Al borde de un genocidio por los incendios forestales en la Amazonía

Los indígenas en aislamiento se ven forzados a desplazarse hacia territorios extraños, lo que les pone en grave riesgo.

Sus territorios arden en medio de los incendios incontrolables y ellos viven una situación dramática. Son 350 grupos indígenas amazónicos y 185 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que habitan la Amazonía y el Gran Chaco.

Frente a esa situación, las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas, junto con los especialistas, denuncian que estos pueblos superviven bajo amenaza constante y los incendios forestales lo agravan aún más.

Un comunicado, firmado por 14 organizaciones, denuncia y alerta que estas amenazas, en especial los incendios que ahora arrasan la Amazonía, obligan a los pueblos indígenas en aislamiento (de 66 está confirmada su existencia en la región) a buscar estrategias de supervivencia, incluido el desplazamiento forzado.

Bajo esas condiciones, se ven empujados a buscar refugio en regiones extrañas a sus territorios tradicionales. Lo peor es que esta migración forzada los pone en contacto inminente e incluso confrontación con personas ajenas a su grupo.

Por eso, “públicamente defendemos a estos pueblos indígenas y exigimos que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomen medidas inmediatas para contrarrestar tales incendios”, reza el manifiesto.

Además, que se implementen medidas especiales de protección para estos pueblos, respetando su autodeterminación para permanecer en aislamiento.

Los intereses detrás de los incendios

Las organizaciones denunciantes aseguran que detrás de la quema en la Amazonía (Brasil), la Chiquitanía (Bolivia) y el Gran Chaco (Paraguay) existe un mercado millonario.

Advierten que en Brasil, “prender fuego a un área de 1.000 hectáreas cuesta alrededor de 1 millón de reales en el mercado negro”. La gran interrogante es: ¿Quién paga y qué se gana?

Las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos en pueblos indígenas en aislamiento presentan en un trabajo conjunto una visión general de lo que ocurre en los siete países de la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.

Brasil y su irrespeto total a los pueblos indígenas

La actitud del gobierno brasileño frente a la población indígena deviene en el irrespeto total a los principios constitucionales. Desde hace meses, el presidente Jair Bolsonaro ha emitido discursos en contra de los pueblos indígenas y  el movimiento ambientalista.

Las organizaciones denunciantes señalan que la discusión y el desprecio fueron los dos únicos pronunciamientos del Presidente y su equipo a la comunidad internacional, especialmente ante la sociedad civil organizada a favor de Brasil.

Aún más,  ha  irrespetado la legislación ambiental. Eso le ha llevado a repercusiones internacionales, sobre todo la presión del G7.  En respuesta, se armó un gabinete de crisis y se movió a los militares para tratar de apagar los flagelos.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es 278% más que el miperíodo del 2018, son daos oficiales del INPE. En Brasil se contabilizaron 131 tierras indígenas incendiadas entre el 15 y el 20 de agosto de 2019. Pero todos los días se presentan nuevos incendios. Estos datos han sido levantados por la geógrafa Ananda Santa Rosa y Fabrício Amorim, con base en el Sistema de Información de Incendios.  Fire Information for Resource Management System  (FIRMS/NASA).

En medio de este caos, la situación más dramática es la de los pueblos indígenas en aislamiento. En Brasil existen 114 registros de estos grupos, de los cuales 28 son confirmados por el organismo oficial indigenista del gobierno o FUNAI.

¿Cuántos huyen del fuego? La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas en aislamiento, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia.

Petróleo y minería contra las comunidades amazónicas de Ecuador

Antes que los grandes incendios, en Ecuador la megaminería es el gran mal. Estas actividades están avanzando sobre los territorios en el sur de la Amazonía de Ecuador. Se suma una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar.

Las imágenes satelitales evidencian que, durante los últimos años, existe un aumento de situaciones dramáticas de incremento de lluvia y nuevas zonas  de inundaciones en la Amazonía norte, que desde hace décadas es destruida y contaminada por actividades petroleras. 

El avance de la frontera agrícola y el desarrollo incentivado por gobiernos locales fomentan la deforestación en esta zona.  La apertura de nuevas carreteras abre paso a la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente. 

Al Parque Nacional Yasuní le están diezmado la deforestación derivada de la explotación de petróleo, por nuevas carreteras y plataformas. Lo peor es que ponen en grave riesgo la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, grupos indígenas que viven en aislamiento.

Grave daño a territorios intangibles en Bolivia

Un millón de hectáreas de bosque se han incendiado en lo que del 2019. Desde finales de julio hasta agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía  devastó 780.000 hectáreas. Lo más afectado está en la región de Chiquitanía y los territorios Ayoreo, Chiquitano y Monkoxi.

También se han afectado gravemente  y desaparecido bosques secos en la frontera con Paraguay, en el área decretada con intangibilidad (inviolable y prohibido el ingreso de gente extraña) para Pueblos en Aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní. Estas zonas representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y la política de gobierno. 

Los incendios afectan a los pueblos en aislamiento del Perú

La mayor parte de los incendios forestales ocurren en zonas de la Sierra (Cusco y Ayacucho). Una buena parte de los incendios reportados en la  selva están directamente vinculados a territorios pueblos en aislamiento o en contacto inicial.

El impacto es grave, no solo en las condiciones del territorio sino también en la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia. Esto afecta directamente a los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan. 

Uno de los incendios detectados afecta al área propuesta para la creación de la reserva indígena de Sierra del Divisor Occidental (Ucayalí, Loreto). Este sitio ya cuenta con el reconocimiento oficial como refugio de los pueblos en aislamiento y que se superpone con el Parque Nacional de Sierra de Divisor, además se conecta con la Reserva Indígena Isconahua.

El segundo incendio está en el Distrito de Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios), próximo al Parque Nacional Alto Purús y a las reservas territoriales Mashco Piro y Madre de Dios. Este sector es parte de un ámbito mayor de desplazamiento los pueblos en aislamiento, conocido por las organizaciones indígenas como: Corredor Territorial Transfronterizo Pano-Arawak (Perú – Brasil). 

Tratar de controlar los incendios forestales resulta una tarea
muy complicada para los brigadistas.

Una sentencia ‘precedente’ para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento

Por el ataque y matanza a una familias indígenas en aislamiento, 10 waorani fueron sentenciados bajo una visión de interculturalidad. Fotos: Fiscalía General del Estado

El hecho mismo de que ya exista una sentencia condenatoria marca un precedente. Así lo consideran algunos entendidos en el tema sobre la sentencia de un Tribunal Penal contra 10 indígenas waorani por el ataque a familias en aislamiento de la Amazonía ecuatoriana, ocurrido el 30 de marzo del 2013.

En ese entonces, 17 waorani se encaminaron selva adentro hasta un asentamiento (casa que la estuvieron construyendo) de un grupo indígena en aislamiento. Este último sería parte de los tagaeri – taromenane, que superviven en el Parque Nacional Yasuní y están al borde del exterminio por diversas formas de presión, entre estas la extracción petrolera.

Los waorani atacaron con armas de fuego, provocando una matanza, sobre todo de mujeres y niños (serían más de 20 las víctimas). Además, trasladaron a la fuerza a dos niñas (en ese entonces de 7 y 9 años), quienes hoy viven en comunidades waorani.

El 5 de marzo del 2013, dos ancianos waorani, Ompure y su esposa Buganey, murieron lanceados en la chakra cerca de su casa. De allí que el ataque fue en cumplimiento de una tradición de venganza por esas dos muertes.

Todo lo antes anotado es con base a los testimonios de los hoy sentenciados, incluso a fotografías por ellos mismo captadas en el sitio donde ocurrió el ataque.

En audiencia pública en Pompeya, una comunidad de la provincia amazónica de Orellana, los jueces de la provincia amazónica de Orellana anunciaron su resolución. Acudieron 11 de los 17 acusados (uno fue absuelto). Queda pendiente la presentación de otros seis imputados.

La sentencia (leída en español y waoterero –lengua waorani-)

  • 200 horas de trabajo comunitario por año, durante cuatro años, en las comunidades cercanas a sus casas.
  •  La construcción de chakras y casas tradicionales waorani.
  • Una fiesta cultural waorani en una comunidad que será escogida por la Comisión encargada de hacer seguimiento de la sentencia.
  • Que se oficie –previo a la fiesta- a la Secretaría de Derechos Humanos para que realice una inducción de derechos humanos, en especial el derecho a la vida.

Un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado explica que los jueces resolvieron que se trata de un homicidio, delito tipificado en el Artículo 449 del Código Penal anterior y 144 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero el Tribunal Penal, acogiéndose a principios de interculturalidad, “dispuso una pena conforme a la cosmovisión indígena, previa coordinación con ancianos waorani”.

Según la Fiscalía, esta sentencia “se encuentra estipulada en los principios de interculturalidad, contenidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales…”.

El Estado ecuatoriano, en deuda

Esta es la primera sentencia sobre estos casos y es un avance. ¡Al fin una sentencia tras seis años de lo ocurrido, después de tantas dilataciones! Si es suficiente o no, fluirán diversas posiciones, hasta algunas polémicas. Lo cierto es que es un ‘lavado de manos’ del Estado ecuatoriano frente a una matanza.

Por un lado, están los waorani que no logran entender la justicia occidental, cuyas aspiraciones sería que no existiese sentencia. Para otros que lo ven desde el punto de vista occidental sin entender las particularidades de la cultura waorani, querrían que se aplique lo estipulado en la ley sobre el homicidio.

La lectura de Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos en aislamiento, es que “primero se reconoce que hay un delito cometido, pero se logra una sentencia alternativa a la cárcel. En términos generales se marca un antes y un después. Pudo ser más tiempo de trabajo comunitario y más específico en su aplicación”.

Lo negativo del juicio y de la sentencia –así lo mira Pichilingue- es que “no hayan considerado otros responsables como funcionarios de la empresa petrolera y del Estado que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en lo que sucedió. Este ataque ocurrió dentro de un bloque petrolero, a pocos metros de la vía Maxus, una carretera petrolera, y ni se pararon las actividades como se ha dicho tantas veces”.

Tampoco se consideró la denuncia del Vicariato de Aguarico y la Fundación Alejandro Labaka sobre que hubo conocimiento de parte de funcionarios del Estado y de la petrolera de que iba a darse el ataque en venganza.  Incluso se denunció que los waorani organizaron tres expediciones al interior de la selva.  “Todas esas cosas no fueron investigadas. Hubiese sido bueno que también se dé un proceso penal al respecto”, se lamenta Pichilingue.

La casa de las familias en aislamiento voluntario, ocho meses después del ataque del 30 de marzo del 2013.

Milagros Aguirre, en su artículo de opinión ‘La cereza del pastel’ (publicado este jueves 22 de agosto en Diario El Comercio), hace una dura crítica al considerar que esta sentencia es una “lavado de manos” del Estado ecuatoriano “disfrazada de sentencia con aplicación de principios de interculturalidad, sin que nadie diga ni pío”.

La articulista insiste que judicializaron a los waorani en un sistema nada intercultural. “Separaron a las niñas. Mandaron a la cárcel a unos atacantes (a otros no) y les acusaron de algo que no podían entender (genocidio)… Luego de años de dar palos de ciego (y de gastar recursos), pusieron un traductor waorani para simular el cumplimiento de un derecho fundamental. Finalmente un tribunal los condenó como culpables, pero le dejó la responsabilidad de la sentencia a otros: a un grupo de ancianos waorani…”.

Para Vannesa Barham, experta en pueblos indígenas, esta resolución del Tribunal Penal demuestra que “el Estado ecuatoriano no tiene otro tipo de lecturas frente a estos casos. Carece de soluciones diferentes a las penales, es decir solo es punitivo”.

José Proaño, Director para América Latina de Land is Life, agrega que “tratarles como responsables de un crimen resulta una visión muy limitada ante una situación de interculturalidad”. Además, que una verdadera reparación del conflicto en la zona, por ejemplo, debió apuntar a definir la situación de las niñas. “Más allá de tenerlas bajo el Sistema estatal de Protección a las Víctimas como testigos protegidos, más bien debería proponer su reunificación o, al menos, un reencuentro y a futuro sean ellas quienes  decidan estar juntas”.

En definitiva, no existe tal protección para estos pueblos, a pesar de que está delimitada una Zona Intangible (intocable desde el exterior) y hasta un Plan de Medidas Cautelares desde el 2007, que,  entre otras cosas, debería buscar acuerdos de protección con las organizaciones y comunidades waorani y kichwa, asentadas también en estos territorios dentro del Yasuní y en sus goteras.

Peor aún frente a un reciente Decreto (751) y dos licencias ambientales, otorgadas por el Ministerio del Ambiente. Estos dan luz verde para la explotación en dos bloques petroleros en zonas donde se ha advertido presencia de estos grupos en aislamiento.

Los defensores de los tagaeri – taromenane temen que sigan ocurriendo encuentros violentos entre estos indígenas aislados con los waorani y gente externa, que llega a estas zonas movida por la explotación de petróleo.

La audiencia pública donde se hizo conocer la resolución del Tribunal de Garantías Penales fue en la comunidad de Pompeya.

La frontera extractiva en el Yasuní se desborda

El temor es que los pueblos indígenas en aislamiento sufran encuentros fortuitos con los extraños y terminen en enfrentamientos. Foto: Karla Gachet

Al Parque Nacional Yasuní ya casi no le queda un rincón libre de agujeros para extraer petróleo desde sus entrañas. Uno de estos últimos espacios era el conocido bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el noreste de esta área protegida, en la Amazonía ecuatoriana.

Pero en medio de la impotencia de sus defensores, el Ministerio del Ambiente decidió emitir las licencias para la explotación de dos plataformas del campo Ishpingo. Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, lo anunció el 25 de julio del 2019.

Como si se anticipara a las reacciones de rechazo, el ministro Pérez adujo que esta franja está fuera del área de amortiguamiento del Yasuní y solo bordea la Zona Intangible (está dentro del área protegida), donde se considera superviven los Tagaeri y los Taromane.

Los antropólogos y defensores de estos dos últimos pueblos indígenas en aislamiento advierten del grave riesgo. Pues estos pobladores no saben de límites y se movilizan más allá de la Zona Intangible en busca de alimentos y de cacería para su sustento.

El peor temor de los defensores de los derechos de los pueblos en aislamiento es que aquello provocaría encuentros fortuitos y potenciales enfrentamientos con extraños que ingresen a sus territorios para construir plataformas y extraer el crudo. Esto se fundamenta en diferentes episodios trágicos ya ocurridos en el Yasuní.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, asegura que se está acortando el territorio de estas dos comunidades, al igual que el de los waorani. “Eso agrega presión a sus espacios que, de alguna manera, ya está disminuido. Y podría llevar a mayores conflictos no solo del lado de Ecuador sino de Perú. Los aislados han estado moviéndose inusualmente en esa zona de frontera y saliendo hacia comunidades donde casi no se los veía”.

Pichilingue teme que “estos encuentros no siempre son pacíficos sino con alto grado de tensión que podrían terminar en violencia y muertes en algunos casos. Con mayor presión nunca se sabe y obviamente están en riesgos las vidas no solo de los indígenas en aislamiento sino también de quienes comparte con ellos ese territorio”.

Ni las advertencias ni las protestas frenaron el afán extractivista del gobierno del presidente Lenin Moreno. Más bien, este siguió el mismo rumbo de su antecesor, Rafael Correa, quien tanto promocionó la Iniciativa Yasuní-ITT. Dentro y fuera del país, armó una ‘ilusionadora’ campaña para recaudar fondos a cambio de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra.

Este 15 de agosto se cumplieron seis años del fracaso anticipado, ya que Correa, a la par y casi a escondidas, impulsaba un Plan B (en realidad era el Plan A) para explotar el petróleo en el área protegida más grande y biodiversa de la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno de Moreno fiel a esa línea, el 21 de mayo del 2019 promulgó el Decreto 751, con el cual lapidó al Yasuní y a la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane.

Con ese decreto se dejó la puerta abierta para que entren los extractivistas a armar sus plataformas de perforación extracción en varios bloques, incluso en el área de amortiguamiento.

Para eso se escudó en el SÍ de la Consulta Popular (convocada por el Gobierno) del 4 de febrero del 2018, que ordenó la ampliación en, al menos 50.000 hectáreas el área protegida y en más de 60.000 hectáreas a la Zona Intangible, además de reducir de 1.030 a 300 hectáreas la zona autorizada para explotar petróleo. La Zona Intangible subió de 758.051 a 818.502 hectáreas.

Sin embargo, la coartada estaba en el artículo 3 del Decreto 751, que prohíbe nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras. Mas exceptúa a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.

Los Yasunidos insisten en la Consulta Popular

El Colectivo Yasunidos insiste en evitar el extractivismo petrolero en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento

Un grupo de mujeres activistas del Colectivo Yasunidos (defensores del Yasuní) sorprendió al tomarse pacíficamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La mañana del 15 de agosto del 2019, asumieron esa medida en exigencia a que este órgano gubernamental analice y apruebe la Consulta Popular propuesta por su colectivo.

En el 2014, Yasunidos y otras organizaciones presentaron el pedido de Consulta ante el CNE, con el respaldo de 756.623 firmas. Pero no fue aprobado, ya que se validaron solo 359.761 rúbricas. Fraude, así lo calificaron.

Por eso, ahora asumieron una medida de más presión. Exigen que la presidenta del CNE, Diana Atamaín (una mujer amazónica), convoque al Pleno para discutir y dar paso a esta iniciativa ciudadana.  

Antonella Calle, integrante de Yasunidos, insiste en que “hemos esperado años para que se apruebe esta consulta, mientras la frontera extractiva en el Yasuní sigue avanzando. Por eso creemos que la vida de los pueblos en aislamiento y los derechos de la naturaleza no pueden esperar más”.

Durante su medida de hecho en el CNE, recibieron una serie de manifestaciones de respaldo a la espera de una respuesta en el intento por salvar al Yasuní y sus habitantes.

Al caer la tarde del segundo día de la toma pacífica, el CNE reaccionó mediante un comunicado. Pero fue para desentenderse del pedido de Consulta Popular bajo el argumento de que no es atribución aprobarla.

Ante esa situación, las mujeres del Colectivo Yasunidos (formado hace seis años) levantaron su medida, pero dejaron en claro que irán por otras opciones hasta conseguir el objetivo.

Las mujeres activistas del Colectivo Yasunidos se tomó pacíficamente el CNE para exigir se analice y apruebe su iniciativa de Consulta Popular. Foto: Jaime Plaza

*****

Defensores del agua buscan detener la arremetida minera en Ecuador

Yaku Pérez, prefecto del Azuay, lidera la iniciativa de la Consulta Popular para conservar las fuentes naturales de agua. (Fotos: Jaime Plaza)

Antes como activista, hoy como una autoridad provincial, Yaku Pérez y su gente hacen esfuerzos por defender las fuentes naturales de agua y frenar la arremetida del extractivismo minero. Para eso, ahora impulsan la propuesta de una consulta popular en Azuay, su provincia.

Con ese objetivo, el ahora Prefecto azuayo llegó a la Corte Constitucional, en Quito, entonando cánticos y haciendo sonar su saxofón, acompañado por delegaciones de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y más. “Vamos hacer que Azuay y Ecuador muy pronto sean territorio libre de minería”, fue la sentencia de Pérez.

La pregunta:

“Está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y todas las zonas de recarga hídrica en la provincia del Azuay”.

Allí, en la Corte entregaron la petición de una Consulta Popular “para decidir entre el oro o el agua, si queremos la vida o la muerte”. Quedaron a la espera de que la Corte lo admita y los jueces emitan un dictamen favorable. De conseguir aquello, deberán sumar alrededor de 65.000 firmas (10% de los empadronados en Azuay) para llevarlas ante el Consejo Nacional Electoral y se proceda con la consulta.

Un primer intento lo hicieron el 22 de julio pasado en la Cámara Provincial del Azuay. La iniciativa de Yaku Pérez no logró la aprobación de las tres cuartas partes de sus integrantes como ordena la Constitución de la República. Ese día, 14 consejeros provinciales dieron su voto a favor, ocho en contra (uno de ellos el representante del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien en campaña ofreció defender el agua frente a la minería) y uno en blanco. Faltaron tres votos para ir directo a la Consulta Popular.

“Así como el pueblo los puso en su puesto, autoridades dejen que ahora el pueblo decida por el agua o por las concesiones mineras”, conminó a los jueces Patricia Mogrovejo, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) Una vez conseguido el dictamen favorable de la Corte Constitucional, iniciarán la minga de recolección de las firmas.

Los campesinos y más habitantes de cantones como Nabón, Oña, Sígsig, Gualaceo, Cuenca… o parroquias como Tarqui o Cochapata defienden sus fuentes de agua.

Los de Cochapata (comunidad de Nabón), por ejemplo, rechazan las concesiones mineras en el cerro El Mozo, una de las mayores fuentes de captación de agua para riego y consumo humano.

Los de Tarqui, en cambio, defienden a Quimsacocha, un páramo parte del sistema de áreas protegidas y sitio de captación de agua para diferentes sectores de Cuenca.

Las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas respaldan el rechazo a las concesiones mineras en páramos, bosques, humedales y más.

En este proceso hay precedentes

  • El 86,79% de los habitantes del cantón Girón (suroeste de Azuay) dijo No a la minería en la Consulta Popular de marzo del 2019. Esto en contra las actividades de exploración en el proyecto Loma Grande de la empresa canadiense INV Metals Inc.
  • En junio del 2018, una sentencia judicial ordenó la suspensión de toda actividad de la minera china Ecuagoldming  en el proyecto Río Blanco, en la zona de Molleturo. El juez civil de Cuenca, Paúl Serrano, determinó que se “vulneraron los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades cercanas al proyecto”. Dicha sentencia fue ratificada por la Corte Provincial del Azuay, el 3 de agosto.

*****

2.000 jaguares son los ‘amos’ de la selva en la frontera Ecuador-Colombia-Perú

Un estudio de WWF permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas

1.5 jaguares por cada 100 km2 en el Corredor Napo-Putumayo. Fotos y video: WWF

Sigilosos, abriéndose paso por entre la espesa vegetación de la selva amazónica. Así es como se alcanza a descubrirlos gracias a un sistema de cámaras trampa que perennizaron la presencia de estos felinos, ‘amos’ de la selva amazónica.

Son alrededor de 2.000 jaguares que reinan en el Corredor Napo-Putumayo, en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú. Esa es la cifra que reveló un inédito estudio de monitoreo, impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Esta investigación trascendental tuvo como pilar fundamental a lo registrado por 129 cámaras trampa, que instaló WWF entre 2018 y 2019. El reto fue determinar la ocupación y abundancia de esta especie y sus presas, en tres áreas del Corredor Napo-Putumayo.

  • Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador).
  • Parque Nacional Gueppi-Sekime (Perú).
  • Territorio Indígena Predio Putumayo (Colombia)

Lo descubierto abriga esperanzas. Se calculó una densidad de 1.5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. “Impresionante”, dicen los investigadores.

Las cámaras trampa hicieron el milagro de captar más de 64.700 fotos. Su análisis demandó de 10.500 horas de trabajo, a lo largo de 540 km2.

Para la WWF, estos hallazgos permiten impulsar la protección de los ecosistemas amazónicos y facilitan a las autoridades a tomar sus decisiones.

64.700 fotos fueron captadas por el sistema de cámaras trampa.

Este monitoreo permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas. Pues se trata de una zona compuesta por áreas protegidas y territorios indígenas, lo que evidencia que sí es posible la coexistencia entre la naturaleza y el ser humano, a través del uso sostenible de los recursos.

José Luis Mena, director de Ciencias de WWF Perú, resaltó que el jaguar se ha convertido en una especie prioritaria para esta organización internacional. Además, es fundamental generar mecanismos para asegurar su conservación, junto con otras organizaciones, el sector privado y el gobierno. “La cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos entre diferentes actores son cruciales para enfrentar este problema”.

La inversión china, una grave amenaza

El tráfico ilegal de especies lo tiene en grave riesgo.

La WWF advierte que el incremento de la inversión china en América Latina está empujando a un lamentable aumento en la demanda de partes del jaguar, como colmillos y garras. Esto a su vez incentiva a la caza furtiva inclusive en la Amazonía.

Hasta la década de 1970, estos felinos fueron perseguidos y cazados por sus pieles. Esa cacería se logró detener mediante la creación de leyes más estrictas que velaban por la protección de esta especie.

El más grande de América

  • El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande e icónico de América.
  • Es el principal depredador de la Amazonía.
  • En los últimos 100 años, ha perdido casi el 50% de su histórico rango de distribución. Cerca del 90% de su población está en la cuenca del Amazonas.
  • Lo atacan diversos conflictos entre la vida silvestre y la población humana: deforestación, caza ilegal, destrucción del hábitat y pérdida de especies presa.
  • Existe reducción y hasta extinción de sus poblaciones en países como El Salvador y Uruguay.

Casi el 90% de su población se encuentra en la cuenca del Amazonas. El jaguar, considerado protector y símbolo de poder para muchos pueblos, es también el mayor representante de la misteriosa belleza de la Amazonia. “Además, cumple un rol importante en el control de las poblaciones de otras especies de la zona y ayuda a mantener un ecosistema saludable. Es clave asegurar su bienestar y una forma de lograrlo es conservando los corredores biológicos, que son áreas que conectan dos o más regiones, rodeadas de bosques naturales, con la finalidad de evitar el aislamiento de las poblaciones de especies”, continuó Mena.

“El jaguar es un elemento muy importante en la cosmovisión de varios pueblos indígenas de nuestra Amazonía. Por tanto, un aspecto clave del trabajo que hacemos en WWF es colaborar de manera conjunta con las poblaciones locales y así lograr una coexistencia pacífica entre las poblaciones humanas y el jaguar”, indicó Jorge Rivas, gerente del Programa Bosques & Agua Dulce de WWF-Ecuador.

El jaguar es el felino más grande de América.

*****

Para defender el agua, 12 días de caminata

Partieron desde Tundayme, Zamora Chinchipe, hasta llegar  Quito para presentar una propuesta en defensa del agua.

Su convicción y la solidaridad les inyectó la fortaleza para no desmayar sus pasos durante los 12 días de caminata. Había que llegar a Quito para entregar su propuesta de paralizar toda actividad extractiva y salvar sus fuentes de agua.

A la capital de Ecuador, arribaron la tarde de este miércoles 14 de noviembre, después de recorrer desde Tundayme, una de las zonas seriamente afectadas por la megaminería en Zamora Chinchipe, sur de la Amazonía ecuatoriana.

Para este jueves 15, aguardaban la posibilidad de ser recibidos en la Presidencia de la República. Pero al final nadie les atendió en Carondelet, a diferencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde sí les dieron audiencia.

Acudieron a la convocatoria de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). 

Con su saxofón, Yaku Pérez, presidente de la Ecuaruani, puso el ritmo a los cánticos. Él, uno de los líderes de la marcha, aseguró que “uno de los mayores conflictos socioambientales que se vive en el país es causado por el extractivismo minero”. 

Por eso recogieron propuestas desde diferentes sectores del país para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica. El objetivo es que se prohíba la minería metálica en todo el territorio, que no haya ni licencias ni concesiones para prospección,  exploraciones, explotación y comercialización. “La única manera de parar la contaminación, la violencia y la criminalización es dictar una ley que termine con la minería”.

Esta propuesta fue entrega por los dirigentes a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. “Este proceso no termina ni hoy ni mañana. Es una lucha intergeneracional”. 

Por eso, alrededor de 1.500 mujeres y hombres, jóvenes y adultos caminaron firmes hasta Quito, a pesar del agotamiento físico. Acudieron de comunidades como Molleturo, Tundayme, Paloquemado, Cofanes Sinangoe, San Pablo de Amalí, Saraguro, Cañar…

Las mujeres y su convicción

La participación de las mujeres fue determinante. Ellas dejaron escuchar su voz convincente sobre el por qué decidieron unirse a esta marcha.

Pacari Lanchimba, de la comunidad La Libertad, parroquia Cangahua (Cayambe), fue una de las más entusiastas. No se cansó de entonar su guitarra y, a viva voz, cantar por el agua y por el Yasuní. 

Las mujeres de Otavalo tuvieron una presencia muy importante durante la marcha.

Carmen Laureana Chilpe, de 75 años, se unió desde Molleturo, cantón Cuenca (Azuay). Mientras trataba de estirar sus piernas para aliviar el cansancio, ella contó que decidió sumarse a la caminata “para defender el agua” y por sentirse cansada de lo que está ocurriendo en su comunidad.

Cerca de allí, una empresa china recibió una concesión para explotar oro y sus actividades empezaron a causar estragos en las fuentes de agua. “Por eso, nosotros protestamos. Al inicio éramos dos o tres personas, pero luego llegaron más”.

Desde la comunidad San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, llegó Martha Cobos. Ella y su gente estuvieron en la marcha en protesta porque corren el grave riesgo de quedarse sin agua por construcción de una represa para la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Para eso, en octubre del 2013 se desvió el cauce del río Dulcepamba, poniendo en peligro a la comunidad misma. 

Por todo eso, no paraban de gritar consignas y entonar cánticos como el ‘Carnaval del Agua’, con aquel “Agua quiero, agua quiero… oro nooo”, exigiendo respeto para sus fuentes de agua.

*****

Los Frailes y el Parque Nacional Machalilla, con las alarmas activadas

Los Frailes 4
Los Frailes es una de las principales joyas del Parque Nacional Machalilla. El sitio es vigilado por guardaparques. (Fotos: Jaime Plaza)

MANABÍ. Los Frailes es una playa paradisiaca, quizá única en Ecuador, por sus condiciones, riqueza natural y pacividad que ofrece esta entrada de mar, con agua color turquesa. Estas características constituyen un verdadero imán para el visitante. Es que de verdad es para disfrutarlo al máximo. 

Por eso y por mucho más, es uno de los sitios privilegiados del Parque Nacional Machalilla (PNM) y que quizá por eso la han puesto en la mirada de los inversionistas extranjeros.

En su entorno, en estos días ronda una gran preocupación. Los habitantes de Puerto López (cantón donde está ubicada esta área protegida) y la comunidad entera alertan sobre las intenciones de construir un mega proyecto hotelero.

Las alarmas se activaron a partir de que, el pasado 18 de septiembre, un helicóptero, sin autorización alguna, aterrizara en la playa La Tortuguita, contigua a Los Frailes e igual dentro del PNM.

Un comunicado oficial confirmó ese aterrizaje. En este se adujo que “El sustento para estas aseveraciones mal intencionadas es, posiblemente, la visita realizada por el Ministerio de Turismo con inversionistas extranjeros en la provincia de Manabí y donde se visitó la playa de los Frailes, uno de los atractivos de esta zona. Por tanto, este recorrido solo cumplió con el objetivo de mostrar a los interesados las potencialidades turísticas que tiene el Ecuador”.

El Ministerio del Turismo insiste en rechazar las “expresiones en redes sociales” sobre que se busca introducir cadenas hoteleras en zonas protegidas como parques nacionales.

La Cartera de Ambiente también emitió un comunicado. En este se indicó que “Hasta la fecha, ni el Ministerio del Ambiente ni la Dirección Provincial del Ambiente en Manabí han recibido propuesta alguna para la construcción de un complejo hotelero o infraestructura turística masiva en Los Frailes”.

Sin embargo, argumentos hay suficientes para esa preocupación. Sol Damerval, exdirectora del PNM, trae a colación lo señalado por el  presidente de Ecuador, Lenin  Moreno, y el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, el 11 de mayo del 2018. 

Ese día anunciaron que se busca atraer el turismo extranjero con base en dos grandes proyectos denominados ‘Pueblos Mágicos y Riviera del Pacífico’, en un estilo similar a lo de Riviera Maya en México.

Los Frailes 2
Los Frailes es una playa de especial atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

El vicealcalde de Puerto López, Cinerman Miranda, aseguró que, el 18 de julio, el ministro Ponce de León junto a otras autoridades y más personas estuvieron en esta localidad. “En una visita de cinco minutos, me supo manifestar sobre el proyecto Riviera del Pacífico, que contempla inversión privada en áreas específicas. Una de ellas es Puerto López. Ese día hicieron un sobrevuelo y quedaron en pedir la información correspondiente al Municipio”.

Según Miranda, “quieren atraer la inversión privada para hacer resorts u hoteles de primera. Lógicamente están viendo la ubicación, aunque en esa visita no se habló de lugares… De que existe interés, pues sí. Hay una visita y un anuncio oficial”.

   Área protegida desde hace 39 años

Ave PNM 1
Batará collarejo endémico.

Ave PNM 2
Oriol filiblanco endémico de la Región Tumbesina.

  • El Parque Nacional Machalilla tiene 41.754 hectáreas terrestres y 14.430 hectáreas marinas.
  • Es el refugio de 142 especies de aves de 142 marinas y terrestres. De estas, 34 son endémicas de las Región Tumbesina.
  • Alberga mamíferos como el perro de monte de Sechura Pseudalopex sechurae. Esta especie aparece en la lista roja de la UICN como casi amenazada. 
  • Es hogra del yaguarundí Herpailurus yagouaroundi, el venado de Cola Blanca Odocoileus virginianus, el mapache tropical Procyon cancrivorus, entre otros mamíferos.
  • Es un hábitat para variedad de reptiles y anfibios.
  • El sitio Playa la Tortuguita es un lugar importante para la anidación de tortugas marinas: la tortuga verde Chelonia mydas agassizii y la carey Eretmochelys imbricat. Esta última está Peligro Crítico de Extinción, según la UICN.
  • En su área marina alberga un sinnúmero de peces e invertebrados en sus arrecifes rocosos coralinos.
  • Sus parajes se caracterizan por el bosque seco tropical y matorral desértico propio de la zona. Incluso se han recuperado los bosques de palo santo (Bursera Graveoles), un árbol aromático medicinal.Caminata Los Frailes

El riesgo de un impacto irreversible

El helicóptero no tuvo permiso de aterrizaje y el riesgo que causó impacto es enorme. La playa La Tortuguita es zona de anidación de tortugas marinas, además refugio de aves, venados de cola blanca y roja. 

José Luis Mendoza, administrador del PNM, confirmó que un funcionario del Ministerio de Turismo anticipó que se haría un sobrevuelo a la zona, pero no un aterrizaje. “Nosotros (como PNM) nunca dimos autorización. Si bien hay una comunicado oficial, pero no hemos tenido respuestas sobre el aterrizaje ni se justifica”.

Por tratarse de un parque nacional es de protección estricta por su fragilidad y el aterrizaje del helicóptero habría ocasionado una seria afectación. “Las sanciones por este irrespeto pueden llegar hasta un proceso administrativo a los funcionarios”. Hay un informe elaborado por los guardaparques y el Ministerio del Ambiente encamina una investigación.

El peso del helicóptero habría afectado seriamente a posibles nidos tortugas. Aparte de que las aspas de la nave también habría ahuyentado a aves migratorias y animales de la zona.

Los dueños originales reclaman sus derechos

Hernán Cobo Pérez es uno de los que aduce tener derecho sobre parte de lo que hoy es el Parque Nacional Machalilla. Al igual que él, existen otras familias que mantienen sus propiedades dentro del área protegida.

Con documentos en mano, él sustentó su propiedad en reunión del administrador del PNM, José Luis Mendoza. 

Con una escritura pública de compra-venta de un terreno de 194 hectáreas (incluyen Los Frailes y playa la Tortuguita), demuestra que su padre Hernán Cobo Barona adquirió el 31 de octubre de 1973. Y se lo inscribe en el Registro de la Propiedad, en mayo de 1974.

Un año después se lo expropió el terreno para incluirlo al PNM. Sin embargo, hasta la actualidad no han recibido indemnización, a pesar de que las ministras de Ambiente, Sol Damerval, Lourdes Luque y Ana Albán, reconocieran que la familia Cobo tiene ese derecho.

Incluso Cobo aún sigue pagando el impuesto de predio rústico, en la actualidad ante el Municipio de Puerto López. 

Hernán Cobo
Hernán Cobo (der.) indica las escrituras sobre su propiedad al administrador del PNM, José Luis Mendoza.

Ni en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni en los planes de Manejo de Los Frailes y del Parque Nacional Machalila se contempla la construcción de ningún tipo de complejo turístico o similares.

Por eso, Sol Damerval está segura que no se dará paso a ninguna de estas pretensiones. Incluso durante estos días se realiza la cruzada #SalvemosLosFrailes, mediante la recolección de firmas de respaldo en las principales ciudades de Ecuador. 

A la defensa se sumaron manifiestos de colectivos como ‘Amazilia’ (la Asociación de Guías Naturalistas del PNM). Los guías enviaron una senda comunicación exigiendo respuestas a los ministros de Turismo y de Ambiente. 

Mediante un oficio dirigido al Alcalde de Puerto López, la concejal Patricia Sanlucas también hizo público su desacuerdo y oposición a la “ilegal y arbitraria pretención de construcción de un presunto hotel resort en la playa Los Frailes”. 

Aún más, la noche del jueves 27 de septiembre, la comunidad de Puerto López se reunió en una asamblea ciudadana para hacer pública su preocupación. Acudieron autoridades, representantes de los sectores hoteleros, guías, Administrador del PNM y ciudadanía en general. 

Entre otras cosas, decidieron pedir a los asambleístas por Manabí que exijan una explicación ante la Asamblea Nacional a las autoridades del Ministerio de Turismo sobre el aterrizaje del helicóptero.

“Jamás se va dar eso, porque el pueblo entero de Puerto López se levantará a gritar No. Habrían muertos y heridos, pero los vecinos no vamos a permitirlo”. “Tenemos que defenderlo porque nuestro máximo atractivo”. Así lo afirmó con determinación Sol Damerval y Carmen Yanchapatza, dueña del restaurante más antiguo de este cantón manabita.

La Tortuguita
La playa La Tortuguita, donde aterrizó el helicóptero, es de mucha fragilidad ya que es una zona de anidación permanente de tortugas marinas.

*****

Río Blanco venció a la minería que carcome a su gente y a los páramos de Ecuador

Agua 2
Los habitantes de Molleturo y otras comunidades se apostaron junto a la Corte de Justicia del Azuay para exigir la suspensión del proyecto minero Río Blanco. (Foto: Jaime Plaza)

Río Blanco es hoy, sin lugar a dudas, un auténtico referente para quienes luchan contra la minería en defensa del agua y de los páramos de Ecuador. Pues es inapelable y  marca un precedente histórico no solo para los territorios de pueblos indígenas de Ecuador sino de, al menos, el hemisferio todo.

Constituye una gran inyección de ánimos para quienes defienden a Quimsacocha (Cuenca), Cerro El Mozo (cantón Nabón), Íntag (Imbabura), entre otros. La mayor razón de su lucha es la defensa de sus ‘fábricas naturales de agua’, pues cada sitio constituye la fuente de agua para consumo humano y para riego, además de ser refugio de una biodiversidad especial.

En una sentencia de magnitud, la justicia ecuatoriana no solo suspende (sentencia en primera instancia) sino que prohíbe (sentencia definitiva) la minería en la zona de Río Blanco. 

Es una concesión que incluyen 5.708 hectáreas de la parroquia Molleturo, occidente de la provincia del Azuay. Allí la empresa Ecuagoldmining South America busca oro y lo hará durante 11 años.

Igual que el resto de proyectos mineros, el proyecto de Río Blanco provocó graves impactos sociales, como enfrentamientos entre habitantes de una misma comunidad, causando fractura de la sociedad. El hijo trabaja en la minera a la que la defiende contra el padre que lucha por el agua, igual ocurre con hermanos, familiares y vecinos.

A eso se suma la contaminación ambiental y las afectaciones a las fuentes de agua. Pues este proyecto está dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo y el Área de Amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Pero abrieron vías en humedales y páramos. Lo peor, según el Municipio de Cuenca, en Río Blanco desecaron la laguna Cruzloma.

Esto hizo que la gente de esta zona se oponga en una lucha desde el 2002. En ese proceso, los comuneros fueron víctimas de atropellos a sus derechos, libertades y garantías constitucionales. Ocurrieron agresiones verbales y físicas, incluso retenciones arbitrarias con desplazamientos de elementos del Ejército y de la Policía.

Una minga por Río Blanco

Desde el inicio mismo y hasta el 2010, navegaron contracorriente, sobre todo con el expresidente Rafael Correa, que en las sabatinas y cada que quería les tildaba de “retrógrados y atrasapueblos que se oponían al desarrollo”.

En el primer tramo de la lucha estuvieron únicamente las comunidades. Pero poco a poco ganaron fuerza entre los cuencanos y azuayos.

Río Blanco 3
Los defensores del agua estuvieron en reiteradas ocasiones en Río Blanco haciendo escuchar su voz de protesta contra el extractivismo minero.

Avanzado el duro trayecto de Río Blanco, organizaciones, sacerdotes como el obispo de Cuenca, Marcos Pérez, y abogados de la Universidad del Azuay se hicieron eco de su reclamo.

Igual hubo tres marchas a escala nacional. “La primera un poco fría y ante la indiferencia de la gente y la última, del 2015, con una conexión gigante que se vio el despertar de Cuenca y Quito sobre la necesidad de defender el agua”.

En esta cruzada también se unieron las organizaciones internacionales como CLD, Aministía Internacional, Front Line Defenders y más organizaciones ambientalistas nacionales y del extranjero.

Ganó aún más fuerzas con una acción de medidas cautelares solicitada por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), junto con la Ecuacurani y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y las comunidades de Molleturo. Además están los amicus cureae interpuestos a escala nacional e internacional.

Hasta que los comuneros de Molleturo se convirtieron en los protagonistas de una página colmada de historia. El juez Paúl Serrano, con una sentencia de primera instancia, y los jueces Édgar Morocho, Rosa Zhindón y Aura Calderón (con la sentencia definitiva) dieron la razón a sus reclamos.

A esta sentencia, Yaku Pérez, abogado de las comunidades y presidente de la Ecuarunari, le atribuye un grado superlativo y la considera “un homenaje a la lucha de casi dos décadas de gente que pasó por la cárcel, por las Cortes de Justicia, fue asfixiada y hasta secuestrada”. 

Entre Río Blanco y Quimsacocha, hay cerca de 200 personas procesadas. Hasta la fecha, 23 aún están procesadas, ocho de ellas por sabotaje. El propio Yaku Pérez estuvo detenido cinco veces y las enumera, con una especie de orgullo, dentro de su trayectoria en defensa del agua: enero del 2009, mayo del 2010, marzo del 2013, agosto y diciembre del 2015. Aparte que tiene una sentencia por sedición (luego cambió a sabotaje), incluso sentencia de un año por suspensión de servicios públicos.

Pérez insiste que se debe reinvindicar el homenaje a las mujeres, “porque ellas son el alma de la resistencia y la lucha en defensa del agua”.

“A los jueces no agradecerles nada, pero reconocer públicamente porque tuvieron el coraje, perdiendo el miedo, de dictar sentencia favor del agua y de la vida”, enfatiza Pérez.

Claro que aún siguen presionando para que se ejecute la sentencia, ante la demora de quienes tienen que hacerla cumplir.

El 8% del territorio nacional está concesionado para la minería. Solo en la jurisdicción cantonal de Cuenca existen 55 concesiones mineras, según el Municipio cuencano.

Lo que el pueblo ordenó en la Consulta Popular

La defensa del agua, vinculada indefectiblemente a la consulta previa e informada. Ese fue el principal argumento ante los jueces.

De su lado, desde las empresas mineras se aduce que sí hicieron consulta previa. Pero Pérez refuta al asegurar que “hicieron socialización y mal hecha. Pero otra cosa es consulta previa libre e informada, consulta popular y ambiental. Debieron consultar a los “sembradores y criadores del agua que están en los campos. No hay mercados llenos de alimentos sin agua y sin los campesinos que la cuidan”.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, también insiste que en todos los proyectos mineros que están encaminados no existe la consulta previa.

Esa legitimidad de la consulta previa -resalta Yaku Pérez- se expresó en las urnas durante el Referendo de febrero del 2018. Los jueces, en su sentencia, se respaldaron en que el 67,80% de los habitantes de la parroquia Molleturo votó por el Sí y el 32,20% por el No. (A los ecuatorianos se nos consultó si estamos de acuerdo en enmendar la Constitución para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos…).

A eso se sumó otro cuestionamiento serio. Pablo Piedra, del Municipio de Cuenca, advirtió que la Secretaría Nacional del Agua nunca entregó el permiso para que concesionar Río Blanco.

“Eso no es al alzar -lo dice Pérez- Hasta lo imposible se vuelve posible. Antes ser antiextractivista y defensor del agua era un sueño, una utopía…”.

Pero no es cuestión que la minera Ecuagoldmining abandone Río Blanco sino que se responsabilice de la remediación de los daños causados. 

Nabón defiende el cerro El Mozo y sus fuentes de agua

La exigencia en consenso es que se anule la concesión de 1.776 hectáreas entregadas a la empresa Cachabí. El 99% implica al Cerro del Mozo y el Valle de Shincata, el 1% restante corresponde al cantón Oña (Azuay) y Yacuambi (Zamora Chinchipe).

Para las comunidades tiene especial valía, ya que desde El Mozo se alimentan sus sistemas de agua potable y de riego que les permite volver productivos sus áridos suelos. En esta zona nacen 24 ríos y 27 quebradas que forman la subcuenca del río León y la microcuenca del río Shincata.

El temor en Nabón es que con la explotación minera se causarían daños irreversibles para esas fuentes de captación, a los páramos, a la salud de las personas y al medioambiente.

Por eso, la alcaldesa Magali Quezada insistió en la nulidad al proceso de la concesión a Cachabí, ya que “hay una ilegalidad en el procedimiento al no haberse dado una consulta previa del proyecto como exige la ley. Existe una población que exige que no se debe dar la explotación minera en estas zonas de conservación”.

El viernes 13 julio pasado, los comuneros recorrieron la zona de El Mozo para mostrar a las autoridades sobre la riqueza natural que conserva El Mozo, en especial como las fuentes de agua.

En ese recorrido participaron delegaciones de comunidades como Cochapata, Ñamarín, Uduzhapa, Canseco y otras más de Nabón. También llegaron de Oña, Yacuambi, Tutupali y de Molleturo. Se sumaron a la caminata organizaciones como ONU Mujeres.

La alcaldesa Quezada, quien lidera esta lucha en su cantón, reitera la necesidad de dejar sin efecto la concesión en el cerro El Mozo.

Una similar exigencia se impulsa para evitar que la minería también cause daño en los páramos de Quimsacocha, una de las fuentes de captación de agua para Cuenca y más sectores.

Protestas Cuenca
Las mujeres son el alma de la resistencia y la lucha en defensa del agua contra la minería en Ecuador. (Foto: Jaime Plaza)

Kawsak Sacha o Selva Viviente, el desafío por la vida del Pueblo Sarayaku

Dirigentes
Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Sarayaku (de azul), lidera la presentación de la propuesta. (Fotos: Cortesía Casa de la Cultura, núcleo de Pichincha).

A su Kawsak Sacha lo conciben como un ser vivo, sujeto de derechos y dotado de conciencia y dignidad. Esa es la cosmovisión del Pueblo Sarayaku sobre sus territorios.

Esta nacionalidad originaria y asentada en el centro de la Amazonía ecuatoriana presenta al Estado ecuatoriano y al planeta entero la declaratoria de Kawsak Sacha o Selva Viviente como una propuesta de vida.

Cientos de niños, jóvenes, adultos y sabios, mujeres y hombres, dejaron sus casas para trasladarse hasta Quito. Durante cinco días mostraron sus tradiciones y cultura, llegaron con sus tambores y bailes, instalaron pabellones recreando sus hábitats y brindaron con chicha en los tradicionales mukawas (recipientes de cerámica).

Pero sobre todo explicaron a unos y debatieron con otros su plan del pueblo kichwa Sarayaku es preservar y conservar de manera sostenible las 135.000 hectáreas en que ellos habitan. Pero también su relación material y espiritual con la selva viviente y con los seres a los que cobija.

Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Sarayaku, exhortó al Gobierno de Ecuador a reconocer a la propuesta Kawsak Sacha como una categoría de conservación desde los pueblos y nacionalidades originarios de la Amazonía.

El mensaje de la líder sarayaku para el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, es que “los territorios de los pueblos indígenas deben ser administrados de acuerdo con nuestra propia filosofía”. Además, que existen otras formas de desarrollo.

En la propuesta Kawsak Sacha están los planes de vida que incluye:

  • Administración del territorio
  • Salud
  • Fortalecer la educación propia
  • Sabiduría ancestral
  • Fortalecer el emprendimiento comunitario: artesanía, ecoturismo, producción, turismo comunitario controlado…

Una de las mayores insistencias de los líderes sarayaku es que sus territorios queden libres de las actividades extractivas, en especial la explotación petrolera.

Cisneros sentenció que “nosotros no necesitamos que las empresas extractivas vengan a explotar nuestros recursos y que nos dejen con grandes problemas socioambientales, culturales y de enfermedades”. Esto significaría la desaparición misma de estos pueblos.

Una propuesta de vida para un pueblo originario

Hombres
Los líderes sarayaku durante el lanzamiento de la propuesta en Quito.

Transformarlo en realidad a este plan al Pueblo Sarayaku le tomó alrededor de 14 años. Se trata de una nueva ordenza sobre la conservación de territorio y la biodervidad. De allí que la mayor aspiración es legitimarlo.

Este modelo no comulga con el sistema de áreas protegidas y parques nacionales. “Estos han desplazadado a los pueblos indígenas y no son garantes para frenar un proyecto extractivo”, es la convicción de José Gualinga, otro de los líderes sarayaku.

También es visto como un nuevo mecanismo efectivo de conservar estos territorios amazónicos. Pero tampoco está separado de propuestas que puedan generar economías solidarias.

“Es un modelo de vida basado en criterios de riqueza de nuestra cultura. Por ejemplo, la existencia en nuestro territorio de ríos no contaminados y con abundantes peces, la vida en el allyu y la fortaleza de nuestra organización. 

El Kawsak Sacha es donde vivieron nuestros kallari rukukuna (antepasados), apayayas y apamamas (abuelos y abuelas), padres, madres, donde nosotros vivimos, donde vivirán nuestras futuras generaciones y donde permanecerán los seres protectores de la selva y todos los pueblos originarios”.

Este novedoso plan nació en el seno del Pueblo Sarayaku, que fuera reconocido legalmente en 1979. Y en el proceso de su consolidación participaron líderesas como Patricia Gualinga y Nina Gualinga, líderes, yachaks y el acompañamiento de organizaciones como Land is Life.

Mirian Cisneros anticipó que posterior al lanzamiento quieren reunirse con el resto de pueblos y nacionales para proponer su iniciativa. Pues se trata de un modelo paraguas que puede adaptarse de acuerdo a la filosofía de cada pueblo.

También proponen a que los organismos internacionales se adhieran y refrenden esta declaratoria de protección a los territorios gobernados por pueblos indígenas.

Líderes
Los líderes del Pueblo Sarayaku que trabajaron en la presentación de la propuesta de Selva Viviente. (Foto: Jaime Plaza)

*****

El cóndor encontró refugio y salvadores en los parajes de Nabón

Cóndor vale
‘La Mari’, polluela descubierta por los comuneros de Poetate en el 2014 se convirtió en un emblema para Nabón, 69 km al sur de Cuenca. (Fotos: cortesía GAD Municipal Nabón)

Cinco dormideros, dos nidos y varios comideros en el sector de Poetate. Esos detalles ratifican a Nabón como un territorio de cóndores. En sus zonas escarpadas se han visto, al menos, ocho ejemplares en su vuelo majestuoso.

Los comuneros de Poetate, quizá sin sospechar, rompieron los mitos tradicionales y marcaron un hito en la conservación de esta especie emblemática de Ecuador.

El 25 de noviembre del 2014, decidieron alertar a los funcionarios del Municipio de Nabón sobre la presencia de una cría de cóndor. La habían visto en la zona de Taqui Curiquingue, en los límites con el cantón Oña.

Hasta que se encariñaron con la cría e incluso la bautizaron como ‘la Mari’. Así superaron la idea errónea que se trataba de una especie perjudicial y entendieron que era una ave carroñera, por lo que no ataca a sus animales. 

Con el asesoramiento de investigadores y del Ministerio del Ambiente, lograron descubrir que se trataba de una polluela y que se encontraba acompañada de sus padres. 

Desde entonces, los comuneros de este cantón azuayo, ubicado a 69 kilómetros al sur de Cuenca, se convirtieron en los referentes para la conservación de esta ave emblemática de Ecuador.

Yessica Naula, directora de Planificación y Proyectos del Municipio de Nabón, recuerda que la comunidad de Poetate se empoderó del cuidado de la polluela, en sus primeros meses de vida.

Para garantizar aún más la supervivencia del ejemplar y evitar presencia de extraños, el Municipio y el Gobierno Parroquial de Poetate contrataron un guardaparque.

Poetate Vale 1
Los comuneros de Poetate son unos convencidos protectores del cóndor. Así lo demostraron en el desfile del domingo por los 31 años de cantonización de Nabón. (Foto: Jaime Plaza)

A los habitantes de Poetate y a sus vecinos de La Merced, el descubrimiento de ‘la Mari’ también les ayudó a dejarse descubrir. A partir de este hecho, sus comunidades se volvieron más conocidas.

Se trata de gente afanosa con sus huertos y cultivos de supervivencia, crianza de chivos y al suigéneris emprendimiento sobre la producción de tequila, a partir del penco que crece en estas tierras áridas.

Tras el hallazgo de ‘la Mari’, en Taqui Curiquingue se hicieron monitoreos y Nabón participó en los dos anteriores censos nacionales del cóndor.

Así se determinó que también existen nidos y dormideros en comunidades como La Cría y Yarizagua. Además, en el cerro Zapote y en la zona baja de Poetate, junto al río León.

Los naboneses y algunos visitantes guardan en su memoria aquel memorable día en que pudieron vivir un hecho afortunado. Presenciaron el vuelo de cuatro ejemplares, mientras participaban en el Festival del Cóndor del 2015, en la comunidad de Poetate.

 

Nabón apadrinó a sus cóndores

 

Nabón cóndor vale
Nabón se convirtió en un referente para la conservación del cóndor. El Municipio declaró área de conservación a 10.800 hectáreas del hábitat de esta especie en El Progreso.

La alcaldesa Magali Quezada tomó la decisión determinante de cuidar y conservar al cóndor. Para eso, en el 2016 estableció una Ordenanza para normar una política de protección de los parajes donde habita esta especie. 

Así se declaró área de conservación y uso sostenible a 10.800 hectáreas de la parroquia El Progreso. La finalidad es regular las actividades en esta zona, según Yessica Naula, “no con la finalidad de prohibir las actividades agropecuarias, sino que estas se desarrollen en forma amigable con el ambiente”.

La quema de bosques y arbustos es una de las principales restricciones. Aparte de la prohibición absoluta de la cacería del cóndor, hecho que incluso es penado como un atentado contra la naturaleza.

También se incentivan los huertos agroecológicos y la reforestación con especies nativas e impulso a la ganadería sustentable.

Aún más, se impulsan y fortalecen dos rutas turísticas para el avistamiento regulado de cóndores. En dos ocasiones se hicieron los Festivales del Cóndor en Poetate y La Merced, que generaron expectativa nacional e internacional.

En este proceso, el Ministerio del Ambiente aportó con la elaboración del estudio geofísico, ambiental y socioeconómico de la zona para sustentar la ordenanza. Además, entregó un plan de manejo. 

Con base en esos elementos y la concienciación de su gente, hoy en Nabón tiene nido y alimento  seguros.

 

Cóndor 1
El cóndor, un ave emblemática de Ecuador, es una especie en peligro crítico de extinción.

Hasta 102 cóndores viven en Ecuador

Los investigadores calculan que en el territorio ecuatoriano habitan entre 98 y 102 cóndores.