienen sus asambleas generales y que, a través de estas o las de los pueblos Waorani, socializarían proyectos de asistencia.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones absurdas, hay un afán expreso de empujar hacia un contacto forzado con estos grupos indígenas y que, más allá de cualquier intención de protegerlos, sería de contactarlos para dejar vía libre al extractivismo petrolero. El Parque Nacional Yasuní (al noreste de la Amazonía ecuatoriana y refugio de estos grupos) está saturado de bloques petroleros, lo que les expone a un peligro absoluto de exterminio, por la presión y riesgo de encuentros imprevistos y muchas veces violentos.

Frente a este tipo de peligros, escenario que se repite en otras regiones de la Amazonía, surgió una declaratoria de rechazo unánime a cualquier intento de contacto forzado con estos pueblos amazónicos en aislamiento.

Así lo decidieron organizaciones indígenas y no gubernamentales (entre estas Land is Life), líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos y nacionalidades, reunidos con motivo del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, el 10 y 11 de octubre.

Allí, delegaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Suriname analizaron la situación actual de estos pueblos. Además, conocieron los resultados del Informe ‘Pueblos Indígenas en Aislamiento: Territorios y desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco’. 

Los expertos advierten que ocurren retrocesos preocupantes en las políticas de protección. Lo peor que no se trata de hechos aislados en la región.  

En Bolivia, por ejemplo, se han dado retrocesos normativos y de políticas que han revertido los avances legales y dieron paso a planes extractivos, megarepresas hidroeléctricas, carreteras y la expansión de las fronteras agrícolas.

Ecuador y Perú han asumido medidas políticas que buscan evitar que el Estado asuma la responsabilidad de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. Inclusive se han dado el lujo de recategorizar los mismos para debilitar la protección e incrementar las áreas concesionadas, cediendo paso a los intereses extractrivistas. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno, por ejemplo, mediante el Decreto 751, del 21 de mayo del 2019, dio vía libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible del Yasuní.

En el caso de Brasil, resulta paradigmático el giro más radical con relación a la reorientación de políticas que constituyen una regresión con respecto a los marcos internacionales y a los estándares de protección de los derechos de estos pueblos.

LA DECLARATORIA DE LIMA

Las organizaciones, los líderes indígenas e investigadores armaron la Declaratoria conjunta de Lima. Lo hicieron para exigir que los Estados garanticen la protección y supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco.

Los puntos clave de la Declaratoria:

 * Rechazo a toda acción que promueva el contacto forzado con estos pueblos. Esto en observancia y respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y al principio de no contacto como principal directriz y derecho fundamental.

* Preocupación absoluta frente a los retrocesos que sufre la región en cuanto a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en general respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

* No son hechos aislados los retrocesos que vive la región sobre políticas de protección. En Perú y Ecuador, que tuvieron importantes avances en leyes, normas y directrices, hoy toman medidas políticas que esquivan la responsabilidad de los Estados de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. 

* Venezuela no tiene normas específicas para proteger a sus pueblos indígenas en aislamiento. Consideran importante urgir a la Asamblea Nacional Constituyente para que adopten las recomendaciones de las organizaciones indígenas, sus aliados y la Defensoría del Pueblo.

* Advierten conflictos sociales, degradación de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos fundamentales para los pueblos en aislamiento por implementación de megaproyectos hidrocarburíferas e hidroeléctricas, mineras y más. Las graves ausencias de protección estatal de los territorios han permitido las actividades ilícitas e ilegales.

*  Los impactos del ‘modelo de desarrollo’ causan efectos en diversos ámbitos: amenazas y criminalización de personas e instituciones ligadas a los derechos indígenas, debilitamiento de los estatutos de protección de los territorios y la negativa de Estados y empresas para adoptar el principio de precaución y más salvaguardas que garanticen la intangibilidad de los territorios.

* Ausencia de voluntad política de los gobiernos para implementar y observar las directrices de protección. En países como Perú se tiende a congelar o demorar las decisiones sobre nuevas demarcaciones territoriales para grupos en situación de aislamiento. Más bien, empieza a tomar fuerza la voluntad política para impulsar el modelo de desarrollo extractivo.

Los pueblos indígenas en aislamiento están en situación de vulnerabilidad por la inobservancia e invisibilización de sus derechos por parte de la sociedad envolvente. Por eso se propone la articulación permanente de un grupo de trabajo regional que impulse la protección de estos pueblos a escala internacional, regional, nacional y local.

Los avances de las investigaciones permitieron que crezca el número de registros de los pueblos indígenas en aislamiento entre 2005 y 2019. Sin embargo, el reconocimiento oficial de existencia y de sus territorios aún es un reto en Paraguay, Brasil, Colombia y Venezuela. El Informe Regional contiene información sobre 185 pueblos en situación de aislamiento, pero solo 66 están confirmados por los gobiernos.

Una de las conclusiones de este Informe y que preocupa es que las políticas implementadas en países como Ecuador no son el resultado de dinámicas aisladas o encapsuladas en el espacio nacional. Más bien reflejan un entramado regional, bajo el argumento de un ‘modelo de desarrollo’ en la Amazonía y El Chaco, que se contrapone y contradice las principales normas, leyes y estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Frente a los graves retrocesos, se reafirma un compromiso colectivo con la defensa de los derechos y la protección de los territorios y la vida de los PIACI. A la vez conminan a todos los sectores de la sociedad civil nacional e internacional a sumar esfuerzos y urgen a los estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección.

Una declaratoria conjunta de organizaciones, líderes indígenas y expertos exige a los Estados garantizar la protección y supervivencia de estos grupos, que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco. Fue difundida durante el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, Perú.
El Parque Nacional Yasuní es el refugio de los Tagaeri Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador.

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Grave amenaza a la supervivencia de los pueblos en aislamiento de la Amazonía

El Gobierno de Ecuador autoriza la extracción de petróleo en zona prohibida del Yasuní. Organizaciones y colectivos civiles demandan la inconstitucionalidad de esa medida ante la Corte Constitucional. También alertan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los peligros.

El Yasuní es el último rincón de los tagaeri taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven a las presiones externas. Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

Contradicción absoluta con relación a la inexcusable obligación de protegerlos para evitar que desaparezcan los tagaeri y taromenane, dos últimos pueblos en aislamiento de la Amazonía de Ecuador. Así es vista la decisión del gobierno de Lenin Moreno de permitir que se construyan infraestructuras de “plataformas y producción de hidrocarburos” en donde antes estaba prohibida toda actividad extractiva.

El Decreto 751, que lo firmó el Presidente Moreno el 21 de mayo del 2019, da paso libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible, del Parque Nacional Yasuní. Se deja así de contruibuir a la protección de estos grupos humanos de la Amazonía ecuatoriana en aislamiento.

Para justificar este Decreto, el Gobierno se valió de lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para reforzar la protección al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

La amenaza es tan grave que Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los Derechos de los Pueblos Indígenas, hizo publica su preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 751 para los tagaeri y taromenane.

La preocupación de la Relatora de la ONU por la situación de los pueblos indígenas en aislamiento en Ecuador.

La organización Land is Life califica a esta medida como un continuismo “a la saga de la anti-protección” de los Pueblos en Aislamiento. Advierte que Ecuador no cuenta con una política pública de protección y que al Gobierno le importan más los intereses económicos antes que la valía de vidas humanas.

Medidas y acciones que atentan

  • Se redujeron los recursos humanos y financieros.
  • No hay un plazo cierto para definir las políticas de protección.
  • Ausencia de iniciativas efectivas de protección frente a las amenazas por las actividades petroleras, movidas con capitales chino, español y ecuatoriano.
  • Mayor presencia de colonos y la frontera agrícola.

Natalia Bonilla, antropóloga y ecologista, alerta que “se deja de proteger al área de amortiguamiento de la Zona Intangible y se abre paso para la explotación petrolera en 396.000 hectáreas en la Reserva de Biósfera.

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) advierte que “es aún más grave porque la ampliación de la ZI es de 60.450,42 hectáreas, pero la ampliación del área en que se permite la implementación de infraestructura petrolera alcanza las 400.000 hectáreas”.

Las contradicciones siguen. Pues el mismo artículo prohíbe las actividades de extracción forestal y las concesiones mineras. Pero, según ALDEA, es un
enunciado distractor de lo que parece ser el objetivo final del Decreto: lograr la explotación de los campos petroleros ubicados en el Área de Amortiguamiento en los bloques concesionados (43, 31, 16, 14 y 17) y en los bloques 83, 84 y 87, localizados hacia el sur de la ZI.

Ante la decisión del actual Gobierno ecuatoriano existe un riesgo latente por afectar a un territorio de uso y movilidad tradicional estos pueblos. Así lo advierten Roberto Narváez, Paola Maldonado y Eduardo Pichilingue, en ‘La amenaza del Decreto Ejecutivo No. 751 a la Superviviencia de los Pueblos en Asilamiento Tagaeri Taromenane”, un análisis antropológico, espacial y de derechos. Temen que se repitan los episodios trágicos del 2013, cuando los ancianos waorani Ompore y Buganei murieron lanceados y semanas después ocurrió la masacre de más de 20 personas de uno de los pueblos indígenas aislados.

Ompore, anciano waorani, era el único que mantenía cierta comunicación con grupos en aislamiento. En el 2013, él murió lanceado
junto a su esposa Buganei.

El temor de José Proaño, director para América Latina de Land is Life, y de Eduardo Pichilingue es que se agrave la presión sobre estos pueblos aislados. La presencia de gente extraña en sus territorios provocaría encuentros fortuitos y quizá enfrentamientos. Ellos cada vez tienen que recorrer más distancias para encontrar alimentos y espacios para asentarse por temporadas. Eso hace que su supervivencia empeore aún más.

En el análisis antropológico de ALDEA explica que estos pueblos acostumbran una movilidad estacionaria. Es decir, que se desenvuelven alrededor de las casas tradicionales (onko) y el espacio de ocupación, por un lapso aproximado de 5 a 7 años, con mayor actividad de enero a abril debido al acceso al fruto de la palma de chonta (Bactris gasipaes) y animales de cacería. Lo hacen también en noviembre para recolectar algodón (Gossypium sp.), vegetal fundamental para la cacería por su uso en las flechas de las cerbatanas y en la producción de fuego.

Parte de esta movilidad activa se relaciona con el acceso a animales de caza en humedales donde abunda la ungurahua, que a la vez genera una protección natural a los grupos familiares.

Por todo eso, los expertos se lamentan que este Decreto se haya emitido sin un análisis profundo. Ni siquiera se consideraron los criterios de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos (antes Ministerio de Justicia). A tal punto que Lucy Rodríguez y Patricia Peñaherrera, directora y coordinadora, respectivamente, renunciaron al día siguiente del Decreto por “diferencias de opinión” con el mismo.

Pues, el Decreto 751, además del presidente Moreno, fue apoyado con sus firmas por Marcelo Mata, ministro de Ambiente, Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos No Renovables, y Marlon Brito, secretario de Derechos Humanos.

El análisis de ALDEA concluye que este Decreto implica un retroceso en las garantías de derechos de los tagaeri taromenane. Aquello, de acuerdo con el Art. 57 de la Constitución del Ecuador, significa una acción que viola los derechos de irreductibilidad e intangibilidad al territorio de estos pueblos. Eso implica un acercamiento al tipo penal de etnocidio, debido a la potencial destrucción total o parcial de su cultura y vida.

Así, el Decreto 751 implica graves riesgos para la vida de los dos últimos pueblos en aislamiento que le quedan a Ecuador, ya que “están constantemente sometidos a situaciones de máxima vulneración de sus derechos, al acoso y saqueo de su territorio”.

De allí que conminan al Gobierno a generar una planificación responsable, técnica y respetuosa de derechos. Para eso urge la suspensión inmediata de las actividades petroleras en esta zona del Yasuní.

Acciones contra el Decreto 751

– ALDEA, la Fundación Pachamama y más personas presentarán esta semana una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 751. Lo harán ante la Corte Constitucional.

– La Conaie, como copeticionario de medidas cautelares de protección para los pueblos en aislamiento, enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el Decreto 751. Pondrá al tanto de las implicaciones y los riesgos que representa el mismo. El objetivo es que los jueces analicen y tomen la decisión de pedir medidas adicionales o de remitir el caso a la instancia mayor: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, de considerar que el Estado ecuatoriano no está protegiendo a los tagaeri taromenane, impondría sanciones.

– La organización Land is Life propone convocar a la sociedad civil, por medio de las organizaciones indígenas y aliadas, para una consulta pública en el marco de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, para definir la Política Pública de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento. También insiste en revocar el Decreto 751 y acoger el mandato de la consulta  popular y que se haga cumplir los preceptos constitucionales, en su artículo 57  sobre la posesión ancestral irreductible e intangible de sus territorios.

Organizaciones indígenas y civiles iniciaron acciones en contra del Decreto 751 y a favor de los pueblos en aislamiento.
Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

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