Las manos aliadas para supervivir confinados por el coronavirus

Las familias de Ucumari, cantón Nabón (Azuay), se juntan en minga para la cosecha. Foto: Archivo / Jaime Plaza

ECUADOR. Hortalizas, legumbres, maíz, papa, yuca, banano, frutas, granos… Esos y más frutos no han faltado en las mesas de miles de familias ecuatorianas, sobre todo de aquellas que se refugian temerosas en las urbes ante el avance incontrolable del nuevo coronavirus.

Mientras todos estamos confinados, ellos se ingenian modos para esquivar el riesgo de contagio y se afanan en cuidar sus huertos y cultivos, plantados en los diversos parajes de la Costa, Sierra y Amazonía. Así lo hacen durante la Emgencia Sanitaria, igual como lo han hecho desde siempre.

En este ‘interminable’ confinamiento por la Covid-19, sobre todo en las primeras semanas, estuvieron entre los que más abastecieron la demanda de alimentos. Así la mirada se volvió hacia los campos y se valore la verdadera importancia como proveedor de alimentos.

Lo hicieron desde diferentes frentes, como iniciativas individuales o en grupos, con el apoyo de programas y organizaciones.

Mujeres y hombres ofrecen los productos que cosechan en sus huertos urbanos agroecológicos. Fotos 2, 3, 4 y 5: Cortesía Conquito

Uno de esos ejemplos constituyen los huertos urbanos y familiares, impulsados por el Proyecto de Agricultura Urbana Participativa (Agrupar) del Municipio de Quito. Aunque están productivos desde hace varios años, esta propuesta se visibilizó durante la Emergencia Sanitaria, declarada desde el 17 de marzo, y los vecinos son los principales compradores.

Pablo Garófalo, experto del Proyecto Agrupar de Conquito, resaltó que la prioridad es el autoabastecimiento de alimentos para cada familia, vecinos y el barrio. “Por temas de movilización se ha atendido poco a la ciudadanía. Pero en algunos sectores, aunque en pequeñas cantidades, sí se logró entregar canastas a domicilio”. Mantienen los precios y la presentación como productos agroecológicos, que le da un valor agregado al tradicional.

El excedente también se oferta mediante mecanismos como la canasta popular de Agrokawsay de la Prefectura del Azuay, trueques (el randi randi o dando y dando con intercambio de productos, bajo el principio de reciprocidad) y donaciones. Como estrategia, se adquieren los productos componentes del canasto en los propios lugares de producción. Así abasteció con 22.000 canastas agroecológicas, compuestas por 20 productos, y 26.000 canastas solidarias hasta el 15 de mayo.

Dolores Morocho, integrante de la Asociación San Juan Bautista del cantón Nabón (sur de la provincia del Azuay, en el Austro ecuatoriano), no solo vendió más a sus vecinos, sino que también envía sus productos agroecológicos a la Megatienda, de Cuenca.

En cambio, el Programa Pequeñas Donaciones de Ecuador optó por acudir, mediante ‘proyectos ágiles’, en ayuda de 7.472 familias de las organizaciones comunitarias y pueblos de nacionalidades indígenas. Anamaría Varea, coordinadora del Programa, se contactaron con las familias y dirigentes para conocer en qué condiciones estaban y qué necesidades atender en la Emergencia Sanitaria. Se asignaron un fondo de hasta 5.000 dólares para contribuir a los planes comunitarios frente a la emergencia sanitaria, además de entregarles semillas e insumos para fortalecer sus huertos y parcelas agroecológicos.

Se priorizó la soberanía alimentaria del núcleo familiar, reforzando la agricultura agroecológica, y la comercialización de los excedentes de su producción. Para eso se les dotó de mascarillas, trajes antifluidos y guantes, sobre todo para que la entrega de canastas agroecológicas se haga con todas las seguridades sanitarias o de asepsia que exige el comprador para evitar el riesgo de contagio con la Covid-19.

Además, identificaron a grupos vulnerables, como familias con personas con discapacidades, enfermedades catastróficas y de la tercera edad para ayudarles con kits de alimentos.

No solo desde ahora ante la Emergencia Sanitaria que afrontamos los ecuatorianos, estas y otras propuestas se volvieron las manos aliadas para miles de familias. Son el resultado de procesos persistentes y que hoy pueden ser tomados como ejemplo en cada hogar como fuentes proveedoras de alimentos.

los huertos urbanos de quito

Rosa Ramírez muestra con orgullo lo que producen los huertos urbanos.

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa está en los diferentes barrios de Quito desde hace casi dos décadas. Hoy son alrededor de 1.400 iniciativas de personas, familias urbanas, periurbanas y rurales, y asociaciones barriales.

En estos huertos urbanos y familiares se cultivan hortalizas como lechuga, col, rábano, apio, albaca, brócoli, acelga, pepinillo, zuquini, y otros, además de frutas como mora, frutillas, babaco, tomate de árbol… hierbas medicinales como manzanilla, hierba luisa, orégano y más.

Aprovechan todo espacio posible para plantar sus huertos: terrazas, balcones, patios y pequeños terrenos aledaños a sus viviendas.

Varios hogares complementan la oferta con animales menores como gallinas, pollos, codornices, cuyes, conejos y trucha. También se incluye alimentos como encurtidos, mermeladas, granolas, quesos, pan, entre otros.

Su valor agregado radica en la agricultura, cuyos cultivos se nutren con abono orgánica. Por eso en el 2017, esta iniciativa de Quito fue galardonada con el Premio ‘Impulso por el Cambio’, que entrega Naciones Unidas, a través de Momentum For Change, a las soluciones ejemplares de desarrollo sostenible en el desafío al cambio climático.

Por una agricultura amigable

En plena siembra en la comunidad caluquí, cantón Otavalo, en Imbabura. Fotos: PPDEcuador

Trabajan en equipo y cobijados por asociaciones, poniendo en práctica la agricultura amigable con la naturaleza, a través de una propuesta agroecológica y agroforestal.

El Programa de Pequeñas Donaciones Ecuador (PPDEcuador) es encaminada por el Fondo para el Medioambiente Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Prioriza a los sectores indígenas y campesinas, que están organizados y están comprometidos con la conservación de la biodiversidad.

Según Anamaría Varea, el trabajo se enfoca en la propuesta de biocorredores del buen vivir, es decir no solo se trata de mantener una producción sostenible sino también de cuidar los ecosistemas frágiles como los páramos en la Sierra, la selva en la Amazonía y los manglares en la Costa.

Desde el PPDEcuador, se asignan hasta 50.000 dólares y un monto similar de cofinanciamiento, además de implementar sus bancos de semillas, por cada unidad de biocorredor. Esta es considerada como un refugio de vida silvestre y cuidada por varias organizaciones que trabajan a través de un comité de gestión.

Mediante motivadores comunitarios, se incentiva el retorno a la producción en las huertas familiares, en las chacras o las fincas. El tipo de productos depende de la región y son sobre todo de ciclo corto.

Las frutas y más productos de ciclo corto.

Involucra a comunidades campesinas y pueblos indígenas, agrupadas en redes. Está, por ejemplo, la Red de Economía Solidaria y Soberanía Alimentaria del Territorio Kayambi (RESSAK), en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha, que abarca a 270 familias.

Desde el PPDEcuador se da la asistencia de equipos técnicos, acompañamiento y monitoreo a los procesos de producción y fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones.

También apoyan para lograr alianzas estratégicas con los municipios y otros aliados estratégicos como las universidades. Ahora en la fase operativa 7, por ejemplo, se trabajará con las comunidades vinculadas al programa Socio Bosque, del Ministerio del Ambiente, para respaldar sus bioemprendimientos.                  

Productos limpios de nabón y más

Agricultores de Ucumari, en Nabón, en plena cosecha de cebada. Fotos: Jaime Plaza

Las familias del cantón Nabón, al sur de la provincia de Azuay, también están empeñados en los cultivos orgánicos. Siembran hortalizas lechuga, brócoli, remolacha, zanahoria y frutas como tomate, mora y fresas.

En sectores como Ucumari, sus habitantes también siembran cebada, maíz y hasta café orgánico en la zona baja.

La cosecha del café orgánico en Ucumari, occidente de Nabón.

Están bajo el proyecto Nabón Productos Limpios, que incentiva a la producción agroecológica y es encaminado desde la segunda administración de la  alcaldesa Magali Quezada (2014-2019). Hoy engloba a más de 45 agricultores de ocho asociaciones.

No muy lejos de ahí, en Zamora Chinchipe, provincia del sur de la Amazonía, están los huertos orgánicos que, en la administración del anterior prefecto Salvador Quishpe, fueron cobijados por el proyecto ‘Territorios de Producción Limpia’. Acogió a cerca de 500 familias, que producen para consumo propio y para la venta, además buscando reducir los pastizales y de reforestar las áreas degradadas con cultivos de café y cacao.

Así desde la Costa, la Sierra o la Amazonía, los pequeños productores, agricultores y campesinos se convirtieron en la gran mano aliada para resistir el confinamiento, en especial con el abasto de alimentos desde sus huertas y campos. Hoy son el ejemplo a seguir en el afán de contar con productos propios para la subsistencia alimenticia.

Igual que ahora, en tiempos normales, en mercados de la Amazonía, como el del cantón Yanzatza, se podía encontrar yuca, verde, papaya y mucho más.

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Los amazónicos demandan por el derrame de petróleo

Miembros de la comunidad indígena San Pedro de Río Coca se lamentan por los impactos del derrame de petróleo a lo largo de las orillas del río. Fotos: Telmo Ibarburu

ECUADOR. Sin la posibilidad de abastecerse de agua y alimentos porque su principal fuente, el río, está contaminada. El derrame de 15.000 barriles de petróleo dejó cubiertas a sus riberas por grandes manchas negras y grasosas.

Así no pueden pescar ni regar sus chacras y hoy enfrentan una limitación severa de alimentos. Por eso muchos se ven obligados a salir a los poblados para abastecerse, con el serio riesgo de contagiarse con el Covid_19. Así las comunidades kichwa sufren una afectación cultural y de derechos humanos.

120.000 personas de poblados urbanos y 105 comunidades están entre las afectadas. Según Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), 35.000 (27.000 pertenecen a las comunidades indígenas) sufren afectación directa. La mayoría son Kichwa y Shuar de 21 parroquias, asentadas en las riberas de los ríos Coca y Napo.

En un intento por remediar el daño, se han repartido raciones alimenticias y a algunas familias entregan bidones de 10 litros de agua, cada cuatro días.

“Una simple funda de comida no remedia todo el daño causado”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana

Marlene Cachipuendo, una de las afectadas, contó que “vinieron los de Petroecuador y dijeron solo es un poquito de contaminación, ya les estamos dando agua”.

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo de Orellana, no dudó en calificar a dichas actividades de remediación como “una verdadera grosería. En vez de repartir esos bidones que, engrosan la contaminación, no se les ocurre entregar tanques para recolectar el agua de tanta lluvia que cae acá”.

Aún más, a los mismos indígenas les pagan para que realicen las tareas de limpiezas de la contaminación, pero eso está causando enfermedades en ellos.

La demanda de Acción de Protección

Las comunidades afectadas, representadas por Confeniae, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae) y los Vicariatos de Oellana y Sucumbíos, presentaron la acción legal ante un juez de Orellana, este miércoles 29 de abril. Lo hicieron con el respaldo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Restauración ambiental urgente, reparación integral para los afectados y reubicación de los oleoductos para evitar que ocurran futuros derrames. Esas son las exigencias que incluye la demanda de Acción de Protección y Medidas Cautelares, que interpusieron los afectados por el derrame del 7 de abril.

Este proceso penal es en contra de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, del Ambiente y Salud, además de Petroecuador y OCP Ecuador. Obedece a la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, salud, a vivir en un ambiente sano, al territorio de los pueblos y nacionalidades y a los derechos de la naturaleza.

Carlos Jipa, presidente de la Fcunae, denuncia que las empresas petroleras han tratado de dividir a las comunidades, pero “hoy estamos consolidados y tenemos la petición desde las comunas para que se lance esta demanda”.

Los demandantes alegan que este derrame se pudo prever, ya que expertos del Instituto Geofísico alertaron sobre la inestabilidad de la zona, especial por la cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, aparte de los constantes deslaves y torrenciales aguaceros.

Lo peor de todo es que tampoco comunicaron rápido a las comunidades y la gente muy temprano, como de costumbre, ya estaba en el cauce del río. Hubo niños que acudieron a pescar y regresaron a sus casas cubiertos del grasoso crudo.

Como un reciente antecedente está el colapso de la cascada San Rafael por un zocavón, ocurrido en febrero último. Tras ese hecho, los expertos también alertaron de una erosión regresiva de los suelos, como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ponía en riesgo a los oleoductos.

No obstante, ni el Estado ni OCP actuaron a tiempo para evitar que suceda este derrame, considerado el más grande en los últimos 15 años.

Por eso, Lina María Espinosa, de Amazon Frontlines y parte del equipo legal de los afectados, insistió que el Estado ecuatoriano, OCP Ecuador y Petroecuador deben asumir la responsabilidad.

El mayor derrame de petróleo en los últimos 15 años.

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Al borde de un genocidio por los incendios forestales en la Amazonía

Los indígenas en aislamiento se ven forzados a desplazarse hacia territorios extraños, lo que les pone en grave riesgo.

Sus territorios arden en medio de los incendios incontrolables y ellos viven una situación dramática. Son 350 grupos indígenas amazónicos y 185 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que habitan la Amazonía y el Gran Chaco.

Frente a esa situación, las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas, junto con los especialistas, denuncian que estos pueblos superviven bajo amenaza constante y los incendios forestales lo agravan aún más.

Un comunicado, firmado por 14 organizaciones, denuncia y alerta que estas amenazas, en especial los incendios que ahora arrasan la Amazonía, obligan a los pueblos indígenas en aislamiento (de 66 está confirmada su existencia en la región) a buscar estrategias de supervivencia, incluido el desplazamiento forzado.

Bajo esas condiciones, se ven empujados a buscar refugio en regiones extrañas a sus territorios tradicionales. Lo peor es que esta migración forzada los pone en contacto inminente e incluso confrontación con personas ajenas a su grupo.

Por eso, “públicamente defendemos a estos pueblos indígenas y exigimos que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomen medidas inmediatas para contrarrestar tales incendios”, reza el manifiesto.

Además, que se implementen medidas especiales de protección para estos pueblos, respetando su autodeterminación para permanecer en aislamiento.

Los intereses detrás de los incendios

Las organizaciones denunciantes aseguran que detrás de la quema en la Amazonía (Brasil), la Chiquitanía (Bolivia) y el Gran Chaco (Paraguay) existe un mercado millonario.

Advierten que en Brasil, “prender fuego a un área de 1.000 hectáreas cuesta alrededor de 1 millón de reales en el mercado negro”. La gran interrogante es: ¿Quién paga y qué se gana?

Las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos en pueblos indígenas en aislamiento presentan en un trabajo conjunto una visión general de lo que ocurre en los siete países de la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.

Brasil y su irrespeto total a los pueblos indígenas

La actitud del gobierno brasileño frente a la población indígena deviene en el irrespeto total a los principios constitucionales. Desde hace meses, el presidente Jair Bolsonaro ha emitido discursos en contra de los pueblos indígenas y  el movimiento ambientalista.

Las organizaciones denunciantes señalan que la discusión y el desprecio fueron los dos únicos pronunciamientos del Presidente y su equipo a la comunidad internacional, especialmente ante la sociedad civil organizada a favor de Brasil.

Aún más,  ha  irrespetado la legislación ambiental. Eso le ha llevado a repercusiones internacionales, sobre todo la presión del G7.  En respuesta, se armó un gabinete de crisis y se movió a los militares para tratar de apagar los flagelos.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es 278% más que el miperíodo del 2018, son daos oficiales del INPE. En Brasil se contabilizaron 131 tierras indígenas incendiadas entre el 15 y el 20 de agosto de 2019. Pero todos los días se presentan nuevos incendios. Estos datos han sido levantados por la geógrafa Ananda Santa Rosa y Fabrício Amorim, con base en el Sistema de Información de Incendios.  Fire Information for Resource Management System  (FIRMS/NASA).

En medio de este caos, la situación más dramática es la de los pueblos indígenas en aislamiento. En Brasil existen 114 registros de estos grupos, de los cuales 28 son confirmados por el organismo oficial indigenista del gobierno o FUNAI.

¿Cuántos huyen del fuego? La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas en aislamiento, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia.

Petróleo y minería contra las comunidades amazónicas de Ecuador

Antes que los grandes incendios, en Ecuador la megaminería es el gran mal. Estas actividades están avanzando sobre los territorios en el sur de la Amazonía de Ecuador. Se suma una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar.

Las imágenes satelitales evidencian que, durante los últimos años, existe un aumento de situaciones dramáticas de incremento de lluvia y nuevas zonas  de inundaciones en la Amazonía norte, que desde hace décadas es destruida y contaminada por actividades petroleras. 

El avance de la frontera agrícola y el desarrollo incentivado por gobiernos locales fomentan la deforestación en esta zona.  La apertura de nuevas carreteras abre paso a la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente. 

Al Parque Nacional Yasuní le están diezmado la deforestación derivada de la explotación de petróleo, por nuevas carreteras y plataformas. Lo peor es que ponen en grave riesgo la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, grupos indígenas que viven en aislamiento.

Grave daño a territorios intangibles en Bolivia

Un millón de hectáreas de bosque se han incendiado en lo que del 2019. Desde finales de julio hasta agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía  devastó 780.000 hectáreas. Lo más afectado está en la región de Chiquitanía y los territorios Ayoreo, Chiquitano y Monkoxi.

También se han afectado gravemente  y desaparecido bosques secos en la frontera con Paraguay, en el área decretada con intangibilidad (inviolable y prohibido el ingreso de gente extraña) para Pueblos en Aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní. Estas zonas representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y la política de gobierno. 

Los incendios afectan a los pueblos en aislamiento del Perú

La mayor parte de los incendios forestales ocurren en zonas de la Sierra (Cusco y Ayacucho). Una buena parte de los incendios reportados en la  selva están directamente vinculados a territorios pueblos en aislamiento o en contacto inicial.

El impacto es grave, no solo en las condiciones del territorio sino también en la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia. Esto afecta directamente a los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan. 

Uno de los incendios detectados afecta al área propuesta para la creación de la reserva indígena de Sierra del Divisor Occidental (Ucayalí, Loreto). Este sitio ya cuenta con el reconocimiento oficial como refugio de los pueblos en aislamiento y que se superpone con el Parque Nacional de Sierra de Divisor, además se conecta con la Reserva Indígena Isconahua.

El segundo incendio está en el Distrito de Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios), próximo al Parque Nacional Alto Purús y a las reservas territoriales Mashco Piro y Madre de Dios. Este sector es parte de un ámbito mayor de desplazamiento los pueblos en aislamiento, conocido por las organizaciones indígenas como: Corredor Territorial Transfronterizo Pano-Arawak (Perú – Brasil). 

Tratar de controlar los incendios forestales resulta una tarea
muy complicada para los brigadistas.

¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.

Defensores del agua buscan detener la arremetida minera en Ecuador

Yaku Pérez, prefecto del Azuay, lidera la iniciativa de la Consulta Popular para conservar las fuentes naturales de agua. (Fotos: Jaime Plaza)

Antes como activista, hoy como una autoridad provincial, Yaku Pérez y su gente hacen esfuerzos por defender las fuentes naturales de agua y frenar la arremetida del extractivismo minero. Para eso, ahora impulsan la propuesta de una consulta popular en Azuay, su provincia.

Con ese objetivo, el ahora Prefecto azuayo llegó a la Corte Constitucional, en Quito, entonando cánticos y haciendo sonar su saxofón, acompañado por delegaciones de organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y más. “Vamos hacer que Azuay y Ecuador muy pronto sean territorio libre de minería”, fue la sentencia de Pérez.

La pregunta:

“Está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de minería metálica en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y todas las zonas de recarga hídrica en la provincia del Azuay”.

Allí, en la Corte entregaron la petición de una Consulta Popular “para decidir entre el oro o el agua, si queremos la vida o la muerte”. Quedaron a la espera de que la Corte lo admita y los jueces emitan un dictamen favorable. De conseguir aquello, deberán sumar alrededor de 65.000 firmas (10% de los empadronados en Azuay) para llevarlas ante el Consejo Nacional Electoral y se proceda con la consulta.

Un primer intento lo hicieron el 22 de julio pasado en la Cámara Provincial del Azuay. La iniciativa de Yaku Pérez no logró la aprobación de las tres cuartas partes de sus integrantes como ordena la Constitución de la República. Ese día, 14 consejeros provinciales dieron su voto a favor, ocho en contra (uno de ellos el representante del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, quien en campaña ofreció defender el agua frente a la minería) y uno en blanco. Faltaron tres votos para ir directo a la Consulta Popular.

“Así como el pueblo los puso en su puesto, autoridades dejen que ahora el pueblo decida por el agua o por las concesiones mineras”, conminó a los jueces Patricia Mogrovejo, presidenta de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) Una vez conseguido el dictamen favorable de la Corte Constitucional, iniciarán la minga de recolección de las firmas.

Los campesinos y más habitantes de cantones como Nabón, Oña, Sígsig, Gualaceo, Cuenca… o parroquias como Tarqui o Cochapata defienden sus fuentes de agua.

Los de Cochapata (comunidad de Nabón), por ejemplo, rechazan las concesiones mineras en el cerro El Mozo, una de las mayores fuentes de captación de agua para riego y consumo humano.

Los de Tarqui, en cambio, defienden a Quimsacocha, un páramo parte del sistema de áreas protegidas y sitio de captación de agua para diferentes sectores de Cuenca.

Las organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas respaldan el rechazo a las concesiones mineras en páramos, bosques, humedales y más.

En este proceso hay precedentes

  • El 86,79% de los habitantes del cantón Girón (suroeste de Azuay) dijo No a la minería en la Consulta Popular de marzo del 2019. Esto en contra las actividades de exploración en el proyecto Loma Grande de la empresa canadiense INV Metals Inc.
  • En junio del 2018, una sentencia judicial ordenó la suspensión de toda actividad de la minera china Ecuagoldming  en el proyecto Río Blanco, en la zona de Molleturo. El juez civil de Cuenca, Paúl Serrano, determinó que se “vulneraron los derechos al debido proceso a la consulta previa, libre e informada, en las comunidades cercanas al proyecto”. Dicha sentencia fue ratificada por la Corte Provincial del Azuay, el 3 de agosto.

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Para defender el agua, 12 días de caminata

Partieron desde Tundayme, Zamora Chinchipe, hasta llegar  Quito para presentar una propuesta en defensa del agua.

Su convicción y la solidaridad les inyectó la fortaleza para no desmayar sus pasos durante los 12 días de caminata. Había que llegar a Quito para entregar su propuesta de paralizar toda actividad extractiva y salvar sus fuentes de agua.

A la capital de Ecuador, arribaron la tarde de este miércoles 14 de noviembre, después de recorrer desde Tundayme, una de las zonas seriamente afectadas por la megaminería en Zamora Chinchipe, sur de la Amazonía ecuatoriana.

Para este jueves 15, aguardaban la posibilidad de ser recibidos en la Presidencia de la República. Pero al final nadie les atendió en Carondelet, a diferencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde sí les dieron audiencia.

Acudieron a la convocatoria de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari). 

Con su saxofón, Yaku Pérez, presidente de la Ecuaruani, puso el ritmo a los cánticos. Él, uno de los líderes de la marcha, aseguró que “uno de los mayores conflictos socioambientales que se vive en el país es causado por el extractivismo minero”. 

Por eso recogieron propuestas desde diferentes sectores del país para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley Orgánica. El objetivo es que se prohíba la minería metálica en todo el territorio, que no haya ni licencias ni concesiones para prospección,  exploraciones, explotación y comercialización. “La única manera de parar la contaminación, la violencia y la criminalización es dictar una ley que termine con la minería”.

Esta propuesta fue entrega por los dirigentes a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. “Este proceso no termina ni hoy ni mañana. Es una lucha intergeneracional”. 

Por eso, alrededor de 1.500 mujeres y hombres, jóvenes y adultos caminaron firmes hasta Quito, a pesar del agotamiento físico. Acudieron de comunidades como Molleturo, Tundayme, Paloquemado, Cofanes Sinangoe, San Pablo de Amalí, Saraguro, Cañar…

Las mujeres y su convicción

La participación de las mujeres fue determinante. Ellas dejaron escuchar su voz convincente sobre el por qué decidieron unirse a esta marcha.

Pacari Lanchimba, de la comunidad La Libertad, parroquia Cangahua (Cayambe), fue una de las más entusiastas. No se cansó de entonar su guitarra y, a viva voz, cantar por el agua y por el Yasuní. 

Las mujeres de Otavalo tuvieron una presencia muy importante durante la marcha.

Carmen Laureana Chilpe, de 75 años, se unió desde Molleturo, cantón Cuenca (Azuay). Mientras trataba de estirar sus piernas para aliviar el cansancio, ella contó que decidió sumarse a la caminata “para defender el agua” y por sentirse cansada de lo que está ocurriendo en su comunidad.

Cerca de allí, una empresa china recibió una concesión para explotar oro y sus actividades empezaron a causar estragos en las fuentes de agua. “Por eso, nosotros protestamos. Al inicio éramos dos o tres personas, pero luego llegaron más”.

Desde la comunidad San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, llegó Martha Cobos. Ella y su gente estuvieron en la marcha en protesta porque corren el grave riesgo de quedarse sin agua por construcción de una represa para la Hidroeléctrica Hidrotambo S.A. Para eso, en octubre del 2013 se desvió el cauce del río Dulcepamba, poniendo en peligro a la comunidad misma. 

Por todo eso, no paraban de gritar consignas y entonar cánticos como el ‘Carnaval del Agua’, con aquel “Agua quiero, agua quiero… oro nooo”, exigiendo respeto para sus fuentes de agua.

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Los Frailes y el Parque Nacional Machalilla, con las alarmas activadas

Los Frailes 4
Los Frailes es una de las principales joyas del Parque Nacional Machalilla. El sitio es vigilado por guardaparques. (Fotos: Jaime Plaza)

MANABÍ. Los Frailes es una playa paradisiaca, quizá única en Ecuador, por sus condiciones, riqueza natural y pacividad que ofrece esta entrada de mar, con agua color turquesa. Estas características constituyen un verdadero imán para el visitante. Es que de verdad es para disfrutarlo al máximo. 

Por eso y por mucho más, es uno de los sitios privilegiados del Parque Nacional Machalilla (PNM) y que quizá por eso la han puesto en la mirada de los inversionistas extranjeros.

En su entorno, en estos días ronda una gran preocupación. Los habitantes de Puerto López (cantón donde está ubicada esta área protegida) y la comunidad entera alertan sobre las intenciones de construir un mega proyecto hotelero.

Las alarmas se activaron a partir de que, el pasado 18 de septiembre, un helicóptero, sin autorización alguna, aterrizara en la playa La Tortuguita, contigua a Los Frailes e igual dentro del PNM.

Un comunicado oficial confirmó ese aterrizaje. En este se adujo que “El sustento para estas aseveraciones mal intencionadas es, posiblemente, la visita realizada por el Ministerio de Turismo con inversionistas extranjeros en la provincia de Manabí y donde se visitó la playa de los Frailes, uno de los atractivos de esta zona. Por tanto, este recorrido solo cumplió con el objetivo de mostrar a los interesados las potencialidades turísticas que tiene el Ecuador”.

El Ministerio del Turismo insiste en rechazar las “expresiones en redes sociales” sobre que se busca introducir cadenas hoteleras en zonas protegidas como parques nacionales.

La Cartera de Ambiente también emitió un comunicado. En este se indicó que “Hasta la fecha, ni el Ministerio del Ambiente ni la Dirección Provincial del Ambiente en Manabí han recibido propuesta alguna para la construcción de un complejo hotelero o infraestructura turística masiva en Los Frailes”.

Sin embargo, argumentos hay suficientes para esa preocupación. Sol Damerval, exdirectora del PNM, trae a colación lo señalado por el  presidente de Ecuador, Lenin  Moreno, y el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, el 11 de mayo del 2018. 

Ese día anunciaron que se busca atraer el turismo extranjero con base en dos grandes proyectos denominados ‘Pueblos Mágicos y Riviera del Pacífico’, en un estilo similar a lo de Riviera Maya en México.

Los Frailes 2
Los Frailes es una playa de especial atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

El vicealcalde de Puerto López, Cinerman Miranda, aseguró que, el 18 de julio, el ministro Ponce de León junto a otras autoridades y más personas estuvieron en esta localidad. “En una visita de cinco minutos, me supo manifestar sobre el proyecto Riviera del Pacífico, que contempla inversión privada en áreas específicas. Una de ellas es Puerto López. Ese día hicieron un sobrevuelo y quedaron en pedir la información correspondiente al Municipio”.

Según Miranda, “quieren atraer la inversión privada para hacer resorts u hoteles de primera. Lógicamente están viendo la ubicación, aunque en esa visita no se habló de lugares… De que existe interés, pues sí. Hay una visita y un anuncio oficial”.

   Área protegida desde hace 39 años

Ave PNM 1
Batará collarejo endémico.

Ave PNM 2
Oriol filiblanco endémico de la Región Tumbesina.

  • El Parque Nacional Machalilla tiene 41.754 hectáreas terrestres y 14.430 hectáreas marinas.
  • Es el refugio de 142 especies de aves de 142 marinas y terrestres. De estas, 34 son endémicas de las Región Tumbesina.
  • Alberga mamíferos como el perro de monte de Sechura Pseudalopex sechurae. Esta especie aparece en la lista roja de la UICN como casi amenazada. 
  • Es hogra del yaguarundí Herpailurus yagouaroundi, el venado de Cola Blanca Odocoileus virginianus, el mapache tropical Procyon cancrivorus, entre otros mamíferos.
  • Es un hábitat para variedad de reptiles y anfibios.
  • El sitio Playa la Tortuguita es un lugar importante para la anidación de tortugas marinas: la tortuga verde Chelonia mydas agassizii y la carey Eretmochelys imbricat. Esta última está Peligro Crítico de Extinción, según la UICN.
  • En su área marina alberga un sinnúmero de peces e invertebrados en sus arrecifes rocosos coralinos.
  • Sus parajes se caracterizan por el bosque seco tropical y matorral desértico propio de la zona. Incluso se han recuperado los bosques de palo santo (Bursera Graveoles), un árbol aromático medicinal.Caminata Los Frailes

El riesgo de un impacto irreversible

El helicóptero no tuvo permiso de aterrizaje y el riesgo que causó impacto es enorme. La playa La Tortuguita es zona de anidación de tortugas marinas, además refugio de aves, venados de cola blanca y roja. 

José Luis Mendoza, administrador del PNM, confirmó que un funcionario del Ministerio de Turismo anticipó que se haría un sobrevuelo a la zona, pero no un aterrizaje. “Nosotros (como PNM) nunca dimos autorización. Si bien hay una comunicado oficial, pero no hemos tenido respuestas sobre el aterrizaje ni se justifica”.

Por tratarse de un parque nacional es de protección estricta por su fragilidad y el aterrizaje del helicóptero habría ocasionado una seria afectación. “Las sanciones por este irrespeto pueden llegar hasta un proceso administrativo a los funcionarios”. Hay un informe elaborado por los guardaparques y el Ministerio del Ambiente encamina una investigación.

El peso del helicóptero habría afectado seriamente a posibles nidos tortugas. Aparte de que las aspas de la nave también habría ahuyentado a aves migratorias y animales de la zona.

Los dueños originales reclaman sus derechos

Hernán Cobo Pérez es uno de los que aduce tener derecho sobre parte de lo que hoy es el Parque Nacional Machalilla. Al igual que él, existen otras familias que mantienen sus propiedades dentro del área protegida.

Con documentos en mano, él sustentó su propiedad en reunión del administrador del PNM, José Luis Mendoza. 

Con una escritura pública de compra-venta de un terreno de 194 hectáreas (incluyen Los Frailes y playa la Tortuguita), demuestra que su padre Hernán Cobo Barona adquirió el 31 de octubre de 1973. Y se lo inscribe en el Registro de la Propiedad, en mayo de 1974.

Un año después se lo expropió el terreno para incluirlo al PNM. Sin embargo, hasta la actualidad no han recibido indemnización, a pesar de que las ministras de Ambiente, Sol Damerval, Lourdes Luque y Ana Albán, reconocieran que la familia Cobo tiene ese derecho.

Incluso Cobo aún sigue pagando el impuesto de predio rústico, en la actualidad ante el Municipio de Puerto López. 

Hernán Cobo
Hernán Cobo (der.) indica las escrituras sobre su propiedad al administrador del PNM, José Luis Mendoza.

Ni en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni en los planes de Manejo de Los Frailes y del Parque Nacional Machalila se contempla la construcción de ningún tipo de complejo turístico o similares.

Por eso, Sol Damerval está segura que no se dará paso a ninguna de estas pretensiones. Incluso durante estos días se realiza la cruzada #SalvemosLosFrailes, mediante la recolección de firmas de respaldo en las principales ciudades de Ecuador. 

A la defensa se sumaron manifiestos de colectivos como ‘Amazilia’ (la Asociación de Guías Naturalistas del PNM). Los guías enviaron una senda comunicación exigiendo respuestas a los ministros de Turismo y de Ambiente. 

Mediante un oficio dirigido al Alcalde de Puerto López, la concejal Patricia Sanlucas también hizo público su desacuerdo y oposición a la “ilegal y arbitraria pretención de construcción de un presunto hotel resort en la playa Los Frailes”. 

Aún más, la noche del jueves 27 de septiembre, la comunidad de Puerto López se reunió en una asamblea ciudadana para hacer pública su preocupación. Acudieron autoridades, representantes de los sectores hoteleros, guías, Administrador del PNM y ciudadanía en general. 

Entre otras cosas, decidieron pedir a los asambleístas por Manabí que exijan una explicación ante la Asamblea Nacional a las autoridades del Ministerio de Turismo sobre el aterrizaje del helicóptero.

“Jamás se va dar eso, porque el pueblo entero de Puerto López se levantará a gritar No. Habrían muertos y heridos, pero los vecinos no vamos a permitirlo”. “Tenemos que defenderlo porque nuestro máximo atractivo”. Así lo afirmó con determinación Sol Damerval y Carmen Yanchapatza, dueña del restaurante más antiguo de este cantón manabita.

La Tortuguita
La playa La Tortuguita, donde aterrizó el helicóptero, es de mucha fragilidad ya que es una zona de anidación permanente de tortugas marinas.

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Kawsak Sacha o Selva Viviente, el desafío por la vida del Pueblo Sarayaku

Dirigentes
Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Sarayaku (de azul), lidera la presentación de la propuesta. (Fotos: Cortesía Casa de la Cultura, núcleo de Pichincha).

A su Kawsak Sacha lo conciben como un ser vivo, sujeto de derechos y dotado de conciencia y dignidad. Esa es la cosmovisión del Pueblo Sarayaku sobre sus territorios.

Esta nacionalidad originaria y asentada en el centro de la Amazonía ecuatoriana presenta al Estado ecuatoriano y al planeta entero la declaratoria de Kawsak Sacha o Selva Viviente como una propuesta de vida.

Cientos de niños, jóvenes, adultos y sabios, mujeres y hombres, dejaron sus casas para trasladarse hasta Quito. Durante cinco días mostraron sus tradiciones y cultura, llegaron con sus tambores y bailes, instalaron pabellones recreando sus hábitats y brindaron con chicha en los tradicionales mukawas (recipientes de cerámica).

Pero sobre todo explicaron a unos y debatieron con otros su plan del pueblo kichwa Sarayaku es preservar y conservar de manera sostenible las 135.000 hectáreas en que ellos habitan. Pero también su relación material y espiritual con la selva viviente y con los seres a los que cobija.

Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Sarayaku, exhortó al Gobierno de Ecuador a reconocer a la propuesta Kawsak Sacha como una categoría de conservación desde los pueblos y nacionalidades originarios de la Amazonía.

El mensaje de la líder sarayaku para el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, es que “los territorios de los pueblos indígenas deben ser administrados de acuerdo con nuestra propia filosofía”. Además, que existen otras formas de desarrollo.

En la propuesta Kawsak Sacha están los planes de vida que incluye:

  • Administración del territorio
  • Salud
  • Fortalecer la educación propia
  • Sabiduría ancestral
  • Fortalecer el emprendimiento comunitario: artesanía, ecoturismo, producción, turismo comunitario controlado…

Una de las mayores insistencias de los líderes sarayaku es que sus territorios queden libres de las actividades extractivas, en especial la explotación petrolera.

Cisneros sentenció que “nosotros no necesitamos que las empresas extractivas vengan a explotar nuestros recursos y que nos dejen con grandes problemas socioambientales, culturales y de enfermedades”. Esto significaría la desaparición misma de estos pueblos.

Una propuesta de vida para un pueblo originario

Hombres
Los líderes sarayaku durante el lanzamiento de la propuesta en Quito.

Transformarlo en realidad a este plan al Pueblo Sarayaku le tomó alrededor de 14 años. Se trata de una nueva ordenza sobre la conservación de territorio y la biodervidad. De allí que la mayor aspiración es legitimarlo.

Este modelo no comulga con el sistema de áreas protegidas y parques nacionales. “Estos han desplazadado a los pueblos indígenas y no son garantes para frenar un proyecto extractivo”, es la convicción de José Gualinga, otro de los líderes sarayaku.

También es visto como un nuevo mecanismo efectivo de conservar estos territorios amazónicos. Pero tampoco está separado de propuestas que puedan generar economías solidarias.

“Es un modelo de vida basado en criterios de riqueza de nuestra cultura. Por ejemplo, la existencia en nuestro territorio de ríos no contaminados y con abundantes peces, la vida en el allyu y la fortaleza de nuestra organización. 

El Kawsak Sacha es donde vivieron nuestros kallari rukukuna (antepasados), apayayas y apamamas (abuelos y abuelas), padres, madres, donde nosotros vivimos, donde vivirán nuestras futuras generaciones y donde permanecerán los seres protectores de la selva y todos los pueblos originarios”.

Este novedoso plan nació en el seno del Pueblo Sarayaku, que fuera reconocido legalmente en 1979. Y en el proceso de su consolidación participaron líderesas como Patricia Gualinga y Nina Gualinga, líderes, yachaks y el acompañamiento de organizaciones como Land is Life.

Mirian Cisneros anticipó que posterior al lanzamiento quieren reunirse con el resto de pueblos y nacionales para proponer su iniciativa. Pues se trata de un modelo paraguas que puede adaptarse de acuerdo a la filosofía de cada pueblo.

También proponen a que los organismos internacionales se adhieran y refrenden esta declaratoria de protección a los territorios gobernados por pueblos indígenas.

Líderes
Los líderes del Pueblo Sarayaku que trabajaron en la presentación de la propuesta de Selva Viviente. (Foto: Jaime Plaza)

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Galápagos tiene un aeropuerto que se lleva muy bien con el medioambiente

Aeropuerto Baltra
Un parque eólico de tres aerogeneradores (der.) y paneles solares generan la energía eléctrica que se utiliza en esta terminal aérea del aeropuerto Seymour. (Foto: Ecogal) 

Genera energía eléctrica con sus propios paneles solares y parque eólico. Utiliza vehículos eléctricos en la operación diaria, planta de tratamiento de aguas residuales, buena gestión de residuos y monitoreo constante de las especies.

Esas y otras acciones constituyen su principal estrategia para reducir los impactos en el aire, suelo, agua, flora y fauna de Galápagos.

Y ese es el mérito del aeropuerto Seymour de Baltra para convertirse en uno de los primeros de Latinoamérica y El Caribe en recibir la certificación carbono neutro. Lo alcanzó el 18 de diciembre del 2017.

Constituye la entrada principal a las islas Galápagos, declaradas Parque Nacional (uno de los más importante de Ecuador) en 1959 y Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Cada día recibe un promedio 1.200 pasajeros en seis vuelos diarios. En fin de semana se incrementan en 20%.

La certificación carbono neutro es un reconocimiento a los esfuerzos por reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) o gases que afectan al medioambiente. Lo recibió del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), a través del programa Airport Carbon Acreditation.

Para lograrlo se inició el proceso en el 2014 y “convencidos de que podíamos llegar a ser carbono neutro”, lo asegura Jorge Rosillo, gerente general del Aeropuerto Ecológico de Galápagos. “Ser carbono neutro es una característica que ayuda a cada ser viviente y al planeta mismo”.

Los beneficios palpables están en la reducción de un 25% de ahorros económicos en el gasto de combustible y energía eléctrica al crear una cultura de ahorro y optimización de recursos. Esta se extiende al uso del agua e incluso los materiales, bajo una administración austera.

Ahora esta experiencia de Galápagos busca generar el interés en otros sobre ser cuidadosos y responsables, en especial la filosofía de que se puede ofrecer un servicio de calidad mientras se protege el medioambiente y el respeto a la naturaleza.

 

Los cuatro pilares 

  • Reducir el impacto sobre el aire al generar energía renovable mediante sus propios paneles solares y el parque eólico. Esta alimenta toda la terminal y el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.  Además adquirió vehículos eléctricos para las operaciones diarias.
  • Reducir el impacto sobre el suelo con una buena gestión de residuos. Los residuos peligrosos (aceites, llantas, pilas, baterías), que se generan en el aeropuerto, se almacenan y entregan a algún Gestor Ambiental o a la autoridad competente.
  • Reducir el impacto en el agua con una planta de tratamiento de aguas residuales. Se aprovecha el 100% del líquido para el riego de plantas en su propio vivero.  Se hacen análisis y estudios de las condiciones para el uso del agua para cada tipo de evento.
  • Reducir el impacto en la flora y fauna mediante un Estudio de Impacto Ambiental. En este se consideran todas las necesidades de protección de la flora y fauna del lugar. Junto con la Dirección del Parque Nacional Galápagos se impulsan monitoreos constantes en Baltra para la preservación de las especies.

 

Rosillo nos cuenta que toda esta estrategia es administrada por el sistema de gestión ambiental del Aeropuerto Ecológico de Galápagos. Se basado en la norma ISO 14001:2015 que incluye la estructura organizativa, planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, procesos y procedimientos.

También incluye los recursos para desarrollar, implantar, ejecutar, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental. “Es un compromiso de cumplimiento permanente”.

Aeropuerto Baltra 3
El aeropuerto Seymour es administrado por Ecogal, una empresa de Corporación América, de capitales argentinos y que opera más de 50 aeropuertos en el mundo. (Foto: Julián Zambrano)

El proceso de acreditación

Para alcanzar la certificación carbono neutro, este aeropuerto de Galápagos pasó cuatro niveles. Cada uno de ellos tienen sus objetivos puntuales.

El nivel 1 o ‘Mapping’ (Diagnóstico) en el 2015.  Nivel 2 o ‘Reducing’ (reducción), 2016.  Nivel 3 u ‘Optimización’, 2017 y Nivel 3 o ‘Neutralidad’, 2017.

Práctica 1. Se mide la huella de carbono del aeropuerto. Ese decir, se determina cuánto carbono emite cada año y cuáles son las fuentes de emisión. Esto permite planificar la optimización de recursos y reducir estas emisiones, todo garantizado por la norma ISO14064 y los requisitos de acreditación.

Práctica 2. Se demuestra la existencia de una política de ahorro de energía y por ende baja en carbono, controlando el consumo de combustible y energía.

Práctica 3. Es importante capacitar sobre las emisiones de CO2 al personal y a toda la comunidad aeroportuaria, incluso a quienes no están vinculados directamente a Ecogal, como aerolíneas, proveedores y más.

Práctica 4. Las emisiones que igual se generan producto de la actividad (toda actividad del ser humano genera CO2, no hay forma de no emitirlas) deben de ser ‘devueltas’ al planeta en oxígeno. Se debe compensar al Planeta mediante apoyo económico a otras iniciativas tendientes a la reducción de carbono  y que genera la misma cantidad de oxígeno que el CO2 que aún se exige. Así se llega matemáticamente a la operación de CERO.

En el 2009, la asamblea anual del ACI Europa lanzó el programa Airport Carbon Accreditation. Este permite evaluar y reconocer los esfuerzos de los aeropuertos participantes para gestionar y reducir sus emisiones de CO2.

 

(Más sobre los niveles en: http://www.airportcarbonaccreditation.org/airport/4-levels-of-accreditation)

 

Aeropuerto Ecológico en un Patrimonio de la Humanidad

 

En el 2012 se construyó en Galápagos el primer aeropuerto ecológico y sostenible del mundo.

La certificación fue  concedida por su diseño y construcción adaptados al entorno vulnerable de Galápagos. Esto se refleja en una nueva terminal que optimiza el uso de energía, iluminación natural y consumo de agua.

Está ubicada estratégicamente para aprovechar la luz solar y la brisa marina. Además, en la utilización de materiales ecológicos y reutilizados. Para declararlo ecológico se consideró:

  • El uso de energía renovable en un 100%. Esta proviene de paneles fotovoltaicos y energía eólica.
  • La recuperación de áreas afectadas y la reforestación de flora endémica.
  • La iluminación y ventilación natural adecuada en todos los espacios.
  • La reducción del consumo de agua, tratamiento y reutilización de aguas. La terminal cuenta con su propia planta desalinizadora.
  • La reutilización de más del 80% de material del antiguo aeropuerto.
  • La estructura de la terminal está sostenida por tuberías de conducción de petróleo que fueron traídas de la Amazonia ecuatoriana.
  • La utilización de materiales certificados como  responsables con el medioambiente y el uso de materiales naturales locales.

Aeropuerto Baltra 2
En la construcción de la terminal aérea se usaron materiales certificados ambientalmente. Su estructura está sostenida por tubería de conducción de petróleo reciclada en la Amazonía.

 

 

Murciélagos de Galápagos en el radar de expertos de Ecuador, EE.UU. y Nueva Zelanda

Murciélago 4
Valiéndose de redes de mano y de niebla, los científicos atraparon a los murciélagos para estudiarlos. (Fotos y vídeo: Dirección del PNG)

Dos especies de murciélagos de Galápagos son el centro de la atención de un equipo científico.  Buscan conocer su biología, estado de salud y entender su distribución en los ecosistemas del archipiélago de Ecuador.

Desde septiembre pasado, en esta misión están científicos de las universidades de Texas A&M Corpus Christi (Estados Unidos), Auckland y Massey (Nueva Zelanda) y los guardaparques de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (PNG).

Luis Ortiz-Catedral, experto que lidera el proyecto, destaca la importancia de estos mamíferos en la salud de los ecosistemas. “Mantienen controladas a las poblaciones de invertebrados. En algunas partes de Norteamérica se conoce que los murciélagos consumen toneladas de invertebrados, que de otra manera serían plagas para cultivos”.

Durante más de tres semanas de trabajo, un equipo de cuatro guardaparques y tres científicos atrapó siete murciélagos. Para eso recurrieron a diferentes técnicas como redes de mano y de niebla, de seis y 12 metros de alto.

En sus primeras actividades, los científicos pudieron conocer que los murciélagos de las especies gris (Lasiurus cinereus villosissimus) y rojo (Lasiurus borealis brachyotis) se diferencian por el tamaño de su cuerpo, entre 10 y 11 centímetros, y entre 7 y 8 centímetros, respectivamente.

Para determinar aquello, los especialistas se valieron de equipos de medición sonora. Estos les posibilitaron conocer los rangos de distribución en la isla Santa Cruz e identificar los ecosistemas donde comparten espacios similares.

Murciélago 2

Según Danny Rueda, director de Ecosistemas del PNG, en una siguiente fase, los guardaparques entrenados seguirán con el monitoreo en las islas San Cristóbal, Isabela, Santiago y Fernandina.

Se apoyarán con dispositivos portátiles de ultrasonido para determinar qué especie tiene presencia en esos sitios, de acuerdo con las frecuencias de 25 Kilohertz para el murciélago gris y 45 kHz para el rojo.

La comunidad de Santa Cruz, en apoyo a este estudio científico, alertará de avistamientos de murciélagos en sus zonas.