Las manos aliadas para supervivir confinados por el coronavirus

Las familias de Ucumari, cantón Nabón (Azuay), se juntan en minga para la cosecha. Foto: Archivo / Jaime Plaza

ECUADOR. Hortalizas, legumbres, maíz, papa, yuca, banano, frutas, granos… Esos y más frutos no han faltado en las mesas de miles de familias ecuatorianas, sobre todo de aquellas que se refugian temerosas en las urbes ante el avance incontrolable del nuevo coronavirus.

Mientras todos estamos confinados, ellos se ingenian modos para esquivar el riesgo de contagio y se afanan en cuidar sus huertos y cultivos, plantados en los diversos parajes de la Costa, Sierra y Amazonía. Así lo hacen durante la Emgencia Sanitaria, igual como lo han hecho desde siempre.

En este ‘interminable’ confinamiento por la Covid-19, sobre todo en las primeras semanas, estuvieron entre los que más abastecieron la demanda de alimentos. Así la mirada se volvió hacia los campos y se valore la verdadera importancia como proveedor de alimentos.

Lo hicieron desde diferentes frentes, como iniciativas individuales o en grupos, con el apoyo de programas y organizaciones.

Mujeres y hombres ofrecen los productos que cosechan en sus huertos urbanos agroecológicos. Fotos 2, 3, 4 y 5: Cortesía Conquito

Uno de esos ejemplos constituyen los huertos urbanos y familiares, impulsados por el Proyecto de Agricultura Urbana Participativa (Agrupar) del Municipio de Quito. Aunque están productivos desde hace varios años, esta propuesta se visibilizó durante la Emergencia Sanitaria, declarada desde el 17 de marzo, y los vecinos son los principales compradores.

Pablo Garófalo, experto del Proyecto Agrupar de Conquito, resaltó que la prioridad es el autoabastecimiento de alimentos para cada familia, vecinos y el barrio. “Por temas de movilización se ha atendido poco a la ciudadanía. Pero en algunos sectores, aunque en pequeñas cantidades, sí se logró entregar canastas a domicilio”. Mantienen los precios y la presentación como productos agroecológicos, que le da un valor agregado al tradicional.

El excedente también se oferta mediante mecanismos como la canasta popular de Agrokawsay de la Prefectura del Azuay, trueques (el randi randi o dando y dando con intercambio de productos, bajo el principio de reciprocidad) y donaciones. Como estrategia, se adquieren los productos componentes del canasto en los propios lugares de producción. Así abasteció con 22.000 canastas agroecológicas, compuestas por 20 productos, y 26.000 canastas solidarias hasta el 15 de mayo.

Dolores Morocho, integrante de la Asociación San Juan Bautista del cantón Nabón (sur de la provincia del Azuay, en el Austro ecuatoriano), no solo vendió más a sus vecinos, sino que también envía sus productos agroecológicos a la Megatienda, de Cuenca.

En cambio, el Programa Pequeñas Donaciones de Ecuador optó por acudir, mediante ‘proyectos ágiles’, en ayuda de 7.472 familias de las organizaciones comunitarias y pueblos de nacionalidades indígenas. Anamaría Varea, coordinadora del Programa, se contactaron con las familias y dirigentes para conocer en qué condiciones estaban y qué necesidades atender en la Emergencia Sanitaria. Se asignaron un fondo de hasta 5.000 dólares para contribuir a los planes comunitarios frente a la emergencia sanitaria, además de entregarles semillas e insumos para fortalecer sus huertos y parcelas agroecológicos.

Se priorizó la soberanía alimentaria del núcleo familiar, reforzando la agricultura agroecológica, y la comercialización de los excedentes de su producción. Para eso se les dotó de mascarillas, trajes antifluidos y guantes, sobre todo para que la entrega de canastas agroecológicas se haga con todas las seguridades sanitarias o de asepsia que exige el comprador para evitar el riesgo de contagio con la Covid-19.

Además, identificaron a grupos vulnerables, como familias con personas con discapacidades, enfermedades catastróficas y de la tercera edad para ayudarles con kits de alimentos.

No solo desde ahora ante la Emergencia Sanitaria que afrontamos los ecuatorianos, estas y otras propuestas se volvieron las manos aliadas para miles de familias. Son el resultado de procesos persistentes y que hoy pueden ser tomados como ejemplo en cada hogar como fuentes proveedoras de alimentos.

los huertos urbanos de quito

Rosa Ramírez muestra con orgullo lo que producen los huertos urbanos.

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa está en los diferentes barrios de Quito desde hace casi dos décadas. Hoy son alrededor de 1.400 iniciativas de personas, familias urbanas, periurbanas y rurales, y asociaciones barriales.

En estos huertos urbanos y familiares se cultivan hortalizas como lechuga, col, rábano, apio, albaca, brócoli, acelga, pepinillo, zuquini, y otros, además de frutas como mora, frutillas, babaco, tomate de árbol… hierbas medicinales como manzanilla, hierba luisa, orégano y más.

Aprovechan todo espacio posible para plantar sus huertos: terrazas, balcones, patios y pequeños terrenos aledaños a sus viviendas.

Varios hogares complementan la oferta con animales menores como gallinas, pollos, codornices, cuyes, conejos y trucha. También se incluye alimentos como encurtidos, mermeladas, granolas, quesos, pan, entre otros.

Su valor agregado radica en la agricultura, cuyos cultivos se nutren con abono orgánica. Por eso en el 2017, esta iniciativa de Quito fue galardonada con el Premio ‘Impulso por el Cambio’, que entrega Naciones Unidas, a través de Momentum For Change, a las soluciones ejemplares de desarrollo sostenible en el desafío al cambio climático.

Por una agricultura amigable

En plena siembra en la comunidad caluquí, cantón Otavalo, en Imbabura. Fotos: PPDEcuador

Trabajan en equipo y cobijados por asociaciones, poniendo en práctica la agricultura amigable con la naturaleza, a través de una propuesta agroecológica y agroforestal.

El Programa de Pequeñas Donaciones Ecuador (PPDEcuador) es encaminada por el Fondo para el Medioambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Prioriza a los sectores indígenas y campesinas, que están organizados y están comprometidos con la conservación de la biodiversidad.

Según Anamaría Varea, el trabajo se enfoca en la propuesta de biocorredores del buen vivir, es decir no solo se trata de mantener una producción sostenible sino también de cuidar los ecosistemas frágiles como los páramos en la Sierra, la selva en la Amazonía y los manglares en la Costa.

Desde el PPDEcuador, se asignan hasta 50.000 dólares y un monto similar de cofinanciamiento, además de implementar sus bancos de semillas, por cada unidad de biocorredor. Esta es considerada como un refugio de vida silvestre y cuidada por varias organizaciones que trabajan a través de un comité de gestión.

Mediante motivadores comunitarios, se incentiva el retorno a la producción en las huertas familiares, en las chacras o las fincas. El tipo de productos depende de la región y son sobre todo de ciclo corto.

Las frutas y más productos de ciclo corto.

Involucra a comunidades campesinas y pueblos indígenas, agrupadas en redes. Está, por ejemplo, la Red de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi (RESSAK), en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, que abarca a 270 familias.

Desde el PPDEcuador se da la asistencia de equipos técnicos, acompañamiento y monitoreo a los procesos de producción y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones.

También apoyan para lograr alianzas estratégicas con los municipios y otros aliados estratégicos como las universidades. Ahora en la fase operativa 7, por ejemplo, se trabajará con las comunidades vinculadas al programa Socio Bosque, del Ministerio del Ambiente, para respaldar sus bioemprendimientos.                  

Productos limpios de nabón y más

Agricultores de Ucumari, en Nabón, en plena cosecha de cebada. Fotos: Jaime Plaza

Las familias del cantón Nabón, al sur de la provincia de Azuay, también están empeñados en los cultivos orgánicos. Siembran hortalizas lechuga, brócoli, remolacha, zanahoria y frutas como tomate, mora y fresas.

En sectores como Ucumari, sus habitantes también siembran cebada, maíz y hasta café orgánico en la zona baja.

La cosecha del café orgánico en Ucumari, occidente de Nabón.

Están bajo el proyecto Nabón Productos Limpios, que incentiva a la producción agroecológica y es encaminado desde la segunda administración de la  alcaldesa Magali Quezada (2014-2019). Hoy engloba a más de 45 agricultores de ocho asociaciones.

No muy lejos de ahí, en Zamora Chinchipe, provincia del sur de la Amazonía, están los huertos orgánicos que, en la administración del anterior prefecto Salvador Quishpe, fueron cobijados por el proyecto ‘Territorios de Producción Limpia’. Acogió a cerca de 500 familias, que producen para consumo propio y para la venta, además buscando reducir los pastizales y de reforestar las áreas degradadas con cultivos de café y cacao.

Así desde la Costa, la Sierra o la Amazonía, los pequeños productores, agricultores y campesinos se convirtieron en la gran mano aliada para resistir el confinamiento, en especial con el abasto de alimentos desde sus huertas y campos. Hoy son el ejemplo a seguir en el afán de contar con productos propios para la subsistencia alimenticia.

Igual que ahora, en tiempos normales, en mercados de la Amazonía, como el del cantón Yanzatza, se podía encontrar yuca, verde, papaya y mucho más.

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La nación Siekopai teme su exterminio por el coronavirus

Los siekopai piden ayuda a la comunidad internacional para resistir al Covid-19. Fotos: Amazon Frontlines y Alianza Ceibo

ECUADOR. A la Nación Siekopai (Secoya) le dan vida 744 personas, repartidas en 184 familias. Pero hoy se sienten en riesgo de exterminio total por su alta vulnerabilidad ante la pandemia del nuevo coronavirus. Su temor aumentó tras la muerte de dos de sus adultos mayores con síntomas relacionados con el Covid_19, entre el 14 y 21 de abril. 

Ni las insistentes advertencias ante las sospechas de presencia de casos de contagio entre los habitantes de sus comunidades tuvieron respuesta desde las autoridades locales y nacionales. Por lo que, por cuenta propia emprendieron diversas gestiones para conseguir 50 pruebas rápidas. Estas fueron aplicadas por una brigada del Ministerio de Salud a 44 personas Siekopai, de las cuales 14 dieron positivo al virus.

Otras ocho pruebas fueron usadas en personal de Salud. Para colmo, tres dieron positivo a Covid_19. Se desconoce cuál fue el protocolo que se siguió con el personal en mención.

A los habitantes de la comunidad Bella Vista se aplicaron las pruebas rápidas.

Situaciones similares están viviendo todos los pueblos y nacionalidades indígenas. Por eso, este miércoles 6 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la alta vulnerabilidad en la que estos se encuentran frente a la pandemia. Llamó a los diferentes Estados a tomar medidas urgentes y específicas para proteger su derecho a la salud. Pero instó a que sean acordes con su cultura y respeto a sus territorios.

La CIDH expresó su más profunda preocupación por los impactos de la pandemia de Covid-19 sobre los pueblos indígenas.

La CIDH advirtió sobre la especial vulnerabilidad en la que están, particularmente los pueblos en aislamiento en aislamiento (como los tagaeri y taromenane de Ecuador) y contacto inicial (los waorani de la Amazonía ecuatoriana).

El organismo defensor de los derechos humanos resaltó la necesidad de respuestas específicas para este segmento especial de la población indígena, “que sean respetuosas de su cosmovisión y diversiadad cultural”.

De su parte, Justino Piguaje, presidente de la Nacionalidad Siekopai, envió un pedido de auxilio a la comunidad internacional y al Estado ecuatoriano. 

En su aislamiento por la Emergencia Sanitaria, están viviendo una verdadera crisis de alimentos ante la imposibilidad de autosustentarse mediante la pesca y con sus chacras. 

Por eso exigen que el Ministerio de Inclusión Económica y Social cumpla con la entrega de 84 kits de alimentos, comprometidos ante la dirigencia Secoya y defensores de Derechos Humanos. Pero que esa provisión de alimentos sea hasta que se levante el aislamiento y se ajuste a sus necesidades y costumbres, sobre todo que en cada familia son entre 7 y 9 integrantes.

Pero el mayor pedido es al Estado ecuatoriano para que se implementen protocolos y directrices para el manejo de la crisis sanitaria y se evite más propagación y mortandad. Estas fueron elaborados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).

También se exige la realización de pruebas masivas en las diferentes comunidades y comunas. Para eso requieren la dotación suficiente de pruebas rápidas, pruebas PCR y equipos de bioseguridad (mascarillas, gel, trajes, etc.)

En la frontera Ecuador-Perú

Se trata de una nacionalidad indígena transfronteriza entre Ecuador y Perú. Su escasa densidad demográfica está repartida en seis comunidades: San Pablo de Katëtsiaya, Wa’iya, Bellavista, Siekoya Remolino, Sewaya y Eno, dentro de los cantones Cuyabeno y Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía.   

En Ecuador, los Secoya han sido despojados de más del 95% de su territorio ancestral y actualmente se encuentra rodeado de infraestructura petrolera, cultivos de palma aceitera y poblados mestizos.

Ese panorama incrementa notablemente los riesgos asociados al nuevo coronavirus. A la presión de gente extraña a sus territorios, se suma el incremento de actividades ilegales.

Así, por ejemplo, el pasado 26 de marzo, denunciaron la presencia de una cantidad importante de pescados envenenados en el río Shushufindi. Esto agrava más su pervivencia alimentaria.

Se agrava si situación de vulnerabilidad, en especial en derechos humanos y colectivos, al estar expuestos a situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, presión de actividades extractivas o forestales generadoras de despojo. Además, que carecen de infraestructura de salud, problemas de abastecimiento alimentario, agua potable y bioseguridad.

Un grupo de indígenas siekopai navega en canoas por el río Aguarico.

La situación de los pueblos indígenas en la región

Los pueblos indígenas de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y otros países están afrontando un grave peligro frente a la pandemia. 

Los indígenas de la Amazonía atraviesan la mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en Manaos, Brasil, ya ocurrió el fallecimiento de 16 indígenas por el coronavirus. Lo peor que este advierte el peligro de que se abra camino a las invasiones de tierras indígenas, sobre todo ante la incontrolable invasión de extraños en sus reservas.

El nuevo coronavirus ataca a una región recién azotada por uno de los peores brotes de dengue en la historia, además de una epidemia de zika y brotes de sarampión. A los expertos les preocupa que una persona que adolezca de otra enfermedad, sea golpeada por el Covid-19.

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Los amazónicos demandan por el derrame de petróleo

Miembros de la comunidad indígena San Pedro de Río Coca se lamentan por los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río. Fotos: Telmo Ibarburu

ECUADOR. Sin la posibilidad de abastecerse de agua y alimentos porque su principal fuente, el río, está contaminada. El derrame de 15.000 barriles de petróleo dejó cubiertas a sus riberas por grandes manchas negras y grasosas.

Así no pueden pescar ni regar sus chacras y hoy enfrentan una limitación severa de alimentos. Por eso muchos se ven obligados a salir a los poblados para abastecerse, con el serio riesgo de contagiarse con el Covid_19. Así las comunidades kichwa sufren una afectación cultural y de derechos humanos.

120.000 personas de poblados urbanos y 105 comunidades están entre las afectadas. Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), 35.000 (27.000 pertenecen a las comunidades indígenas) sufren afectación directa. La mayoría son Kichwa y Shuar de 21 parroquias, asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.

En un intento por remediar el daño, se han repartido raciones alimenticias y a algunas familias entregan bidones de 10 litros de agua, cada cuatro días.

“Una simple funda de comida no remedia todo el daño causado”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana

Marlene Cachipuendo, una de las afectadas, contó que “vinieron los de Petroecuador y dijeron solo es un poquito de contaminación, ya les estamos dando agua”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana, no dudó en calificar a dichas actividades de remediación como “una verdadera grosería. En vez de repartir esos bidones que, engrosan la contaminación, no se les ocurre entregar tanques para recolectar el agua de tanta lluvia que cae acá”.

Aún más, a los mismos indígenas les pagan para que realicen las tareas de limpiezas de la contaminación, pero eso está causando enfermedades en ellos.

La demanda de Acción de Protección

Las comunidades afectadas, representadas por Confeniae, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) y los Vicariatos de Oellana y Sucumbíos, presentaron la acción legal ante un juez de Orellana, este miércoles 29 de abril. Lo hicieron con el respaldo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Restauración ambiental urgente, reparación integral para los afectados y reubicación de los oleoductos para evitar que ocurran futuros derrames. Esas son las exigencias que incluye la demanda de Acción de Protección y Medidas Cautelares, que interpusieron los afectados por el derrame del 7 de abril.

Este proceso penal es en contra de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ambiente y Salud, además de Petroecuador y OCP Ecuador. Obedece a la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, salud, a vivir en un ambiente sano, al territorio de los pueblos y nacionalidades y a los derechos de la naturaleza.

Carlos Jipa, presidente de la Fcunae, denuncia que las empresas petroleras han tratado de dividir a las comunidades, pero “hoy estamos consolidados y tenemos la petición desde las comunas para que se lance esta demanda”.

Los demandantes alegan que este derrame se pudo prever, ya que expertos del Instituto Geofísico alertaron sobre la inestabilidad de la zona, especial por la cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, aparte de los constantes deslaves y torrenciales aguaceros.

Lo peor de todo es que tampoco comunicaron rápido a las comunidades y la gente muy temprano, como de costumbre, ya estaba en el cauce del río. Hubo niños que acudieron a pescar y regresaron a sus casas cubiertos del grasoso crudo.

Como un reciente antecedente está el colapso de la cascada San Rafael por un zocavón, ocurrido en febrero último. Tras ese hecho, los expertos también alertaron de una erosión regresiva de los suelos, como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ponía en riesgo a los oleoductos.

No obstante, ni el Estado ni OCP actuaron a tiempo para evitar que suceda este derrame, considerado el más grande en los últimos 15 años.

Por eso, Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines y parte del equipo legal de los afectados, insistió que el Estado ecuatoriano, OCP Ecuador y Petroecuador deben asumir la responsabilidad.

El mayor derrame de petróleo en los últimos 15 años.

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Las comunidades amazónicas insisten en la cuarentena

Las comunidades amazónicas prefieren mantenerse a buen recaudo ante el peligro de contagio del Covid_19. Foto: Jaime Plaza

ECUADOR. Sus comunidades no dejarán la cuarentena y el aislamiento para evitar la expansión de contagios de Covid_19. Esa es la decisión que asumieron las diferentes organizaciones y líderes indígenas de la Amazonía.

Los dirigentes indígenas argumentan que es para mantener la protección a sus poblaciones ante la pandemia, sobre todo considerando su mayor vulnerabilidad. Pues, en las dos primeras semanas de abril se reportó, al menos, tres fallecimientos de indíegnas amazónicos con síntomas relacionados con el nuevo coronavirus. Además, 20 personas de la comunidad Secoya presentaron afecciones similares a las de la Covid_19.

Así mostraron su desacuerdo con la disposición del Gobierno ecuatoriano de que, a partir del lunes 4 de mayo, se retomen las actividades económicas en el país. Aunque asumir esa decisión, dejó en manos de los alcaldes de cada cantón y que se aplicará un mecanismo de semáforos, empezando por el rojo para aquellas zonas donde se mantiene la tendencia al crecimiento de los casos de contagio.

Sin embargo, la Federación Médica Ecuatoriana alertó al Gobierno que el país no cumple con las condiciones establecidas por la Organización Mundial de la Saludd (OMS) para abandonar la cuarentena y cita. Mediante un comunicado público, insistió que se deben tomar “decisiones absolutamente técnicas, basadas en evidencia científica… No cabe admitir que intereses de tipo económico, en el evento no consentido, vengan de donde vengan, primen sobre los preservar la vida y salud de la población”.

Los médicos tienen la autoridad suficiente por estar en primera línea en el combate contra la pandemia y argumentan que la cantidad de exámenes realizados no son suficientes para detectar y manejar contagios. A parte que la curva de incidencia no ha bajado y que persisten condiciones de alto riesgo de contagio y complicaciones que sobrepasarían la capacidad de respuesta de las unidades de salud.

Incluso la Organización Panamericana de Salud informó que la semana pasada se registraron más de 250.000 casos nuevos en las América. La mayoría fue en Estados Unidos, seguido de Brasil, Canadá, Ecuador y México. A tal punto que incluyó a nuestro país entre aquellos con transmisión comunitaria continua.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que “levantar el confinamiento en forma precipitada podría tener un mayor impacto”.

Condiciones de la OMS para levantar la cuarentena

  1. Que la tranmisión del virus esté controlada.
  2. Que los sistemas de salud estén preparados para detectar, probar, aislar, tratar cada caso y rastrear cada contacto.
  3. Minimizar los riesgos de nuevos brotes en residencias de ancianos y centros de salud.
  4. Que los lugares de trabajo, colegios e infraestructura esenciales dispongan de medidas preventivas.
  5. El riesgo de importación de nuevos casos debe estar bajo control.
  6. La sociedad debe estar totalmente educada, comprometida y capacitada para ajustarse a la nueva norma.

Por eso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) prefirió la continuidad de la cuarentena en los territorios de las nacionalidades amazónicas hasta el 31 de mayo. Igual resolución fue adoptada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Una de las principales recomendaciones de la Confeniae es quedarse en el territorio comunitario. Al tiempo que advierte que las comunidades se encuentan ante “una de las más graves amenazas biológicas para la pervivencia de nuestros pueblos”. Además, que por la desigualdad y discriminación en la atención desde la salud pública los pone en primera línea de riesgo ante la expansión de la pandemía en la Amazonía.

Exige del Estado sistemas de protección sanitaria, bajo las consideraciones de sus especificidades sociales y culturales.

Asimismo, Marlon Santi, presidente de la Confeniae, instó a que se implementen mecanismos de coordinación específicos entre los Comités de Operaciones de Emergencia y el Ministerio de Salud Pública con las organizaciones indígenas.

La Confeniae y la Conaie anticiparon que mantendrán activas las guardias comunitarias para resguardar a las comunidades y controlar el acceso a las mismas y la disciplina. Además, se continua con la difusión de las recomendaciones para la prevención en idiomas nativos.

El trueque o intercambio comunitario y ferias se han convertido en una estrategia muy importante para la provisión de alimentos. Las organizaciones también acuden con ayudas alimenticias para diversas familias. Aunque en comunidades como Hatun Playa, en el territorio Kawsak Sacha (Selva Viva) en el sur del Parque Nacional Yasuní, el principal sustento sale del bosque y del río.

Asimismo, desde la Secretaría Técnica de la CTEA se anunció que se distribuirán 4’350.000 dólares del Fondo Común para combatir la pandemía en el territorio amazónico, en especial para adquirir pruebas de Covid, equipos de bioseguridad, insumios sanitarios, medicamentos y otros.

En fin, así es como las comunidades indígenas resisten este aislamiento forzado ante el ataque del nuevo coronavirus.

La Confeniae y mas organizaciones acuden con ayudas alimenticias a las comunidades. Foto: Comunicación Confeniae

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Indígenas amazónicos en riesgo crítico por el coronavirus

La nacionalidad Waorani es una de las poblaciones indígenas amazónicas más vulnerable ante la pandemia. Foto: Waorani Resistencia Pastaza.

Una persona adulta mayor de la nacionalidad Secoya falleció con síntomas relacionados con el Covid_19. Otros 20 miembros de esa misma comunidad indígena de la Amazonía de Ecuador han presentado síntomas del nuevo coronavirus, en los últimos 15 días.

Esta situación activó aún más las alarmas y la preocupación por el grave riesgo de contagio al que están expuestos los indígenas amazónicos.

En comunidades como la de la Nacionalidad Siekopai (Secoya, ubicada en la provincia de Sucumbíos) asumieron iniciativas propias. 40 secoyas, entre ancianos y varias familias, se trasladaron en cuatro canoas río abajo para refugiarse en Pë’këya (Lagartococha), su territorio ancestral. Lo hicieron ante la falta de protocolos específicos y decisiones insuficientes desde el Estado ecuatoriano. Sin embargo, la mayoría se mantiene en el territorio que actualmente ocupan.

En la nacionalidad Secoya decidieron poner a buen recaudo a 40 ancianos y mujeres para evitar su contagio con el virus. Foto: Amazon Frontlines y Alianza Ceibo

“Estamos muy cerca de esta enfermedad. La intención es estar totalmente aislados”, es lo asegura Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad Siekopai. Agrega que es escapar “para salvar nuestras vidas en estas circunstancias, ya que no tenemos apoyo del gobierno local ni nacional”.

A propósito, los abuelos y abuelas secoya recordaron sobre las epidemias que sufrieron sus antepasados y no lograron sobrevivir. Se vieron afectados por enfermedades como la ”tosferina” (gripe), contagiadas por misioneros, viajeros o caucheros que invadían sus territorios, lo que les empujó a refugiarse en la profundidad de la selva. De los alrededor de 40.000 secoyas que eran, hoy son apenas 700.

Desde la nacionalidad Waorani también se advierte que son una comunidad indígena de reciente contacto, con una historia de enfermedades introducidas, a través de los procesos de colonización. Además, que su sistema inmunológico es muy vulnerable a nuevas epidemias.

El riesgo se vuelve aún más grave si se considera que los Waorani comparten territorio con los Tagaeri y Taromenane, los dos últimos pueblos en aislamiento o “no contacto con el mundo global” que superviven en Ecuador.

Jimmy Piaguaje, un joven comunicador Siekopai, considera que se está repitiendo la historia. “Por adentrarse en la selva años atrás, algunos abuelos han sobrevivido y son los que tenemos con nosotros… Están dejando un mensaje importante de que todavía sigue la memoria”.

Situaciones parecidas están viviendo las comunidades Waorani, Kichwa, Cofanes, Shuar, Achuar, Sapara, Andwa y Shiwiar. Como una medida de protección, por ejemplo, la nacionalidad Waorani restringió el ingreso de turistas y personas ajenas a su territorio.

Sin embargo, hoy, en su aislamiento, están desbastecidas y urgen atención con las ayudas, sobre todo desde los gobiernos locales y nacional.

En un comunicado del 13 de abril, la Nacionalidad Waorani alertó que enfrentan una situación humanitaria grave. Sus 4.000 integrantes están sin alimentos ni medicamentos, hay escasez de insumos como fósforo y jabón. Incluso denunció que más de 150 familias permanecen en las zonas urbanas de Shell, Coca y Tena sin poder ingresar a sus comunidades para abastecerse de alimentos de sus chacras como plátano, yuca y carne de monte.

Peor aún los de la nacionalidad Secoya que no pueden ni pescar porque sus ríos están contaminados ni ir de cacería ante la presión de gente extraña que invadido sus territorios, en especial de los caucheros.

Sin un protocolo específico

Desde varios frentes y desde diferentes organizaciones defensoras de estas comunidades se plantean al Estado acciones concretas para salvaguardar su supervivencia. La preocupación es generalizada, ya que las autoridades sanitarias no han emitido un protocolo específico y bajo concertación con las organizaciones indígenas y sus aliados.

Una Cartilla de recomendaciones para las comunidades indígenas de Ecuador frente a la pandemia ha sido emitida por un colectivo de organizaciones como Amazon Watch, Ecuarunari, Land is Life, Amazone Frontlines, Mujeres Amazónicas, Confeniae y otras.

Cómo evitar que llegue a las comunidades y el contagio

* Restringir la entrada y salida de personas del territorio.

* Quienes lleguen de fuera deben aislarse en su casa por 14 días.

* Las personas que presenten fiebre o síntomas de gripe no deben entrar i territorio ni a las comunidades.

* Como prevención, si es posible, adentrarse en las purinas, tambu o fincas.

* Como prevención, si es posible, adentrarse en las purinas, tambu o fincas.

Las organizaciones de la nacionalidad Waorani, asentada en las provincias de Orellana, Napo y Pastaza, también elaboraron cartillas de recomendaciones en su idioma Wao Terero.

Por su parte, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos solicitaron al Ministerio de Salud que realice un testeo masivo en la comunidad Secoya para disminuir el riesgo de contagio en este segmento poblacional.

La nacionalidad Waorani y la Confeniae instaron al Gobierno a que se adopten protocolos especiales para la protección de estos pueblos indígenas de la Amazonía de Ecuador. Insistieron en que se tomen medidas de control y restricció de las actividades del personal de las empresas petroleras que operan en los territorios indígenas para evitar la propagación de la pandemia.

Desde las diversas organizaciones se exige una atención inmediata para solucionar el desabastecimiento de alimentos y el dotamiento de reactivos para realizar la pruebas de Covid_19 en las comunidades.

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Ecuador y sus piruetas en cuidar a dos niñas indígenas arrancadas del aislamiento

Una de las niñas cuando era arrancada de su familia y su entorno. Fotos: tomadas del libro ‘Una tragedia ocultada’

Ellas son el vivo testimonio, la prueba misma de la existencia de los Tagaeri – Taromenane, los dos únicos pueblos indígenas en aislamiento que le quedan a Ecuador en su Amazonía. Después que masacraran a sus familias, aterrorizadas las sacaron de su territorio para llevarlas como ‘trofeo de guerra’ a que vivan en las casas de quienes atacaron y mataron a sus padres, hermanos, tíos… 

Son las hermanas N. y C., que tenían aproximadamente 3 y 6 años cuando ocurrió el ataque por parte de un grupo de indígenas waorani, el 30 de marzo del 2013. Esa tragedia ocurrió en su territorio, en las mismísimas entrañas del Parque Nacional Yasuní (en el norte de la Amazonía ecuatoriana), igual que otros tantos episodios trágicos que han puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos indígenas en aislamiento,  advierte que “en si la masacre de sus familias ya les generó un daño enorme, igual su separación al ser llevadas a dos comunidades distintas”.

Pues no solo las cortaron de raíz de su entorno, sino también a las dos las separaron. A la menor se la llevaron a la comunidad de Dikaro y a la mayor a Yarentaro.

Roberto Narváez, antropólogo e investigador de pueblos indígenas en aislamiento, asegura que se han cometido varias vulneraciones contra los derechos de las niñas, en especial:

  • Derecho a su familia, rota por la irrupción guerrera y la matanza.
  • Derecho a la identidad cultural y forma de vida.

Según Narváez, se trata de dos niñas de pueblos vulnerables por ese proceso sistemático de presión que, desde el propio Estado, genera amenazas a su territorio al abrir la frontera extractivista. “La situación actual de las niñas es producto de esa inacción y falta de garantías desde el Estado, ya que habían indicios de que iba ocurrir el ataque y que pudo ser evitado”.

Las incluyeron en un sistema gubernamental de protección a víctimas y testigos, como si se tratara de cualquier persona en riesgo por haber presenciado un delito y su testimonio es clave. Eso dejó al descubierto que Ecuador como Estado aún carece de una política sólida para proteger a un ser humano en las condiciones como las de C. y N. (por cierto, las leyes penales prohíben revelar los rostros e identidades para, en algo, proteger a las víctimas).

“Al no existir políticas públicas de protección hacia estos pueblos en aislamiento ocurre un discrimen manifiesto desde el Estado sobre su origen y su identidad”, sentencia el antropólogo Narváez.

Milagros Aguirre insiste en que “deben levantarles esa condición de testigos protegidos y dejarlas en paz con sus familias adoptivas. Que ellas decidan dónde y con quién quieren estar, garantizándolas su derecho a educación y salud, además de darles un subvención por daños causados por seis años de estar separadas”.

El reencuentro de las dos hermanas

Seis años después, el pasado 27 de agosto, la Fiscalía General provocó un reencuentro de las dos hermanas, bajo el argumento de “reforzar sus lazos afectivos, de confianza y afinidad”.

Pero no fue un encuentro en privacidad como ellas tiene derecho, sino en medio de las miradas curiosas de mucha gente muy extraña para ellas. No sabemos para qué, ni creemos era necesario, pero llegaron autoridades, fiscales, delegados de instituciones públicas y líderes indígenas.

Se trata de “acciones que permitan la asistencia integral a las niñas de la etnia tagaeri/taromenane”, dice la Fiscalía, en un comunicado de Prensa del 28

A ese desarraigo total que sufren las dos niñas, se suma que han tenido que de golpe estar expuestas a diversas situaciones absolutamente ajenas a las condiciones de aislamiento en que ellas vivían junto a sus familias.

“Aislamiento voluntario”, aún creen algunos. Pero es más forzado que nada, porque les han ido arrinconando las presiones de madereros, petroleros, visitantes externos y las mismas comunidades indígenas con quienes comparten sus territorios.

Un día de esos (el 26 de noviembre del 2013), a los funcionarios del Estado se les ocurrió ir por la niña más grande, en medio de un operativo con policías élite. La justificación era que ella corría peligro.

La sacaron del aula donde asistía a clases para trasladarla en un ruidoso helicóptero hasta el Coca, en la provincia de Orellana. La llevaron para hacerle chequeos médicos en el hospital público, ya que la niña tenía salpullidos y fiebre. Justamente ese es uno de los temores de Pichilingue, ya que el mayor riesgo para la niña C. “pudiera ser su exposición al contagio de enfermedades llevadas por turistas que visitan la zona, a pesar de que ella no esté expuesta directamente a ellos”.

Luego la reubicaron en la comunidad de Bameno. Antes, desde abril del 2013, ella permanecía en Yarentaro “contra su voluntad y pudo ser liberada… No se trató de un rescate sino de una medida de protección”, dijo la entonces viceministra de Justicia, Nadia Ruiz.

En las comunidades indígenas donde ahora viven tuvieron que ir asumiendo costumbres de los waorani y hasta de los mismos cowori (extraños que invaden sus territorios). A la más pequeña, por ejemplo, la inscribieron en el Registro Civil como hija de los captores.

Roberto Narváez hizo una preocupante advertencia: “La niña mayor ya es puber y, dentro del marco cultural waorani, a esa edad suele ocurrir las alinazas matrimoniales. De allí que desde el Estado deben definirse lineamientos de protección bajo acuerdo con la comunidad donde ahora vive”.

Las niñas tagaeri taromenane se adaptan a las costumbres de sus familias adoptivas.

El testimonio que valida toda una existencia

En medio de todas esas durísimas vivencias de las dos niñas, hay algo valioso que se ha logrado rescatar. Se trata de las revelaciones de C. sobre lo que constituye su pueblo y que valida todo esfuerzo por evitar su exterminio.

Este testimonio lo trae el libro ‘Historias y Presencias’. Se lo reconstruyó con base a conversaciones cotidianas de C. con quienes hoy vive y contadas por Penti Baigua, líder de la comunidad waorani de Bameno. 

Sorprende que la niña habla de que su grupo se identifica como waorani (no como los conocemos como tagaeri y taromenane). Aunque esa revelación pierde cierta validez cuando en Bameno muchas personas sostiene que C. es una tagaeri, como lo sostendría Teepa (hermana de Tagae, de quien se deriva el gentilicio), tras algunas conversaciones con la niña.

Con sus relatos, nos traslada a escenas como aquella en que sus padres vivían en la casa que estaba en construcción y que fuera atacada el 30 de marzo del 2013. Sus padres eran Tewe, de unos 50 años, y Dayume. Con su madre cruzaba un río (sería el Cononaco Chico) para recoger chonta.

También revela que cerca de su casa habían dos más de sus parientes y que guardaban hamacas, peinillas, shigras, cestas, cadabo (olla de barro), kakapa (fósforo del monte), algodón para los dardos, lanzas, cerbatanas y más.

En sus relatos, C. contó que tenía 10 hermanos, algunos de ellos vivían con su abuela Titera. Además, que tenía un hermano mellizo, Ewento, que murió en el ataque del 2013. Otros de sus hermanos, aún vivos, son Yato y Tayakemo.

Estos y más nombres permiten descubrir similitudes entre estos pueblos en aislamiento y los waorani. Incluso -según ‘Historias y Presencias’- se concluye que son mínimas las diferentes linguísticas entre su lengua y el Waoterero de los Waorani, sin descartar algunas diferencias en las terminaciones de algunas palabras o frases.

Estudiosos de estos pueblos, como el español Miguel Ángel Cabodevilla, afirmaron en reiteradas ocasiones que estos pueblos tienen una misma raíz. En la década de 1960, Taga (hijo de Ñihua) decidió separarse del grupo que se acogió al contacto evangelizador e internarse en la espesa selva y a sus seguidores y descendientes hoy se los conoce como Tagaeri.

Los relatos de C. dejan entrever la marca profunda que le provocó el ataque a sus familias del 30 de marzo del 2013. Vio que a su madre la dispararon y cayó muerta sobre el fogón, que mataron niños… que hicieron muchos disparos. C. y N. se selvaron de morir al permanecer medio ocultas bajo unas hojas en una esquina de la casa, pero luego las encontraron y se las llevaron.

Cuando sufrieron el ataque, sus familias estaban de fiesta porque construían la casa nueva. Pero ese día no estaban todos y que, por ejemplo, su tío Baika aún vive, al igual que dos familias que vivían cerca.

Estos recuerdos, aunque trágicos, que guarda C. tienen una gran valía: Es la memoria viva de familias indígenas en aislamiento que superviven en el Yasuní y que es fundamental que el Estado garantice sus vidas.

La niña C. es alimentada, durante la travesía de regreso hacia los comunidades de quienes atacaron a sus familias en el 2013.

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¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.

Una sentencia ‘precedente’ para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento

Por el ataque y matanza a una familias indígenas en aislamiento, 10 waorani fueron sentenciados bajo una visión de interculturalidad. Fotos: Fiscalía General del Estado

El hecho mismo de que ya exista una sentencia condenatoria marca un precedente. Así lo consideran algunos entendidos en el tema sobre la sentencia de un Tribunal Penal contra 10 indígenas waorani por el ataque a familias en aislamiento de la Amazonía ecuatoriana, ocurrido el 30 de marzo del 2013.

En ese entonces, 17 waorani se encaminaron selva adentro hasta un asentamiento (casa que la estuvieron construyendo) de un grupo indígena en aislamiento. Este último sería parte de los tagaeri – taromenane, que superviven en el Parque Nacional Yasuní y están al borde del exterminio por diversas formas de presión, entre estas la extracción petrolera.

Los waorani atacaron con armas de fuego, provocando una matanza, sobre todo de mujeres y niños (serían más de 20 las víctimas). Además, trasladaron a la fuerza a dos niñas (en ese entonces de 7 y 9 años), quienes hoy viven en comunidades waorani.

El 5 de marzo del 2013, dos ancianos waorani, Ompure y su esposa Buganey, murieron lanceados en la chakra cerca de su casa. De allí que el ataque fue en cumplimiento de una tradición de venganza por esas dos muertes.

Todo lo antes anotado es con base a los testimonios de los hoy sentenciados, incluso a fotografías por ellos mismo captadas en el sitio donde ocurrió el ataque.

En audiencia pública en Pompeya, una comunidad de la provincia amazónica de Orellana, los jueces de la provincia amazónica de Orellana anunciaron su resolución. Acudieron 11 de los 17 acusados (uno fue absuelto). Queda pendiente la presentación de otros seis imputados.

La sentencia (leída en español y waoterero –lengua waorani-)

  • 200 horas de trabajo comunitario por año, durante cuatro años, en las comunidades cercanas a sus casas.
  •  La construcción de chakras y casas tradicionales waorani.
  • Una fiesta cultural waorani en una comunidad que será escogida por la Comisión encargada de hacer seguimiento de la sentencia.
  • Que se oficie –previo a la fiesta- a la Secretaría de Derechos Humanos para que realice una inducción de derechos humanos, en especial el derecho a la vida.

Un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado explica que los jueces resolvieron que se trata de un homicidio, delito tipificado en el Artículo 449 del Código Penal anterior y 144 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero el Tribunal Penal, acogiéndose a principios de interculturalidad, “dispuso una pena conforme a la cosmovisión indígena, previa coordinación con ancianos waorani”.

Según la Fiscalía, esta sentencia “se encuentra estipulada en los principios de interculturalidad, contenidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales…”.

El Estado ecuatoriano, en deuda

Esta es la primera sentencia sobre estos casos y es un avance. ¡Al fin una sentencia tras seis años de lo ocurrido, después de tantas dilataciones! Si es suficiente o no, fluirán diversas posiciones, hasta algunas polémicas. Lo cierto es que es un ‘lavado de manos’ del Estado ecuatoriano frente a una matanza.

Por un lado, están los waorani que no logran entender la justicia occidental, cuyas aspiraciones sería que no existiese sentencia. Para otros que lo ven desde el punto de vista occidental sin entender las particularidades de la cultura waorani, querrían que se aplique lo estipulado en la ley sobre el homicidio.

La lectura de Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos en aislamiento, es que “primero se reconoce que hay un delito cometido, pero se logra una sentencia alternativa a la cárcel. En términos generales se marca un antes y un después. Pudo ser más tiempo de trabajo comunitario y más específico en su aplicación”.

Lo negativo del juicio y de la sentencia –así lo mira Pichilingue- es que “no hayan considerado otros responsables como funcionarios de la empresa petrolera y del Estado que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en lo que sucedió. Este ataque ocurrió dentro de un bloque petrolero, a pocos metros de la vía Maxus, una carretera petrolera, y ni se pararon las actividades como se ha dicho tantas veces”.

Tampoco se consideró la denuncia del Vicariato de Aguarico y la Fundación Alejandro Labaka sobre que hubo conocimiento de parte de funcionarios del Estado y de la petrolera de que iba a darse el ataque en venganza.  Incluso se denunció que los waorani organizaron tres expediciones al interior de la selva.  “Todas esas cosas no fueron investigadas. Hubiese sido bueno que también se dé un proceso penal al respecto”, se lamenta Pichilingue.

La casa de las familias en aislamiento voluntario, ocho meses después del ataque del 30 de marzo del 2013.

Milagros Aguirre, en su artículo de opinión ‘La cereza del pastel’ (publicado este jueves 22 de agosto en Diario El Comercio), hace una dura crítica al considerar que esta sentencia es una “lavado de manos” del Estado ecuatoriano “disfrazada de sentencia con aplicación de principios de interculturalidad, sin que nadie diga ni pío”.

La articulista insiste que judicializaron a los waorani en un sistema nada intercultural. “Separaron a las niñas. Mandaron a la cárcel a unos atacantes (a otros no) y les acusaron de algo que no podían entender (genocidio)… Luego de años de dar palos de ciego (y de gastar recursos), pusieron un traductor waorani para simular el cumplimiento de un derecho fundamental. Finalmente un tribunal los condenó como culpables, pero le dejó la responsabilidad de la sentencia a otros: a un grupo de ancianos waorani…”.

Para Vannesa Barham, experta en pueblos indígenas, esta resolución del Tribunal Penal demuestra que “el Estado ecuatoriano no tiene otro tipo de lecturas frente a estos casos. Carece de soluciones diferentes a las penales, es decir solo es punitivo”.

José Proaño, Director para América Latina de Land is Life, agrega que “tratarles como responsables de un crimen resulta una visión muy limitada ante una situación de interculturalidad”. Además, que una verdadera reparación del conflicto en la zona, por ejemplo, debió apuntar a definir la situación de las niñas. “Más allá de tenerlas bajo el Sistema estatal de Protección a las Víctimas como testigos protegidos, más bien debería proponer su reunificación o, al menos, un reencuentro y a futuro sean ellas quienes  decidan estar juntas”.

En definitiva, no existe tal protección para estos pueblos, a pesar de que está delimitada una Zona Intangible (intocable desde el exterior) y hasta un Plan de Medidas Cautelares desde el 2007, que,  entre otras cosas, debería buscar acuerdos de protección con las organizaciones y comunidades waorani y kichwa, asentadas también en estos territorios dentro del Yasuní y en sus goteras.

Peor aún frente a un reciente Decreto (751) y dos licencias ambientales, otorgadas por el Ministerio del Ambiente. Estos dan luz verde para la explotación en dos bloques petroleros en zonas donde se ha advertido presencia de estos grupos en aislamiento.

Los defensores de los tagaeri – taromenane temen que sigan ocurriendo encuentros violentos entre estos indígenas aislados con los waorani y gente externa, que llega a estas zonas movida por la explotación de petróleo.

La audiencia pública donde se hizo conocer la resolución del Tribunal de Garantías Penales fue en la comunidad de Pompeya.

La Amazonía revitaliza las aspiraciones de su gente y por su naturaleza

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La Ley Amazónica apunta a promover el desarrollo de los habitantes de esta región de Ecuador. Fotos: Jaime Plaza

Ley Amazónica. Que las provincias que aún no las tienen también cuenten con su propia universidad. Esa es una de las mayores aspiraciones de la Amazonía como región.

Así lo resolvieron a una sola vez, durante la IX Cumbre Amazónica, que se realizó en Zamora Chinchipe, en septiembre pasado. 

A viva voz, las respectivas delegaciones exigieron la creación de universidades en Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Morona Santiago y Orellana. Además, que estos centros de educación superior sean incluidos dentro de la investigación de los proyectos productivos que ejecutan los gobiernos amazónicos y ministerios competentes.

Por eso, Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, y los miembros del Consejo de Planificación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía (CONGA) encaminan las gestiones. En estos días se reunieron en Quito con autoridades de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).  

Freno al extractivismo 

Otra de las resoluciones es sobre la urgencia de superar el extractivismo. Que el Estado no entregue más concesiones mineras y petroleras, y se revise la legalidad de las existentes. A cambio, se incentive una desarrollo amigable con su selva y sus ríos.

Estas son dos de las 36 resoluciones a las que llegó la IX Cumbre Amazónica. Acudieron autoridades como prefectos, alcaldes y asambleístas, líderes indígenas, presidentes de juntas parroquiales, representaciones de organizaciones y más para plantear sus propuestas que les permita pone en práctica la Ley Amazónica.

Se trata de una ley orgánica, promulgada por la Asamblea Nacional, para la planificación integral de la región amazónica de Ecuador. De allí que las 36 resoluciones se engloban en grandes ejes como el respeto al medioambiente.

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Salvador Quishpe, en su condición de presidente de la CONGA, lideró esta cita. La misma fue considerada el espacio para reflexionar e instaurar un tercer momento en la historia de esta región: el de “salvar a la Amazonía. En un primer momento la vieron como un mito y luego como la caja fuerte para el agarra lo que puedas”.

Líderes como Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), insistió que la ley también sea para los pueblos nativos y se remedien los daños ambientales provocados en sus territorios por el extractivismo.

Al respecto, la resolución 6 establece reducir, paulatinamente, las actividades extractivistas y promover la inversión en bioeconomía, como base de la economía amazónica. Pero que eso implica que el Estado ya no entregue más concesiones mineras y petroleras y que se revise la legalidad de las existentes.

A la vez resolvieron apoyar en forma irrestricta la defensa de los recursos hídricos de Sucumbíos, en especial a la comunidad Sinangoe, y de toda la Amazonía ecuatoriana.

Otra resolución determinante es que se declare en emergencia a la Troncal Amazónica. Esa es una exigencia para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya atrención permita mejorar la comunicación con el resto del país.

Con esta misión, las diferentes delegaciones de las seis provincias marcharon por las principales calles de Zamora y luego se concentraron por más de cuatro horas en el coliseo de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar.

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La población de Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Morona Santiago exigen la creación de universidades en sus respectivas provincias.

 

Río Blanco venció a la minería que carcome a su gente y a los páramos de Ecuador

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Los habitantes de Molleturo y otras comunidades se apostaron junto a la Corte de Justicia del Azuay para exigir la suspensión del proyecto minero Río Blanco. (Foto: Jaime Plaza)

Río Blanco es hoy, sin lugar a dudas, un auténtico referente para quienes luchan contra la minería en defensa del agua y de los páramos de Ecuador. Pues es inapelable y  marca un precedente histórico no solo para los territorios de pueblos indígenas de Ecuador sino de, al menos, el hemisferio todo.

Constituye una gran inyección de ánimos para quienes defienden a Quimsacocha (Cuenca), Cerro El Mozo (cantón Nabón), Íntag (Imbabura), entre otros. La mayor razón de su lucha es la defensa de sus ‘fábricas naturales de agua’, pues cada sitio constituye la fuente de agua para consumo humano y para riego, además de ser refugio de una biodiversidad especial.

En una sentencia de magnitud, la justicia ecuatoriana no solo suspende (sentencia en primera instancia) sino que prohíbe (sentencia definitiva) la minería en la zona de Río Blanco. 

Es una concesión que incluyen 5.708 hectáreas de la parroquia Molleturo, occidente de la provincia del Azuay. Allí la empresa Ecuagoldmining South America busca oro y lo hará durante 11 años.

Igual que el resto de proyectos mineros, el proyecto de Río Blanco provocó graves impactos sociales, como enfrentamientos entre habitantes de una misma comunidad, causando fractura de la sociedad. El hijo trabaja en la minera a la que la defiende contra el padre que lucha por el agua, igual ocurre con hermanos, familiares y vecinos.

A eso se suma la contaminación ambiental y las afectaciones a las fuentes de agua. Pues este proyecto está dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo y el Área de Amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Pero abrieron vías en humedales y páramos. Lo peor, según el Municipio de Cuenca, en Río Blanco desecaron la laguna Cruzloma.

Esto hizo que la gente de esta zona se oponga en una lucha desde el 2002. En ese proceso, los comuneros fueron víctimas de atropellos a sus derechos, libertades y garantías constitucionales. Ocurrieron agresiones verbales y físicas, incluso retenciones arbitrarias con desplazamientos de elementos del Ejército y de la Policía.

 

Una minga por Río Blanco

Desde el inicio mismo y hasta el 2010, navegaron contracorriente, sobre todo con el expresidente Rafael Correa, que en las sabatinas y cada que quería les tildaba de “retrógrados y atrasapueblos que se oponían al desarrollo”.

En el primer tramo de la lucha estuvieron únicamente las comunidades. Pero poco a poco ganaron fuerza entre los cuencanos y azuayos.

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Los defensores del agua estuvieron en reiteradas ocasiones en Río Blanco haciendo escuchar su voz de protesta contra el extractivismo minero.

Avanzado el duro trayecto de Río Blanco, organizaciones, sacerdotes como el obispo de Cuenca, Marcos Pérez, y abogados de la Universidad del Azuay se hicieron eco de su reclamo.

Igual hubo tres marchas a escala nacional. “La primera un poco fría y ante la indiferencia de la gente y la última, del 2015, con una conexión gigante que se vio el despertar de Cuenca y Quito sobre la necesidad de defender el agua”.

En esta cruzada también se unieron las organizaciones internacionales como CLD, Aministía Internacional, Front Line Defenders y más organizaciones ambientalistas nacionales y del extranjero.

Ganó aún más fuerzas con una acción de medidas cautelares solicitada por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), junto con la Ecuacurani y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y las comunidades de Molleturo. Además están los amicus cureae interpuestos a escala nacional e internacional.

Hasta que los comuneros de Molleturo se convirtieron en los protagonistas de una página colmada de historia. El juez Paúl Serrano, con una sentencia de primera instancia, y los jueces Édgar Morocho, Rosa Zhindón y Aura Calderón (con la sentencia definitiva) dieron la razón a sus reclamos.

A esta sentencia, Yaku Pérez, abogado de las comunidades y presidente de la Ecuarunari, le atribuye un grado superlativo y la considera “un homenaje a la lucha de casi dos décadas de gente que pasó por la cárcel, por las Cortes de Justicia, fue asfixiada y hasta secuestrada”. 

Entre Río Blanco y Quimsacocha, hay cerca de 200 personas procesadas. Hasta la fecha, 23 aún están procesadas, ocho de ellas por sabotaje. El propio Yaku Pérez estuvo detenido cinco veces y las enumera, con una especie de orgullo, dentro de su trayectoria en defensa del agua: enero del 2009, mayo del 2010, marzo del 2013, agosto y diciembre del 2015. Aparte que tiene una sentencia por sedición (luego cambió a sabotaje), incluso sentencia de un año por suspensión de servicios públicos.

Pérez insiste que se debe reinvindicar el homenaje a las mujeres, “porque ellas son el alma de la resistencia y la lucha en defensa del agua”.

“A los jueces no agradecerles nada, pero reconocer públicamente porque tuvieron el coraje, perdiendo el miedo, de dictar sentencia favor del agua y de la vida”, enfatiza Pérez.

Claro que aún siguen presionando para que se ejecute la sentencia, ante la demora de quienes tienen que hacerla cumplir.

El 8% del territorio nacional está concesionado para la minería. Solo en la jurisdicción cantonal de Cuenca existen 55 concesiones mineras, según el Municipio cuencano.

Lo que el pueblo ordenó en la Consulta Popular

La defensa del agua, vinculada indefectiblemente a la consulta previa e informada. Ese fue el principal argumento ante los jueces.

De su lado, desde las empresas mineras se aduce que sí hicieron consulta previa. Pero Pérez refuta al asegurar que “hicieron socialización y mal hecha. Pero otra cosa es consulta previa libre e informada, consulta popular y ambiental. Debieron consultar a los “sembradores y criadores del agua que están en los campos. No hay mercados llenos de alimentos sin agua y sin los campesinos que la cuidan”.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, también insiste que en todos los proyectos mineros que están encaminados no existe la consulta previa.

Esa legitimidad de la consulta previa -resalta Yaku Pérez- se expresó en las urnas durante el Referendo de febrero del 2018. Los jueces, en su sentencia, se respaldaron en que el 67,80% de los habitantes de la parroquia Molleturo votó por el Sí y el 32,20% por el No. (A los ecuatorianos se nos consultó si estamos de acuerdo en enmendar la Constitución para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos…).

A eso se sumó otro cuestionamiento serio. Pablo Piedra, del Municipio de Cuenca, advirtió que la Secretaría Nacional del Agua nunca entregó el permiso para que concesionar Río Blanco.

“Eso no es al alzar -lo dice Pérez- Hasta lo imposible se vuelve posible. Antes ser antiextractivista y defensor del agua era un sueño, una utopía…”.

Pero no es cuestión que la minera Ecuagoldmining abandone Río Blanco sino que se responsabilice de la remediación de los daños causados. 

 

Nabón defiende el cerro El Mozo y sus fuentes de agua

La exigencia en consenso es que se anule la concesión de 1.776 hectáreas entregadas a la empresa Cachabí. El 99% implica al Cerro del Mozo y el Valle de Shincata, el 1% restante corresponde al cantón Oña (Azuay) y Yacuambi (Zamora Chinchipe).

Para las comunidades tiene especial valía, ya que desde El Mozo se alimentan sus sistemas de agua potable y de riego que les permite volver productivos sus áridos suelos. En esta zona nacen 24 ríos y 27 quebradas que forman la subcuenca del río León y la microcuenca del río Shincata.

El temor en Nabón es que con la explotación minera se causarían daños irreversibles para esas fuentes de captación, a los páramos, a la salud de las personas y al medioambiente.

Por eso, la alcaldesa Magali Quezada insistió en la nulidad al proceso de la concesión a Cachabí, ya que “hay una ilegalidad en el procedimiento al no haberse dado una consulta previa del proyecto como exige la ley. Existe una población que exige que no se debe dar la explotación minera en estas zonas de conservación”.

El viernes 13 julio pasado, los comuneros recorrieron la zona de El Mozo para mostrar a las autoridades sobre la riqueza natural que conserva El Mozo, en especial como las fuentes de agua.

En ese recorrido participaron delegaciones de comunidades como Cochapata, Ñamarín, Uduzhapa, Canseco y otras más de Nabón. También llegaron de Oña, Yacuambi, Tutupali y de Molleturo. Se sumaron a la caminata organizaciones como ONU Mujeres.

La alcaldesa Quezada, quien lidera esta lucha en su cantón, reitera la necesidad de dejar sin efecto la concesión en el cerro El Mozo.

Una similar exigencia se impulsa para evitar que la minería también cause daño en los páramos de Quimsacocha, una de las fuentes de captación de agua para Cuenca y más sectores.

Protestas Cuenca
Las mujeres son el alma de la resistencia y la lucha en defensa del agua contra la minería en Ecuador. (Foto: Jaime Plaza)