Defensores del agua buscan detener la arremetida minera en Ecuador

Yaku Pérez, prefecto del Azuay, lidera la iniciativa de la Consulta Popular para conservar las fuentes naturales de agua. (Fotos: Jaime Plaza)

Antes como activista, hoy como una autoridad provincial, Yaku Pérez y su gente hacen esfuerzos por defender las fuentes naturales de agua y frenar la arremetida del extractivismo minero. Para eso, ahora impulsan la propuesta de una consulta popular en Azuay, su provincia.

Con ese objetivo, el ahora Prefecto azuayo llegó a la Corte Constitucional, en Quito, entonando cánticos y haciendo sonar su saxofón, acompañado por delegaciones de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y más. “Vamos hacer que Azuay y Ecuador muy pronto sean territorio libre de minería”, fue la sentencia de Pérez.

La pregunta:

“Está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y todas las zonas de recarga hídrica en la provincia del Azuay”.

Allí, en la Corte entregaron la petición de una Consulta Popular “para decidir entre el oro o el agua, si queremos la vida o la muerte”. Quedaron a la espera de que la Corte lo admita y los jueces emitan un dictamen favorable. De conseguir aquello, deberán sumar alrededor de 65.000 firmas (10% de los empadronados en Azuay) para llevarlas ante el Consejo Nacional Electoral y se proceda con la consulta.

Un primer intento lo hicieron el 22 de julio pasado en la Cámara Provincial del Azuay. La iniciativa de Yaku Pérez no logró la aprobación de las tres cuartas partes de sus integrantes como ordena la Constitución de la República. Ese día, 14 consejeros provinciales dieron su voto a favor, ocho en contra (uno de ellos el representante del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien en campaña ofreció defender el agua frente a la minería) y uno en blanco. Faltaron tres votos para ir directo a la Consulta Popular.

“Así como el pueblo los puso en su puesto, autoridades dejen que ahora el pueblo decida por el agua o por las concesiones mineras”, conminó a los jueces Patricia Mogrovejo, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) Una vez conseguido el dictamen favorable de la Corte Constitucional, iniciarán la minga de recolección de las firmas.

Los campesinos y más habitantes de cantones como Nabón, Oña, Sígsig, Gualaceo, Cuenca… o parroquias como Tarqui o Cochapata defienden sus fuentes de agua.

Los de Cochapata (comunidad de Nabón), por ejemplo, rechazan las concesiones mineras en el cerro El Mozo, una de las mayores fuentes de captación de agua para riego y consumo humano.

Los de Tarqui, en cambio, defienden a Quimsacocha, un páramo parte del sistema de áreas protegidas y sitio de captación de agua para diferentes sectores de Cuenca.

Las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas respaldan el rechazo a las concesiones mineras en páramos, bosques, humedales y más.

En este proceso hay precedentes

  • El 86,79% de los habitantes del cantón Girón (suroeste de Azuay) dijo No a la minería en la Consulta Popular de marzo del 2019. Esto en contra las actividades de exploración en el proyecto Loma Grande de la empresa canadiense INV Metals Inc.
  • En junio del 2018, una sentencia judicial ordenó la suspensión de toda actividad de la minera china Ecuagoldming  en el proyecto Río Blanco, en la zona de Molleturo. El juez civil de Cuenca, Paúl Serrano, determinó que se “vulneraron los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades cercanas al proyecto”. Dicha sentencia fue ratificada por la Corte Provincial del Azuay, el 3 de agosto.

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2.000 jaguares son los ‘amos’ de la selva en la frontera Ecuador-Colombia-Perú

Un estudio de WWF permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas

1.5 jaguares por cada 100 km2 en el Corredor Napo-Putumayo. Fotos y video: WWF

Sigilosos, abriéndose paso por entre la espesa vegetación de la selva amazónica. Así es como se alcanza a descubrirlos gracias a un sistema de cámaras trampa que perennizaron la presencia de estos felinos, ‘amos’ de la selva amazónica.

Son alrededor de 2.000 jaguares que reinan en el Corredor Napo-Putumayo, en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú. Esa es la cifra que reveló un inédito estudio de monitoreo, impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Esta investigación trascendental tuvo como pilar fundamental a lo registrado por 129 cámaras trampa, que instaló WWF entre 2018 y 2019. El reto fue determinar la ocupación y abundancia de esta especie y sus presas, en tres áreas del Corredor Napo-Putumayo.

  • Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador).
  • Parque Nacional Gueppi-Sekime (Perú).
  • Territorio Indígena Predio Putumayo (Colombia)

Lo descubierto abriga esperanzas. Se calculó una densidad de 1.5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. “Impresionante”, dicen los investigadores.

Las cámaras trampa hicieron el milagro de captar más de 64.700 fotos. Su análisis demandó de 10.500 horas de trabajo, a lo largo de 540 km2.

Para la WWF, estos hallazgos permiten impulsar la protección de los ecosistemas amazónicos y facilitan a las autoridades a tomar sus decisiones.

64.700 fotos fueron captadas por el sistema de cámaras trampa.

Este monitoreo permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas. Pues se trata de una zona compuesta por áreas protegidas y territorios indígenas, lo que evidencia que sí es posible la coexistencia entre la naturaleza y el ser humano, a través del uso sostenible de los recursos.

José Luis Mena, director de Ciencias de WWF Perú, resaltó que el jaguar se ha convertido en una especie prioritaria para esta organización internacional. Además, es fundamental generar mecanismos para asegurar su conservación, junto con otras organizaciones, el sector privado y el gobierno. “La cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos entre diferentes actores son cruciales para enfrentar este problema”.

La inversión china, una grave amenaza

El tráfico ilegal de especies lo tiene en grave riesgo.

La WWF advierte que el incremento de la inversión china en América Latina está empujando a un lamentable aumento en la demanda de partes del jaguar, como colmillos y garras. Esto a su vez incentiva a la caza furtiva inclusive en la Amazonía.

Hasta la década de 1970, estos felinos fueron perseguidos y cazados por sus pieles. Esa cacería se logró detener mediante la creación de leyes más estrictas que velaban por la protección de esta especie.

El más grande de América

  • El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande e icónico de América.
  • Es el principal depredador de la Amazonía.
  • En los últimos 100 años, ha perdido casi el 50% de su histórico rango de distribución. Cerca del 90% de su población está en la cuenca del Amazonas.
  • Lo atacan diversos conflictos entre la vida silvestre y la población humana: deforestación, caza ilegal, destrucción del hábitat y pérdida de especies presa.
  • Existe reducción y hasta extinción de sus poblaciones en países como El Salvador y Uruguay.

Casi el 90% de su población se encuentra en la cuenca del Amazonas. El jaguar, considerado protector y símbolo de poder para muchos pueblos, es también el mayor representante de la misteriosa belleza de la Amazonia. “Además, cumple un rol importante en el control de las poblaciones de otras especies de la zona y ayuda a mantener un ecosistema saludable. Es clave asegurar su bienestar y una forma de lograrlo es conservando los corredores biológicos, que son áreas que conectan dos o más regiones, rodeadas de bosques naturales, con la finalidad de evitar el aislamiento de las poblaciones de especies”, continuó Mena.

“El jaguar es un elemento muy importante en la cosmovisión de varios pueblos indígenas de nuestra Amazonía. Por tanto, un aspecto clave del trabajo que hacemos en WWF es colaborar de manera conjunta con las poblaciones locales y así lograr una coexistencia pacífica entre las poblaciones humanas y el jaguar”, indicó Jorge Rivas, gerente del Programa Bosques & Agua Dulce de WWF-Ecuador.

El jaguar es el felino más grande de América.

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Grave amenaza a la supervivencia de los pueblos en aislamiento de la Amazonía

El Gobierno de Ecuador autoriza la extracción de petróleo en zona prohibida del Yasuní. Organizaciones y colectivos civiles demandan la inconstitucionalidad de esa medida ante la Corte Constitucional. También alertan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los peligros.

El Yasuní es el último rincón de los tagaeri taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven a las presiones externas. Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

Contradicción absoluta con relación a la inexcusable obligación de protegerlos para evitar que desaparezcan los tagaeri y taromenane, dos últimos pueblos en aislamiento de la Amazonía de Ecuador. Así es vista la decisión del gobierno de Lenin Moreno de permitir que se construyan infraestructuras de “plataformas y producción de hidrocarburos” en donde antes estaba prohibida toda actividad extractiva.

El Decreto 751, que lo firmó el Presidente Moreno el 21 de mayo del 2019, da paso libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible, del Parque Nacional Yasuní. Se deja así de contruibuir a la protección de estos grupos humanos de la Amazonía ecuatoriana en aislamiento.

Para justificar este Decreto, el Gobierno se valió de lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para reforzar la protección al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

La amenaza es tan grave que Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los Derechos de los Pueblos Indígenas, hizo publica su preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 751 para los tagaeri y taromenane.

La preocupación de la Relatora de la ONU por la situación de los pueblos indígenas en aislamiento en Ecuador.

La organización Land is Life califica a esta medida como un continuismo “a la saga de la anti-protección” de los Pueblos en Aislamiento. Advierte que Ecuador no cuenta con una política pública de protección y que al Gobierno le importan más los intereses económicos antes que la valía de vidas humanas.

Medidas y acciones que atentan

  • Se redujeron los recursos humanos y financieros.
  • No hay un plazo cierto para definir las políticas de protección.
  • Ausencia de iniciativas efectivas de protección frente a las amenazas por las actividades petroleras, movidas con capitales chino, español y ecuatoriano.
  • Mayor presencia de colonos y la frontera agrícola.

Natalia Bonilla, antropóloga y ecologista, alerta que “se deja de proteger al área de amortiguamiento de la Zona Intangible y se abre paso para la explotación petrolera en 396.000 hectáreas en la Reserva de Biósfera.

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) advierte que “es aún más grave porque la ampliación de la ZI es de 60.450,42 hectáreas, pero la ampliación del área en que se permite la implementación de infraestructura petrolera alcanza las 400.000 hectáreas”.

Las contradicciones siguen. Pues el mismo artículo prohíbe las actividades de extracción forestal y las concesiones mineras. Pero, según ALDEA, es un
enunciado distractor de lo que parece ser el objetivo final del Decreto: lograr la explotación de los campos petroleros ubicados en el Área de Amortiguamiento en los bloques concesionados (43, 31, 16, 14 y 17) y en los bloques 83, 84 y 87, localizados hacia el sur de la ZI.

Ante la decisión del actual Gobierno ecuatoriano existe un riesgo latente por afectar a un territorio de uso y movilidad tradicional estos pueblos. Así lo advierten Roberto Narváez, Paola Maldonado y Eduardo Pichilingue, en ‘La amenaza del Decreto Ejecutivo No. 751 a la Superviviencia de los Pueblos en Asilamiento Tagaeri Taromenane”, un análisis antropológico, espacial y de derechos. Temen que se repitan los episodios trágicos del 2013, cuando los ancianos waorani Ompore y Buganei murieron lanceados y semanas después ocurrió la masacre de más de 20 personas de uno de los pueblos indígenas aislados.

Ompore, anciano waorani, era el único que mantenía cierta comunicación con grupos en aislamiento. En el 2013, él murió lanceado
junto a su esposa Buganei.

El temor de José Proaño, director para América Latina de Land is Life, y de Eduardo Pichilingue es que se agrave la presión sobre estos pueblos aislados. La presencia de gente extraña en sus territorios provocaría encuentros fortuitos y quizá enfrentamientos. Ellos cada vez tienen que recorrer más distancias para encontrar alimentos y espacios para asentarse por temporadas. Eso hace que su supervivencia empeore aún más.

En el análisis antropológico de ALDEA explica que estos pueblos acostumbran una movilidad estacionaria. Es decir, que se desenvuelven alrededor de las casas tradicionales (onko) y el espacio de ocupación, por un lapso aproximado de 5 a 7 años, con mayor actividad de enero a abril debido al acceso al fruto de la palma de chonta (Bactris gasipaes) y animales de cacería. Lo hacen también en noviembre para recolectar algodón (Gossypium sp.), vegetal fundamental para la cacería por su uso en las flechas de las cerbatanas y en la producción de fuego.

Parte de esta movilidad activa se relaciona con el acceso a animales de caza en humedales donde abunda la ungurahua, que a la vez genera una protección natural a los grupos familiares.

Por todo eso, los expertos se lamentan que este Decreto se haya emitido sin un análisis profundo. Ni siquiera se consideraron los criterios de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos (antes Ministerio de Justicia). A tal punto que Lucy Rodríguez y Patricia Peñaherrera, directora y coordinadora, respectivamente, renunciaron al día siguiente del Decreto por “diferencias de opinión” con el mismo.

Pues, el Decreto 751, además del presidente Moreno, fue apoyado con sus firmas por Marcelo Mata, ministro de Ambiente, Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos No Renovables, y Marlon Brito, secretario de Derechos Humanos.

El análisis de ALDEA concluye que este Decreto implica un retroceso en las garantías de derechos de los tagaeri taromenane. Aquello, de acuerdo con el Art. 57 de la Constitución del Ecuador, significa una acción que viola los derechos de irreductibilidad e intangibilidad al territorio de estos pueblos. Eso implica un acercamiento al tipo penal de etnocidio, debido a la potencial destrucción total o parcial de su cultura y vida.

Así, el Decreto 751 implica graves riesgos para la vida de los dos últimos pueblos en aislamiento que le quedan a Ecuador, ya que “están constantemente sometidos a situaciones de máxima vulneración de sus derechos, al acoso y saqueo de su territorio”.

De allí que conminan al Gobierno a generar una planificación responsable, técnica y respetuosa de derechos. Para eso urge la suspensión inmediata de las actividades petroleras en esta zona del Yasuní.

Acciones contra el Decreto 751

– ALDEA, la Fundación Pachamama y más personas presentarán esta semana una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 751. Lo harán ante la Corte Constitucional.

– La Conaie, como copeticionario de medidas cautelares de protección para los pueblos en aislamiento, enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el Decreto 751. Pondrá al tanto de las implicaciones y los riesgos que representa el mismo. El objetivo es que los jueces analicen y tomen la decisión de pedir medidas adicionales o de remitir el caso a la instancia mayor: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, de considerar que el Estado ecuatoriano no está protegiendo a los tagaeri taromenane, impondría sanciones.

– La organización Land is Life propone convocar a la sociedad civil, por medio de las organizaciones indígenas y aliadas, para una consulta pública en el marco de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, para definir la Política Pública de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento. También insiste en revocar el Decreto 751 y acoger el mandato de la consulta  popular y que se haga cumplir los preceptos constitucionales, en su artículo 57  sobre la posesión ancestral irreductible e intangible de sus territorios.

Organizaciones indígenas y civiles iniciaron acciones en contra del Decreto 751 y a favor de los pueblos en aislamiento.
Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

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Patricia Gualinga se juega la vida en defensa de la Amazonía

La líder Sarayaku es considerada hoy una de las 10 mujeres
más influyentes en la defensa de la Tierra. Foto: FICMEC

“Si esperaban que por sus amenazas y atentados, iba a esconderme, se equivocaron…”. Por su lucha a favor de la Amazonía, la líder Sarayaku acaba de recibir el premio ‘Brote Activismo Medioambiental’ en el XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental, de Canarias.

ECUADOR. Levanta su voz para que se escuchen sus ideas, propuestas y exigencias. Así la encontramos o la hemos visto muy activa en una diversidad de espacios. Unas veces en jornadas de lucha como la Marcha de las Mujeres Amazónicas del 2018, en encuentros, debates y hasta en citas mundiales. Es el rostro de la Resistencia Sarayaku y de la Amazonía.

Eso hace que hoy a Patricia Gualinga Montalvo se la vea como una de las 10 mujeres más influyentes en la defensa de la Tierra, como se la presentan en estos días en el XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias.

Allí, en reconocimiento a esa lucha, Patricia acaba de recibir el premio ‘Brote Activismo Medioambiental‘. Se trata de un galardón de gran trascedencia, antes lo recibieron personajes como la hondureña Berta Cáceres, quien fuera asesinada por defender sus territorios.

El sábado 25 de mayo, Patricia Gualinga Montalvo, de Ecuador, recibió
el premio ‘Brote Activismo Medioambiental’. Foto: FICMEC

Ella es la cuarta hija de Sabino Gualinga, uno de los mayores yachak o líderes espirituales, y de Corina Montalvo. Una cuna de hombres y mujeres combativos y activos en los procesos de lucha territorial del pueblo kichwa de Sarayaku, ubicado en el corazón de la Amazonía de Ecuador.

Fiel a esa rebeldía que caracteriza a los Sarayaku, Patricia se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia de su pueblo ante la arremetida del extractivismo petrolero. Está resuelta a todo con tal que la voracidad petrolera no ataque a la selva amazónica, donde habitan sus padres y todas sus comunidades.

En las bodas de oro de sus padres Sabino Gualinga y Corina Montalvo. Fotos: Archivo Particular de Patricia Gualinga

Esa convicción empezó a forjarse allá por 1992, cuando aún siendo adolescente, junto con otros jóvenes de su comunidad y casi toda su familia, se unió a la gran Movilización Indígena. Presionaban y lograron que el gobierno de Rodrigo Borja les entregara los títulos de propiedad de sus tierras.

Se avivan en su mente los recuerdos de aquel entonces cuando, inesperadamente, se vio rodeada de micrófonos y de preguntas sobre qué buscaban con esa marcha. “Defendemos nuestras tierras”, atinaba sus primeras respuestas.

Por esos tiempos, la joven Sarayaku había terminado la secundaria en el colegio Pompeya. Sin posibilidades económicas para seguir estudiando, aprovechó las oportunidades que le ofreció la vida.

‘Buenas noches’, su programa en kichwa y español en radio Puyo, se convirtió en la primera puerta para llegar hacia su gente. Lo hizo por invitación que recibió de la Misión Católica, cuando recién graduada, trataba de tomar un breve descanso en su natal Sarayaku.

Por alrededor de seis años, difundió comunicados y noticias de interés para las comunidades indígenas de la zona, cuentos infantiles, música autóctona y más. También hablaba sobre las tradiciones y motivaba a utilizar el kichwa.

Su incursión en la radio Puyo, con un programa cultural en kichwa y español.

Las autoridades religiosas de la provincia consideraron importante capacitarla. Por lo que, la enviaron a prepararse por seis meses en Comunicación Superior en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) de la Universidad Católica de Chile. 

Se suman como experiencias de vida los cursos de diplomado sobre Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas en las Universidades Andina Simón Bolívar y Católica de Perú.

También dirigió un programa de turismo de las organizaciones comunitarias de Pastaza. Luego tuvo un paso por la burocracia como gerente regional de Turismo, en el tiempo de la ministra Rocío Vásquez, del gobierno de Gustavo Noboa.

El punto de quiebre

Pero ocurrió un punto de quiebre definitivo cuando, en el 2002, se agudizaron los problemas para las comunidades indígenas amazónicas ante la arremetida de las petroleras. Se valió de la confianza con la ministra Vásquez para referirse al rechazo a las concesiones entregadas por el Gobierno central en la zona.

Hasta que en el 2003, renunció y decidió su apoyo directo a los dirigentes. Aprovechó de sus contactos con los medios de comunicación nacionales para denunciar que los líderes indígenas empezaban a ser criminalizados.

A pedido de los líderes, ella asumió la vocería. Con argumentos sólidos, confrontó al entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, ante los medios. Desde entonces, Patricia Gualinga se convirtió en protagonista del ‘Caso Sarayaku’ y de la victoria de su pueblo en contra de las petroleras internacionales.

Pero ese fue un camino largo. Durante la visita de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a Sarayaku, fungió de traductora.

Vivió momentos muy fuertes, como aquel viernes cuando llegaba a su comunidad y encontró a personas heridas y uno de sus hermanos desaparecido. Reconoce que en situaciones extremas, como aquella, su cerebro resuelve mejor las decisiones. Ese día, a las 05:00, logró comunicarse con autoridades de la CorteIDH para conseguir medidas provisionales de protección.

Asumió una responsabilidad grande cuando, como dirigente, tuvo que hacer de traductora, preparar a los testigos y a la vez dar su testimonio, además de hacer la petición de medidas ante la CorteIDH. Mas hoy, pese a las medidas de protección logradas en ese tiempo, el Gobierno ecuatoriano insiste en entregar concesiones petroleras en las tierras de estos pueblos.

Entre amenazas y ataques

Mujeres por la selva y sus territorios ancestrales, en contra de los bloques petroleros.

Ni las amenazas y ataques que han puesto en peligro su vida la amedrentan. Firmeza y valentía son sus fortalezas. “Si esperaban que por sus amenazas y atentados iba a esconderme, se equivocaron”.

A la madrugada, llegaron a atacar con piedras contra las ventanas del departamento que arrienda en Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza. Al ser descubiertos, los agresores la amenazaron de muerte y huyeron. Ella está segura que esos atentados responden a los intereses de expandir la explotación petrolera, aunque sus denuncias no ha tenido eco.

Esta líder histórica es la actual presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (TIAM). Asegura que, aunque pensó en el retiro de la dirigencia Sarayaku, tras los atentados contra su seguridad, decidió visibilizar las agresiones que sufren los defensores y hablar de la importancia de la Amazonía ante foros internacionales.

Así, su voz se escucha en diferentes escenarios internacionales. Lo hizo en la COP 21 o Cumbre Mundial de Cambio Climático en Lima, Perú, en el 2018. Incluso, para tratar de menguar la fuerza el expresidente Rafael Correa llevó una delegación de indígenas para que hicieran eco en su defensa de la explotación petrolera.

La contrarreplica se dio en la Cumbre de París, Francia. Hasta allá se fueron 12 personas de Sarayaku determinadas a promocionar la propuesta Kausak Sacha (Selva Viva).

También es una gran embajadora del proyecto de vida
Kawsak Sacha (Selva Viva).

“Lograr una ‘comunión’, de manera muy inteligente, entre los intereses internacionales de conservación y la defensa de los pueblos indígenas”, es lo que José Proaño, director de la organización Land is Life para Latinoamérica, resalta como una gran fortaleza de Patricia.

Otro potencial de ella es la capacidad de fomentar el diálogo con los demás pueblos y organizaciones indígenas amazónicas hacia una lucha conjunta.

El famoso actor y director de cine de Hollywood, Alec Baldwin, no dudó en felicitar y estrechar la mano de Patricia Gualinga. Esto ocurrió en el seno de las Naciones Unidas, con motivo de la sesión 18 sobre derechos de los pueblos indígenas. “Siempre quise estrechar la mano de una guerrera por el medioambiente”, fue la reacción del cineasta.

Esos y más gestos de gratitud constituyen la mayor recompensa a su vida en juego por defender su territorio.

Patricia Gualinga ha puesto en esferas internacionales la defensa
de los derechos de su gente.

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El irrespeto al Yasuní y a la vida de los pueblos amazónicos

Las comunidades waorani también seran afectadas por la explotación
petrolera en los bloques 31 y 43.

“Un Decreto con trampa o engaño”. La cortina de humo: Amplía la Zona Intangible o de protección para Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento. El ‘golpe de gracia’: Vuelve permisible a la Zona de Amortiguamiento ante la voracidad de la extracción petrolera.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, firmó el Decreto 751 con el que se modifica la delimitación de la Zona Intangible (ZI) en el Parque Nacional Yausní, noreste de la Amazonía ecuatoriana. Lo amplía a 818.501,42 hectáreas -incluye las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte (cantón Aguarico), Inés Arango (cantón Orellana), provincia de Orellana; Curaray en Arajuno (Pastaza)-. El Decreto del 2007 contemplaba 758.051 hectáreas.

Con el nuevo Decreto, el Gobierno buscó cumplir lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para salvar al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo, “la burla está en que autoriza arbitrariamente la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 dentro de la Zona de Amortiguamiento (un espacio entre el área protegida y lo colonizado)”. Así lo considera José Proaño, director de la organización Land is Life para América Latina.

Este Decreto va en detrimento de las garantías de protección. “Obvio que el Gobierno reconoce la existencia de los pueblos en aislamiento. Pero los pone en mayor riesgo al autorizar los bloques petroleros en sus territorios”. Lo hace el exceptuar a las plataformas de perforación y producción petrolera.

Mediante el Decreto 751, se dispone que en 180 días se establezca la política de procedimientos para minimizar los impactos de estas actividades en la zona de amortiguamiento. El encargo es para los Ministerios de Ambiente, Energía y Recursos No Renovables, junto con las Secretarías de Derechos Humanos y Gestión de la Política.

Los factores de peligro

  • Se construirán plataformas y se abrirán vía de acceso.
  • Habrá más presión sobre los recursos naturales de los que se proveen los pueblos en aislamiento.
  • La presencia humana extraña en zonas por donde transitan los tagaeri y tagaeri generará conflictos, con potenciales ataques.
  • Se repetirán los escenarios que aumentan la situación de genocidio, ante el riesgo de matanzas como la del 2013 (más de 20 personas -mujeres y niños- del pueblo taromenane fueron masacradas).
Con bloques petroleros en la Zona de Amortiguamiento, la presión
será mayor sobre los pueblos en aislamie
nto. Fotos 2 y 3: José Proaño

Lo risible es que prohíbe actividades extractivas de productos forestales para vender y el otorgamiento de todo tipo de concesiones mineras. Igual con el Artículo 3 prohíbe en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura como centrales hidroeléctricas, carreteras y centro de facilidades petroleras.

Enseguida, diversas voces de rechazo y protesta surgieron en torno al Decreto firmado por Moreno, el pasado 21 de mayo. Incluso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anticipó que prepara una movilización.

Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas, califica de indignante que se entregue “Territorio Yasuní para la explotación hidrocarburífera de los bloques 31 y 43 ITT sin la consulta previa a las comunidades indígenas Waorani, dueñas de este territorio”.

Proaño cree que si, al menos, se respetara el mandato ciudadano ya sería bastante. Pero lo recomendable es que más bien debería ampliarse las garantías desde el Estado y fortalecer las instituciones de protección. Además, de promover el diálogo y consulta previa con los pueblos waorani, que también serán seriamente afectados.

Mas como está la situación -según Proaño- “hay más argumentos para insistir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo se están violando los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, sino que el Estado irrespeta los territorios vedados”.

Incluso se va contra las medidas cautelares dictadas en el 2007 por la CIDH a favor de los tagaeri y taromenane. Estas prohiben el ingreso de terceros en sus territorios.

Tampoco se ha cumplido con la consulta previa a las comunidades directamente afectadas, como manda la Constitución de Ecuador, en su artículo 57, además de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

El Parque Nacional Yasuní es el último refugio de los tagaeri y taromenane, pueblos en aislamiento de Ecuador.

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Para defender el agua, 12 días de caminata

Partieron desde Tundayme, Zamora Chinchipe, hasta llegar  Quito para presentar una propuesta en defensa del agua.

Su convicción y la solidaridad les inyectó la fortaleza para no desmayar sus pasos durante los 12 días de caminata. Había que llegar a Quito para entregar su propuesta de paralizar toda actividad extractiva y salvar sus fuentes de agua.

A la capital de Ecuador, arribaron la tarde de este miércoles 14 de noviembre, después de recorrer desde Tundayme, una de las zonas seriamente afectadas por la megaminería en Zamora Chinchipe, sur de la Amazonía ecuatoriana.

Para este jueves 15, aguardaban la posibilidad de ser recibidos en la Presidencia de la República. Pero al final nadie les atendió en Carondelet, a diferencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde sí les dieron audiencia.

Acudieron a la convocatoria de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). 

Con su saxofón, Yaku Pérez, presidente de la Ecuaruani, puso el ritmo a los cánticos. Él, uno de los líderes de la marcha, aseguró que “uno de los mayores conflictos socioambientales que se vive en el país es causado por el extractivismo minero”. 

Por eso recogieron propuestas desde diferentes sectores del país para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica. El objetivo es que se prohíba la minería metálica en todo el territorio, que no haya ni licencias ni concesiones para prospección,  exploraciones, explotación y comercialización. “La única manera de parar la contaminación, la violencia y la criminalización es dictar una ley que termine con la minería”.

Esta propuesta fue entrega por los dirigentes a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. “Este proceso no termina ni hoy ni mañana. Es una lucha intergeneracional”. 

Por eso, alrededor de 1.500 mujeres y hombres, jóvenes y adultos caminaron firmes hasta Quito, a pesar del agotamiento físico. Acudieron de comunidades como Molleturo, Tundayme, Paloquemado, Cofanes Sinangoe, San Pablo de Amalí, Saraguro, Cañar…

Las mujeres y su convicción

La participación de las mujeres fue determinante. Ellas dejaron escuchar su voz convincente sobre el por qué decidieron unirse a esta marcha.

Pacari Lanchimba, de la comunidad La Libertad, parroquia Cangahua (Cayambe), fue una de las más entusiastas. No se cansó de entonar su guitarra y, a viva voz, cantar por el agua y por el Yasuní. 

Las mujeres de Otavalo tuvieron una presencia muy importante durante la marcha.

Carmen Laureana Chilpe, de 75 años, se unió desde Molleturo, cantón Cuenca (Azuay). Mientras trataba de estirar sus piernas para aliviar el cansancio, ella contó que decidió sumarse a la caminata “para defender el agua” y por sentirse cansada de lo que está ocurriendo en su comunidad.

Cerca de allí, una empresa china recibió una concesión para explotar oro y sus actividades empezaron a causar estragos en las fuentes de agua. “Por eso, nosotros protestamos. Al inicio éramos dos o tres personas, pero luego llegaron más”.

Desde la comunidad San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, llegó Martha Cobos. Ella y su gente estuvieron en la marcha en protesta porque corren el grave riesgo de quedarse sin agua por construcción de una represa para la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Para eso, en octubre del 2013 se desvió el cauce del río Dulcepamba, poniendo en peligro a la comunidad misma. 

Por todo eso, no paraban de gritar consignas y entonar cánticos como el ‘Carnaval del Agua’, con aquel “Agua quiero, agua quiero… oro nooo”, exigiendo respeto para sus fuentes de agua.

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La Amazonía revitaliza las aspiraciones de su gente y por su naturaleza

Amazonía 1

La Ley Amazónica apunta a promover el desarrollo de los habitantes de esta región de Ecuador. Fotos: Jaime Plaza

Ley Amazónica. Que las provincias que aún no las tienen también cuenten con su propia universidad. Esa es una de las mayores aspiraciones de la Amazonía como región.

Así lo resolvieron a una sola vez, durante la IX Cumbre Amazónica, que se realizó en Zamora Chinchipe, en septiembre pasado. 

A viva voz, las respectivas delegaciones exigieron la creación de universidades en Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Morona Santiago y Orellana. Además, que estos centros de educación superior sean incluidos dentro de la investigación de los proyectos productivos que ejecutan los gobiernos amazónicos y ministerios competentes.

Por eso, Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, y los miembros del Consejo de Planificación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía (CONGA) encaminan las gestiones. En estos días se reunieron en Quito con autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).  

Freno al extractivismo 

Otra de las resoluciones es sobre la urgencia de superar el extractivismo. Que el Estado no entregue más concesiones mineras y petroleras, y se revise la legalidad de las existentes. A cambio, se incentive una desarrollo amigable con su selva y sus ríos.

Estas son dos de las 36 resoluciones a las que llegó la IX Cumbre Amazónica. Acudieron autoridades como prefectos, alcaldes y asambleístas, líderes indígenas, presidentes de juntas parroquiales, representaciones de organizaciones y más para plantear sus propuestas que les permita pone en práctica la Ley Amazónica.

Se trata de una ley orgánica, promulgada por la Asamblea Nacional, para la planificación integral de la región amazónica de Ecuador. De allí que las 36 resoluciones se engloban en grandes ejes como el respeto al medioambiente.

Amazonía 2

Salvador Quishpe, en su condición de presidente de la CONGA, lideró esta cita. La misma fue considerada el espacio para reflexionar e instaurar un tercer momento en la historia de esta región: el de “salvar a la Amazonía. En un primer momento la vieron como un mito y luego como la caja fuerte para el agarra lo que puedas”.

Líderes como Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), insistió que la ley también sea para los pueblos nativos y se remedien los daños ambientales provocados en sus territorios por el extractivismo.

Al respecto, la resolución 6 establece reducir, paulatinamente, las actividades extractivistas y promover la inversión en bioeconomía, como base de la economía amazónica. Pero que eso implica que el Estado ya no entregue más concesiones mineras y petroleras y que se revise la legalidad de las existentes.

A la vez resolvieron apoyar en forma irrestricta la defensa de los recursos hídricos de Sucumbíos, en especial a la comunidad Sinangoe, y de toda la Amazonía ecuatoriana.

Otra resolución determinante es que se declare en emergencia a la Troncal Amazónica. Esa es una exigencia para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya atrención permita mejorar la comunicación con el resto del país.

Con esta misión, las diferentes delegaciones de las seis provincias marcharon por las principales calles de Zamora y luego se concentraron por más de cuatro horas en el coliseo de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar.

Ley Amazónica 1

La población de Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Morona Santiago exigen la creación de universidades en sus respectivas provincias.