Los amazónicos demandan por el derrame de petróleo

Miembros de la comunidad indígena San Pedro de Río Coca se lamentan por los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río. Fotos: Telmo Ibarburu

ECUADOR. Sin la posibilidad de abastecerse de agua y alimentos porque su principal fuente, el río, está contaminada. El derrame de 15.000 barriles de petróleo dejó cubiertas a sus riberas por grandes manchas negras y grasosas.

Así no pueden pescar ni regar sus chacras y hoy enfrentan una limitación severa de alimentos. Por eso muchos se ven obligados a salir a los poblados para abastecerse, con el serio riesgo de contagiarse con el Covid_19. Así las comunidades kichwa sufren una afectación cultural y de derechos humanos.

120.000 personas de poblados urbanos y 105 comunidades están entre las afectadas. Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), 35.000 (27.000 pertenecen a las comunidades indígenas) sufren afectación directa. La mayoría son Kichwa y Shuar de 21 parroquias, asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.

En un intento por remediar el daño, se han repartido raciones alimenticias y a algunas familias entregan bidones de 10 litros de agua, cada cuatro días.

“Una simple funda de comida no remedia todo el daño causado”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana

Marlene Cachipuendo, una de las afectadas, contó que “vinieron los de Petroecuador y dijeron solo es un poquito de contaminación, ya les estamos dando agua”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana, no dudó en calificar a dichas actividades de remediación como “una verdadera grosería. En vez de repartir esos bidones que, engrosan la contaminación, no se les ocurre entregar tanques para recolectar el agua de tanta lluvia que cae acá”.

Aún más, a los mismos indígenas les pagan para que realicen las tareas de limpiezas de la contaminación, pero eso está causando enfermedades en ellos.

La demanda de Acción de Protección

Las comunidades afectadas, representadas por Confeniae, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) y los Vicariatos de Oellana y Sucumbíos, presentaron la acción legal ante un juez de Orellana, este miércoles 29 de abril. Lo hicieron con el respaldo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Restauración ambiental urgente, reparación integral para los afectados y reubicación de los oleoductos para evitar que ocurran futuros derrames. Esas son las exigencias que incluye la demanda de Acción de Protección y Medidas Cautelares, que interpusieron los afectados por el derrame del 7 de abril.

Este proceso penal es en contra de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ambiente y Salud, además de Petroecuador y OCP Ecuador. Obedece a la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, salud, a vivir en un ambiente sano, al territorio de los pueblos y nacionalidades y a los derechos de la naturaleza.

Carlos Jipa, presidente de la Fcunae, denuncia que las empresas petroleras han tratado de dividir a las comunidades, pero “hoy estamos consolidados y tenemos la petición desde las comunas para que se lance esta demanda”.

Los demandantes alegan que este derrame se pudo prever, ya que expertos del Instituto Geofísico alertaron sobre la inestabilidad de la zona, especial por la cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, aparte de los constantes deslaves y torrenciales aguaceros.

Lo peor de todo es que tampoco comunicaron rápido a las comunidades y la gente muy temprano, como de costumbre, ya estaba en el cauce del río. Hubo niños que acudieron a pescar y regresaron a sus casas cubiertos del grasoso crudo.

Como un reciente antecedente está el colapso de la cascada San Rafael por un zocavón, ocurrido en febrero último. Tras ese hecho, los expertos también alertaron de una erosión regresiva de los suelos, como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ponía en riesgo a los oleoductos.

No obstante, ni el Estado ni OCP actuaron a tiempo para evitar que suceda este derrame, considerado el más grande en los últimos 15 años.

Por eso, Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines y parte del equipo legal de los afectados, insistió que el Estado ecuatoriano, OCP Ecuador y Petroecuador deben asumir la responsabilidad.

El mayor derrame de petróleo en los últimos 15 años.

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