¡Un premio mundial por cuidar la Amazonía!

Dotar a la población de agua saludable es uina de las acciones en las comunidades. Fotos: Alianza Ceibo y Amazon Frontilnes.

ECUADOR. Con y una otra iniciativa innovadora, inyectan esperanza y vida en las entrañas mismas de la Amazonía. Es por esa misión que Alianza Ceibo acaba de ser galardonada con el Premio Ecuatorial 2020 de las Naciones Unidas.

¡Es una gran noticia para Ecuador en medio de las crisis sanitaria por el Covid-19! Alianza Ceibo, una organización de la Amazonía ecuatoriana, es parte de los ganadores de este reconocimiento que, cada año, hace el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), junto a sus socios. Es una forma de incentivar a quienes unen fuerzas para defender a la biodiversidad y luchar contra el cambio climático.

Las comunidades galardonadas

Alianza Ceibo cobija a las comunidades Waorani, Siona, Cofán y Siekopai de la Amazonía ecuatoriana.

El PNUD informó que las 10 comunidades locales e indígenas ganadoras, entre ellas Alianza Ceibo, fueron escogidas de entre 583 nominaciones de más de 120 países. Los ganadores serán reconocidos durante la Semana del Clima de Nueva York, paralelo a la Cumbre de la Naturaleza, a finales de septiembre.

En la décimo primera edición del Premio Ecuatorial se galardonará a comunidades de Ecuador, Canadá, Myanmar, República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar, Kenya, México y Tailandia. “Las organizaciones ganadoras muestran soluciones innovadoras basadas en la naturaleza para abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”.

Según el PNUD, los logros de estas comunidades también evidencian cómo las comunidades y pueblos indígenas han enfrentado los legados de desventaja y discriminación en apoyo de su gente. “Lo hacen a través de una diversidad de soluciones excepcionales que se basan en la naturaleza”, enfatiza el administrador del PNUD, Achim Steiner.

Cada ganador recibirá 10.000 dólares. Además, la oportunidad de participar en una serie de eventos especiales relacionados con la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre de la Naturaleza de la ONU y la Semana Global del Clima, en Nueva York.

En las entrañas de la Amazonía

Alianza Ceibo integra a los pueblos indígenas Waorani (provincia de Pastaza), Siona, Cofán y Siekopai (Sucumbíos), en torno a la misión de proteger más de 20.000 km2 de selva amazónica de Ecuador.

Se trata de una alianza dirigida por indígenas que ha puesto en marcha diferentes alternativas frente al extractivismo minero-petrolero y los monocultivos comerciales habituales.

  • Aprovecha la energía solar para las comunidades.
  • Dota de sistemas de agua limpia.
  • Defiende los derechos humanos de los pueblos indígenas.
  • Apoya a las asociaciones de mujeres en sus diversas propuestas productivas
  • Impulsa el monitoreo ambiental y mapeo territorial.
  • Comunicación comunitaria.

Estas propuestas empezaron allá por el 2011, cuando decidieron reunirse en torno a una alianza para trabajar por sus territorios, la supervivencia cultural y la construcción de soluciones alternativas viables para mejorar la calidad de vida en las distintas comunidades.

Con el apoyo de Alianza Ceibo y Amazone Frontlines, se han construido, por ejemplo, sistemas de captación de agua lluvia en 80 comunidades Kofán, Secoya, Siona y Waorani.

Antes se abastecían con agua de los ríos para beber, cocinar, lavar y bañarse. Pero los afluentes han sido gravemente contaminados por ser una zona tomada por la explotación petrolera y minera, plantaciones de palma africana y las urbes. Por eso para las familias de estas comunidades se ha vuelto cada vez más difícil tener acceso a agua limpia, volviéndose una de las razones para el deterior de la salud de la población.

Los sistemas de agua fueron el punto de partida para las otras diferentes iniciativa, al darse cuenta que “existen más necesidades y mucho más trabajo que hacer”.

Por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, norte de la Amazonía ecuatoriana, la comunidad A’I Cofán de Sinangoe, asentada en las orillas del río Aguarico, salió victoriosa contra la minería en el 2018, al obtener una sentencia que reconoció su derecho a la consulta previa, al agua, a la naturaleza y al medio ambiente.

Un año despues, en el centro-sur de la Amazonía, en la provincia de Pastaza, comunidades Waorani triunfaron frente a las empresas petroleras, con un juicio histórico. En julio de ese año, la Corte de Justicia de Pastaza ratificó la sentencia que impide el ingreso de las petroleras a 180.000 hectáreas del bdenominado bloque 22, incrustado en el Territorio Waorani.

El traslado de los paneles solares en canoa para dotar de energía eléctrica a las comunidades.

“Es un honor para nosotros contar con el reconocimiento de organizaciones internacionales de mucho prestigio como es la ONU. Nos sentimos muy agradecidos por este premio que honra nuestro trabajo y la lucha que realizamos en favor de nuestras vidas, nuestra selva y nuestras culturas”.

Alicia Salazar, mujer siona directora ejecutiva de la Alianza Ceibo

Estas comunidades indígenas miran a la Amazonía como la vida misma para nuestro Planeta. Pero cada día afrontan graves amenazas desde las petroleras, mineros, madereros, ganaderos y peor aún los grupos armados que ponen en peligro sus vidas y sus territorios. Aún más, los gobiernos no solo que no defienden los derechos de los pueblos amazónicos sino que lo irrespetan al insistir en el extractivismo, desplazando a la fuerza a los dueños ancestrales de estos territorios.

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Las manos aliadas para supervivir confinados por el coronavirus

Las familias de Ucumari, cantón Nabón (Azuay), se juntan en minga para la cosecha. Foto: Archivo / Jaime Plaza

ECUADOR. Hortalizas, legumbres, maíz, papa, yuca, banano, frutas, granos… Esos y más frutos no han faltado en las mesas de miles de familias ecuatorianas, sobre todo de aquellas que se refugian temerosas en las urbes ante el avance incontrolable del nuevo coronavirus.

Mientras todos estamos confinados, ellos se ingenian modos para esquivar el riesgo de contagio y se afanan en cuidar sus huertos y cultivos, plantados en los diversos parajes de la Costa, Sierra y Amazonía. Así lo hacen durante la Emgencia Sanitaria, igual como lo han hecho desde siempre.

En este ‘interminable’ confinamiento por la Covid-19, sobre todo en las primeras semanas, estuvieron entre los que más abastecieron la demanda de alimentos. Así la mirada se volvió hacia los campos y se valore la verdadera importancia como proveedor de alimentos.

Lo hicieron desde diferentes frentes, como iniciativas individuales o en grupos, con el apoyo de programas y organizaciones.

Mujeres y hombres ofrecen los productos que cosechan en sus huertos urbanos agroecológicos. Fotos 2, 3, 4 y 5: Cortesía Conquito

Uno de esos ejemplos constituyen los huertos urbanos y familiares, impulsados por el Proyecto de Agricultura Urbana Participativa (Agrupar) del Municipio de Quito. Aunque están productivos desde hace varios años, esta propuesta se visibilizó durante la Emergencia Sanitaria, declarada desde el 17 de marzo, y los vecinos son los principales compradores.

Pablo Garófalo, experto del Proyecto Agrupar de Conquito, resaltó que la prioridad es el autoabastecimiento de alimentos para cada familia, vecinos y el barrio. “Por temas de movilización se ha atendido poco a la ciudadanía. Pero en algunos sectores, aunque en pequeñas cantidades, sí se logró entregar canastas a domicilio”. Mantienen los precios y la presentación como productos agroecológicos, que le da un valor agregado al tradicional.

El excedente también se oferta mediante mecanismos como la canasta popular de Agrokawsay de la Prefectura del Azuay, trueques (el randi randi o dando y dando con intercambio de productos, bajo el principio de reciprocidad) y donaciones. Como estrategia, se adquieren los productos componentes del canasto en los propios lugares de producción. Así abasteció con 22.000 canastas agroecológicas, compuestas por 20 productos, y 26.000 canastas solidarias hasta el 15 de mayo.

Dolores Morocho, integrante de la Asociación San Juan Bautista del cantón Nabón (sur de la provincia del Azuay, en el Austro ecuatoriano), no solo vendió más a sus vecinos, sino que también envía sus productos agroecológicos a la Megatienda, de Cuenca.

En cambio, el Programa Pequeñas Donaciones de Ecuador optó por acudir, mediante ‘proyectos ágiles’, en ayuda de 7.472 familias de las organizaciones comunitarias y pueblos de nacionalidades indígenas. Anamaría Varea, coordinadora del Programa, se contactaron con las familias y dirigentes para conocer en qué condiciones estaban y qué necesidades atender en la Emergencia Sanitaria. Se asignaron un fondo de hasta 5.000 dólares para contribuir a los planes comunitarios frente a la emergencia sanitaria, además de entregarles semillas e insumos para fortalecer sus huertos y parcelas agroecológicos.

Se priorizó la soberanía alimentaria del núcleo familiar, reforzando la agricultura agroecológica, y la comercialización de los excedentes de su producción. Para eso se les dotó de mascarillas, trajes antifluidos y guantes, sobre todo para que la entrega de canastas agroecológicas se haga con todas las seguridades sanitarias o de asepsia que exige el comprador para evitar el riesgo de contagio con la Covid-19.

Además, identificaron a grupos vulnerables, como familias con personas con discapacidades, enfermedades catastróficas y de la tercera edad para ayudarles con kits de alimentos.

No solo desde ahora ante la Emergencia Sanitaria que afrontamos los ecuatorianos, estas y otras propuestas se volvieron las manos aliadas para miles de familias. Son el resultado de procesos persistentes y que hoy pueden ser tomados como ejemplo en cada hogar como fuentes proveedoras de alimentos.

los huertos urbanos de quito

Rosa Ramírez muestra con orgullo lo que producen los huertos urbanos.

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa está en los diferentes barrios de Quito desde hace casi dos décadas. Hoy son alrededor de 1.400 iniciativas de personas, familias urbanas, periurbanas y rurales, y asociaciones barriales.

En estos huertos urbanos y familiares se cultivan hortalizas como lechuga, col, rábano, apio, albaca, brócoli, acelga, pepinillo, zuquini, y otros, además de frutas como mora, frutillas, babaco, tomate de árbol… hierbas medicinales como manzanilla, hierba luisa, orégano y más.

Aprovechan todo espacio posible para plantar sus huertos: terrazas, balcones, patios y pequeños terrenos aledaños a sus viviendas.

Varios hogares complementan la oferta con animales menores como gallinas, pollos, codornices, cuyes, conejos y trucha. También se incluye alimentos como encurtidos, mermeladas, granolas, quesos, pan, entre otros.

Su valor agregado radica en la agricultura, cuyos cultivos se nutren con abono orgánica. Por eso en el 2017, esta iniciativa de Quito fue galardonada con el Premio ‘Impulso por el Cambio’, que entrega Naciones Unidas, a través de Momentum For Change, a las soluciones ejemplares de desarrollo sostenible en el desafío al cambio climático.

Por una agricultura amigable

En plena siembra en la comunidad caluquí, cantón Otavalo, en Imbabura. Fotos: PPDEcuador

Trabajan en equipo y cobijados por asociaciones, poniendo en práctica la agricultura amigable con la naturaleza, a través de una propuesta agroecológica y agroforestal.

El Programa de Pequeñas Donaciones Ecuador (PPDEcuador) es encaminada por el Fondo para el Medioambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Prioriza a los sectores indígenas y campesinas, que están organizados y están comprometidos con la conservación de la biodiversidad.

Según Anamaría Varea, el trabajo se enfoca en la propuesta de biocorredores del buen vivir, es decir no solo se trata de mantener una producción sostenible sino también de cuidar los ecosistemas frágiles como los páramos en la Sierra, la selva en la Amazonía y los manglares en la Costa.

Desde el PPDEcuador, se asignan hasta 50.000 dólares y un monto similar de cofinanciamiento, además de implementar sus bancos de semillas, por cada unidad de biocorredor. Esta es considerada como un refugio de vida silvestre y cuidada por varias organizaciones que trabajan a través de un comité de gestión.

Mediante motivadores comunitarios, se incentiva el retorno a la producción en las huertas familiares, en las chacras o las fincas. El tipo de productos depende de la región y son sobre todo de ciclo corto.

Las frutas y más productos de ciclo corto.

Involucra a comunidades campesinas y pueblos indígenas, agrupadas en redes. Está, por ejemplo, la Red de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi (RESSAK), en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, que abarca a 270 familias.

Desde el PPDEcuador se da la asistencia de equipos técnicos, acompañamiento y monitoreo a los procesos de producción y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones.

También apoyan para lograr alianzas estratégicas con los municipios y otros aliados estratégicos como las universidades. Ahora en la fase operativa 7, por ejemplo, se trabajará con las comunidades vinculadas al programa Socio Bosque, del Ministerio del Ambiente, para respaldar sus bioemprendimientos.                  

Productos limpios de nabón y más

Agricultores de Ucumari, en Nabón, en plena cosecha de cebada. Fotos: Jaime Plaza

Las familias del cantón Nabón, al sur de la provincia de Azuay, también están empeñados en los cultivos orgánicos. Siembran hortalizas lechuga, brócoli, remolacha, zanahoria y frutas como tomate, mora y fresas.

En sectores como Ucumari, sus habitantes también siembran cebada, maíz y hasta café orgánico en la zona baja.

La cosecha del café orgánico en Ucumari, occidente de Nabón.

Están bajo el proyecto Nabón Productos Limpios, que incentiva a la producción agroecológica y es encaminado desde la segunda administración de la  alcaldesa Magali Quezada (2014-2019). Hoy engloba a más de 45 agricultores de ocho asociaciones.

No muy lejos de ahí, en Zamora Chinchipe, provincia del sur de la Amazonía, están los huertos orgánicos que, en la administración del anterior prefecto Salvador Quishpe, fueron cobijados por el proyecto ‘Territorios de Producción Limpia’. Acogió a cerca de 500 familias, que producen para consumo propio y para la venta, además buscando reducir los pastizales y de reforestar las áreas degradadas con cultivos de café y cacao.

Así desde la Costa, la Sierra o la Amazonía, los pequeños productores, agricultores y campesinos se convirtieron en la gran mano aliada para resistir el confinamiento, en especial con el abasto de alimentos desde sus huertas y campos. Hoy son el ejemplo a seguir en el afán de contar con productos propios para la subsistencia alimenticia.

Igual que ahora, en tiempos normales, en mercados de la Amazonía, como el del cantón Yanzatza, se podía encontrar yuca, verde, papaya y mucho más.

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La nación Siekopai teme su exterminio por el coronavirus

Los siekopai piden ayuda a la comunidad internacional para resistir al Covid-19. Fotos: Amazon Frontlines y Alianza Ceibo

ECUADOR. A la Nación Siekopai (Secoya) le dan vida 744 personas, repartidas en 184 familias. Pero hoy se sienten en riesgo de exterminio total por su alta vulnerabilidad ante la pandemia del nuevo coronavirus. Su temor aumentó tras la muerte de dos de sus adultos mayores con síntomas relacionados con el Covid_19, entre el 14 y 21 de abril. 

Ni las insistentes advertencias ante las sospechas de presencia de casos de contagio entre los habitantes de sus comunidades tuvieron respuesta desde las autoridades locales y nacionales. Por lo que, por cuenta propia emprendieron diversas gestiones para conseguir 50 pruebas rápidas. Estas fueron aplicadas por una brigada del Ministerio de Salud a 44 personas Siekopai, de las cuales 14 dieron positivo al virus.

Otras ocho pruebas fueron usadas en personal de Salud. Para colmo, tres dieron positivo a Covid_19. Se desconoce cuál fue el protocolo que se siguió con el personal en mención.

A los habitantes de la comunidad Bella Vista se aplicaron las pruebas rápidas.

Situaciones similares están viviendo todos los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso, este miércoles 6 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la alta vulnerabilidad en la que estos se encuentran frente a la pandemia. Llamó a los diferentes Estados a tomar medidas urgentes y específicas para proteger su derecho a la salud. Pero instó a que sean acordes con su cultura y respeto a sus territorios.

La CIDH expresó su más profunda preocupación por los impactos de la pandemia de Covid-19 sobre los pueblos indígenas.

La CIDH advirtió sobre la especial vulnerabilidad en la que están, particularmente los pueblos en aislamiento en aislamiento (como los tagaeri y taromenane de Ecuador) y contacto inicial (los waorani de la Amazonía ecuatoriana).

El organismo defensor de los derechos humanos resaltó la necesidad de respuestas específicas para este segmento especial de la población indígena, “que sean respetuosas de su cosmovisión y diversiadad cultural”.

De su parte, Justino Piguaje, presidente de la Nacionalidad Siekopai, envió un pedido de auxilio a la comunidad internacional y al Estado ecuatoriano. 

En su aislamiento por la Emergencia Sanitaria, están viviendo una verdadera crisis de alimentos ante la imposibilidad de autosustentarse mediante la pesca y con sus chacras. 

Por eso exigen que el Ministerio de Inclusión Económica y Social cumpla con la entrega de 84 kits de alimentos, comprometidos ante la dirigencia Secoya y defensores de Derechos Humanos. Pero que esa provisión de alimentos sea hasta que se levante el aislamiento y se ajuste a sus necesidades y costumbres, sobre todo que en cada familia son entre 7 y 9 integrantes.

Pero el mayor pedido es al Estado ecuatoriano para que se implementen protocolos y directrices para el manejo de la crisis sanitaria y se evite más propagación y mortandad. Estas fueron elaborados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).

También se exige la realización de pruebas masivas en las diferentes comunidades y comunas. Para eso requieren la dotación suficiente de pruebas rápidas, pruebas PCR y equipos de bioseguridad (mascarillas, gel, trajes, etc.)

En la frontera Ecuador-Perú

Se trata de una nacionalidad indígena transfronteriza entre Ecuador y Perú. Su escasa densidad demográfica está repartida en seis comunidades: San Pablo de Katëtsiaya, Wa’iya, Bellavista, Siekoya Remolino, Sewaya y Eno, dentro de los cantones Cuyabeno y Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía.   

En Ecuador, los Secoya han sido despojados de más del 95% de su territorio ancestral y actualmente se encuentra rodeado de infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos.

Ese panorama incrementa notablemente los riesgos asociados al nuevo coronavirus. A la presión de gente extraña a sus territorios, se suma el incremento de actividades ilegales.

Así, por ejemplo, el pasado 26 de marzo, denunciaron la presencia de una cantidad importante de pescados envenenados en el río Shushufindi. Esto agrava más su pervivencia alimentaria.

Se agrava si situación de vulnerabilidad, en especial en derechos humanos y colectivos, al estar expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actividades extractivas o forestales generadoras de despojo. Además, que carecen de infraestructura de salud, problemas de abastecimiento alimentario, agua potable y bioseguridad.

Un grupo de indígenas siekopai navega en canoas por el río Aguarico.

La situación de los pueblos indígenas en la región

Los pueblos indígenas de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y otros países están afrontando un grave peligro frente a la pandemia. 

Los indígenas de la Amazonía atraviesan la mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en Manaos, Brasil, ya ocurrió el fallecimiento de 16 indígenas por el coronavirus. Lo peor que este advierte el peligro de que se abra camino a las invasiones de tierras indígenas, sobre todo ante la incontrolable invasión de extraños en sus reservas.

El nuevo coronavirus ataca a una región recién azotada por uno de los peores brotes de dengue en la historia, además de una epidemia de zika y brotes de sarampión. A los expertos les preocupa que una persona que adolezca de otra enfermedad, sea golpeada por el Covid-19.

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Los amazónicos demandan por el derrame de petróleo

Miembros de la comunidad indígena San Pedro de Río Coca se lamentan por los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río. Fotos: Telmo Ibarburu

ECUADOR. Sin la posibilidad de abastecerse de agua y alimentos porque su principal fuente, el río, está contaminada. El derrame de 15.000 barriles de petróleo dejó cubiertas a sus riberas por grandes manchas negras y grasosas.

Así no pueden pescar ni regar sus chacras y hoy enfrentan una limitación severa de alimentos. Por eso muchos se ven obligados a salir a los poblados para abastecerse, con el serio riesgo de contagiarse con el Covid_19. Así las comunidades kichwa sufren una afectación cultural y de derechos humanos.

120.000 personas de poblados urbanos y 105 comunidades están entre las afectadas. Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), 35.000 (27.000 pertenecen a las comunidades indígenas) sufren afectación directa. La mayoría son Kichwa y Shuar de 21 parroquias, asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.

En un intento por remediar el daño, se han repartido raciones alimenticias y a algunas familias entregan bidones de 10 litros de agua, cada cuatro días.

“Una simple funda de comida no remedia todo el daño causado”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana

Marlene Cachipuendo, una de las afectadas, contó que “vinieron los de Petroecuador y dijeron solo es un poquito de contaminación, ya les estamos dando agua”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana, no dudó en calificar a dichas actividades de remediación como “una verdadera grosería. En vez de repartir esos bidones que, engrosan la contaminación, no se les ocurre entregar tanques para recolectar el agua de tanta lluvia que cae acá”.

Aún más, a los mismos indígenas les pagan para que realicen las tareas de limpiezas de la contaminación, pero eso está causando enfermedades en ellos.

La demanda de Acción de Protección

Las comunidades afectadas, representadas por Confeniae, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) y los Vicariatos de Oellana y Sucumbíos, presentaron la acción legal ante un juez de Orellana, este miércoles 29 de abril. Lo hicieron con el respaldo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Restauración ambiental urgente, reparación integral para los afectados y reubicación de los oleoductos para evitar que ocurran futuros derrames. Esas son las exigencias que incluye la demanda de Acción de Protección y Medidas Cautelares, que interpusieron los afectados por el derrame del 7 de abril.

Este proceso penal es en contra de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ambiente y Salud, además de Petroecuador y OCP Ecuador. Obedece a la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, salud, a vivir en un ambiente sano, al territorio de los pueblos y nacionalidades y a los derechos de la naturaleza.

Carlos Jipa, presidente de la Fcunae, denuncia que las empresas petroleras han tratado de dividir a las comunidades, pero “hoy estamos consolidados y tenemos la petición desde las comunas para que se lance esta demanda”.

Los demandantes alegan que este derrame se pudo prever, ya que expertos del Instituto Geofísico alertaron sobre la inestabilidad de la zona, especial por la cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, aparte de los constantes deslaves y torrenciales aguaceros.

Lo peor de todo es que tampoco comunicaron rápido a las comunidades y la gente muy temprano, como de costumbre, ya estaba en el cauce del río. Hubo niños que acudieron a pescar y regresaron a sus casas cubiertos del grasoso crudo.

Como un reciente antecedente está el colapso de la cascada San Rafael por un zocavón, ocurrido en febrero último. Tras ese hecho, los expertos también alertaron de una erosión regresiva de los suelos, como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ponía en riesgo a los oleoductos.

No obstante, ni el Estado ni OCP actuaron a tiempo para evitar que suceda este derrame, considerado el más grande en los últimos 15 años.

Por eso, Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines y parte del equipo legal de los afectados, insistió que el Estado ecuatoriano, OCP Ecuador y Petroecuador deben asumir la responsabilidad.

El mayor derrame de petróleo en los últimos 15 años.

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Las comunidades amazónicas insisten en la cuarentena

Las comunidades amazónicas prefieren mantenerse a buen recaudo ante el peligro de contagio del Covid_19. Foto: Jaime Plaza

ECUADOR. Sus comunidades no dejarán la cuarentena y el aislamiento para evitar la expansión de contagios de Covid_19. Esa es la decisión que asumieron las diferentes organizaciones y líderes indígenas de la Amazonía.

Los dirigentes indígenas argumentan que es para mantener la protección a sus poblaciones ante la pandemia, sobre todo considerando su mayor vulnerabilidad. Pues, en las dos primeras semanas de abril se reportó, al menos, tres fallecimientos de indíegnas amazónicos con síntomas relacionados con el nuevo coronavirus. Además, 20 personas de la comunidad Secoya presentaron afecciones similares a las de la Covid_19.

Así mostraron su desacuerdo con la disposición del Gobierno ecuatoriano de que, a partir del lunes 4 de mayo, se retomen las actividades económicas en el país. Aunque asumir esa decisión, dejó en manos de los alcaldes de cada cantón y que se aplicará un mecanismo de semáforos, empezando por el rojo para aquellas zonas donde se mantiene la tendencia al crecimiento de los casos de contagio.

Sin embargo, la Federación Médica Ecuatoriana alertó al Gobierno que el país no cumple con las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Saludd (OMS) para abandonar la cuarentena y cita. Mediante un comunicado público, insistió que se deben tomar “decisiones absolutamente técnicas, basadas en evidencia científica… No cabe admitir que intereses de tipo económico, en el evento no consentido, vengan de donde vengan, primen sobre los preservar la vida y salud de la población”.

Los médicos tienen la autoridad suficiente por estar en primera línea en el combate contra la pandemia y argumentan que la cantidad de exámenes realizados no son suficientes para detectar y manejar contagios. A parte que la curva de incidencia no ha bajado y que persisten condiciones de alto riesgo de contagio y complicaciones que sobrepasarían la capacidad de respuesta de las unidades de salud.

Incluso la Organización Panamericana de Salud informó que la semana pasada se registraron más de 250.000 casos nuevos en las América. La mayoría fue en Estados Unidos, seguido de Brasil, Canadá, Ecuador y México. A tal punto que incluyó a nuestro país entre aquellos con transmisión comunitaria continua.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que “levantar el confinamiento en forma precipitada podría tener un mayor impacto”.

Condiciones de la OMS para levantar la cuarentena

  1. Que la tranmisión del virus esté controlada.
  2. Que los sistemas de salud estén preparados para detectar, probar, aislar, tratar cada caso y rastrear cada contacto.
  3. Minimizar los riesgos de nuevos brotes en residencias de ancianos y centros de salud.
  4. Que los lugares de trabajo, colegios e infraestructura esenciales dispongan de medidas preventivas.
  5. El riesgo de importación de nuevos casos debe estar bajo control.
  6. La sociedad debe estar totalmente educada, comprometida y capacitada para ajustarse a la nueva norma.

Por eso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) prefirió la continuidad de la cuarentena en los territorios de las nacionalidades amazónicas hasta el 31 de mayo. Igual resolución fue adoptada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Una de las principales recomendaciones de la Confeniae es quedarse en el territorio comunitario. Al tiempo que advierte que las comunidades se encuentan ante “una de las más graves amenazas biológicas para la pervivencia de nuestros pueblos”. Además, que por la desigualdad y discriminación en la atención desde la salud pública los pone en primera línea de riesgo ante la expansión de la pandemía en la Amazonía.

Exige del Estado sistemas de protección sanitaria, bajo las consideraciones de sus especificidades sociales y culturales.

Asimismo, Marlon Santi, presidente de la Confeniae, instó a que se implementen mecanismos de coordinación específicos entre los Comités de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Salud Pública con las organizaciones indígenas.

La Confeniae y la Conaie anticiparon que mantendrán activas las guardias comunitarias para resguardar a las comunidades y controlar el acceso a las mismas y la disciplina. Además, se continua con la difusión de las recomendaciones para la prevención en idiomas nativos.

El trueque o intercambio comunitario y ferias se han convertido en una estrategia muy importante para la provisión de alimentos. Las organizaciones también acuden con ayudas alimenticias para diversas familias. Aunque en comunidades como Hatun Playa, en el territorio Kawsak Sacha (Selva Viva) en el sur del Parque Nacional Yasuní, el principal sustento sale del bosque y del río.

Asimismo, desde la Secretaría Técnica de la CTEA se anunció que se distribuirán 4’350.000 dólares del Fondo Común para combatir la pandemía en el territorio amazónico, en especial para adquirir pruebas de Covid, equipos de bioseguridad, insumios sanitarios, medicamentos y otros.

En fin, así es como las comunidades indígenas resisten este aislamiento forzado ante el ataque del nuevo coronavirus.

La Confeniae y mas organizaciones acuden con ayudas alimenticias a las comunidades. Foto: Comunicación Confeniae

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Indígenas amazónicos en riesgo crítico por el coronavirus

La nacionalidad Waorani es una de las poblaciones indígenas amazónicas más vulnerable ante la pandemia. Foto: Waorani Resistencia Pastaza.

Una persona adulta mayor de la nacionalidad Secoya falleció con síntomas relacionados con el Covid_19. Otros 20 miembros de esa misma comunidad indígena de la Amazonía de Ecuador han presentado síntomas del nuevo coronavirus, en los últimos 15 días.

Esta situación activó aún más las alarmas y la preocupación por el grave riesgo de contagio al que están expuestos los indígenas amazónicos.

En comunidades como la de la Nacionalidad Siekopai (Secoya, ubicada en la provincia de Sucumbíos) asumieron iniciativas propias. 40 secoyas, entre ancianos y varias familias, se trasladaron en cuatro canoas río abajo para refugiarse en Pë’këya (Lagartococha), su territorio ancestral. Lo hicieron ante la falta de protocolos específicos y decisiones insuficientes desde el Estado ecuatoriano. Sin embargo, la mayoría se mantiene en el territorio que actualmente ocupan.

En la nacionalidad Secoya decidieron poner a buen recaudo a 40 ancianos y mujeres para evitar su contagio con el virus. Foto: Amazon Frontlines y Alianza Ceibo

“Estamos muy cerca de esta enfermedad. La intención es estar totalmente aislados”, es lo asegura Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad Siekopai. Agrega que es escapar “para salvar nuestras vidas en estas circunstancias, ya que no tenemos apoyo del gobierno local ni nacional”.

A propósito, los abuelos y abuelas secoya recordaron sobre las epidemias que sufrieron sus antepasados y no lograron sobrevivir. Se vieron afectados por enfermedades como la ”tosferina” (gripe), contagiadas por misioneros, viajeros o caucheros que invadían sus territorios, lo que les empujó a refugiarse en la profundidad de la selva. De los alrededor de 40.000 secoyas que eran, hoy son apenas 700.

Desde la nacionalidad Waorani también se advierte que son una comunidad indígena de reciente contacto, con una historia de enfermedades introducidas, a través de los procesos de colonización. Además, que su sistema inmunológico es muy vulnerable a nuevas epidemias.

El riesgo se vuelve aún más grave si se considera que los Waorani comparten territorio con los Tagaeri y Taromenane, los dos últimos pueblos en aislamiento o “no contacto con el mundo global” que superviven en Ecuador.

Jimmy Piaguaje, un joven comunicador Siekopai, considera que se está repitiendo la historia. “Por adentrarse en la selva años atrás, algunos abuelos han sobrevivido y son los que tenemos con nosotros… Están dejando un mensaje importante de que todavía sigue la memoria”.

Situaciones parecidas están viviendo las comunidades Waorani, Kichwa, Cofanes, Shuar, Achuar, Sapara, Andwa y Shiwiar. Como una medida de protección, por ejemplo, la nacionalidad Waorani restringió el ingreso de turistas y personas ajenas a su territorio.

Sin embargo, hoy, en su aislamiento, están desbastecidas y urgen atención con las ayudas, sobre todo desde los gobiernos locales y nacional.

En un comunicado del 13 de abril, la Nacionalidad Waorani alertó que enfrentan una situación humanitaria grave. Sus 4.000 integrantes están sin alimentos ni medicamentos, hay escasez de insumos como fósforo y jabón. Incluso denunció que más de 150 familias permanecen en las zonas urbanas de Shell, Coca y Tena sin poder ingresar a sus comunidades para abastecerse de alimentos de sus chacras como plátano, yuca y carne de monte.

Peor aún los de la nacionalidad Secoya que no pueden ni pescar porque sus ríos están contaminados ni ir de cacería ante la presión de gente extraña que invadido sus territorios, en especial de los caucheros.

Sin un protocolo específico

Desde varios frentes y desde diferentes organizaciones defensoras de estas comunidades se plantean al Estado acciones concretas para salvaguardar su supervivencia. La preocupación es generalizada, ya que las autoridades sanitarias no han emitido un protocolo específico y bajo concertación con las organizaciones indígenas y sus aliados.

Una Cartilla de recomendaciones para las comunidades indígenas de Ecuador frente a la pandemia ha sido emitida por un colectivo de organizaciones como Amazon Watch, Ecuarunari, Land is Life, Amazone Frontlines, Mujeres Amazónicas, Confeniae y otras.

Cómo evitar que llegue a las comunidades y el contagio

* Restringir la entrada y salida de personas del territorio.

* Quienes lleguen de fuera deben aislarse en su casa por 14 días.

* Las personas que presenten fiebre o síntomas de gripe no deben entrar i territorio ni a las comunidades.

* Como prevención, si es posible, adentrarse en las purinas, tambu o fincas.

* Como prevención, si es posible, adentrarse en las purinas, tambu o fincas.

Las organizaciones de la nacionalidad Waorani, asentada en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza, también elaboraron cartillas de recomendaciones en su idioma Wao Terero.

Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos solicitaron al Ministerio de Salud que realice un testeo masivo en la comunidad Secoya para disminuir el riesgo de contagio en este segmento poblacional.

La nacionalidad Waorani y la Confeniae instaron al Gobierno a que se adopten protocolos especiales para la protección de estos pueblos indígenas de la Amazonía de Ecuador. Insistieron en que se tomen medidas de control y restricció de las actividades del personal de las empresas petroleras que operan en los territorios indígenas para evitar la propagación de la pandemia.

Desde las diversas organizaciones se exige una atención inmediata para solucionar el desabastecimiento de alimentos y el dotamiento de reactivos para realizar la pruebas de Covid_19 en las comunidades.

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Rechazo unánime al contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía

Sus casas avistadas desde el espacio constituyen una de las evidencias de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento.

¿Desconocimiento total u osadía temeraria? ¡Juzgue usted! Pero el ministro de Ambiente de Ecuador, Raúl Ledesma, habla de que se ha propuesto contactarse con los Tagaeri – Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven en la Amazonía ecuatoriana.  

“Todavía no he podido contactarme con ellos, pero vamos a ver formas de comunicación”. Así lo dijo Ledesma en el reportaje ‘¿Yasuní o petróleo?’, de Visión 360, del domingo 13 de octubre. Incluso adujo que estos grupos indígenas, que evitan cualquier contacto con el mundo externo, tienen sus asambleas generales y que, a través de estas o las de los pueblos Waorani, socializarían proyectos de asistencia.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones absurdas, hay un afán expreso de empujar hacia un contacto forzado con estos grupos indígenas y que, más allá de cualquier intención de protegerlos, sería de contactarlos para dejar vía libre al extractivismo petrolero. El Parque Nacional Yasuní (al noreste de la Amazonía ecuatoriana y refugio de estos grupos) está saturado de bloques petroleros, lo que les expone a un peligro absoluto de exterminio, por la presión y riesgo de encuentros imprevistos y muchas veces violentos.

Frente a este tipo de peligros, escenario que se repite en otras regiones de la Amazonía, surgió una declaratoria de rechazo unánime a cualquier intento de contacto forzado con estos pueblos amazónicos en aislamiento.

Así lo decidieron organizaciones indígenas y no gubernamentales (entre estas Land is Life), líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos y nacionalidades, reunidos con motivo del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, el 10 y 11 de octubre.

Allí, delegaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Suriname analizaron la situación actual de estos pueblos. Además, conocieron los resultados del Informe ‘Pueblos Indígenas en Aislamiento: Territorios y desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco’. 

Los expertos advierten que ocurren retrocesos preocupantes en las políticas de protección. Lo peor que no se trata de hechos aislados en la región.  

En Bolivia, por ejemplo, se han dado retrocesos normativos y de políticas que han revertido los avances legales y dieron paso a planes extractivos, megarepresas hidroeléctricas, carreteras y la expansión de las fronteras agrícolas.

Ecuador y Perú han asumido medidas políticas que buscan evitar que el Estado asuma la responsabilidad de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. Inclusive se han dado el lujo de recategorizar los mismos para debilitar la protección e incrementar las áreas concesionadas, cediendo paso a los intereses extractrivistas. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno, por ejemplo, mediante el Decreto 751, del 21 de mayo del 2019, dio vía libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible del Yasuní.

En el caso de Brasil, resulta paradigmático el giro más radical con relación a la reorientación de políticas que constituyen una regresión con respecto a los marcos internacionales y a los estándares de protección de los derechos de estos pueblos.

LA DECLARATORIA DE LIMA

Las organizaciones, los líderes indígenas e investigadores armaron la Declaratoria conjunta de Lima. Lo hicieron para exigir que los Estados garanticen la protección y supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco.

Los puntos clave de la Declaratoria:

 * Rechazo a toda acción que promueva el contacto forzado con estos pueblos. Esto en observancia y respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y al principio de no contacto como principal directriz y derecho fundamental.

* Preocupación absoluta frente a los retrocesos que sufre la región en cuanto a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en general respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

* No son hechos aislados los retrocesos que vive la región sobre políticas de protección. En Perú y Ecuador, que tuvieron importantes avances en leyes, normas y directrices, hoy toman medidas políticas que esquivan la responsabilidad de los Estados de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. 

* Venezuela no tiene normas específicas para proteger a sus pueblos indígenas en aislamiento. Consideran importante urgir a la Asamblea Nacional Constituyente para que adopten las recomendaciones de las organizaciones indígenas, sus aliados y la Defensoría del Pueblo.

* Advierten conflictos sociales, degradación de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos fundamentales para los pueblos en aislamiento por implementación de megaproyectos hidrocarburíferas e hidroeléctricas, mineras y más. Las graves ausencias de protección estatal de los territorios han permitido las actividades ilícitas e ilegales.

*  Los impactos del ‘modelo de desarrollo’ causan efectos en diversos ámbitos: amenazas y criminalización de personas e instituciones ligadas a los derechos indígenas, debilitamiento de los estatutos de protección de los territorios y la negativa de Estados y empresas para adoptar el principio de precaución y más salvaguardas que garanticen la intangibilidad de los territorios.

* Ausencia de voluntad política de los gobiernos para implementar y observar las directrices de protección. En países como Perú se tiende a congelar o demorar las decisiones sobre nuevas demarcaciones territoriales para grupos en situación de aislamiento. Más bien, empieza a tomar fuerza la voluntad política para impulsar el modelo de desarrollo extractivo.

Los pueblos indígenas en aislamiento están en situación de vulnerabilidad por la inobservancia e invisibilización de sus derechos por parte de la sociedad envolvente. Por eso se propone la articulación permanente de un grupo de trabajo regional que impulse la protección de estos pueblos a escala internacional, regional, nacional y local.

Los avances de las investigaciones permitieron que crezca el número de registros de los pueblos indígenas en aislamiento entre 2005 y 2019. Sin embargo, el reconocimiento oficial de existencia y de sus territorios aún es un reto en Paraguay, Brasil, Colombia y Venezuela. El Informe Regional contiene información sobre 185 pueblos en situación de aislamiento, pero solo 66 están confirmados por los gobiernos.

Una de las conclusiones de este Informe y que preocupa es que las políticas implementadas en países como Ecuador no son el resultado de dinámicas aisladas o encapsuladas en el espacio nacional. Más bien reflejan un entramado regional, bajo el argumento de un ‘modelo de desarrollo’ en la Amazonía y El Chaco, que se contrapone y contradice las principales normas, leyes y estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Frente a los graves retrocesos, se reafirma un compromiso colectivo con la defensa de los derechos y la protección de los territorios y la vida de los PIACI. A la vez conminan a todos los sectores de la sociedad civil nacional e internacional a sumar esfuerzos y urgen a los estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección.

Una declaratoria conjunta de organizaciones, líderes indígenas y expertos exige a los Estados garantizar la protección y supervivencia de estos grupos, que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco. Fue difundida durante el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, Perú.
El Parque Nacional Yasuní es el refugio de los Tagaeri Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador.

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El movimiento indígena de Ecuador potenció su fortaleza en 12 días de resistencia

Las mujeres tuvieron un papel determinante en la resistencia a la brutal represión.

Increparon con firmeza al presidente Lenin Moreno por la represión y por su modelo económico. Tras 12 días de protestas y de resistir una brutal represión, lograron que el Primer Mandatario les llame a dialogar e hicieron que derogue un decreto con el que eliminó todos los subsidios a los combustibles.

Resistieron 12 días de protestas y una brutal represión del aparato estatal, oposición total de los medios de comunicación tradicionales, acoso y brotes de racismo de un sector de la población. Además, del afán del expresidente Rafael Correa y sus seguidores de usurpar las manifestaciones, dañándolas con actos violentos como del edificio de la Contraloría General del Estado y hasta de vehículos.

Fueron millares de personas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, junto con más organizaciones y sociedad civil, respondieron a la convocatoria de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie). Solo el miércoles 9 de octubre, lograron concentrar a más de más de 50.000 personas en Quito, la capital de Ecuador. Ese día, sitiaron las calles cercanas a la Presidencia de la República, en el Centro Histórico de Quito, el 9 de octubre. Pero también lograron paralizar a todas las provincias de la Sierra y la Amazonía.

Al final consiguieron el objetivo, en un diálogo con la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal. Más allá de lo coyuntural, el movimiento indígena volvió a posicionar su fuerza política en Ecuador. Se levantó luego de una década y más de arremetida, persecución-criminalización a dirigentes y ataques del gobierno del expresidente Rafael Correa.

No solo demostraron resistencia en las calles. También quedó evidente el liderazgo y capacidad de sus dirigentes, como ocurrió durante el Diálogo por la Paz o reunión con el Presidente de la República, el domingo 13.

Con un lenguaje sencillo y didáctico, Leonidas Iza, dirigente indígena de Cotopaxi, dio una cátedra al explicar sobre las repercusiones en la economía de la gente. Aparte que fue uno de los que más se mantuvo firme cuando, desde el Gobierno, hubo un intento de evadir la exigencia de derogar el decreto.

A su vez, Jaime Vargas, líder máximo de la Conaie, no dudó en cuestionar y advertir a Lenin Moreno que sus ministros no tienen voluntad política para acercamientos y menos para cumplir con compromisos con el sector indígena. “Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal señor Presidente”. Al tiempo que exigió un cambio en el modelo económico del país, hoy condicionado a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Más de 50.000 manifestantes sitiaron al Centro Histórico de Quito, el 9 de octubre. Fotos: Jaime Plaza

33 años de historia

Concentra a 18 pueblos y 14 nacionalidades. Como tal, la Conaie fue fundada el 16 de noviembre de 1986. Desde ese entonces, ha cumplido un papel fundamental en diferentes episodios de Ecuador.

“Hoy el movimiento indígena es la reserva moral del país”, es la afirmación de Marlon Santi, coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.

El homenaje a Inocencio Tucumbi, una de las ocho víctimas mortales de la represión de militares y policías.

Esta nueva página en la historia de los movimientos indígenas del Ecuador se escribió con sangre de 8 víctimas mortales, entre estos el dirigente Inocencio Tucumbi, y 1.340 heridos (ese es el reporte de la Defensoría del Pueblo)

Por eso, Mirian Cisneros, presidenta del pueblo Sarayaku, increpó al presidente Lenín Moreno y sentenció que “en tu conciencia quedan todos los hermanos caídos en esta lucha”.

Luego de 12 días de resistencia y una vez confirmada la derogatoria del polémico Decreto, ellos volvieron para rendir cuentas antes sus comunidades y a seguir trabajando junto a su gente.

Llegaron de provincias como Tungurahua y de toda la región Andina y Amazonía a sumarse a las protestas.

Ecuador y sus piruetas en cuidar a dos niñas indígenas arrancadas del aislamiento

Una de las niñas cuando era arrancada de su familia y su entorno. Fotos: tomadas del libro ‘Una tragedia ocultada’

Ellas son el vivo testimonio, la prueba misma de la existencia de los Tagaeri – Taromenane, los dos únicos pueblos indígenas en aislamiento que le quedan a Ecuador en su Amazonía. Después que masacraran a sus familias, aterrorizadas las sacaron de su territorio para llevarlas como ‘trofeo de guerra’ a que vivan en las casas de quienes atacaron y mataron a sus padres, hermanos, tíos… 

Son las hermanas N. y C., que tenían aproximadamente 3 y 6 años cuando ocurrió el ataque por parte de un grupo de indígenas waorani, el 30 de marzo del 2013. Esa tragedia ocurrió en su territorio, en las mismísimas entrañas del Parque Nacional Yasuní (en el norte de la Amazonía ecuatoriana), igual que otros tantos episodios trágicos que han puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos indígenas en aislamiento,  advierte que “en si la masacre de sus familias ya les generó un daño enorme, igual su separación al ser llevadas a dos comunidades distintas”.

Pues no solo las cortaron de raíz de su entorno, sino también a las dos las separaron. A la menor se la llevaron a la comunidad de Dikaro y a la mayor a Yarentaro.

Roberto Narváez, antropólogo e investigador de pueblos indígenas en aislamiento, asegura que se han cometido varias vulneraciones contra los derechos de las niñas, en especial:

  • Derecho a su familia, rota por la irrupción guerrera y la matanza.
  • Derecho a la identidad cultural y forma de vida.

Según Narváez, se trata de dos niñas de pueblos vulnerables por ese proceso sistemático de presión que, desde el propio Estado, genera amenazas a su territorio al abrir la frontera extractivista. “La situación actual de las niñas es producto de esa inacción y falta de garantías desde el Estado, ya que habían indicios de que iba ocurrir el ataque y que pudo ser evitado”.

Las incluyeron en un sistema gubernamental de protección a víctimas y testigos, como si se tratara de cualquier persona en riesgo por haber presenciado un delito y su testimonio es clave. Eso dejó al descubierto que Ecuador como Estado aún carece de una política sólida para proteger a un ser humano en las condiciones como las de C. y N. (por cierto, las leyes penales prohíben revelar los rostros e identidades para, en algo, proteger a las víctimas).

“Al no existir políticas públicas de protección hacia estos pueblos en aislamiento ocurre un discrimen manifiesto desde el Estado sobre su origen y su identidad”, sentencia el antropólogo Narváez.

Milagros Aguirre insiste en que “deben levantarles esa condición de testigos protegidos y dejarlas en paz con sus familias adoptivas. Que ellas decidan dónde y con quién quieren estar, garantizándolas su derecho a educación y salud, además de darles un subvención por daños causados por seis años de estar separadas”.

El reencuentro de las dos hermanas

Seis años después, el pasado 27 de agosto, la Fiscalía General provocó un reencuentro de las dos hermanas, bajo el argumento de “reforzar sus lazos afectivos, de confianza y afinidad”.

Pero no fue un encuentro en privacidad como ellas tiene derecho, sino en medio de las miradas curiosas de mucha gente muy extraña para ellas. No sabemos para qué, ni creemos era necesario, pero llegaron autoridades, fiscales, delegados de instituciones públicas y líderes indígenas.

Se trata de “acciones que permitan la asistencia integral a las niñas de la etnia tagaeri/taromenane”, dice la Fiscalía, en un comunicado de Prensa del 28

A ese desarraigo total que sufren las dos niñas, se suma que han tenido que de golpe estar expuestas a diversas situaciones absolutamente ajenas a las condiciones de aislamiento en que ellas vivían junto a sus familias.

“Aislamiento voluntario”, aún creen algunos. Pero es más forzado que nada, porque les han ido arrinconando las presiones de madereros, petroleros, visitantes externos y las mismas comunidades indígenas con quienes comparten sus territorios.

Un día de esos (el 26 de noviembre del 2013), a los funcionarios del Estado se les ocurrió ir por la niña más grande, en medio de un operativo con policías élite. La justificación era que ella corría peligro.

La sacaron del aula donde asistía a clases para trasladarla en un ruidoso helicóptero hasta el Coca, en la provincia de Orellana. La llevaron para hacerle chequeos médicos en el hospital público, ya que la niña tenía salpullidos y fiebre. Justamente ese es uno de los temores de Pichilingue, ya que el mayor riesgo para la niña C. “pudiera ser su exposición al contagio de enfermedades llevadas por turistas que visitan la zona, a pesar de que ella no esté expuesta directamente a ellos”.

Luego la reubicaron en la comunidad de Bameno. Antes, desde abril del 2013, ella permanecía en Yarentaro “contra su voluntad y pudo ser liberada… No se trató de un rescate sino de una medida de protección”, dijo la entonces viceministra de Justicia, Nadia Ruiz.

En las comunidades indígenas donde ahora viven tuvieron que ir asumiendo costumbres de los waorani y hasta de los mismos cowori (extraños que invaden sus territorios). A la más pequeña, por ejemplo, la inscribieron en el Registro Civil como hija de los captores.

Roberto Narváez hizo una preocupante advertencia: “La niña mayor ya es puber y, dentro del marco cultural waorani, a esa edad suele ocurrir las alinazas matrimoniales. De allí que desde el Estado deben definirse lineamientos de protección bajo acuerdo con la comunidad donde ahora vive”.

Las niñas tagaeri taromenane se adaptan a las costumbres de sus familias adoptivas.

El testimonio que valida toda una existencia

En medio de todas esas durísimas vivencias de las dos niñas, hay algo valioso que se ha logrado rescatar. Se trata de las revelaciones de C. sobre lo que constituye su pueblo y que valida todo esfuerzo por evitar su exterminio.

Este testimonio lo trae el libro ‘Historias y Presencias’. Se lo reconstruyó con base a conversaciones cotidianas de C. con quienes hoy vive y contadas por Penti Baigua, líder de la comunidad waorani de Bameno. 

Sorprende que la niña habla de que su grupo se identifica como waorani (no como los conocemos como tagaeri y taromenane). Aunque esa revelación pierde cierta validez cuando en Bameno muchas personas sostiene que C. es una tagaeri, como lo sostendría Teepa (hermana de Tagae, de quien se deriva el gentilicio), tras algunas conversaciones con la niña.

Con sus relatos, nos traslada a escenas como aquella en que sus padres vivían en la casa que estaba en construcción y que fuera atacada el 30 de marzo del 2013. Sus padres eran Tewe, de unos 50 años, y Dayume. Con su madre cruzaba un río (sería el Cononaco Chico) para recoger chonta.

También revela que cerca de su casa habían dos más de sus parientes y que guardaban hamacas, peinillas, shigras, cestas, cadabo (olla de barro), kakapa (fósforo del monte), algodón para los dardos, lanzas, cerbatanas y más.

En sus relatos, C. contó que tenía 10 hermanos, algunos de ellos vivían con su abuela Titera. Además, que tenía un hermano mellizo, Ewento, que murió en el ataque del 2013. Otros de sus hermanos, aún vivos, son Yato y Tayakemo.

Estos y más nombres permiten descubrir similitudes entre estos pueblos en aislamiento y los waorani. Incluso -según ‘Historias y Presencias’- se concluye que son mínimas las diferentes linguísticas entre su lengua y el Waoterero de los Waorani, sin descartar algunas diferencias en las terminaciones de algunas palabras o frases.

Estudiosos de estos pueblos, como el español Miguel Ángel Cabodevilla, afirmaron en reiteradas ocasiones que estos pueblos tienen una misma raíz. En la década de 1960, Taga (hijo de Ñihua) decidió separarse del grupo que se acogió al contacto evangelizador e internarse en la espesa selva y a sus seguidores y descendientes hoy se los conoce como Tagaeri.

Los relatos de C. dejan entrever la marca profunda que le provocó el ataque a sus familias del 30 de marzo del 2013. Vio que a su madre la dispararon y cayó muerta sobre el fogón, que mataron niños… que hicieron muchos disparos. C. y N. se selvaron de morir al permanecer medio ocultas bajo unas hojas en una esquina de la casa, pero luego las encontraron y se las llevaron.

Cuando sufrieron el ataque, sus familias estaban de fiesta porque construían la casa nueva. Pero ese día no estaban todos y que, por ejemplo, su tío Baika aún vive, al igual que dos familias que vivían cerca.

Estos recuerdos, aunque trágicos, que guarda C. tienen una gran valía: Es la memoria viva de familias indígenas en aislamiento que superviven en el Yasuní y que es fundamental que el Estado garantice sus vidas.

La niña C. es alimentada, durante la travesía de regreso hacia los comunidades de quienes atacaron a sus familias en el 2013.

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¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.