¡Un premio mundial por cuidar la Amazonía!

Dotar a la población de agua saludable es uina de las acciones en las comunidades. Fotos: Alianza Ceibo y Amazon Frontilnes.

ECUADOR. Con y una otra iniciativa innovadora, inyectan esperanza y vida en las entrañas mismas de la Amazonía. Es por esa misión que Alianza Ceibo acaba de ser galardonada con el Premio Ecuatorial 2020 de las Naciones Unidas.

¡Es una gran noticia para Ecuador en medio de las crisis sanitaria por el Covid-19! Alianza Ceibo, una organización de la Amazonía ecuatoriana, es parte de los ganadores de este reconocimiento que, cada año, hace el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), junto a sus socios. Es una forma de incentivar a quienes unen fuerzas para defender a la biodiversidad y luchar contra el cambio climático.

Las comunidades galardonadas

Alianza Ceibo cobija a las comunidades Waorani, Siona, Cofán y Siekopai de la Amazonía ecuatoriana.

El PNUD informó que las 10 comunidades locales e indígenas ganadoras, entre ellas Alianza Ceibo, fueron escogidas de entre 583 nominaciones de más de 120 países. Los ganadores serán reconocidos durante la Semana del Clima de Nueva York, paralelo a la Cumbre de la Naturaleza, a finales de septiembre.

En la décimo primera edición del Premio Ecuatorial se galardonará a comunidades de Ecuador, Canadá, Myanmar, República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar, Kenya, México y Tailandia. “Las organizaciones ganadoras muestran soluciones innovadoras basadas en la naturaleza para abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”.

Según el PNUD, los logros de estas comunidades también evidencian cómo las comunidades y pueblos indígenas han enfrentado los legados de desventaja y discriminación en apoyo de su gente. “Lo hacen a través de una diversidad de soluciones excepcionales que se basan en la naturaleza”, enfatiza el administrador del PNUD, Achim Steiner.

Cada ganador recibirá 10.000 dólares. Además, la oportunidad de participar en una serie de eventos especiales relacionados con la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre de la Naturaleza de la ONU y la Semana Global del Clima, en Nueva York.

En las entrañas de la Amazonía

Alianza Ceibo integra a los pueblos indígenas Waorani (provincia de Pastaza), Siona, Cofán y Siekopai (Sucumbíos), en torno a la misión de proteger más de 20.000 km2 de selva amazónica de Ecuador.

Se trata de una alianza dirigida por indígenas que ha puesto en marcha diferentes alternativas frente al extractivismo minero-petrolero y los monocultivos comerciales habituales.

  • Aprovecha la energía solar para las comunidades.
  • Dota de sistemas de agua limpia.
  • Defiende los derechos humanos de los pueblos indígenas.
  • Apoya a las asociaciones de mujeres en sus diversas propuestas productivas
  • Impulsa el monitoreo ambiental y mapeo territorial.
  • Comunicación comunitaria.

Estas propuestas empezaron allá por el 2011, cuando decidieron reunirse en torno a una alianza para trabajar por sus territorios, la supervivencia cultural y la construcción de soluciones alternativas viables para mejorar la calidad de vida en las distintas comunidades.

Con el apoyo de Alianza Ceibo y Amazone Frontlines, se han construido, por ejemplo, sistemas de captación de agua lluvia en 80 comunidades Kofán, Secoya, Siona y Waorani.

Antes se abastecían con agua de los ríos para beber, cocinar, lavar y bañarse. Pero los afluentes han sido gravemente contaminados por ser una zona tomada por la explotación petrolera y minera, plantaciones de palma africana y las urbes. Por eso para las familias de estas comunidades se ha vuelto cada vez más difícil tener acceso a agua limpia, volviéndose una de las razones para el deterior de la salud de la población.

Los sistemas de agua fueron el punto de partida para las otras diferentes iniciativa, al darse cuenta que “existen más necesidades y mucho más trabajo que hacer”.

Por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, norte de la Amazonía ecuatoriana, la comunidad A’I Cofán de Sinangoe, asentada en las orillas del río Aguarico, salió victoriosa contra la minería en el 2018, al obtener una sentencia que reconoció su derecho a la consulta previa, al agua, a la naturaleza y al medio ambiente.

Un año despues, en el centro-sur de la Amazonía, en la provincia de Pastaza, comunidades Waorani triunfaron frente a las empresas petroleras, con un juicio histórico. En julio de ese año, la Corte de Justicia de Pastaza ratificó la sentencia que impide el ingreso de las petroleras a 180.000 hectáreas del bdenominado bloque 22, incrustado en el Territorio Waorani.

El traslado de los paneles solares en canoa para dotar de energía eléctrica a las comunidades.

“Es un honor para nosotros contar con el reconocimiento de organizaciones internacionales de mucho prestigio como es la ONU. Nos sentimos muy agradecidos por este premio que honra nuestro trabajo y la lucha que realizamos en favor de nuestras vidas, nuestra selva y nuestras culturas”.

Alicia Salazar, mujer siona directora ejecutiva de la Alianza Ceibo

Estas comunidades indígenas miran a la Amazonía como la vida misma para nuestro Planeta. Pero cada día afrontan graves amenazas desde las petroleras, mineros, madereros, ganaderos y peor aún los grupos armados que ponen en peligro sus vidas y sus territorios. Aún más, los gobiernos no solo que no defienden los derechos de los pueblos amazónicos sino que lo irrespetan al insistir en el extractivismo, desplazando a la fuerza a los dueños ancestrales de estos territorios.

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Las manos aliadas para supervivir confinados por el coronavirus

Las familias de Ucumari, cantón Nabón (Azuay), se juntan en minga para la cosecha. Foto: Archivo / Jaime Plaza

ECUADOR. Hortalizas, legumbres, maíz, papa, yuca, banano, frutas, granos… Esos y más frutos no han faltado en las mesas de miles de familias ecuatorianas, sobre todo de aquellas que se refugian temerosas en las urbes ante el avance incontrolable del nuevo coronavirus.

Mientras todos estamos confinados, ellos se ingenian modos para esquivar el riesgo de contagio y se afanan en cuidar sus huertos y cultivos, plantados en los diversos parajes de la Costa, Sierra y Amazonía. Así lo hacen durante la Emgencia Sanitaria, igual como lo han hecho desde siempre.

En este ‘interminable’ confinamiento por la Covid-19, sobre todo en las primeras semanas, estuvieron entre los que más abastecieron la demanda de alimentos. Así la mirada se volvió hacia los campos y se valore la verdadera importancia como proveedor de alimentos.

Lo hicieron desde diferentes frentes, como iniciativas individuales o en grupos, con el apoyo de programas y organizaciones.

Mujeres y hombres ofrecen los productos que cosechan en sus huertos urbanos agroecológicos. Fotos 2, 3, 4 y 5: Cortesía Conquito

Uno de esos ejemplos constituyen los huertos urbanos y familiares, impulsados por el Proyecto de Agricultura Urbana Participativa (Agrupar) del Municipio de Quito. Aunque están productivos desde hace varios años, esta propuesta se visibilizó durante la Emergencia Sanitaria, declarada desde el 17 de marzo, y los vecinos son los principales compradores.

Pablo Garófalo, experto del Proyecto Agrupar de Conquito, resaltó que la prioridad es el autoabastecimiento de alimentos para cada familia, vecinos y el barrio. “Por temas de movilización se ha atendido poco a la ciudadanía. Pero en algunos sectores, aunque en pequeñas cantidades, sí se logró entregar canastas a domicilio”. Mantienen los precios y la presentación como productos agroecológicos, que le da un valor agregado al tradicional.

El excedente también se oferta mediante mecanismos como la canasta popular de Agrokawsay de la Prefectura del Azuay, trueques (el randi randi o dando y dando con intercambio de productos, bajo el principio de reciprocidad) y donaciones. Como estrategia, se adquieren los productos componentes del canasto en los propios lugares de producción. Así abasteció con 22.000 canastas agroecológicas, compuestas por 20 productos, y 26.000 canastas solidarias hasta el 15 de mayo.

Dolores Morocho, integrante de la Asociación San Juan Bautista del cantón Nabón (sur de la provincia del Azuay, en el Austro ecuatoriano), no solo vendió más a sus vecinos, sino que también envía sus productos agroecológicos a la Megatienda, de Cuenca.

En cambio, el Programa Pequeñas Donaciones de Ecuador optó por acudir, mediante ‘proyectos ágiles’, en ayuda de 7.472 familias de las organizaciones comunitarias y pueblos de nacionalidades indígenas. Anamaría Varea, coordinadora del Programa, se contactaron con las familias y dirigentes para conocer en qué condiciones estaban y qué necesidades atender en la Emergencia Sanitaria. Se asignaron un fondo de hasta 5.000 dólares para contribuir a los planes comunitarios frente a la emergencia sanitaria, además de entregarles semillas e insumos para fortalecer sus huertos y parcelas agroecológicos.

Se priorizó la soberanía alimentaria del núcleo familiar, reforzando la agricultura agroecológica, y la comercialización de los excedentes de su producción. Para eso se les dotó de mascarillas, trajes antifluidos y guantes, sobre todo para que la entrega de canastas agroecológicas se haga con todas las seguridades sanitarias o de asepsia que exige el comprador para evitar el riesgo de contagio con la Covid-19.

Además, identificaron a grupos vulnerables, como familias con personas con discapacidades, enfermedades catastróficas y de la tercera edad para ayudarles con kits de alimentos.

No solo desde ahora ante la Emergencia Sanitaria que afrontamos los ecuatorianos, estas y otras propuestas se volvieron las manos aliadas para miles de familias. Son el resultado de procesos persistentes y que hoy pueden ser tomados como ejemplo en cada hogar como fuentes proveedoras de alimentos.

los huertos urbanos de quito

Rosa Ramírez muestra con orgullo lo que producen los huertos urbanos.

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa está en los diferentes barrios de Quito desde hace casi dos décadas. Hoy son alrededor de 1.400 iniciativas de personas, familias urbanas, periurbanas y rurales, y asociaciones barriales.

En estos huertos urbanos y familiares se cultivan hortalizas como lechuga, col, rábano, apio, albaca, brócoli, acelga, pepinillo, zuquini, y otros, además de frutas como mora, frutillas, babaco, tomate de árbol… hierbas medicinales como manzanilla, hierba luisa, orégano y más.

Aprovechan todo espacio posible para plantar sus huertos: terrazas, balcones, patios y pequeños terrenos aledaños a sus viviendas.

Varios hogares complementan la oferta con animales menores como gallinas, pollos, codornices, cuyes, conejos y trucha. También se incluye alimentos como encurtidos, mermeladas, granolas, quesos, pan, entre otros.

Su valor agregado radica en la agricultura, cuyos cultivos se nutren con abono orgánica. Por eso en el 2017, esta iniciativa de Quito fue galardonada con el Premio ‘Impulso por el Cambio’, que entrega Naciones Unidas, a través de Momentum For Change, a las soluciones ejemplares de desarrollo sostenible en el desafío al cambio climático.

Por una agricultura amigable

En plena siembra en la comunidad caluquí, cantón Otavalo, en Imbabura. Fotos: PPDEcuador

Trabajan en equipo y cobijados por asociaciones, poniendo en práctica la agricultura amigable con la naturaleza, a través de una propuesta agroecológica y agroforestal.

El Programa de Pequeñas Donaciones Ecuador (PPDEcuador) es encaminada por el Fondo para el Medioambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Prioriza a los sectores indígenas y campesinas, que están organizados y están comprometidos con la conservación de la biodiversidad.

Según Anamaría Varea, el trabajo se enfoca en la propuesta de biocorredores del buen vivir, es decir no solo se trata de mantener una producción sostenible sino también de cuidar los ecosistemas frágiles como los páramos en la Sierra, la selva en la Amazonía y los manglares en la Costa.

Desde el PPDEcuador, se asignan hasta 50.000 dólares y un monto similar de cofinanciamiento, además de implementar sus bancos de semillas, por cada unidad de biocorredor. Esta es considerada como un refugio de vida silvestre y cuidada por varias organizaciones que trabajan a través de un comité de gestión.

Mediante motivadores comunitarios, se incentiva el retorno a la producción en las huertas familiares, en las chacras o las fincas. El tipo de productos depende de la región y son sobre todo de ciclo corto.

Las frutas y más productos de ciclo corto.

Involucra a comunidades campesinas y pueblos indígenas, agrupadas en redes. Está, por ejemplo, la Red de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi (RESSAK), en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, que abarca a 270 familias.

Desde el PPDEcuador se da la asistencia de equipos técnicos, acompañamiento y monitoreo a los procesos de producción y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones.

También apoyan para lograr alianzas estratégicas con los municipios y otros aliados estratégicos como las universidades. Ahora en la fase operativa 7, por ejemplo, se trabajará con las comunidades vinculadas al programa Socio Bosque, del Ministerio del Ambiente, para respaldar sus bioemprendimientos.                  

Productos limpios de nabón y más

Agricultores de Ucumari, en Nabón, en plena cosecha de cebada. Fotos: Jaime Plaza

Las familias del cantón Nabón, al sur de la provincia de Azuay, también están empeñados en los cultivos orgánicos. Siembran hortalizas lechuga, brócoli, remolacha, zanahoria y frutas como tomate, mora y fresas.

En sectores como Ucumari, sus habitantes también siembran cebada, maíz y hasta café orgánico en la zona baja.

La cosecha del café orgánico en Ucumari, occidente de Nabón.

Están bajo el proyecto Nabón Productos Limpios, que incentiva a la producción agroecológica y es encaminado desde la segunda administración de la  alcaldesa Magali Quezada (2014-2019). Hoy engloba a más de 45 agricultores de ocho asociaciones.

No muy lejos de ahí, en Zamora Chinchipe, provincia del sur de la Amazonía, están los huertos orgánicos que, en la administración del anterior prefecto Salvador Quishpe, fueron cobijados por el proyecto ‘Territorios de Producción Limpia’. Acogió a cerca de 500 familias, que producen para consumo propio y para la venta, además buscando reducir los pastizales y de reforestar las áreas degradadas con cultivos de café y cacao.

Así desde la Costa, la Sierra o la Amazonía, los pequeños productores, agricultores y campesinos se convirtieron en la gran mano aliada para resistir el confinamiento, en especial con el abasto de alimentos desde sus huertas y campos. Hoy son el ejemplo a seguir en el afán de contar con productos propios para la subsistencia alimenticia.

Igual que ahora, en tiempos normales, en mercados de la Amazonía, como el del cantón Yanzatza, se podía encontrar yuca, verde, papaya y mucho más.

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La nación Siekopai teme su exterminio por el coronavirus

Los siekopai piden ayuda a la comunidad internacional para resistir al Covid-19. Fotos: Amazon Frontlines y Alianza Ceibo

ECUADOR. A la Nación Siekopai (Secoya) le dan vida 744 personas, repartidas en 184 familias. Pero hoy se sienten en riesgo de exterminio total por su alta vulnerabilidad ante la pandemia del nuevo coronavirus. Su temor aumentó tras la muerte de dos de sus adultos mayores con síntomas relacionados con el Covid_19, entre el 14 y 21 de abril. 

Ni las insistentes advertencias ante las sospechas de presencia de casos de contagio entre los habitantes de sus comunidades tuvieron respuesta desde las autoridades locales y nacionales. Por lo que, por cuenta propia emprendieron diversas gestiones para conseguir 50 pruebas rápidas. Estas fueron aplicadas por una brigada del Ministerio de Salud a 44 personas Siekopai, de las cuales 14 dieron positivo al virus.

Otras ocho pruebas fueron usadas en personal de Salud. Para colmo, tres dieron positivo a Covid_19. Se desconoce cuál fue el protocolo que se siguió con el personal en mención.

A los habitantes de la comunidad Bella Vista se aplicaron las pruebas rápidas.

Situaciones similares están viviendo todos los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso, este miércoles 6 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la alta vulnerabilidad en la que estos se encuentran frente a la pandemia. Llamó a los diferentes Estados a tomar medidas urgentes y específicas para proteger su derecho a la salud. Pero instó a que sean acordes con su cultura y respeto a sus territorios.

La CIDH expresó su más profunda preocupación por los impactos de la pandemia de Covid-19 sobre los pueblos indígenas.

La CIDH advirtió sobre la especial vulnerabilidad en la que están, particularmente los pueblos en aislamiento en aislamiento (como los tagaeri y taromenane de Ecuador) y contacto inicial (los waorani de la Amazonía ecuatoriana).

El organismo defensor de los derechos humanos resaltó la necesidad de respuestas específicas para este segmento especial de la población indígena, “que sean respetuosas de su cosmovisión y diversiadad cultural”.

De su parte, Justino Piguaje, presidente de la Nacionalidad Siekopai, envió un pedido de auxilio a la comunidad internacional y al Estado ecuatoriano. 

En su aislamiento por la Emergencia Sanitaria, están viviendo una verdadera crisis de alimentos ante la imposibilidad de autosustentarse mediante la pesca y con sus chacras. 

Por eso exigen que el Ministerio de Inclusión Económica y Social cumpla con la entrega de 84 kits de alimentos, comprometidos ante la dirigencia Secoya y defensores de Derechos Humanos. Pero que esa provisión de alimentos sea hasta que se levante el aislamiento y se ajuste a sus necesidades y costumbres, sobre todo que en cada familia son entre 7 y 9 integrantes.

Pero el mayor pedido es al Estado ecuatoriano para que se implementen protocolos y directrices para el manejo de la crisis sanitaria y se evite más propagación y mortandad. Estas fueron elaborados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).

También se exige la realización de pruebas masivas en las diferentes comunidades y comunas. Para eso requieren la dotación suficiente de pruebas rápidas, pruebas PCR y equipos de bioseguridad (mascarillas, gel, trajes, etc.)

En la frontera Ecuador-Perú

Se trata de una nacionalidad indígena transfronteriza entre Ecuador y Perú. Su escasa densidad demográfica está repartida en seis comunidades: San Pablo de Katëtsiaya, Wa’iya, Bellavista, Siekoya Remolino, Sewaya y Eno, dentro de los cantones Cuyabeno y Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía.   

En Ecuador, los Secoya han sido despojados de más del 95% de su territorio ancestral y actualmente se encuentra rodeado de infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos.

Ese panorama incrementa notablemente los riesgos asociados al nuevo coronavirus. A la presión de gente extraña a sus territorios, se suma el incremento de actividades ilegales.

Así, por ejemplo, el pasado 26 de marzo, denunciaron la presencia de una cantidad importante de pescados envenenados en el río Shushufindi. Esto agrava más su pervivencia alimentaria.

Se agrava si situación de vulnerabilidad, en especial en derechos humanos y colectivos, al estar expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actividades extractivas o forestales generadoras de despojo. Además, que carecen de infraestructura de salud, problemas de abastecimiento alimentario, agua potable y bioseguridad.

Un grupo de indígenas siekopai navega en canoas por el río Aguarico.

La situación de los pueblos indígenas en la región

Los pueblos indígenas de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y otros países están afrontando un grave peligro frente a la pandemia. 

Los indígenas de la Amazonía atraviesan la mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en Manaos, Brasil, ya ocurrió el fallecimiento de 16 indígenas por el coronavirus. Lo peor que este advierte el peligro de que se abra camino a las invasiones de tierras indígenas, sobre todo ante la incontrolable invasión de extraños en sus reservas.

El nuevo coronavirus ataca a una región recién azotada por uno de los peores brotes de dengue en la historia, además de una epidemia de zika y brotes de sarampión. A los expertos les preocupa que una persona que adolezca de otra enfermedad, sea golpeada por el Covid-19.

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Los amazónicos demandan por el derrame de petróleo

Miembros de la comunidad indígena San Pedro de Río Coca se lamentan por los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río. Fotos: Telmo Ibarburu

ECUADOR. Sin la posibilidad de abastecerse de agua y alimentos porque su principal fuente, el río, está contaminada. El derrame de 15.000 barriles de petróleo dejó cubiertas a sus riberas por grandes manchas negras y grasosas.

Así no pueden pescar ni regar sus chacras y hoy enfrentan una limitación severa de alimentos. Por eso muchos se ven obligados a salir a los poblados para abastecerse, con el serio riesgo de contagiarse con el Covid_19. Así las comunidades kichwa sufren una afectación cultural y de derechos humanos.

120.000 personas de poblados urbanos y 105 comunidades están entre las afectadas. Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), 35.000 (27.000 pertenecen a las comunidades indígenas) sufren afectación directa. La mayoría son Kichwa y Shuar de 21 parroquias, asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.

En un intento por remediar el daño, se han repartido raciones alimenticias y a algunas familias entregan bidones de 10 litros de agua, cada cuatro días.

“Una simple funda de comida no remedia todo el daño causado”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana

Marlene Cachipuendo, una de las afectadas, contó que “vinieron los de Petroecuador y dijeron solo es un poquito de contaminación, ya les estamos dando agua”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana, no dudó en calificar a dichas actividades de remediación como “una verdadera grosería. En vez de repartir esos bidones que, engrosan la contaminación, no se les ocurre entregar tanques para recolectar el agua de tanta lluvia que cae acá”.

Aún más, a los mismos indígenas les pagan para que realicen las tareas de limpiezas de la contaminación, pero eso está causando enfermedades en ellos.

La demanda de Acción de Protección

Las comunidades afectadas, representadas por Confeniae, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) y los Vicariatos de Oellana y Sucumbíos, presentaron la acción legal ante un juez de Orellana, este miércoles 29 de abril. Lo hicieron con el respaldo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Restauración ambiental urgente, reparación integral para los afectados y reubicación de los oleoductos para evitar que ocurran futuros derrames. Esas son las exigencias que incluye la demanda de Acción de Protección y Medidas Cautelares, que interpusieron los afectados por el derrame del 7 de abril.

Este proceso penal es en contra de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ambiente y Salud, además de Petroecuador y OCP Ecuador. Obedece a la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, salud, a vivir en un ambiente sano, al territorio de los pueblos y nacionalidades y a los derechos de la naturaleza.

Carlos Jipa, presidente de la Fcunae, denuncia que las empresas petroleras han tratado de dividir a las comunidades, pero “hoy estamos consolidados y tenemos la petición desde las comunas para que se lance esta demanda”.

Los demandantes alegan que este derrame se pudo prever, ya que expertos del Instituto Geofísico alertaron sobre la inestabilidad de la zona, especial por la cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, aparte de los constantes deslaves y torrenciales aguaceros.

Lo peor de todo es que tampoco comunicaron rápido a las comunidades y la gente muy temprano, como de costumbre, ya estaba en el cauce del río. Hubo niños que acudieron a pescar y regresaron a sus casas cubiertos del grasoso crudo.

Como un reciente antecedente está el colapso de la cascada San Rafael por un zocavón, ocurrido en febrero último. Tras ese hecho, los expertos también alertaron de una erosión regresiva de los suelos, como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ponía en riesgo a los oleoductos.

No obstante, ni el Estado ni OCP actuaron a tiempo para evitar que suceda este derrame, considerado el más grande en los últimos 15 años.

Por eso, Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines y parte del equipo legal de los afectados, insistió que el Estado ecuatoriano, OCP Ecuador y Petroecuador deben asumir la responsabilidad.

El mayor derrame de petróleo en los últimos 15 años.

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Indígenas amazónicos en riesgo crítico por el coronavirus

La nacionalidad Waorani es una de las poblaciones indígenas amazónicas más vulnerable ante la pandemia. Foto: Waorani Resistencia Pastaza.

Una persona adulta mayor de la nacionalidad Secoya falleció con síntomas relacionados con el Covid_19. Otros 20 miembros de esa misma comunidad indígena de la Amazonía de Ecuador han presentado síntomas del nuevo coronavirus, en los últimos 15 días.

Esta situación activó aún más las alarmas y la preocupación por el grave riesgo de contagio al que están expuestos los indígenas amazónicos.

En comunidades como la de la Nacionalidad Siekopai (Secoya, ubicada en la provincia de Sucumbíos) asumieron iniciativas propias. 40 secoyas, entre ancianos y varias familias, se trasladaron en cuatro canoas río abajo para refugiarse en Pë’këya (Lagartococha), su territorio ancestral. Lo hicieron ante la falta de protocolos específicos y decisiones insuficientes desde el Estado ecuatoriano. Sin embargo, la mayoría se mantiene en el territorio que actualmente ocupan.

En la nacionalidad Secoya decidieron poner a buen recaudo a 40 ancianos y mujeres para evitar su contagio con el virus. Foto: Amazon Frontlines y Alianza Ceibo

“Estamos muy cerca de esta enfermedad. La intención es estar totalmente aislados”, es lo asegura Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad Siekopai. Agrega que es escapar “para salvar nuestras vidas en estas circunstancias, ya que no tenemos apoyo del gobierno local ni nacional”.

A propósito, los abuelos y abuelas secoya recordaron sobre las epidemias que sufrieron sus antepasados y no lograron sobrevivir. Se vieron afectados por enfermedades como la ”tosferina” (gripe), contagiadas por misioneros, viajeros o caucheros que invadían sus territorios, lo que les empujó a refugiarse en la profundidad de la selva. De los alrededor de 40.000 secoyas que eran, hoy son apenas 700.

Desde la nacionalidad Waorani también se advierte que son una comunidad indígena de reciente contacto, con una historia de enfermedades introducidas, a través de los procesos de colonización. Además, que su sistema inmunológico es muy vulnerable a nuevas epidemias.

El riesgo se vuelve aún más grave si se considera que los Waorani comparten territorio con los Tagaeri y Taromenane, los dos últimos pueblos en aislamiento o “no contacto con el mundo global” que superviven en Ecuador.

Jimmy Piaguaje, un joven comunicador Siekopai, considera que se está repitiendo la historia. “Por adentrarse en la selva años atrás, algunos abuelos han sobrevivido y son los que tenemos con nosotros… Están dejando un mensaje importante de que todavía sigue la memoria”.

Situaciones parecidas están viviendo las comunidades Waorani, Kichwa, Cofanes, Shuar, Achuar, Sapara, Andwa y Shiwiar. Como una medida de protección, por ejemplo, la nacionalidad Waorani restringió el ingreso de turistas y personas ajenas a su territorio.

Sin embargo, hoy, en su aislamiento, están desbastecidas y urgen atención con las ayudas, sobre todo desde los gobiernos locales y nacional.

En un comunicado del 13 de abril, la Nacionalidad Waorani alertó que enfrentan una situación humanitaria grave. Sus 4.000 integrantes están sin alimentos ni medicamentos, hay escasez de insumos como fósforo y jabón. Incluso denunció que más de 150 familias permanecen en las zonas urbanas de Shell, Coca y Tena sin poder ingresar a sus comunidades para abastecerse de alimentos de sus chacras como plátano, yuca y carne de monte.

Peor aún los de la nacionalidad Secoya que no pueden ni pescar porque sus ríos están contaminados ni ir de cacería ante la presión de gente extraña que invadido sus territorios, en especial de los caucheros.

Sin un protocolo específico

Desde varios frentes y desde diferentes organizaciones defensoras de estas comunidades se plantean al Estado acciones concretas para salvaguardar su supervivencia. La preocupación es generalizada, ya que las autoridades sanitarias no han emitido un protocolo específico y bajo concertación con las organizaciones indígenas y sus aliados.

Una Cartilla de recomendaciones para las comunidades indígenas de Ecuador frente a la pandemia ha sido emitida por un colectivo de organizaciones como Amazon Watch, Ecuarunari, Land is Life, Amazone Frontlines, Mujeres Amazónicas, Confeniae y otras.

Cómo evitar que llegue a las comunidades y el contagio

* Restringir la entrada y salida de personas del territorio.

* Quienes lleguen de fuera deben aislarse en su casa por 14 días.

* Las personas que presenten fiebre o síntomas de gripe no deben entrar i territorio ni a las comunidades.

* Como prevención, si es posible, adentrarse en las purinas, tambu o fincas.

* Como prevención, si es posible, adentrarse en las purinas, tambu o fincas.

Las organizaciones de la nacionalidad Waorani, asentada en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza, también elaboraron cartillas de recomendaciones en su idioma Wao Terero.

Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos solicitaron al Ministerio de Salud que realice un testeo masivo en la comunidad Secoya para disminuir el riesgo de contagio en este segmento poblacional.

La nacionalidad Waorani y la Confeniae instaron al Gobierno a que se adopten protocolos especiales para la protección de estos pueblos indígenas de la Amazonía de Ecuador. Insistieron en que se tomen medidas de control y restricció de las actividades del personal de las empresas petroleras que operan en los territorios indígenas para evitar la propagación de la pandemia.

Desde las diversas organizaciones se exige una atención inmediata para solucionar el desabastecimiento de alimentos y el dotamiento de reactivos para realizar la pruebas de Covid_19 en las comunidades.

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Rechazo unánime al contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía

Sus casas avistadas desde el espacio constituyen una de las evidencias de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento.

¿Desconocimiento total u osadía temeraria? ¡Juzgue usted! Pero el ministro de Ambiente de Ecuador, Raúl Ledesma, habla de que se ha propuesto contactarse con los Tagaeri – Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven en la Amazonía ecuatoriana.  

“Todavía no he podido contactarme con ellos, pero vamos a ver formas de comunicación”. Así lo dijo Ledesma en el reportaje ‘¿Yasuní o petróleo?’, de Visión 360, del domingo 13 de octubre. Incluso adujo que estos grupos indígenas, que evitan cualquier contacto con el mundo externo, tienen sus asambleas generales y que, a través de estas o las de los pueblos Waorani, socializarían proyectos de asistencia.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones absurdas, hay un afán expreso de empujar hacia un contacto forzado con estos grupos indígenas y que, más allá de cualquier intención de protegerlos, sería de contactarlos para dejar vía libre al extractivismo petrolero. El Parque Nacional Yasuní (al noreste de la Amazonía ecuatoriana y refugio de estos grupos) está saturado de bloques petroleros, lo que les expone a un peligro absoluto de exterminio, por la presión y riesgo de encuentros imprevistos y muchas veces violentos.

Frente a este tipo de peligros, escenario que se repite en otras regiones de la Amazonía, surgió una declaratoria de rechazo unánime a cualquier intento de contacto forzado con estos pueblos amazónicos en aislamiento.

Así lo decidieron organizaciones indígenas y no gubernamentales (entre estas Land is Life), líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos y nacionalidades, reunidos con motivo del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, el 10 y 11 de octubre.

Allí, delegaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Suriname analizaron la situación actual de estos pueblos. Además, conocieron los resultados del Informe ‘Pueblos Indígenas en Aislamiento: Territorios y desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco’. 

Los expertos advierten que ocurren retrocesos preocupantes en las políticas de protección. Lo peor que no se trata de hechos aislados en la región.  

En Bolivia, por ejemplo, se han dado retrocesos normativos y de políticas que han revertido los avances legales y dieron paso a planes extractivos, megarepresas hidroeléctricas, carreteras y la expansión de las fronteras agrícolas.

Ecuador y Perú han asumido medidas políticas que buscan evitar que el Estado asuma la responsabilidad de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. Inclusive se han dado el lujo de recategorizar los mismos para debilitar la protección e incrementar las áreas concesionadas, cediendo paso a los intereses extractrivistas. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno, por ejemplo, mediante el Decreto 751, del 21 de mayo del 2019, dio vía libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible del Yasuní.

En el caso de Brasil, resulta paradigmático el giro más radical con relación a la reorientación de políticas que constituyen una regresión con respecto a los marcos internacionales y a los estándares de protección de los derechos de estos pueblos.

LA DECLARATORIA DE LIMA

Las organizaciones, los líderes indígenas e investigadores armaron la Declaratoria conjunta de Lima. Lo hicieron para exigir que los Estados garanticen la protección y supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco.

Los puntos clave de la Declaratoria:

 * Rechazo a toda acción que promueva el contacto forzado con estos pueblos. Esto en observancia y respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y al principio de no contacto como principal directriz y derecho fundamental.

* Preocupación absoluta frente a los retrocesos que sufre la región en cuanto a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en general respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

* No son hechos aislados los retrocesos que vive la región sobre políticas de protección. En Perú y Ecuador, que tuvieron importantes avances en leyes, normas y directrices, hoy toman medidas políticas que esquivan la responsabilidad de los Estados de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. 

* Venezuela no tiene normas específicas para proteger a sus pueblos indígenas en aislamiento. Consideran importante urgir a la Asamblea Nacional Constituyente para que adopten las recomendaciones de las organizaciones indígenas, sus aliados y la Defensoría del Pueblo.

* Advierten conflictos sociales, degradación de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos fundamentales para los pueblos en aislamiento por implementación de megaproyectos hidrocarburíferas e hidroeléctricas, mineras y más. Las graves ausencias de protección estatal de los territorios han permitido las actividades ilícitas e ilegales.

*  Los impactos del ‘modelo de desarrollo’ causan efectos en diversos ámbitos: amenazas y criminalización de personas e instituciones ligadas a los derechos indígenas, debilitamiento de los estatutos de protección de los territorios y la negativa de Estados y empresas para adoptar el principio de precaución y más salvaguardas que garanticen la intangibilidad de los territorios.

* Ausencia de voluntad política de los gobiernos para implementar y observar las directrices de protección. En países como Perú se tiende a congelar o demorar las decisiones sobre nuevas demarcaciones territoriales para grupos en situación de aislamiento. Más bien, empieza a tomar fuerza la voluntad política para impulsar el modelo de desarrollo extractivo.

Los pueblos indígenas en aislamiento están en situación de vulnerabilidad por la inobservancia e invisibilización de sus derechos por parte de la sociedad envolvente. Por eso se propone la articulación permanente de un grupo de trabajo regional que impulse la protección de estos pueblos a escala internacional, regional, nacional y local.

Los avances de las investigaciones permitieron que crezca el número de registros de los pueblos indígenas en aislamiento entre 2005 y 2019. Sin embargo, el reconocimiento oficial de existencia y de sus territorios aún es un reto en Paraguay, Brasil, Colombia y Venezuela. El Informe Regional contiene información sobre 185 pueblos en situación de aislamiento, pero solo 66 están confirmados por los gobiernos.

Una de las conclusiones de este Informe y que preocupa es que las políticas implementadas en países como Ecuador no son el resultado de dinámicas aisladas o encapsuladas en el espacio nacional. Más bien reflejan un entramado regional, bajo el argumento de un ‘modelo de desarrollo’ en la Amazonía y El Chaco, que se contrapone y contradice las principales normas, leyes y estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Frente a los graves retrocesos, se reafirma un compromiso colectivo con la defensa de los derechos y la protección de los territorios y la vida de los PIACI. A la vez conminan a todos los sectores de la sociedad civil nacional e internacional a sumar esfuerzos y urgen a los estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección.

Una declaratoria conjunta de organizaciones, líderes indígenas y expertos exige a los Estados garantizar la protección y supervivencia de estos grupos, que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco. Fue difundida durante el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, Perú.
El Parque Nacional Yasuní es el refugio de los Tagaeri Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador.

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El movimiento indígena de Ecuador potenció su fortaleza en 12 días de resistencia

Las mujeres tuvieron un papel determinante en la resistencia a la brutal represión.

Increparon con firmeza al presidente Lenin Moreno por la represión y por su modelo económico. Tras 12 días de protestas y de resistir una brutal represión, lograron que el Primer Mandatario les llame a dialogar e hicieron que derogue un decreto con el que eliminó todos los subsidios a los combustibles.

Resistieron 12 días de protestas y una brutal represión del aparato estatal, oposición total de los medios de comunicación tradicionales, acoso y brotes de racismo de un sector de la población. Además, del afán del expresidente Rafael Correa y sus seguidores de usurpar las manifestaciones, dañándolas con actos violentos como del edificio de la Contraloría General del Estado y hasta de vehículos.

Fueron millares de personas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, junto con más organizaciones y sociedad civil, respondieron a la convocatoria de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie). Solo el miércoles 9 de octubre, lograron concentrar a más de más de 50.000 personas en Quito, la capital de Ecuador. Ese día, sitiaron las calles cercanas a la Presidencia de la República, en el Centro Histórico de Quito, el 9 de octubre. Pero también lograron paralizar a todas las provincias de la Sierra y la Amazonía.

Al final consiguieron el objetivo, en un diálogo con la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal. Más allá de lo coyuntural, el movimiento indígena volvió a posicionar su fuerza política en Ecuador. Se levantó luego de una década y más de arremetida, persecución-criminalización a dirigentes y ataques del gobierno del expresidente Rafael Correa.

No solo demostraron resistencia en las calles. También quedó evidente el liderazgo y capacidad de sus dirigentes, como ocurrió durante el Diálogo por la Paz o reunión con el Presidente de la República, el domingo 13.

Con un lenguaje sencillo y didáctico, Leonidas Iza, dirigente indígena de Cotopaxi, dio una cátedra al explicar sobre las repercusiones en la economía de la gente. Aparte que fue uno de los que más se mantuvo firme cuando, desde el Gobierno, hubo un intento de evadir la exigencia de derogar el decreto.

A su vez, Jaime Vargas, líder máximo de la Conaie, no dudó en cuestionar y advertir a Lenin Moreno que sus ministros no tienen voluntad política para acercamientos y menos para cumplir con compromisos con el sector indígena. “Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal señor Presidente”. Al tiempo que exigió un cambio en el modelo económico del país, hoy condicionado a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Más de 50.000 manifestantes sitiaron al Centro Histórico de Quito, el 9 de octubre. Fotos: Jaime Plaza

33 años de historia

Concentra a 18 pueblos y 14 nacionalidades. Como tal, la Conaie fue fundada el 16 de noviembre de 1986. Desde ese entonces, ha cumplido un papel fundamental en diferentes episodios de Ecuador.

“Hoy el movimiento indígena es la reserva moral del país”, es la afirmación de Marlon Santi, coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.

El homenaje a Inocencio Tucumbi, una de las ocho víctimas mortales de la represión de militares y policías.

Esta nueva página en la historia de los movimientos indígenas del Ecuador se escribió con sangre de 8 víctimas mortales, entre estos el dirigente Inocencio Tucumbi, y 1.340 heridos (ese es el reporte de la Defensoría del Pueblo)

Por eso, Mirian Cisneros, presidenta del pueblo Sarayaku, increpó al presidente Lenín Moreno y sentenció que “en tu conciencia quedan todos los hermanos caídos en esta lucha”.

Luego de 12 días de resistencia y una vez confirmada la derogatoria del polémico Decreto, ellos volvieron para rendir cuentas antes sus comunidades y a seguir trabajando junto a su gente.

Llegaron de provincias como Tungurahua y de toda la región Andina y Amazonía a sumarse a las protestas.

Ecuador y sus piruetas en cuidar a dos niñas indígenas arrancadas del aislamiento

Una de las niñas cuando era arrancada de su familia y su entorno. Fotos: tomadas del libro ‘Una tragedia ocultada’

Ellas son el vivo testimonio, la prueba misma de la existencia de los Tagaeri – Taromenane, los dos únicos pueblos indígenas en aislamiento que le quedan a Ecuador en su Amazonía. Después que masacraran a sus familias, aterrorizadas las sacaron de su territorio para llevarlas como ‘trofeo de guerra’ a que vivan en las casas de quienes atacaron y mataron a sus padres, hermanos, tíos… 

Son las hermanas N. y C., que tenían aproximadamente 3 y 6 años cuando ocurrió el ataque por parte de un grupo de indígenas waorani, el 30 de marzo del 2013. Esa tragedia ocurrió en su territorio, en las mismísimas entrañas del Parque Nacional Yasuní (en el norte de la Amazonía ecuatoriana), igual que otros tantos episodios trágicos que han puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos indígenas en aislamiento,  advierte que “en si la masacre de sus familias ya les generó un daño enorme, igual su separación al ser llevadas a dos comunidades distintas”.

Pues no solo las cortaron de raíz de su entorno, sino también a las dos las separaron. A la menor se la llevaron a la comunidad de Dikaro y a la mayor a Yarentaro.

Roberto Narváez, antropólogo e investigador de pueblos indígenas en aislamiento, asegura que se han cometido varias vulneraciones contra los derechos de las niñas, en especial:

  • Derecho a su familia, rota por la irrupción guerrera y la matanza.
  • Derecho a la identidad cultural y forma de vida.

Según Narváez, se trata de dos niñas de pueblos vulnerables por ese proceso sistemático de presión que, desde el propio Estado, genera amenazas a su territorio al abrir la frontera extractivista. “La situación actual de las niñas es producto de esa inacción y falta de garantías desde el Estado, ya que habían indicios de que iba ocurrir el ataque y que pudo ser evitado”.

Las incluyeron en un sistema gubernamental de protección a víctimas y testigos, como si se tratara de cualquier persona en riesgo por haber presenciado un delito y su testimonio es clave. Eso dejó al descubierto que Ecuador como Estado aún carece de una política sólida para proteger a un ser humano en las condiciones como las de C. y N. (por cierto, las leyes penales prohíben revelar los rostros e identidades para, en algo, proteger a las víctimas).

“Al no existir políticas públicas de protección hacia estos pueblos en aislamiento ocurre un discrimen manifiesto desde el Estado sobre su origen y su identidad”, sentencia el antropólogo Narváez.

Milagros Aguirre insiste en que “deben levantarles esa condición de testigos protegidos y dejarlas en paz con sus familias adoptivas. Que ellas decidan dónde y con quién quieren estar, garantizándolas su derecho a educación y salud, además de darles un subvención por daños causados por seis años de estar separadas”.

El reencuentro de las dos hermanas

Seis años después, el pasado 27 de agosto, la Fiscalía General provocó un reencuentro de las dos hermanas, bajo el argumento de “reforzar sus lazos afectivos, de confianza y afinidad”.

Pero no fue un encuentro en privacidad como ellas tiene derecho, sino en medio de las miradas curiosas de mucha gente muy extraña para ellas. No sabemos para qué, ni creemos era necesario, pero llegaron autoridades, fiscales, delegados de instituciones públicas y líderes indígenas.

Se trata de “acciones que permitan la asistencia integral a las niñas de la etnia tagaeri/taromenane”, dice la Fiscalía, en un comunicado de Prensa del 28

A ese desarraigo total que sufren las dos niñas, se suma que han tenido que de golpe estar expuestas a diversas situaciones absolutamente ajenas a las condiciones de aislamiento en que ellas vivían junto a sus familias.

“Aislamiento voluntario”, aún creen algunos. Pero es más forzado que nada, porque les han ido arrinconando las presiones de madereros, petroleros, visitantes externos y las mismas comunidades indígenas con quienes comparten sus territorios.

Un día de esos (el 26 de noviembre del 2013), a los funcionarios del Estado se les ocurrió ir por la niña más grande, en medio de un operativo con policías élite. La justificación era que ella corría peligro.

La sacaron del aula donde asistía a clases para trasladarla en un ruidoso helicóptero hasta el Coca, en la provincia de Orellana. La llevaron para hacerle chequeos médicos en el hospital público, ya que la niña tenía salpullidos y fiebre. Justamente ese es uno de los temores de Pichilingue, ya que el mayor riesgo para la niña C. “pudiera ser su exposición al contagio de enfermedades llevadas por turistas que visitan la zona, a pesar de que ella no esté expuesta directamente a ellos”.

Luego la reubicaron en la comunidad de Bameno. Antes, desde abril del 2013, ella permanecía en Yarentaro “contra su voluntad y pudo ser liberada… No se trató de un rescate sino de una medida de protección”, dijo la entonces viceministra de Justicia, Nadia Ruiz.

En las comunidades indígenas donde ahora viven tuvieron que ir asumiendo costumbres de los waorani y hasta de los mismos cowori (extraños que invaden sus territorios). A la más pequeña, por ejemplo, la inscribieron en el Registro Civil como hija de los captores.

Roberto Narváez hizo una preocupante advertencia: “La niña mayor ya es puber y, dentro del marco cultural waorani, a esa edad suele ocurrir las alinazas matrimoniales. De allí que desde el Estado deben definirse lineamientos de protección bajo acuerdo con la comunidad donde ahora vive”.

Las niñas tagaeri taromenane se adaptan a las costumbres de sus familias adoptivas.

El testimonio que valida toda una existencia

En medio de todas esas durísimas vivencias de las dos niñas, hay algo valioso que se ha logrado rescatar. Se trata de las revelaciones de C. sobre lo que constituye su pueblo y que valida todo esfuerzo por evitar su exterminio.

Este testimonio lo trae el libro ‘Historias y Presencias’. Se lo reconstruyó con base a conversaciones cotidianas de C. con quienes hoy vive y contadas por Penti Baigua, líder de la comunidad waorani de Bameno. 

Sorprende que la niña habla de que su grupo se identifica como waorani (no como los conocemos como tagaeri y taromenane). Aunque esa revelación pierde cierta validez cuando en Bameno muchas personas sostiene que C. es una tagaeri, como lo sostendría Teepa (hermana de Tagae, de quien se deriva el gentilicio), tras algunas conversaciones con la niña.

Con sus relatos, nos traslada a escenas como aquella en que sus padres vivían en la casa que estaba en construcción y que fuera atacada el 30 de marzo del 2013. Sus padres eran Tewe, de unos 50 años, y Dayume. Con su madre cruzaba un río (sería el Cononaco Chico) para recoger chonta.

También revela que cerca de su casa habían dos más de sus parientes y que guardaban hamacas, peinillas, shigras, cestas, cadabo (olla de barro), kakapa (fósforo del monte), algodón para los dardos, lanzas, cerbatanas y más.

En sus relatos, C. contó que tenía 10 hermanos, algunos de ellos vivían con su abuela Titera. Además, que tenía un hermano mellizo, Ewento, que murió en el ataque del 2013. Otros de sus hermanos, aún vivos, son Yato y Tayakemo.

Estos y más nombres permiten descubrir similitudes entre estos pueblos en aislamiento y los waorani. Incluso -según ‘Historias y Presencias’- se concluye que son mínimas las diferentes linguísticas entre su lengua y el Waoterero de los Waorani, sin descartar algunas diferencias en las terminaciones de algunas palabras o frases.

Estudiosos de estos pueblos, como el español Miguel Ángel Cabodevilla, afirmaron en reiteradas ocasiones que estos pueblos tienen una misma raíz. En la década de 1960, Taga (hijo de Ñihua) decidió separarse del grupo que se acogió al contacto evangelizador e internarse en la espesa selva y a sus seguidores y descendientes hoy se los conoce como Tagaeri.

Los relatos de C. dejan entrever la marca profunda que le provocó el ataque a sus familias del 30 de marzo del 2013. Vio que a su madre la dispararon y cayó muerta sobre el fogón, que mataron niños… que hicieron muchos disparos. C. y N. se selvaron de morir al permanecer medio ocultas bajo unas hojas en una esquina de la casa, pero luego las encontraron y se las llevaron.

Cuando sufrieron el ataque, sus familias estaban de fiesta porque construían la casa nueva. Pero ese día no estaban todos y que, por ejemplo, su tío Baika aún vive, al igual que dos familias que vivían cerca.

Estos recuerdos, aunque trágicos, que guarda C. tienen una gran valía: Es la memoria viva de familias indígenas en aislamiento que superviven en el Yasuní y que es fundamental que el Estado garantice sus vidas.

La niña C. es alimentada, durante la travesía de regreso hacia los comunidades de quienes atacaron a sus familias en el 2013.

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Al borde de un genocidio por los incendios forestales en la Amazonía

Los indígenas en aislamiento se ven forzados a desplazarse hacia territorios extraños, lo que les pone en grave riesgo.

Sus territorios arden en medio de los incendios incontrolables y ellos viven una situación dramática. Son 350 grupos indígenas amazónicos y 185 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que habitan la Amazonía y el Gran Chaco.

Frente a esa situación, las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas, junto con los especialistas, denuncian que estos pueblos superviven bajo amenaza constante y los incendios forestales lo agravan aún más.

Un comunicado, firmado por 14 organizaciones, denuncia y alerta que estas amenazas, en especial los incendios que ahora arrasan la Amazonía, obligan a los pueblos indígenas en aislamiento (de 66 está confirmada su existencia en la región) a buscar estrategias de supervivencia, incluido el desplazamiento forzado.

Bajo esas condiciones, se ven empujados a buscar refugio en regiones extrañas a sus territorios tradicionales. Lo peor es que esta migración forzada los pone en contacto inminente e incluso confrontación con personas ajenas a su grupo.

Por eso, “públicamente defendemos a estos pueblos indígenas y exigimos que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomen medidas inmediatas para contrarrestar tales incendios”, reza el manifiesto.

Además, que se implementen medidas especiales de protección para estos pueblos, respetando su autodeterminación para permanecer en aislamiento.

Los intereses detrás de los incendios

Las organizaciones denunciantes aseguran que detrás de la quema en la Amazonía (Brasil), la Chiquitanía (Bolivia) y el Gran Chaco (Paraguay) existe un mercado millonario.

Advierten que en Brasil, “prender fuego a un área de 1.000 hectáreas cuesta alrededor de 1 millón de reales en el mercado negro”. La gran interrogante es: ¿Quién paga y qué se gana?

Las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos en pueblos indígenas en aislamiento presentan en un trabajo conjunto una visión general de lo que ocurre en los siete países de la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.

Brasil y su irrespeto total a los pueblos indígenas

La actitud del gobierno brasileño frente a la población indígena deviene en el irrespeto total a los principios constitucionales. Desde hace meses, el presidente Jair Bolsonaro ha emitido discursos en contra de los pueblos indígenas y  el movimiento ambientalista.

Las organizaciones denunciantes señalan que la discusión y el desprecio fueron los dos únicos pronunciamientos del Presidente y su equipo a la comunidad internacional, especialmente ante la sociedad civil organizada a favor de Brasil.

Aún más,  ha  irrespetado la legislación ambiental. Eso le ha llevado a repercusiones internacionales, sobre todo la presión del G7.  En respuesta, se armó un gabinete de crisis y se movió a los militares para tratar de apagar los flagelos.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es 278% más que el miperíodo del 2018, son daos oficiales del INPE. En Brasil se contabilizaron 131 tierras indígenas incendiadas entre el 15 y el 20 de agosto de 2019. Pero todos los días se presentan nuevos incendios. Estos datos han sido levantados por la geógrafa Ananda Santa Rosa y Fabrício Amorim, con base en el Sistema de Información de Incendios.  Fire Information for Resource Management System  (FIRMS/NASA).

En medio de este caos, la situación más dramática es la de los pueblos indígenas en aislamiento. En Brasil existen 114 registros de estos grupos, de los cuales 28 son confirmados por el organismo oficial indigenista del gobierno o FUNAI.

¿Cuántos huyen del fuego? La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas en aislamiento, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia.

Petróleo y minería contra las comunidades amazónicas de Ecuador

Antes que los grandes incendios, en Ecuador la megaminería es el gran mal. Estas actividades están avanzando sobre los territorios en el sur de la Amazonía de Ecuador. Se suma una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar.

Las imágenes satelitales evidencian que, durante los últimos años, existe un aumento de situaciones dramáticas de incremento de lluvia y nuevas zonas  de inundaciones en la Amazonía norte, que desde hace décadas es destruida y contaminada por actividades petroleras. 

El avance de la frontera agrícola y el desarrollo incentivado por gobiernos locales fomentan la deforestación en esta zona.  La apertura de nuevas carreteras abre paso a la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente. 

Al Parque Nacional Yasuní le están diezmado la deforestación derivada de la explotación de petróleo, por nuevas carreteras y plataformas. Lo peor es que ponen en grave riesgo la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, grupos indígenas que viven en aislamiento.

Grave daño a territorios intangibles en Bolivia

Un millón de hectáreas de bosque se han incendiado en lo que del 2019. Desde finales de julio hasta agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía  devastó 780.000 hectáreas. Lo más afectado está en la región de Chiquitanía y los territorios Ayoreo, Chiquitano y Monkoxi.

También se han afectado gravemente  y desaparecido bosques secos en la frontera con Paraguay, en el área decretada con intangibilidad (inviolable y prohibido el ingreso de gente extraña) para Pueblos en Aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní. Estas zonas representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y la política de gobierno. 

Los incendios afectan a los pueblos en aislamiento del Perú

La mayor parte de los incendios forestales ocurren en zonas de la Sierra (Cusco y Ayacucho). Una buena parte de los incendios reportados en la  selva están directamente vinculados a territorios pueblos en aislamiento o en contacto inicial.

El impacto es grave, no solo en las condiciones del territorio sino también en la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia. Esto afecta directamente a los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan. 

Uno de los incendios detectados afecta al área propuesta para la creación de la reserva indígena de Sierra del Divisor Occidental (Ucayalí, Loreto). Este sitio ya cuenta con el reconocimiento oficial como refugio de los pueblos en aislamiento y que se superpone con el Parque Nacional de Sierra de Divisor, además se conecta con la Reserva Indígena Isconahua.

El segundo incendio está en el Distrito de Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios), próximo al Parque Nacional Alto Purús y a las reservas territoriales Mashco Piro y Madre de Dios. Este sector es parte de un ámbito mayor de desplazamiento los pueblos en aislamiento, conocido por las organizaciones indígenas como: Corredor Territorial Transfronterizo Pano-Arawak (Perú – Brasil). 

Tratar de controlar los incendios forestales resulta una tarea
muy complicada para los brigadistas.

Una sentencia ‘precedente’ para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento

Por el ataque y matanza a una familias indígenas en aislamiento, 10 waorani fueron sentenciados bajo una visión de interculturalidad. Fotos: Fiscalía General del Estado

El hecho mismo de que ya exista una sentencia condenatoria marca un precedente. Así lo consideran algunos entendidos en el tema sobre la sentencia de un Tribunal Penal contra 10 indígenas waorani por el ataque a familias en aislamiento de la Amazonía ecuatoriana, ocurrido el 30 de marzo del 2013.

En ese entonces, 17 waorani se encaminaron selva adentro hasta un asentamiento (casa que la estuvieron construyendo) de un grupo indígena en aislamiento. Este último sería parte de los tagaeri – taromenane, que superviven en el Parque Nacional Yasuní y están al borde del exterminio por diversas formas de presión, entre estas la extracción petrolera.

Los waorani atacaron con armas de fuego, provocando una matanza, sobre todo de mujeres y niños (serían más de 20 las víctimas). Además, trasladaron a la fuerza a dos niñas (en ese entonces de 7 y 9 años), quienes hoy viven en comunidades waorani.

El 5 de marzo del 2013, dos ancianos waorani, Ompure y su esposa Buganey, murieron lanceados en la chakra cerca de su casa. De allí que el ataque fue en cumplimiento de una tradición de venganza por esas dos muertes.

Todo lo antes anotado es con base a los testimonios de los hoy sentenciados, incluso a fotografías por ellos mismo captadas en el sitio donde ocurrió el ataque.

En audiencia pública en Pompeya, una comunidad de la provincia amazónica de Orellana, los jueces de la provincia amazónica de Orellana anunciaron su resolución. Acudieron 11 de los 17 acusados (uno fue absuelto). Queda pendiente la presentación de otros seis imputados.

La sentencia (leída en español y waoterero –lengua waorani-)

  • 200 horas de trabajo comunitario por año, durante cuatro años, en las comunidades cercanas a sus casas.
  •  La construcción de chakras y casas tradicionales waorani.
  • Una fiesta cultural waorani en una comunidad que será escogida por la Comisión encargada de hacer seguimiento de la sentencia.
  • Que se oficie –previo a la fiesta- a la Secretaría de Derechos Humanos para que realice una inducción de derechos humanos, en especial el derecho a la vida.

Un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado explica que los jueces resolvieron que se trata de un homicidio, delito tipificado en el Artículo 449 del Código Penal anterior y 144 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero el Tribunal Penal, acogiéndose a principios de interculturalidad, “dispuso una pena conforme a la cosmovisión indígena, previa coordinación con ancianos waorani”.

Según la Fiscalía, esta sentencia “se encuentra estipulada en los principios de interculturalidad, contenidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales…”.

El Estado ecuatoriano, en deuda

Esta es la primera sentencia sobre estos casos y es un avance. ¡Al fin una sentencia tras seis años de lo ocurrido, después de tantas dilataciones! Si es suficiente o no, fluirán diversas posiciones, hasta algunas polémicas. Lo cierto es que es un ‘lavado de manos’ del Estado ecuatoriano frente a una matanza.

Por un lado, están los waorani que no logran entender la justicia occidental, cuyas aspiraciones sería que no existiese sentencia. Para otros que lo ven desde el punto de vista occidental sin entender las particularidades de la cultura waorani, querrían que se aplique lo estipulado en la ley sobre el homicidio.

La lectura de Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos en aislamiento, es que “primero se reconoce que hay un delito cometido, pero se logra una sentencia alternativa a la cárcel. En términos generales se marca un antes y un después. Pudo ser más tiempo de trabajo comunitario y más específico en su aplicación”.

Lo negativo del juicio y de la sentencia –así lo mira Pichilingue- es que “no hayan considerado otros responsables como funcionarios de la empresa petrolera y del Estado que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en lo que sucedió. Este ataque ocurrió dentro de un bloque petrolero, a pocos metros de la vía Maxus, una carretera petrolera, y ni se pararon las actividades como se ha dicho tantas veces”.

Tampoco se consideró la denuncia del Vicariato de Aguarico y la Fundación Alejandro Labaka sobre que hubo conocimiento de parte de funcionarios del Estado y de la petrolera de que iba a darse el ataque en venganza.  Incluso se denunció que los waorani organizaron tres expediciones al interior de la selva.  “Todas esas cosas no fueron investigadas. Hubiese sido bueno que también se dé un proceso penal al respecto”, se lamenta Pichilingue.

La casa de las familias en aislamiento voluntario, ocho meses después del ataque del 30 de marzo del 2013.

Milagros Aguirre, en su artículo de opinión ‘La cereza del pastel’ (publicado este jueves 22 de agosto en Diario El Comercio), hace una dura crítica al considerar que esta sentencia es una “lavado de manos” del Estado ecuatoriano “disfrazada de sentencia con aplicación de principios de interculturalidad, sin que nadie diga ni pío”.

La articulista insiste que judicializaron a los waorani en un sistema nada intercultural. “Separaron a las niñas. Mandaron a la cárcel a unos atacantes (a otros no) y les acusaron de algo que no podían entender (genocidio)… Luego de años de dar palos de ciego (y de gastar recursos), pusieron un traductor waorani para simular el cumplimiento de un derecho fundamental. Finalmente un tribunal los condenó como culpables, pero le dejó la responsabilidad de la sentencia a otros: a un grupo de ancianos waorani…”.

Para Vannesa Barham, experta en pueblos indígenas, esta resolución del Tribunal Penal demuestra que “el Estado ecuatoriano no tiene otro tipo de lecturas frente a estos casos. Carece de soluciones diferentes a las penales, es decir solo es punitivo”.

José Proaño, Director para América Latina de Land is Life, agrega que “tratarles como responsables de un crimen resulta una visión muy limitada ante una situación de interculturalidad”. Además, que una verdadera reparación del conflicto en la zona, por ejemplo, debió apuntar a definir la situación de las niñas. “Más allá de tenerlas bajo el Sistema estatal de Protección a las Víctimas como testigos protegidos, más bien debería proponer su reunificación o, al menos, un reencuentro y a futuro sean ellas quienes  decidan estar juntas”.

En definitiva, no existe tal protección para estos pueblos, a pesar de que está delimitada una Zona Intangible (intocable desde el exterior) y hasta un Plan de Medidas Cautelares desde el 2007, que,  entre otras cosas, debería buscar acuerdos de protección con las organizaciones y comunidades waorani y kichwa, asentadas también en estos territorios dentro del Yasuní y en sus goteras.

Peor aún frente a un reciente Decreto (751) y dos licencias ambientales, otorgadas por el Ministerio del Ambiente. Estos dan luz verde para la explotación en dos bloques petroleros en zonas donde se ha advertido presencia de estos grupos en aislamiento.

Los defensores de los tagaeri – taromenane temen que sigan ocurriendo encuentros violentos entre estos indígenas aislados con los waorani y gente externa, que llega a estas zonas movida por la explotación de petróleo.

La audiencia pública donde se hizo conocer la resolución del Tribunal de Garantías Penales fue en la comunidad de Pompeya.