Ecuador y sus piruetas en cuidar a dos niñas indígenas arrancadas del aislamiento

Una de las niñas cuando era arrancada de su familia y su entorno. Fotos: tomadas del libro ‘Una tragedia ocultada’

Ellas son el vivo testimonio, la prueba misma de la existencia de los Tagaeri – Taromenane, los dos únicos pueblos indígenas en aislamiento que le quedan a Ecuador en su Amazonía. Después que masacraran a sus familias, aterrorizadas las sacaron de su territorio para llevarlas como ‘trofeo de guerra’ a que vivan en las casas de quienes atacaron y mataron a sus padres, hermanos, tíos… 

Son las hermanas N. y C., que tenían aproximadamente 3 y 6 años cuando ocurrió el ataque por parte de un grupo de indígenas waorani, el 30 de marzo del 2013. Esa tragedia ocurrió en su territorio, en las mismísimas entrañas del Parque Nacional Yasuní (en el norte de la Amazonía ecuatoriana), igual que otros tantos episodios trágicos que han puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos indígenas en aislamiento,  advierte que “en si la masacre de sus familias ya les generó un daño enorme, igual su separación al ser llevadas a dos comunidades distintas”.

Pues no solo las cortaron de raíz de su entorno, sino también a las dos las separaron. A la menor se la llevaron a la comunidad de Dikaro y a la mayor a Yarentaro.

Roberto Narváez, antropólogo e investigador de pueblos indígenas en aislamiento, asegura que se han cometido varias vulneraciones contra los derechos de las niñas, en especial:

  • Derecho a su familia, rota por la irrupción guerrera y la matanza.
  • Derecho a la identidad cultural y forma de vida.

Según Narváez, se trata de dos niñas de pueblos vulnerables por ese proceso sistemático de presión que, desde el propio Estado, genera amenazas a su territorio al abrir la frontera extractivista. “La situación actual de las niñas es producto de esa inacción y falta de garantías desde el Estado, ya que habían indicios de que iba ocurrir el ataque y que pudo ser evitado”.

Las incluyeron en un sistema gubernamental de protección a víctimas y testigos, como si se tratara de cualquier persona en riesgo por haber presenciado un delito y su testimonio es clave. Eso dejó al descubierto que Ecuador como Estado aún carece de una política sólida para proteger a un ser humano en las condiciones como las de C. y N. (por cierto, las leyes penales prohíben revelar los rostros e identidades para, en algo, proteger a las víctimas).

“Al no existir políticas públicas de protección hacia estos pueblos en aislamiento ocurre un discrimen manifiesto desde el Estado sobre su origen y su identidad”, sentencia el antropólogo Narváez.

Milagros Aguirre insiste en que “deben levantarles esa condición de testigos protegidos y dejarlas en paz con sus familias adoptivas. Que ellas decidan dónde y con quién quieren estar, garantizándolas su derecho a educación y salud, además de darles un subvención por daños causados por seis años de estar separadas”.

El reencuentro de las dos hermanas

Seis años después, el pasado 27 de agosto, la Fiscalía General provocó un reencuentro de las dos hermanas, bajo el argumento de “reforzar sus lazos afectivos, de confianza y afinidad”.

Pero no fue un encuentro en privacidad como ellas tiene derecho, sino en medio de las miradas curiosas de mucha gente muy extraña para ellas. No sabemos para qué, ni creemos era necesario, pero llegaron autoridades, fiscales, delegados de instituciones públicas y líderes indígenas.

Se trata de “acciones que permitan la asistencia integral a las niñas de la etnia tagaeri/taromenane”, dice la Fiscalía, en un comunicado de Prensa del 28

A ese desarraigo total que sufren las dos niñas, se suma que han tenido que de golpe estar expuestas a diversas situaciones absolutamente ajenas a las condiciones de aislamiento en que ellas vivían junto a sus familias.

“Aislamiento voluntario”, aún creen algunos. Pero es más forzado que nada, porque les han ido arrinconando las presiones de madereros, petroleros, visitantes externos y las mismas comunidades indígenas con quienes comparten sus territorios.

Un día de esos (el 26 de noviembre del 2013), a los funcionarios del Estado se les ocurrió ir por la niña más grande, en medio de un operativo con policías élite. La justificación era que ella corría peligro.

La sacaron del aula donde asistía a clases para trasladarla en un ruidoso helicóptero hasta el Coca, en la provincia de Orellana. La llevaron para hacerle chequeos médicos en el hospital público, ya que la niña tenía salpullidos y fiebre. Justamente ese es uno de los temores de Pichilingue, ya que el mayor riesgo para la niña C. “pudiera ser su exposición al contagio de enfermedades llevadas por turistas que visitan la zona, a pesar de que ella no esté expuesta directamente a ellos”.

Luego la reubicaron en la comunidad de Bameno. Antes, desde abril del 2013, ella permanecía en Yarentaro “contra su voluntad y pudo ser liberada… No se trató de un rescate sino de una medida de protección”, dijo la entonces viceministra de Justicia, Nadia Ruiz.

En las comunidades indígenas donde ahora viven tuvieron que ir asumiendo costumbres de los waorani y hasta de los mismos cowori (extraños que invaden sus territorios). A la más pequeña, por ejemplo, la inscribieron en el Registro Civil como hija de los captores.

Roberto Narváez hizo una preocupante advertencia: “La niña mayor ya es puber y, dentro del marco cultural waorani, a esa edad suele ocurrir las alinazas matrimoniales. De allí que desde el Estado deben definirse lineamientos de protección bajo acuerdo con la comunidad donde ahora vive”.

Las niñas tagaeri taromenane se adaptan a las costumbres de sus familias adoptivas.

El testimonio que valida toda una existencia

En medio de todas esas durísimas vivencias de las dos niñas, hay algo valioso que se ha logrado rescatar. Se trata de las revelaciones de C. sobre lo que constituye su pueblo y que valida todo esfuerzo por evitar su exterminio.

Este testimonio lo trae el libro ‘Historias y Presencias’. Se lo reconstruyó con base a conversaciones cotidianas de C. con quienes hoy vive y contadas por Penti Baigua, líder de la comunidad waorani de Bameno. 

Sorprende que la niña habla de que su grupo se identifica como waorani (no como los conocemos como tagaeri y taromenane). Aunque esa revelación pierde cierta validez cuando en Bameno muchas personas sostiene que C. es una tagaeri, como lo sostendría Teepa (hermana de Tagae, de quien se deriva el gentilicio), tras algunas conversaciones con la niña.

Con sus relatos, nos traslada a escenas como aquella en que sus padres vivían en la casa que estaba en construcción y que fuera atacada el 30 de marzo del 2013. Sus padres eran Tewe, de unos 50 años, y Dayume. Con su madre cruzaba un río (sería el Cononaco Chico) para recoger chonta.

También revela que cerca de su casa habían dos más de sus parientes y que guardaban hamacas, peinillas, shigras, cestas, cadabo (olla de barro), kakapa (fósforo del monte), algodón para los dardos, lanzas, cerbatanas y más.

En sus relatos, C. contó que tenía 10 hermanos, algunos de ellos vivían con su abuela Titera. Además, que tenía un hermano mellizo, Ewento, que murió en el ataque del 2013. Otros de sus hermanos, aún vivos, son Yato y Tayakemo.

Estos y más nombres permiten descubrir similitudes entre estos pueblos en aislamiento y los waorani. Incluso -según ‘Historias y Presencias’- se concluye que son mínimas las diferentes linguísticas entre su lengua y el Waoterero de los Waorani, sin descartar algunas diferencias en las terminaciones de algunas palabras o frases.

Estudiosos de estos pueblos, como el español Miguel Ángel Cabodevilla, afirmaron en reiteradas ocasiones que estos pueblos tienen una misma raíz. En la década de 1960, Taga (hijo de Ñihua) decidió separarse del grupo que se acogió al contacto evangelizador e internarse en la espesa selva y a sus seguidores y descendientes hoy se los conoce como Tagaeri.

Los relatos de C. dejan entrever la marca profunda que le provocó el ataque a sus familias del 30 de marzo del 2013. Vio que a su madre la dispararon y cayó muerta sobre el fogón, que mataron niños… que hicieron muchos disparos. C. y N. se selvaron de morir al permanecer medio ocultas bajo unas hojas en una esquina de la casa, pero luego las encontraron y se las llevaron.

Cuando sufrieron el ataque, sus familias estaban de fiesta porque construían la casa nueva. Pero ese día no estaban todos y que, por ejemplo, su tío Baika aún vive, al igual que dos familias que vivían cerca.

Estos recuerdos, aunque trágicos, que guarda C. tienen una gran valía: Es la memoria viva de familias indígenas en aislamiento que superviven en el Yasuní y que es fundamental que el Estado garantice sus vidas.

La niña C. es alimentada, durante la travesía de regreso hacia los comunidades de quienes atacaron a sus familias en el 2013.

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¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.

Una sentencia ‘precedente’ para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento

Por el ataque y matanza a una familias indígenas en aislamiento, 10 waorani fueron sentenciados bajo una visión de interculturalidad. Fotos: Fiscalía General del Estado

El hecho mismo de que ya exista una sentencia condenatoria marca un precedente. Así lo consideran algunos entendidos en el tema sobre la sentencia de un Tribunal Penal contra 10 indígenas waorani por el ataque a familias en aislamiento de la Amazonía ecuatoriana, ocurrido el 30 de marzo del 2013.

En ese entonces, 17 waorani se encaminaron selva adentro hasta un asentamiento (casa que la estuvieron construyendo) de un grupo indígena en aislamiento. Este último sería parte de los tagaeri – taromenane, que superviven en el Parque Nacional Yasuní y están al borde del exterminio por diversas formas de presión, entre estas la extracción petrolera.

Los waorani atacaron con armas de fuego, provocando una matanza, sobre todo de mujeres y niños (serían más de 20 las víctimas). Además, trasladaron a la fuerza a dos niñas (en ese entonces de 7 y 9 años), quienes hoy viven en comunidades waorani.

El 5 de marzo del 2013, dos ancianos waorani, Ompure y su esposa Buganey, murieron lanceados en la chakra cerca de su casa. De allí que el ataque fue en cumplimiento de una tradición de venganza por esas dos muertes.

Todo lo antes anotado es con base a los testimonios de los hoy sentenciados, incluso a fotografías por ellos mismo captadas en el sitio donde ocurrió el ataque.

En audiencia pública en Pompeya, una comunidad de la provincia amazónica de Orellana, los jueces de la provincia amazónica de Orellana anunciaron su resolución. Acudieron 11 de los 17 acusados (uno fue absuelto). Queda pendiente la presentación de otros seis imputados.

La sentencia (leída en español y waoterero –lengua waorani-)

  • 200 horas de trabajo comunitario por año, durante cuatro años, en las comunidades cercanas a sus casas.
  •  La construcción de chakras y casas tradicionales waorani.
  • Una fiesta cultural waorani en una comunidad que será escogida por la Comisión encargada de hacer seguimiento de la sentencia.
  • Que se oficie –previo a la fiesta- a la Secretaría de Derechos Humanos para que realice una inducción de derechos humanos, en especial el derecho a la vida.

Un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado explica que los jueces resolvieron que se trata de un homicidio, delito tipificado en el Artículo 449 del Código Penal anterior y 144 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero el Tribunal Penal, acogiéndose a principios de interculturalidad, “dispuso una pena conforme a la cosmovisión indígena, previa coordinación con ancianos waorani”.

Según la Fiscalía, esta sentencia “se encuentra estipulada en los principios de interculturalidad, contenidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales…”.

El Estado ecuatoriano, en deuda

Esta es la primera sentencia sobre estos casos y es un avance. ¡Al fin una sentencia tras seis años de lo ocurrido, después de tantas dilataciones! Si es suficiente o no, fluirán diversas posiciones, hasta algunas polémicas. Lo cierto es que es un ‘lavado de manos’ del Estado ecuatoriano frente a una matanza.

Por un lado, están los waorani que no logran entender la justicia occidental, cuyas aspiraciones sería que no existiese sentencia. Para otros que lo ven desde el punto de vista occidental sin entender las particularidades de la cultura waorani, querrían que se aplique lo estipulado en la ley sobre el homicidio.

La lectura de Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos en aislamiento, es que “primero se reconoce que hay un delito cometido, pero se logra una sentencia alternativa a la cárcel. En términos generales se marca un antes y un después. Pudo ser más tiempo de trabajo comunitario y más específico en su aplicación”.

Lo negativo del juicio y de la sentencia –así lo mira Pichilingue- es que “no hayan considerado otros responsables como funcionarios de la empresa petrolera y del Estado que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en lo que sucedió. Este ataque ocurrió dentro de un bloque petrolero, a pocos metros de la vía Maxus, una carretera petrolera, y ni se pararon las actividades como se ha dicho tantas veces”.

Tampoco se consideró la denuncia del Vicariato de Aguarico y la Fundación Alejandro Labaka sobre que hubo conocimiento de parte de funcionarios del Estado y de la petrolera de que iba a darse el ataque en venganza.  Incluso se denunció que los waorani organizaron tres expediciones al interior de la selva.  “Todas esas cosas no fueron investigadas. Hubiese sido bueno que también se dé un proceso penal al respecto”, se lamenta Pichilingue.

La casa de las familias en aislamiento voluntario, ocho meses después del ataque del 30 de marzo del 2013.

Milagros Aguirre, en su artículo de opinión ‘La cereza del pastel’ (publicado este jueves 22 de agosto en Diario El Comercio), hace una dura crítica al considerar que esta sentencia es una “lavado de manos” del Estado ecuatoriano “disfrazada de sentencia con aplicación de principios de interculturalidad, sin que nadie diga ni pío”.

La articulista insiste que judicializaron a los waorani en un sistema nada intercultural. “Separaron a las niñas. Mandaron a la cárcel a unos atacantes (a otros no) y les acusaron de algo que no podían entender (genocidio)… Luego de años de dar palos de ciego (y de gastar recursos), pusieron un traductor waorani para simular el cumplimiento de un derecho fundamental. Finalmente un tribunal los condenó como culpables, pero le dejó la responsabilidad de la sentencia a otros: a un grupo de ancianos waorani…”.

Para Vannesa Barham, experta en pueblos indígenas, esta resolución del Tribunal Penal demuestra que “el Estado ecuatoriano no tiene otro tipo de lecturas frente a estos casos. Carece de soluciones diferentes a las penales, es decir solo es punitivo”.

José Proaño, Director para América Latina de Land is Life, agrega que “tratarles como responsables de un crimen resulta una visión muy limitada ante una situación de interculturalidad”. Además, que una verdadera reparación del conflicto en la zona, por ejemplo, debió apuntar a definir la situación de las niñas. “Más allá de tenerlas bajo el Sistema estatal de Protección a las Víctimas como testigos protegidos, más bien debería proponer su reunificación o, al menos, un reencuentro y a futuro sean ellas quienes  decidan estar juntas”.

En definitiva, no existe tal protección para estos pueblos, a pesar de que está delimitada una Zona Intangible (intocable desde el exterior) y hasta un Plan de Medidas Cautelares desde el 2007, que,  entre otras cosas, debería buscar acuerdos de protección con las organizaciones y comunidades waorani y kichwa, asentadas también en estos territorios dentro del Yasuní y en sus goteras.

Peor aún frente a un reciente Decreto (751) y dos licencias ambientales, otorgadas por el Ministerio del Ambiente. Estos dan luz verde para la explotación en dos bloques petroleros en zonas donde se ha advertido presencia de estos grupos en aislamiento.

Los defensores de los tagaeri – taromenane temen que sigan ocurriendo encuentros violentos entre estos indígenas aislados con los waorani y gente externa, que llega a estas zonas movida por la explotación de petróleo.

La audiencia pública donde se hizo conocer la resolución del Tribunal de Garantías Penales fue en la comunidad de Pompeya.

La frontera extractiva en el Yasuní se desborda

El temor es que los pueblos indígenas en aislamiento sufran encuentros fortuitos con los extraños y terminen en enfrentamientos. Foto: Karla Gachet

Al Parque Nacional Yasuní ya casi no le queda un rincón libre de agujeros para extraer petróleo desde sus entrañas. Uno de estos últimos espacios era el conocido bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el noreste de esta área protegida, en la Amazonía ecuatoriana.

Pero en medio de la impotencia de sus defensores, el Ministerio del Ambiente decidió emitir las licencias para la explotación de dos plataformas del campo Ishpingo. Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, lo anunció el 25 de julio del 2019.

Como si se anticipara a las reacciones de rechazo, el ministro Pérez adujo que esta franja está fuera del área de amortiguamiento del Yasuní y solo bordea la Zona Intangible (está dentro del área protegida), donde se considera superviven los Tagaeri y los Taromane.

Los antropólogos y defensores de estos dos últimos pueblos indígenas en aislamiento advierten del grave riesgo. Pues estos pobladores no saben de límites y se movilizan más allá de la Zona Intangible en busca de alimentos y de cacería para su sustento.

El peor temor de los defensores de los derechos de los pueblos en aislamiento es que aquello provocaría encuentros fortuitos y potenciales enfrentamientos con extraños que ingresen a sus territorios para construir plataformas y extraer el crudo. Esto se fundamenta en diferentes episodios trágicos ya ocurridos en el Yasuní.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, asegura que se está acortando el territorio de estas dos comunidades, al igual que el de los waorani. “Eso agrega presión a sus espacios que, de alguna manera, ya está disminuido. Y podría llevar a mayores conflictos no solo del lado de Ecuador sino de Perú. Los aislados han estado moviéndose inusualmente en esa zona de frontera y saliendo hacia comunidades donde casi no se los veía”.

Pichilingue teme que “estos encuentros no siempre son pacíficos sino con alto grado de tensión que podrían terminar en violencia y muertes en algunos casos. Con mayor presión nunca se sabe y obviamente están en riesgos las vidas no solo de los indígenas en aislamiento sino también de quienes comparte con ellos ese territorio”.

Ni las advertencias ni las protestas frenaron el afán extractivista del gobierno del presidente Lenin Moreno. Más bien, este siguió el mismo rumbo de su antecesor, Rafael Correa, quien tanto promocionó la Iniciativa Yasuní-ITT. Dentro y fuera del país, armó una ‘ilusionadora’ campaña para recaudar fondos a cambio de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra.

Este 15 de agosto se cumplieron seis años del fracaso anticipado, ya que Correa, a la par y casi a escondidas, impulsaba un Plan B (en realidad era el Plan A) para explotar el petróleo en el área protegida más grande y biodiversa de la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno de Moreno fiel a esa línea, el 21 de mayo del 2019 promulgó el Decreto 751, con el cual lapidó al Yasuní y a la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane.

Con ese decreto se dejó la puerta abierta para que entren los extractivistas a armar sus plataformas de perforación extracción en varios bloques, incluso en el área de amortiguamiento.

Para eso se escudó en el SÍ de la Consulta Popular (convocada por el Gobierno) del 4 de febrero del 2018, que ordenó la ampliación en, al menos 50.000 hectáreas el área protegida y en más de 60.000 hectáreas a la Zona Intangible, además de reducir de 1.030 a 300 hectáreas la zona autorizada para explotar petróleo. La Zona Intangible subió de 758.051 a 818.502 hectáreas.

Sin embargo, la coartada estaba en el artículo 3 del Decreto 751, que prohíbe nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras. Mas exceptúa a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.

Los Yasunidos insisten en la Consulta Popular

El Colectivo Yasunidos insiste en evitar el extractivismo petrolero en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento

Un grupo de mujeres activistas del Colectivo Yasunidos (defensores del Yasuní) sorprendió al tomarse pacíficamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La mañana del 15 de agosto del 2019, asumieron esa medida en exigencia a que este órgano gubernamental analice y apruebe la Consulta Popular propuesta por su colectivo.

En el 2014, Yasunidos y otras organizaciones presentaron el pedido de Consulta ante el CNE, con el respaldo de 756.623 firmas. Pero no fue aprobado, ya que se validaron solo 359.761 rúbricas. Fraude, así lo calificaron.

Por eso, ahora asumieron una medida de más presión. Exigen que la presidenta del CNE, Diana Atamaín (una mujer amazónica), convoque al Pleno para discutir y dar paso a esta iniciativa ciudadana.  

Antonella Calle, integrante de Yasunidos, insiste en que “hemos esperado años para que se apruebe esta consulta, mientras la frontera extractiva en el Yasuní sigue avanzando. Por eso creemos que la vida de los pueblos en aislamiento y los derechos de la naturaleza no pueden esperar más”.

Durante su medida de hecho en el CNE, recibieron una serie de manifestaciones de respaldo a la espera de una respuesta en el intento por salvar al Yasuní y sus habitantes.

Al caer la tarde del segundo día de la toma pacífica, el CNE reaccionó mediante un comunicado. Pero fue para desentenderse del pedido de Consulta Popular bajo el argumento de que no es atribución aprobarla.

Ante esa situación, las mujeres del Colectivo Yasunidos (formado hace seis años) levantaron su medida, pero dejaron en claro que irán por otras opciones hasta conseguir el objetivo.

Las mujeres activistas del Colectivo Yasunidos se tomó pacíficamente el CNE para exigir se analice y apruebe su iniciativa de Consulta Popular. Foto: Jaime Plaza

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Grave amenaza a la supervivencia de los pueblos en aislamiento de la Amazonía

El Gobierno de Ecuador autoriza la extracción de petróleo en zona prohibida del Yasuní. Organizaciones y colectivos civiles demandan la inconstitucionalidad de esa medida ante la Corte Constitucional. También alertan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los peligros.

El Yasuní es el último rincón de los tagaeri taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven a las presiones externas. Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

Contradicción absoluta con relación a la inexcusable obligación de protegerlos para evitar que desaparezcan los tagaeri y taromenane, dos últimos pueblos en aislamiento de la Amazonía de Ecuador. Así es vista la decisión del gobierno de Lenin Moreno de permitir que se construyan infraestructuras de “plataformas y producción de hidrocarburos” en donde antes estaba prohibida toda actividad extractiva.

El Decreto 751, que lo firmó el Presidente Moreno el 21 de mayo del 2019, da paso libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible, del Parque Nacional Yasuní. Se deja así de contruibuir a la protección de estos grupos humanos de la Amazonía ecuatoriana en aislamiento.

Para justificar este Decreto, el Gobierno se valió de lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para reforzar la protección al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

La amenaza es tan grave que Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los Derechos de los Pueblos Indígenas, hizo publica su preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 751 para los tagaeri y taromenane.

La preocupación de la Relatora de la ONU por la situación de los pueblos indígenas en aislamiento en Ecuador.

La organización Land is Life califica a esta medida como un continuismo “a la saga de la anti-protección” de los Pueblos en Aislamiento. Advierte que Ecuador no cuenta con una política pública de protección y que al Gobierno le importan más los intereses económicos antes que la valía de vidas humanas.

Medidas y acciones que atentan

  • Se redujeron los recursos humanos y financieros.
  • No hay un plazo cierto para definir las políticas de protección.
  • Ausencia de iniciativas efectivas de protección frente a las amenazas por las actividades petroleras, movidas con capitales chino, español y ecuatoriano.
  • Mayor presencia de colonos y la frontera agrícola.

Natalia Bonilla, antropóloga y ecologista, alerta que “se deja de proteger al área de amortiguamiento de la Zona Intangible y se abre paso para la explotación petrolera en 396.000 hectáreas en la Reserva de Biósfera.

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) advierte que “es aún más grave porque la ampliación de la ZI es de 60.450,42 hectáreas, pero la ampliación del área en que se permite la implementación de infraestructura petrolera alcanza las 400.000 hectáreas”.

Las contradicciones siguen. Pues el mismo artículo prohíbe las actividades de extracción forestal y las concesiones mineras. Pero, según ALDEA, es un
enunciado distractor de lo que parece ser el objetivo final del Decreto: lograr la explotación de los campos petroleros ubicados en el Área de Amortiguamiento en los bloques concesionados (43, 31, 16, 14 y 17) y en los bloques 83, 84 y 87, localizados hacia el sur de la ZI.

Ante la decisión del actual Gobierno ecuatoriano existe un riesgo latente por afectar a un territorio de uso y movilidad tradicional estos pueblos. Así lo advierten Roberto Narváez, Paola Maldonado y Eduardo Pichilingue, en ‘La amenaza del Decreto Ejecutivo No. 751 a la Superviviencia de los Pueblos en Asilamiento Tagaeri Taromenane”, un análisis antropológico, espacial y de derechos. Temen que se repitan los episodios trágicos del 2013, cuando los ancianos waorani Ompore y Buganei murieron lanceados y semanas después ocurrió la masacre de más de 20 personas de uno de los pueblos indígenas aislados.

Ompore, anciano waorani, era el único que mantenía cierta comunicación con grupos en aislamiento. En el 2013, él murió lanceado
junto a su esposa Buganei.

El temor de José Proaño, director para América Latina de Land is Life, y de Eduardo Pichilingue es que se agrave la presión sobre estos pueblos aislados. La presencia de gente extraña en sus territorios provocaría encuentros fortuitos y quizá enfrentamientos. Ellos cada vez tienen que recorrer más distancias para encontrar alimentos y espacios para asentarse por temporadas. Eso hace que su supervivencia empeore aún más.

En el análisis antropológico de ALDEA explica que estos pueblos acostumbran una movilidad estacionaria. Es decir, que se desenvuelven alrededor de las casas tradicionales (onko) y el espacio de ocupación, por un lapso aproximado de 5 a 7 años, con mayor actividad de enero a abril debido al acceso al fruto de la palma de chonta (Bactris gasipaes) y animales de cacería. Lo hacen también en noviembre para recolectar algodón (Gossypium sp.), vegetal fundamental para la cacería por su uso en las flechas de las cerbatanas y en la producción de fuego.

Parte de esta movilidad activa se relaciona con el acceso a animales de caza en humedales donde abunda la ungurahua, que a la vez genera una protección natural a los grupos familiares.

Por todo eso, los expertos se lamentan que este Decreto se haya emitido sin un análisis profundo. Ni siquiera se consideraron los criterios de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos (antes Ministerio de Justicia). A tal punto que Lucy Rodríguez y Patricia Peñaherrera, directora y coordinadora, respectivamente, renunciaron al día siguiente del Decreto por “diferencias de opinión” con el mismo.

Pues, el Decreto 751, además del presidente Moreno, fue apoyado con sus firmas por Marcelo Mata, ministro de Ambiente, Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos No Renovables, y Marlon Brito, secretario de Derechos Humanos.

El análisis de ALDEA concluye que este Decreto implica un retroceso en las garantías de derechos de los tagaeri taromenane. Aquello, de acuerdo con el Art. 57 de la Constitución del Ecuador, significa una acción que viola los derechos de irreductibilidad e intangibilidad al territorio de estos pueblos. Eso implica un acercamiento al tipo penal de etnocidio, debido a la potencial destrucción total o parcial de su cultura y vida.

Así, el Decreto 751 implica graves riesgos para la vida de los dos últimos pueblos en aislamiento que le quedan a Ecuador, ya que “están constantemente sometidos a situaciones de máxima vulneración de sus derechos, al acoso y saqueo de su territorio”.

De allí que conminan al Gobierno a generar una planificación responsable, técnica y respetuosa de derechos. Para eso urge la suspensión inmediata de las actividades petroleras en esta zona del Yasuní.

Acciones contra el Decreto 751

– ALDEA, la Fundación Pachamama y más personas presentarán esta semana una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 751. Lo harán ante la Corte Constitucional.

– La Conaie, como copeticionario de medidas cautelares de protección para los pueblos en aislamiento, enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el Decreto 751. Pondrá al tanto de las implicaciones y los riesgos que representa el mismo. El objetivo es que los jueces analicen y tomen la decisión de pedir medidas adicionales o de remitir el caso a la instancia mayor: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, de considerar que el Estado ecuatoriano no está protegiendo a los tagaeri taromenane, impondría sanciones.

– La organización Land is Life propone convocar a la sociedad civil, por medio de las organizaciones indígenas y aliadas, para una consulta pública en el marco de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, para definir la Política Pública de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento. También insiste en revocar el Decreto 751 y acoger el mandato de la consulta  popular y que se haga cumplir los preceptos constitucionales, en su artículo 57  sobre la posesión ancestral irreductible e intangible de sus territorios.

Organizaciones indígenas y civiles iniciaron acciones en contra del Decreto 751 y a favor de los pueblos en aislamiento.
Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

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Patricia Gualinga se juega la vida en defensa de la Amazonía

La líder Sarayaku es considerada hoy una de las 10 mujeres
más influyentes en la defensa de la Tierra. Foto: FICMEC

“Si esperaban que por sus amenazas y atentados, iba a esconderme, se equivocaron…”. Por su lucha a favor de la Amazonía, la líder Sarayaku acaba de recibir el premio ‘Brote Activismo Medioambiental’ en el XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental, de Canarias.

ECUADOR. Levanta su voz para que se escuchen sus ideas, propuestas y exigencias. Así la encontramos o la hemos visto muy activa en una diversidad de espacios. Unas veces en jornadas de lucha como la Marcha de las Mujeres Amazónicas del 2018, en encuentros, debates y hasta en citas mundiales. Es el rostro de la Resistencia Sarayaku y de la Amazonía.

Eso hace que hoy a Patricia Gualinga Montalvo se la vea como una de las 10 mujeres más influyentes en la defensa de la Tierra, como se la presentan en estos días en el XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias.

Allí, en reconocimiento a esa lucha, Patricia acaba de recibir el premio ‘Brote Activismo Medioambiental‘. Se trata de un galardón de gran trascedencia, antes lo recibieron personajes como la hondureña Berta Cáceres, quien fuera asesinada por defender sus territorios.

El sábado 25 de mayo, Patricia Gualinga Montalvo, de Ecuador, recibió
el premio ‘Brote Activismo Medioambiental’. Foto: FICMEC

Ella es la cuarta hija de Sabino Gualinga, uno de los mayores yachak o líderes espirituales, y de Corina Montalvo. Una cuna de hombres y mujeres combativos y activos en los procesos de lucha territorial del pueblo kichwa de Sarayaku, ubicado en el corazón de la Amazonía de Ecuador.

Fiel a esa rebeldía que caracteriza a los Sarayaku, Patricia se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia de su pueblo ante la arremetida del extractivismo petrolero. Está resuelta a todo con tal que la voracidad petrolera no ataque a la selva amazónica, donde habitan sus padres y todas sus comunidades.

En las bodas de oro de sus padres Sabino Gualinga y Corina Montalvo. Fotos: Archivo Particular de Patricia Gualinga

Esa convicción empezó a forjarse allá por 1992, cuando aún siendo adolescente, junto con otros jóvenes de su comunidad y casi toda su familia, se unió a la gran Movilización Indígena. Presionaban y lograron que el gobierno de Rodrigo Borja les entregara los títulos de propiedad de sus tierras.

Se avivan en su mente los recuerdos de aquel entonces cuando, inesperadamente, se vio rodeada de micrófonos y de preguntas sobre qué buscaban con esa marcha. “Defendemos nuestras tierras”, atinaba sus primeras respuestas.

Por esos tiempos, la joven Sarayaku había terminado la secundaria en el colegio Pompeya. Sin posibilidades económicas para seguir estudiando, aprovechó las oportunidades que le ofreció la vida.

‘Buenas noches’, su programa en kichwa y español en radio Puyo, se convirtió en la primera puerta para llegar hacia su gente. Lo hizo por invitación que recibió de la Misión Católica, cuando recién graduada, trataba de tomar un breve descanso en su natal Sarayaku.

Por alrededor de seis años, difundió comunicados y noticias de interés para las comunidades indígenas de la zona, cuentos infantiles, música autóctona y más. También hablaba sobre las tradiciones y motivaba a utilizar el kichwa.

Su incursión en la radio Puyo, con un programa cultural en kichwa y español.

Las autoridades religiosas de la provincia consideraron importante capacitarla. Por lo que, la enviaron a prepararse por seis meses en Comunicación Superior en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) de la Universidad Católica de Chile. 

Se suman como experiencias de vida los cursos de diplomado sobre Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas en las Universidades Andina Simón Bolívar y Católica de Perú.

También dirigió un programa de turismo de las organizaciones comunitarias de Pastaza. Luego tuvo un paso por la burocracia como gerente regional de Turismo, en el tiempo de la ministra Rocío Vásquez, del gobierno de Gustavo Noboa.

El punto de quiebre

Pero ocurrió un punto de quiebre definitivo cuando, en el 2002, se agudizaron los problemas para las comunidades indígenas amazónicas ante la arremetida de las petroleras. Se valió de la confianza con la ministra Vásquez para referirse al rechazo a las concesiones entregadas por el Gobierno central en la zona.

Hasta que en el 2003, renunció y decidió su apoyo directo a los dirigentes. Aprovechó de sus contactos con los medios de comunicación nacionales para denunciar que los líderes indígenas empezaban a ser criminalizados.

A pedido de los líderes, ella asumió la vocería. Con argumentos sólidos, confrontó al entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, ante los medios. Desde entonces, Patricia Gualinga se convirtió en protagonista del ‘Caso Sarayaku’ y de la victoria de su pueblo en contra de las petroleras internacionales.

Pero ese fue un camino largo. Durante la visita de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a Sarayaku, fungió de traductora.

Vivió momentos muy fuertes, como aquel viernes cuando llegaba a su comunidad y encontró a personas heridas y uno de sus hermanos desaparecido. Reconoce que en situaciones extremas, como aquella, su cerebro resuelve mejor las decisiones. Ese día, a las 05:00, logró comunicarse con autoridades de la CorteIDH para conseguir medidas provisionales de protección.

Asumió una responsabilidad grande cuando, como dirigente, tuvo que hacer de traductora, preparar a los testigos y a la vez dar su testimonio, además de hacer la petición de medidas ante la CorteIDH. Mas hoy, pese a las medidas de protección logradas en ese tiempo, el Gobierno ecuatoriano insiste en entregar concesiones petroleras en las tierras de estos pueblos.

Entre amenazas y ataques

Mujeres por la selva y sus territorios ancestrales, en contra de los bloques petroleros.

Ni las amenazas y ataques que han puesto en peligro su vida la amedrentan. Firmeza y valentía son sus fortalezas. “Si esperaban que por sus amenazas y atentados iba a esconderme, se equivocaron”.

A la madrugada, llegaron a atacar con piedras contra las ventanas del departamento que arrienda en Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza. Al ser descubiertos, los agresores la amenazaron de muerte y huyeron. Ella está segura que esos atentados responden a los intereses de expandir la explotación petrolera, aunque sus denuncias no ha tenido eco.

Esta líder histórica es la actual presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (TIAM). Asegura que, aunque pensó en el retiro de la dirigencia Sarayaku, tras los atentados contra su seguridad, decidió visibilizar las agresiones que sufren los defensores y hablar de la importancia de la Amazonía ante foros internacionales.

Así, su voz se escucha en diferentes escenarios internacionales. Lo hizo en la COP 21 o Cumbre Mundial de Cambio Climático en Lima, Perú, en el 2018. Incluso, para tratar de menguar la fuerza el expresidente Rafael Correa llevó una delegación de indígenas para que hicieran eco en su defensa de la explotación petrolera.

La contrarreplica se dio en la Cumbre de París, Francia. Hasta allá se fueron 12 personas de Sarayaku determinadas a promocionar la propuesta Kausak Sacha (Selva Viva).

También es una gran embajadora del proyecto de vida
Kawsak Sacha (Selva Viva).

“Lograr una ‘comunión’, de manera muy inteligente, entre los intereses internacionales de conservación y la defensa de los pueblos indígenas”, es lo que José Proaño, director de la organización Land is Life para Latinoamérica, resalta como una gran fortaleza de Patricia.

Otro potencial de ella es la capacidad de fomentar el diálogo con los demás pueblos y organizaciones indígenas amazónicas hacia una lucha conjunta.

El famoso actor y director de cine de Hollywood, Alec Baldwin, no dudó en felicitar y estrechar la mano de Patricia Gualinga. Esto ocurrió en el seno de las Naciones Unidas, con motivo de la sesión 18 sobre derechos de los pueblos indígenas. “Siempre quise estrechar la mano de una guerrera por el medioambiente”, fue la reacción del cineasta.

Esos y más gestos de gratitud constituyen la mayor recompensa a su vida en juego por defender su territorio.

Patricia Gualinga ha puesto en esferas internacionales la defensa
de los derechos de su gente.

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El irrespeto al Yasuní y a la vida de los pueblos amazónicos

Las comunidades waorani también seran afectadas por la explotación
petrolera en los bloques 31 y 43.

“Un Decreto con trampa o engaño”. La cortina de humo: Amplía la Zona Intangible o de protección para Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento. El ‘golpe de gracia’: Vuelve permisible a la Zona de Amortiguamiento ante la voracidad de la extracción petrolera.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, firmó el Decreto 751 con el que se modifica la delimitación de la Zona Intangible (ZI) en el Parque Nacional Yausní, noreste de la Amazonía ecuatoriana. Lo amplía a 818.501,42 hectáreas -incluye las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte (cantón Aguarico), Inés Arango (cantón Orellana), provincia de Orellana; Curaray en Arajuno (Pastaza)-. El Decreto del 2007 contemplaba 758.051 hectáreas.

Con el nuevo Decreto, el Gobierno buscó cumplir lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para salvar al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo, “la burla está en que autoriza arbitrariamente la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 dentro de la Zona de Amortiguamiento (un espacio entre el área protegida y lo colonizado)”. Así lo considera José Proaño, director de la organización Land is Life para América Latina.

Este Decreto va en detrimento de las garantías de protección. “Obvio que el Gobierno reconoce la existencia de los pueblos en aislamiento. Pero los pone en mayor riesgo al autorizar los bloques petroleros en sus territorios”. Lo hace el exceptuar a las plataformas de perforación y producción petrolera.

Mediante el Decreto 751, se dispone que en 180 días se establezca la política de procedimientos para minimizar los impactos de estas actividades en la zona de amortiguamiento. El encargo es para los Ministerios de Ambiente, Energía y Recursos No Renovables, junto con las Secretarías de Derechos Humanos y Gestión de la Política.

Los factores de peligro

  • Se construirán plataformas y se abrirán vía de acceso.
  • Habrá más presión sobre los recursos naturales de los que se proveen los pueblos en aislamiento.
  • La presencia humana extraña en zonas por donde transitan los tagaeri y tagaeri generará conflictos, con potenciales ataques.
  • Se repetirán los escenarios que aumentan la situación de genocidio, ante el riesgo de matanzas como la del 2013 (más de 20 personas -mujeres y niños- del pueblo taromenane fueron masacradas).
Con bloques petroleros en la Zona de Amortiguamiento, la presión
será mayor sobre los pueblos en aislamie
nto. Fotos 2 y 3: José Proaño

Lo risible es que prohíbe actividades extractivas de productos forestales para vender y el otorgamiento de todo tipo de concesiones mineras. Igual con el Artículo 3 prohíbe en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura como centrales hidroeléctricas, carreteras y centro de facilidades petroleras.

Enseguida, diversas voces de rechazo y protesta surgieron en torno al Decreto firmado por Moreno, el pasado 21 de mayo. Incluso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anticipó que prepara una movilización.

Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas, califica de indignante que se entregue “Territorio Yasuní para la explotación hidrocarburífera de los bloques 31 y 43 ITT sin la consulta previa a las comunidades indígenas Waorani, dueñas de este territorio”.

Proaño cree que si, al menos, se respetara el mandato ciudadano ya sería bastante. Pero lo recomendable es que más bien debería ampliarse las garantías desde el Estado y fortalecer las instituciones de protección. Además, de promover el diálogo y consulta previa con los pueblos waorani, que también serán seriamente afectados.

Mas como está la situación -según Proaño- “hay más argumentos para insistir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo se están violando los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, sino que el Estado irrespeta los territorios vedados”.

Incluso se va contra las medidas cautelares dictadas en el 2007 por la CIDH a favor de los tagaeri y taromenane. Estas prohiben el ingreso de terceros en sus territorios.

Tampoco se ha cumplido con la consulta previa a las comunidades directamente afectadas, como manda la Constitución de Ecuador, en su artículo 57, además de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

El Parque Nacional Yasuní es el último refugio de los tagaeri y taromenane, pueblos en aislamiento de Ecuador.

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Para defender el agua, 12 días de caminata

Partieron desde Tundayme, Zamora Chinchipe, hasta llegar  Quito para presentar una propuesta en defensa del agua.

Su convicción y la solidaridad les inyectó la fortaleza para no desmayar sus pasos durante los 12 días de caminata. Había que llegar a Quito para entregar su propuesta de paralizar toda actividad extractiva y salvar sus fuentes de agua.

A la capital de Ecuador, arribaron la tarde de este miércoles 14 de noviembre, después de recorrer desde Tundayme, una de las zonas seriamente afectadas por la megaminería en Zamora Chinchipe, sur de la Amazonía ecuatoriana.

Para este jueves 15, aguardaban la posibilidad de ser recibidos en la Presidencia de la República. Pero al final nadie les atendió en Carondelet, a diferencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde sí les dieron audiencia.

Acudieron a la convocatoria de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). 

Con su saxofón, Yaku Pérez, presidente de la Ecuaruani, puso el ritmo a los cánticos. Él, uno de los líderes de la marcha, aseguró que “uno de los mayores conflictos socioambientales que se vive en el país es causado por el extractivismo minero”. 

Por eso recogieron propuestas desde diferentes sectores del país para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica. El objetivo es que se prohíba la minería metálica en todo el territorio, que no haya ni licencias ni concesiones para prospección,  exploraciones, explotación y comercialización. “La única manera de parar la contaminación, la violencia y la criminalización es dictar una ley que termine con la minería”.

Esta propuesta fue entrega por los dirigentes a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. “Este proceso no termina ni hoy ni mañana. Es una lucha intergeneracional”. 

Por eso, alrededor de 1.500 mujeres y hombres, jóvenes y adultos caminaron firmes hasta Quito, a pesar del agotamiento físico. Acudieron de comunidades como Molleturo, Tundayme, Paloquemado, Cofanes Sinangoe, San Pablo de Amalí, Saraguro, Cañar…

Las mujeres y su convicción

La participación de las mujeres fue determinante. Ellas dejaron escuchar su voz convincente sobre el por qué decidieron unirse a esta marcha.

Pacari Lanchimba, de la comunidad La Libertad, parroquia Cangahua (Cayambe), fue una de las más entusiastas. No se cansó de entonar su guitarra y, a viva voz, cantar por el agua y por el Yasuní. 

Las mujeres de Otavalo tuvieron una presencia muy importante durante la marcha.

Carmen Laureana Chilpe, de 75 años, se unió desde Molleturo, cantón Cuenca (Azuay). Mientras trataba de estirar sus piernas para aliviar el cansancio, ella contó que decidió sumarse a la caminata “para defender el agua” y por sentirse cansada de lo que está ocurriendo en su comunidad.

Cerca de allí, una empresa china recibió una concesión para explotar oro y sus actividades empezaron a causar estragos en las fuentes de agua. “Por eso, nosotros protestamos. Al inicio éramos dos o tres personas, pero luego llegaron más”.

Desde la comunidad San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, llegó Martha Cobos. Ella y su gente estuvieron en la marcha en protesta porque corren el grave riesgo de quedarse sin agua por construcción de una represa para la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Para eso, en octubre del 2013 se desvió el cauce del río Dulcepamba, poniendo en peligro a la comunidad misma. 

Por todo eso, no paraban de gritar consignas y entonar cánticos como el ‘Carnaval del Agua’, con aquel “Agua quiero, agua quiero… oro nooo”, exigiendo respeto para sus fuentes de agua.

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La Amazonía revitaliza las aspiraciones de su gente y por su naturaleza

Amazonía 1
La Ley Amazónica apunta a promover el desarrollo de los habitantes de esta región de Ecuador. Fotos: Jaime Plaza

Ley Amazónica. Que las provincias que aún no las tienen también cuenten con su propia universidad. Esa es una de las mayores aspiraciones de la Amazonía como región.

Así lo resolvieron a una sola vez, durante la IX Cumbre Amazónica, que se realizó en Zamora Chinchipe, en septiembre pasado. 

A viva voz, las respectivas delegaciones exigieron la creación de universidades en Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Morona Santiago y Orellana. Además, que estos centros de educación superior sean incluidos dentro de la investigación de los proyectos productivos que ejecutan los gobiernos amazónicos y ministerios competentes.

Por eso, Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, y los miembros del Consejo de Planificación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía (CONGA) encaminan las gestiones. En estos días se reunieron en Quito con autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).  

Freno al extractivismo 

Otra de las resoluciones es sobre la urgencia de superar el extractivismo. Que el Estado no entregue más concesiones mineras y petroleras, y se revise la legalidad de las existentes. A cambio, se incentive una desarrollo amigable con su selva y sus ríos.

Estas son dos de las 36 resoluciones a las que llegó la IX Cumbre Amazónica. Acudieron autoridades como prefectos, alcaldes y asambleístas, líderes indígenas, presidentes de juntas parroquiales, representaciones de organizaciones y más para plantear sus propuestas que les permita pone en práctica la Ley Amazónica.

Se trata de una ley orgánica, promulgada por la Asamblea Nacional, para la planificación integral de la región amazónica de Ecuador. De allí que las 36 resoluciones se engloban en grandes ejes como el respeto al medioambiente.

Amazonía 2

Salvador Quishpe, en su condición de presidente de la CONGA, lideró esta cita. La misma fue considerada el espacio para reflexionar e instaurar un tercer momento en la historia de esta región: el de “salvar a la Amazonía. En un primer momento la vieron como un mito y luego como la caja fuerte para el agarra lo que puedas”.

Líderes como Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), insistió que la ley también sea para los pueblos nativos y se remedien los daños ambientales provocados en sus territorios por el extractivismo.

Al respecto, la resolución 6 establece reducir, paulatinamente, las actividades extractivistas y promover la inversión en bioeconomía, como base de la economía amazónica. Pero que eso implica que el Estado ya no entregue más concesiones mineras y petroleras y que se revise la legalidad de las existentes.

A la vez resolvieron apoyar en forma irrestricta la defensa de los recursos hídricos de Sucumbíos, en especial a la comunidad Sinangoe, y de toda la Amazonía ecuatoriana.

Otra resolución determinante es que se declare en emergencia a la Troncal Amazónica. Esa es una exigencia para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya atrención permita mejorar la comunicación con el resto del país.

Con esta misión, las diferentes delegaciones de las seis provincias marcharon por las principales calles de Zamora y luego se concentraron por más de cuatro horas en el coliseo de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar.

Ley Amazónica 1
La población de Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Morona Santiago exigen la creación de universidades en sus respectivas provincias.

 

Entre ríos, cascadas y senderos, la cuestión es cuidar la naturaleza en Zamora Chinchipe

Paseo Yantzaza
Un recorrido rodeado de naturaleza y en lancha por el río Zamora es parte de la propuesta de atractivos turísticos en el cantón Yantzaza. (Fotos: Jaime Plaza)

Zamora Chinchpe. A cada árbol de balsa ahora lo cuidan como un auténtico tesoro verde, porque ya no quedan muchos. Los indígenas shuar aprendieron a protegerlo, como una forma de ayudar contra la deforestación que arrasa con los bosques de la Amazonía ecuatoriana.

José Antosh, indígena shuar de San Luis, entendió que, en vez de seguir talando, había que cuidar este tipo de árboles y otros que aún quedan en sus bosques. Él los encuentra solo en la ribera del Nayumin (que desemboca en el río Chuchumbletza y este a su vez alimenta al majestuoso Zamora).

Esos árboles de balsa nacen en este tipo de zonas, porque su semilla llegan hasta allí, al bajar con la corriente. Y crecen hasta que, a los dos años, están para utilizar como madera, solo en cuestiones necesarias como la construcción de balsas.

Esta vez, Antosh tuvo una muy buena razón. Se aproximaba el concurso de balsas tradicionales, como parte de los eventos por la II Feria Provincial de Turismo (FEPTURY 2018), en el cantón Yanzatza, y junto con sus sobrinos Juan y José decidieron participar este año. 

José utilizó para armar la embarcación tradicional, en la que sus sobrinos navegaron por el río Zamora aguas abajo, en competencia con otros siete equipos participantes.

Balsa 2 Zamora
Juan y José Antosh están en plena competencia de balsas tradicionales en el río Zamora. (Foto: Carlos Medina)

Balsa 3
El concurso de balsas busca rescatar la tradición del uso de estas pequeñas embarcaciones y concienciar el cuidado de la naturaleza.

La mayoría de las 18 familias que viven en el barrio San Luis (a dos horas de Yantzaza) también lo usan como material para construir sus casas shuar. Lo complementan con maderas como chilca. “En esta época ya no corta mucho. La gente aprendió a cuidar la palma”, lo dice José con cierta satisfacción.

Estas familias viven de cultivar la papa china, pelma (parecida a la palma y consumen los cormos y las hojas tiernas), maíz, caña, guineo, plátano y más.

Lo complementan con la pesca de languilla, blanco, corroncha y bagre. Claro que igual, concientes de no depredar, lo hacen con con anzuelo y máximo atarraya.

 

Senderos, cascadas y cuevas

Una aventura única en medio de su naturaleza amazónica es lo que ofrece el ‘Valle de las Luciérnagas’, como también se conoce a Yantzaza. Para eso, ofrece rutas como ‘Los Guayacanes‘, con senderos por entre sus bosques, cascadas y piscinas naturales que se forma en sus caídas, cuevas y más formaciones extrañas.

En cada tramo que recorre, el visitante se cautiva con la naturaleza que le acoge. Hasta se ve atraído de darse un chapuzón bajo el chorro de agua, que cae en las cascadas ‘La Luna’, ‘El Tobogán’ y ‘La Corazonada’.

El incesante golpetear de las aguas cristalinas del río, que desciende zigzageante, se vuelve un murmullo que acompaña al caminante que avanza por sus orillas.

Ruta Los Guayacanes
La cascada ‘El Tobogán’ es uno de los lugares preferidos para darse un chapuzón en la ruta ‘Los Guayacanes’.

Para los apasionados por la espeleología, esta ruta es su destino. Aquí su mayor atractivo son las cuevas ‘Guayacanes’ y la ‘Del duende’. En la primera, se encontrarán con estalactitas  y estalagmitas (rocas del techo y del suelo, que en entornos naturales suelen aparecer en cuevas calizas donde se forman por depósitos de carbonato cálcico), y otras formas de vida. Sobre la segunda cueva, los comuneros de la zona cuentan que “allí llega a descansar un duende”.

Cueva
En la cueva ‘Guayacanes’ se puede adentrarse unos 25 metros y sentirse en las mismas entrañas de la tierra.

También sorprenden aquellas rocas, por su extraña formación, parecen suspendidas en el espacio. A este espacio en la ruta ‘Los Guayacanes’ se lo conoce como ‘El Balcón’. Pues, por sus protuberancias o largos picos, dan la apariencia de un balcón, desde donde se pudiera apreciar un panorámica de este bosque amazónico.

Ruta Los Guayacanes 1

Esto y más se encuentra a largo del Circuito de ‘Los Guayacanes’, que el Municipio de Yantzaza, con el apoyo de la Prefectura de Zamora Chinchipe, impulsa como propuesta turística para atraer visitantes locales, nacionales y extranjeros.

La ruta se inicia en el puerto turístico que se construye en la ribera occidental del río Zamora, en Yantzaza y termina con el recorrido por el sendero de ‘Los Guayacanes’.

Lo que ofrece la ruta ‘Los Guayacanes’

  • Paseo en lancha por el río Zamora.
  • Recorrido en ranchera o chiva hacia el sector El Salado, en la parroquia Chicaña.
  • Senderismo, rapel, chapuzón, espeleología… en la ruta ‘Los Guayacanes’.

Este paseo se puede complementar con visitas a sectores como San Vicente de Caney, una comunidad de la nacionalidad Saraguro. Allí puede descubrir sus balcones y jardines floridos, artesanías, rituales, telares y elaboración de queso. Incluso cuenta con alojamiento.

Comunidades shuar como Nankais ofrece artesanía y gastronomía típica como caldo de gallina criolla y tilapia. Masuk Las Vegas presenta artesanía y danza shuar. El atractivo de San Luis y de Numbaime son sus artesanías y la cascada ‘Tuna Shirma Nua’.

Para hospedarse, alimentarse y trasladarse

  • Yantzaza como destino de ecoturismo cuenta con las facilidades necesarias para hospedaje con sitios de alojamiento. Entre estos está el Hotel Alejandro, diagonal al Complejo Deportivo y a 50 metros de la Terminal Terrestre. 
  • Para alimentarse, el turista puede hacer en diversos restaurantes y de acuerdo con su presupuesto. Eso sí la recomendación infaltable es que degusten las ancas de rana, en sus diversas presentaciones como parte de la exótica gastronomía del lugar.
  • Para llegar a Zamora Chinchipe, se dispone de diferentes empresas de transporte interprovincial que parten desde las terminales de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y otras ciudades.

Esta ruta la puede completar en un día, porque Yantzaza y Zamora Chinchipe, en sí, les tienen listos muchos más atractivos y sitios para admirar. Uno de ellos es el gran Valle del Nangaritza, pero esa ya es otra historia.

Sendero
Es recomendable llevar ropa cómoda, además de zapatos adecuados para caminata, para avanzar por entre el zigzageante sendero en medio del bosque amazónico.

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