Rechazo unánime al contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía

Sus casas avistadas desde el espacio constituyen una de las evidencias de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento.

¿Desconocimiento total u osadía temeraria? ¡Juzgue usted! Pero el ministro de Ambiente de Ecuador, Raúl Ledesma, habla de que se ha propuesto contactarse con los Tagaeri – Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven en la Amazonía ecuatoriana.  

“Todavía no he podido contactarme con ellos, pero vamos a ver formas de comunicación”. Así lo dijo Ledesma en el reportaje ‘¿Yasuní o petróleo?’, de Visión 360, del domingo 13 de octubre. Incluso adujo que estos grupos indígenas, que evitan cualquier contacto con el mundo externo, tienen sus asambleas generales y que, a través de estas o las de los pueblos Waorani, socializarían proyectos de asistencia.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones absurdas, hay un afán expreso de empujar hacia un contacto forzado con estos grupos indígenas y que, más allá de cualquier intención de protegerlos, sería de contactarlos para dejar vía libre al extractivismo petrolero. El Parque Nacional Yasuní (al noreste de la Amazonía ecuatoriana y refugio de estos grupos) está saturado de bloques petroleros, lo que les expone a un peligro absoluto de exterminio, por la presión y riesgo de encuentros imprevistos y muchas veces violentos.

Frente a este tipo de peligros, escenario que se repite en otras regiones de la Amazonía, surgió una declaratoria de rechazo unánime a cualquier intento de contacto forzado con estos pueblos amazónicos en aislamiento.

Así lo decidieron organizaciones indígenas y no gubernamentales (entre estas Land is Life), líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos y nacionalidades, reunidos con motivo del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, el 10 y 11 de octubre.

Allí, delegaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Suriname analizaron la situación actual de estos pueblos. Además, conocieron los resultados del Informe ‘Pueblos Indígenas en Aislamiento: Territorios y desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco’. 

Los expertos advierten que ocurren retrocesos preocupantes en las políticas de protección. Lo peor que no se trata de hechos aislados en la región.  

En Bolivia, por ejemplo, se han dado retrocesos normativos y de políticas que han revertido los avances legales y dieron paso a planes extractivos, megarepresas hidroeléctricas, carreteras y la expansión de las fronteras agrícolas.

Ecuador y Perú han asumido medidas políticas que buscan evitar que el Estado asuma la responsabilidad de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. Inclusive se han dado el lujo de recategorizar los mismos para debilitar la protección e incrementar las áreas concesionadas, cediendo paso a los intereses extractrivistas. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno, por ejemplo, mediante el Decreto 751, del 21 de mayo del 2019, dio vía libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible del Yasuní.

En el caso de Brasil, resulta paradigmático el giro más radical con relación a la reorientación de políticas que constituyen una regresión con respecto a los marcos internacionales y a los estándares de protección de los derechos de estos pueblos.

LA DECLARATORIA DE LIMA

Las organizaciones, los líderes indígenas e investigadores armaron la Declaratoria conjunta de Lima. Lo hicieron para exigir que los Estados garanticen la protección y supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco.

Los puntos clave de la Declaratoria:

 * Rechazo a toda acción que promueva el contacto forzado con estos pueblos. Esto en observancia y respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y al principio de no contacto como principal directriz y derecho fundamental.

* Preocupación absoluta frente a los retrocesos que sufre la región en cuanto a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en general respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

* No son hechos aislados los retrocesos que vive la región sobre políticas de protección. En Perú y Ecuador, que tuvieron importantes avances en leyes, normas y directrices, hoy toman medidas políticas que esquivan la responsabilidad de los Estados de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. 

* Venezuela no tiene normas específicas para proteger a sus pueblos indígenas en aislamiento. Consideran importante urgir a la Asamblea Nacional Constituyente para que adopten las recomendaciones de las organizaciones indígenas, sus aliados y la Defensoría del Pueblo.

* Advierten conflictos sociales, degradación de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos fundamentales para los pueblos en aislamiento por implementación de megaproyectos hidrocarburíferas e hidroeléctricas, mineras y más. Las graves ausencias de protección estatal de los territorios han permitido las actividades ilícitas e ilegales.

*  Los impactos del ‘modelo de desarrollo’ causan efectos en diversos ámbitos: amenazas y criminalización de personas e instituciones ligadas a los derechos indígenas, debilitamiento de los estatutos de protección de los territorios y la negativa de Estados y empresas para adoptar el principio de precaución y más salvaguardas que garanticen la intangibilidad de los territorios.

* Ausencia de voluntad política de los gobiernos para implementar y observar las directrices de protección. En países como Perú se tiende a congelar o demorar las decisiones sobre nuevas demarcaciones territoriales para grupos en situación de aislamiento. Más bien, empieza a tomar fuerza la voluntad política para impulsar el modelo de desarrollo extractivo.

Los pueblos indígenas en aislamiento están en situación de vulnerabilidad por la inobservancia e invisibilización de sus derechos por parte de la sociedad envolvente. Por eso se propone la articulación permanente de un grupo de trabajo regional que impulse la protección de estos pueblos a escala internacional, regional, nacional y local.

Los avances de las investigaciones permitieron que crezca el número de registros de los pueblos indígenas en aislamiento entre 2005 y 2019. Sin embargo, el reconocimiento oficial de existencia y de sus territorios aún es un reto en Paraguay, Brasil, Colombia y Venezuela. El Informe Regional contiene información sobre 185 pueblos en situación de aislamiento, pero solo 66 están confirmados por los gobiernos.

Una de las conclusiones de este Informe y que preocupa es que las políticas implementadas en países como Ecuador no son el resultado de dinámicas aisladas o encapsuladas en el espacio nacional. Más bien reflejan un entramado regional, bajo el argumento de un ‘modelo de desarrollo’ en la Amazonía y El Chaco, que se contrapone y contradice las principales normas, leyes y estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Frente a los graves retrocesos, se reafirma un compromiso colectivo con la defensa de los derechos y la protección de los territorios y la vida de los PIACI. A la vez conminan a todos los sectores de la sociedad civil nacional e internacional a sumar esfuerzos y urgen a los estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección.

Una declaratoria conjunta de organizaciones, líderes indígenas y expertos exige a los Estados garantizar la protección y supervivencia de estos grupos, que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco. Fue difundida durante el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, Perú.
El Parque Nacional Yasuní es el refugio de los Tagaeri Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador.

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Al borde de un genocidio por los incendios forestales en la Amazonía

Los indígenas en aislamiento se ven forzados a desplazarse hacia territorios extraños, lo que les pone en grave riesgo.

Sus territorios arden en medio de los incendios incontrolables y ellos viven una situación dramática. Son 350 grupos indígenas amazónicos y 185 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que habitan la Amazonía y el Gran Chaco.

Frente a esa situación, las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas, junto con los especialistas, denuncian que estos pueblos superviven bajo amenaza constante y los incendios forestales lo agravan aún más.

Un comunicado, firmado por 14 organizaciones, denuncia y alerta que estas amenazas, en especial los incendios que ahora arrasan la Amazonía, obligan a los pueblos indígenas en aislamiento (de 66 está confirmada su existencia en la región) a buscar estrategias de supervivencia, incluido el desplazamiento forzado.

Bajo esas condiciones, se ven empujados a buscar refugio en regiones extrañas a sus territorios tradicionales. Lo peor es que esta migración forzada los pone en contacto inminente e incluso confrontación con personas ajenas a su grupo.

Por eso, “públicamente defendemos a estos pueblos indígenas y exigimos que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomen medidas inmediatas para contrarrestar tales incendios”, reza el manifiesto.

Además, que se implementen medidas especiales de protección para estos pueblos, respetando su autodeterminación para permanecer en aislamiento.

Los intereses detrás de los incendios

Las organizaciones denunciantes aseguran que detrás de la quema en la Amazonía (Brasil), la Chiquitanía (Bolivia) y el Gran Chaco (Paraguay) existe un mercado millonario.

Advierten que en Brasil, “prender fuego a un área de 1.000 hectáreas cuesta alrededor de 1 millón de reales en el mercado negro”. La gran interrogante es: ¿Quién paga y qué se gana?

Las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos en pueblos indígenas en aislamiento presentan en un trabajo conjunto una visión general de lo que ocurre en los siete países de la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.

Brasil y su irrespeto total a los pueblos indígenas

La actitud del gobierno brasileño frente a la población indígena deviene en el irrespeto total a los principios constitucionales. Desde hace meses, el presidente Jair Bolsonaro ha emitido discursos en contra de los pueblos indígenas y  el movimiento ambientalista.

Las organizaciones denunciantes señalan que la discusión y el desprecio fueron los dos únicos pronunciamientos del Presidente y su equipo a la comunidad internacional, especialmente ante la sociedad civil organizada a favor de Brasil.

Aún más,  ha  irrespetado la legislación ambiental. Eso le ha llevado a repercusiones internacionales, sobre todo la presión del G7.  En respuesta, se armó un gabinete de crisis y se movió a los militares para tratar de apagar los flagelos.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es 278% más que el miperíodo del 2018, son daos oficiales del INPE. En Brasil se contabilizaron 131 tierras indígenas incendiadas entre el 15 y el 20 de agosto de 2019. Pero todos los días se presentan nuevos incendios. Estos datos han sido levantados por la geógrafa Ananda Santa Rosa y Fabrício Amorim, con base en el Sistema de Información de Incendios.  Fire Information for Resource Management System  (FIRMS/NASA).

En medio de este caos, la situación más dramática es la de los pueblos indígenas en aislamiento. En Brasil existen 114 registros de estos grupos, de los cuales 28 son confirmados por el organismo oficial indigenista del gobierno o FUNAI.

¿Cuántos huyen del fuego? La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas en aislamiento, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia.

Petróleo y minería contra las comunidades amazónicas de Ecuador

Antes que los grandes incendios, en Ecuador la megaminería es el gran mal. Estas actividades están avanzando sobre los territorios en el sur de la Amazonía de Ecuador. Se suma una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar.

Las imágenes satelitales evidencian que, durante los últimos años, existe un aumento de situaciones dramáticas de incremento de lluvia y nuevas zonas  de inundaciones en la Amazonía norte, que desde hace décadas es destruida y contaminada por actividades petroleras. 

El avance de la frontera agrícola y el desarrollo incentivado por gobiernos locales fomentan la deforestación en esta zona.  La apertura de nuevas carreteras abre paso a la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente. 

Al Parque Nacional Yasuní le están diezmado la deforestación derivada de la explotación de petróleo, por nuevas carreteras y plataformas. Lo peor es que ponen en grave riesgo la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, grupos indígenas que viven en aislamiento.

Grave daño a territorios intangibles en Bolivia

Un millón de hectáreas de bosque se han incendiado en lo que del 2019. Desde finales de julio hasta agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía  devastó 780.000 hectáreas. Lo más afectado está en la región de Chiquitanía y los territorios Ayoreo, Chiquitano y Monkoxi.

También se han afectado gravemente  y desaparecido bosques secos en la frontera con Paraguay, en el área decretada con intangibilidad (inviolable y prohibido el ingreso de gente extraña) para Pueblos en Aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní. Estas zonas representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y la política de gobierno. 

Los incendios afectan a los pueblos en aislamiento del Perú

La mayor parte de los incendios forestales ocurren en zonas de la Sierra (Cusco y Ayacucho). Una buena parte de los incendios reportados en la  selva están directamente vinculados a territorios pueblos en aislamiento o en contacto inicial.

El impacto es grave, no solo en las condiciones del territorio sino también en la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia. Esto afecta directamente a los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan. 

Uno de los incendios detectados afecta al área propuesta para la creación de la reserva indígena de Sierra del Divisor Occidental (Ucayalí, Loreto). Este sitio ya cuenta con el reconocimiento oficial como refugio de los pueblos en aislamiento y que se superpone con el Parque Nacional de Sierra de Divisor, además se conecta con la Reserva Indígena Isconahua.

El segundo incendio está en el Distrito de Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios), próximo al Parque Nacional Alto Purús y a las reservas territoriales Mashco Piro y Madre de Dios. Este sector es parte de un ámbito mayor de desplazamiento los pueblos en aislamiento, conocido por las organizaciones indígenas como: Corredor Territorial Transfronterizo Pano-Arawak (Perú – Brasil). 

Tratar de controlar los incendios forestales resulta una tarea
muy complicada para los brigadistas.

¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.

La frontera extractiva en el Yasuní se desborda

El temor es que los pueblos indígenas en aislamiento sufran encuentros fortuitos con los extraños y terminen en enfrentamientos. Foto: Karla Gachet

Al Parque Nacional Yasuní ya casi no le queda un rincón libre de agujeros para extraer petróleo desde sus entrañas. Uno de estos últimos espacios era el conocido bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el noreste de esta área protegida, en la Amazonía ecuatoriana.

Pero en medio de la impotencia de sus defensores, el Ministerio del Ambiente decidió emitir las licencias para la explotación de dos plataformas del campo Ishpingo. Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, lo anunció el 25 de julio del 2019.

Como si se anticipara a las reacciones de rechazo, el ministro Pérez adujo que esta franja está fuera del área de amortiguamiento del Yasuní y solo bordea la Zona Intangible (está dentro del área protegida), donde se considera superviven los Tagaeri y los Taromane.

Los antropólogos y defensores de estos dos últimos pueblos indígenas en aislamiento advierten del grave riesgo. Pues estos pobladores no saben de límites y se movilizan más allá de la Zona Intangible en busca de alimentos y de cacería para su sustento.

El peor temor de los defensores de los derechos de los pueblos en aislamiento es que aquello provocaría encuentros fortuitos y potenciales enfrentamientos con extraños que ingresen a sus territorios para construir plataformas y extraer el crudo. Esto se fundamenta en diferentes episodios trágicos ya ocurridos en el Yasuní.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, asegura que se está acortando el territorio de estas dos comunidades, al igual que el de los waorani. “Eso agrega presión a sus espacios que, de alguna manera, ya está disminuido. Y podría llevar a mayores conflictos no solo del lado de Ecuador sino de Perú. Los aislados han estado moviéndose inusualmente en esa zona de frontera y saliendo hacia comunidades donde casi no se los veía”.

Pichilingue teme que “estos encuentros no siempre son pacíficos sino con alto grado de tensión que podrían terminar en violencia y muertes en algunos casos. Con mayor presión nunca se sabe y obviamente están en riesgos las vidas no solo de los indígenas en aislamiento sino también de quienes comparte con ellos ese territorio”.

Ni las advertencias ni las protestas frenaron el afán extractivista del gobierno del presidente Lenin Moreno. Más bien, este siguió el mismo rumbo de su antecesor, Rafael Correa, quien tanto promocionó la Iniciativa Yasuní-ITT. Dentro y fuera del país, armó una ‘ilusionadora’ campaña para recaudar fondos a cambio de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra.

Este 15 de agosto se cumplieron seis años del fracaso anticipado, ya que Correa, a la par y casi a escondidas, impulsaba un Plan B (en realidad era el Plan A) para explotar el petróleo en el área protegida más grande y biodiversa de la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno de Moreno fiel a esa línea, el 21 de mayo del 2019 promulgó el Decreto 751, con el cual lapidó al Yasuní y a la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane.

Con ese decreto se dejó la puerta abierta para que entren los extractivistas a armar sus plataformas de perforación extracción en varios bloques, incluso en el área de amortiguamiento.

Para eso se escudó en el SÍ de la Consulta Popular (convocada por el Gobierno) del 4 de febrero del 2018, que ordenó la ampliación en, al menos 50.000 hectáreas el área protegida y en más de 60.000 hectáreas a la Zona Intangible, además de reducir de 1.030 a 300 hectáreas la zona autorizada para explotar petróleo. La Zona Intangible subió de 758.051 a 818.502 hectáreas.

Sin embargo, la coartada estaba en el artículo 3 del Decreto 751, que prohíbe nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras. Mas exceptúa a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.

Los Yasunidos insisten en la Consulta Popular

El Colectivo Yasunidos insiste en evitar el extractivismo petrolero en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento

Un grupo de mujeres activistas del Colectivo Yasunidos (defensores del Yasuní) sorprendió al tomarse pacíficamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La mañana del 15 de agosto del 2019, asumieron esa medida en exigencia a que este órgano gubernamental analice y apruebe la Consulta Popular propuesta por su colectivo.

En el 2014, Yasunidos y otras organizaciones presentaron el pedido de Consulta ante el CNE, con el respaldo de 756.623 firmas. Pero no fue aprobado, ya que se validaron solo 359.761 rúbricas. Fraude, así lo calificaron.

Por eso, ahora asumieron una medida de más presión. Exigen que la presidenta del CNE, Diana Atamaín (una mujer amazónica), convoque al Pleno para discutir y dar paso a esta iniciativa ciudadana.  

Antonella Calle, integrante de Yasunidos, insiste en que “hemos esperado años para que se apruebe esta consulta, mientras la frontera extractiva en el Yasuní sigue avanzando. Por eso creemos que la vida de los pueblos en aislamiento y los derechos de la naturaleza no pueden esperar más”.

Durante su medida de hecho en el CNE, recibieron una serie de manifestaciones de respaldo a la espera de una respuesta en el intento por salvar al Yasuní y sus habitantes.

Al caer la tarde del segundo día de la toma pacífica, el CNE reaccionó mediante un comunicado. Pero fue para desentenderse del pedido de Consulta Popular bajo el argumento de que no es atribución aprobarla.

Ante esa situación, las mujeres del Colectivo Yasunidos (formado hace seis años) levantaron su medida, pero dejaron en claro que irán por otras opciones hasta conseguir el objetivo.

Las mujeres activistas del Colectivo Yasunidos se tomó pacíficamente el CNE para exigir se analice y apruebe su iniciativa de Consulta Popular. Foto: Jaime Plaza

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Defensores del agua buscan detener la arremetida minera en Ecuador

Yaku Pérez, prefecto del Azuay, lidera la iniciativa de la Consulta Popular para conservar las fuentes naturales de agua. (Fotos: Jaime Plaza)

Antes como activista, hoy como una autoridad provincial, Yaku Pérez y su gente hacen esfuerzos por defender las fuentes naturales de agua y frenar la arremetida del extractivismo minero. Para eso, ahora impulsan la propuesta de una consulta popular en Azuay, su provincia.

Con ese objetivo, el ahora Prefecto azuayo llegó a la Corte Constitucional, en Quito, entonando cánticos y haciendo sonar su saxofón, acompañado por delegaciones de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y más. “Vamos hacer que Azuay y Ecuador muy pronto sean territorio libre de minería”, fue la sentencia de Pérez.

La pregunta:

“Está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y todas las zonas de recarga hídrica en la provincia del Azuay”.

Allí, en la Corte entregaron la petición de una Consulta Popular “para decidir entre el oro o el agua, si queremos la vida o la muerte”. Quedaron a la espera de que la Corte lo admita y los jueces emitan un dictamen favorable. De conseguir aquello, deberán sumar alrededor de 65.000 firmas (10% de los empadronados en Azuay) para llevarlas ante el Consejo Nacional Electoral y se proceda con la consulta.

Un primer intento lo hicieron el 22 de julio pasado en la Cámara Provincial del Azuay. La iniciativa de Yaku Pérez no logró la aprobación de las tres cuartas partes de sus integrantes como ordena la Constitución de la República. Ese día, 14 consejeros provinciales dieron su voto a favor, ocho en contra (uno de ellos el representante del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien en campaña ofreció defender el agua frente a la minería) y uno en blanco. Faltaron tres votos para ir directo a la Consulta Popular.

“Así como el pueblo los puso en su puesto, autoridades dejen que ahora el pueblo decida por el agua o por las concesiones mineras”, conminó a los jueces Patricia Mogrovejo, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) Una vez conseguido el dictamen favorable de la Corte Constitucional, iniciarán la minga de recolección de las firmas.

Los campesinos y más habitantes de cantones como Nabón, Oña, Sígsig, Gualaceo, Cuenca… o parroquias como Tarqui o Cochapata defienden sus fuentes de agua.

Los de Cochapata (comunidad de Nabón), por ejemplo, rechazan las concesiones mineras en el cerro El Mozo, una de las mayores fuentes de captación de agua para riego y consumo humano.

Los de Tarqui, en cambio, defienden a Quimsacocha, un páramo parte del sistema de áreas protegidas y sitio de captación de agua para diferentes sectores de Cuenca.

Las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas respaldan el rechazo a las concesiones mineras en páramos, bosques, humedales y más.

En este proceso hay precedentes

  • El 86,79% de los habitantes del cantón Girón (suroeste de Azuay) dijo No a la minería en la Consulta Popular de marzo del 2019. Esto en contra las actividades de exploración en el proyecto Loma Grande de la empresa canadiense INV Metals Inc.
  • En junio del 2018, una sentencia judicial ordenó la suspensión de toda actividad de la minera china Ecuagoldming  en el proyecto Río Blanco, en la zona de Molleturo. El juez civil de Cuenca, Paúl Serrano, determinó que se “vulneraron los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades cercanas al proyecto”. Dicha sentencia fue ratificada por la Corte Provincial del Azuay, el 3 de agosto.

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El irrespeto al Yasuní y a la vida de los pueblos amazónicos

Las comunidades waorani también seran afectadas por la explotación
petrolera en los bloques 31 y 43.

“Un Decreto con trampa o engaño”. La cortina de humo: Amplía la Zona Intangible o de protección para Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento. El ‘golpe de gracia’: Vuelve permisible a la Zona de Amortiguamiento ante la voracidad de la extracción petrolera.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, firmó el Decreto 751 con el que se modifica la delimitación de la Zona Intangible (ZI) en el Parque Nacional Yausní, noreste de la Amazonía ecuatoriana. Lo amplía a 818.501,42 hectáreas -incluye las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte (cantón Aguarico), Inés Arango (cantón Orellana), provincia de Orellana; Curaray en Arajuno (Pastaza)-. El Decreto del 2007 contemplaba 758.051 hectáreas.

Con el nuevo Decreto, el Gobierno buscó cumplir lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para salvar al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo, “la burla está en que autoriza arbitrariamente la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 dentro de la Zona de Amortiguamiento (un espacio entre el área protegida y lo colonizado)”. Así lo considera José Proaño, director de la organización Land is Life para América Latina.

Este Decreto va en detrimento de las garantías de protección. “Obvio que el Gobierno reconoce la existencia de los pueblos en aislamiento. Pero los pone en mayor riesgo al autorizar los bloques petroleros en sus territorios”. Lo hace el exceptuar a las plataformas de perforación y producción petrolera.

Mediante el Decreto 751, se dispone que en 180 días se establezca la política de procedimientos para minimizar los impactos de estas actividades en la zona de amortiguamiento. El encargo es para los Ministerios de Ambiente, Energía y Recursos No Renovables, junto con las Secretarías de Derechos Humanos y Gestión de la Política.

Los factores de peligro

  • Se construirán plataformas y se abrirán vía de acceso.
  • Habrá más presión sobre los recursos naturales de los que se proveen los pueblos en aislamiento.
  • La presencia humana extraña en zonas por donde transitan los tagaeri y tagaeri generará conflictos, con potenciales ataques.
  • Se repetirán los escenarios que aumentan la situación de genocidio, ante el riesgo de matanzas como la del 2013 (más de 20 personas -mujeres y niños- del pueblo taromenane fueron masacradas).
Con bloques petroleros en la Zona de Amortiguamiento, la presión
será mayor sobre los pueblos en aislamie
nto. Fotos 2 y 3: José Proaño

Lo risible es que prohíbe actividades extractivas de productos forestales para vender y el otorgamiento de todo tipo de concesiones mineras. Igual con el Artículo 3 prohíbe en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura como centrales hidroeléctricas, carreteras y centro de facilidades petroleras.

Enseguida, diversas voces de rechazo y protesta surgieron en torno al Decreto firmado por Moreno, el pasado 21 de mayo. Incluso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anticipó que prepara una movilización.

Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas, califica de indignante que se entregue “Territorio Yasuní para la explotación hidrocarburífera de los bloques 31 y 43 ITT sin la consulta previa a las comunidades indígenas Waorani, dueñas de este territorio”.

Proaño cree que si, al menos, se respetara el mandato ciudadano ya sería bastante. Pero lo recomendable es que más bien debería ampliarse las garantías desde el Estado y fortalecer las instituciones de protección. Además, de promover el diálogo y consulta previa con los pueblos waorani, que también serán seriamente afectados.

Mas como está la situación -según Proaño- “hay más argumentos para insistir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo se están violando los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, sino que el Estado irrespeta los territorios vedados”.

Incluso se va contra las medidas cautelares dictadas en el 2007 por la CIDH a favor de los tagaeri y taromenane. Estas prohiben el ingreso de terceros en sus territorios.

Tampoco se ha cumplido con la consulta previa a las comunidades directamente afectadas, como manda la Constitución de Ecuador, en su artículo 57, además de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

El Parque Nacional Yasuní es el último refugio de los tagaeri y taromenane, pueblos en aislamiento de Ecuador.

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Para defender el agua, 12 días de caminata

Partieron desde Tundayme, Zamora Chinchipe, hasta llegar  Quito para presentar una propuesta en defensa del agua.

Su convicción y la solidaridad les inyectó la fortaleza para no desmayar sus pasos durante los 12 días de caminata. Había que llegar a Quito para entregar su propuesta de paralizar toda actividad extractiva y salvar sus fuentes de agua.

A la capital de Ecuador, arribaron la tarde de este miércoles 14 de noviembre, después de recorrer desde Tundayme, una de las zonas seriamente afectadas por la megaminería en Zamora Chinchipe, sur de la Amazonía ecuatoriana.

Para este jueves 15, aguardaban la posibilidad de ser recibidos en la Presidencia de la República. Pero al final nadie les atendió en Carondelet, a diferencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde sí les dieron audiencia.

Acudieron a la convocatoria de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). 

Con su saxofón, Yaku Pérez, presidente de la Ecuaruani, puso el ritmo a los cánticos. Él, uno de los líderes de la marcha, aseguró que “uno de los mayores conflictos socioambientales que se vive en el país es causado por el extractivismo minero”. 

Por eso recogieron propuestas desde diferentes sectores del país para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica. El objetivo es que se prohíba la minería metálica en todo el territorio, que no haya ni licencias ni concesiones para prospección,  exploraciones, explotación y comercialización. “La única manera de parar la contaminación, la violencia y la criminalización es dictar una ley que termine con la minería”.

Esta propuesta fue entrega por los dirigentes a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. “Este proceso no termina ni hoy ni mañana. Es una lucha intergeneracional”. 

Por eso, alrededor de 1.500 mujeres y hombres, jóvenes y adultos caminaron firmes hasta Quito, a pesar del agotamiento físico. Acudieron de comunidades como Molleturo, Tundayme, Paloquemado, Cofanes Sinangoe, San Pablo de Amalí, Saraguro, Cañar…

Las mujeres y su convicción

La participación de las mujeres fue determinante. Ellas dejaron escuchar su voz convincente sobre el por qué decidieron unirse a esta marcha.

Pacari Lanchimba, de la comunidad La Libertad, parroquia Cangahua (Cayambe), fue una de las más entusiastas. No se cansó de entonar su guitarra y, a viva voz, cantar por el agua y por el Yasuní. 

Las mujeres de Otavalo tuvieron una presencia muy importante durante la marcha.

Carmen Laureana Chilpe, de 75 años, se unió desde Molleturo, cantón Cuenca (Azuay). Mientras trataba de estirar sus piernas para aliviar el cansancio, ella contó que decidió sumarse a la caminata “para defender el agua” y por sentirse cansada de lo que está ocurriendo en su comunidad.

Cerca de allí, una empresa china recibió una concesión para explotar oro y sus actividades empezaron a causar estragos en las fuentes de agua. “Por eso, nosotros protestamos. Al inicio éramos dos o tres personas, pero luego llegaron más”.

Desde la comunidad San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, llegó Martha Cobos. Ella y su gente estuvieron en la marcha en protesta porque corren el grave riesgo de quedarse sin agua por construcción de una represa para la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Para eso, en octubre del 2013 se desvió el cauce del río Dulcepamba, poniendo en peligro a la comunidad misma. 

Por todo eso, no paraban de gritar consignas y entonar cánticos como el ‘Carnaval del Agua’, con aquel “Agua quiero, agua quiero… oro nooo”, exigiendo respeto para sus fuentes de agua.

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