¡Un premio mundial por cuidar la Amazonía!

Dotar a la población de agua saludable es uina de las acciones en las comunidades. Fotos: Alianza Ceibo y Amazon Frontilnes.

ECUADOR. Con y una otra iniciativa innovadora, inyectan esperanza y vida en las entrañas mismas de la Amazonía. Es por esa misión que Alianza Ceibo acaba de ser galardonada con el Premio Ecuatorial 2020 de las Naciones Unidas.

¡Es una gran noticia para Ecuador en medio de las crisis sanitaria por el Covid-19! Alianza Ceibo, una organización de la Amazonía ecuatoriana, es parte de los ganadores de este reconocimiento que, cada año, hace el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), junto a sus socios. Es una forma de incentivar a quienes unen fuerzas para defender a la biodiversidad y luchar contra el cambio climático.

Las comunidades galardonadas

Alianza Ceibo cobija a las comunidades Waorani, Siona, Cofán y Siekopai de la Amazonía ecuatoriana.

El PNUD informó que las 10 comunidades locales e indígenas ganadoras, entre ellas Alianza Ceibo, fueron escogidas de entre 583 nominaciones de más de 120 países. Los ganadores serán reconocidos durante la Semana del Clima de Nueva York, paralelo a la Cumbre de la Naturaleza, a finales de septiembre.

En la décimo primera edición del Premio Ecuatorial se galardonará a comunidades de Ecuador, Canadá, Myanmar, República Democrática del Congo, Indonesia, Madagascar, Kenya, México y Tailandia. “Las organizaciones ganadoras muestran soluciones innovadoras basadas en la naturaleza para abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”.

Según el PNUD, los logros de estas comunidades también evidencian cómo las comunidades y pueblos indígenas han enfrentado los legados de desventaja y discriminación en apoyo de su gente. “Lo hacen a través de una diversidad de soluciones excepcionales que se basan en la naturaleza”, enfatiza el administrador del PNUD, Achim Steiner.

Cada ganador recibirá 10.000 dólares. Además, la oportunidad de participar en una serie de eventos especiales relacionados con la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre de la Naturaleza de la ONU y la Semana Global del Clima, en Nueva York.

En las entrañas de la Amazonía

Alianza Ceibo integra a los pueblos indígenas Waorani (provincia de Pastaza), Siona, Cofán y Siekopai (Sucumbíos), en torno a la misión de proteger más de 20.000 km2 de selva amazónica de Ecuador.

Se trata de una alianza dirigida por indígenas que ha puesto en marcha diferentes alternativas frente al extractivismo minero-petrolero y los monocultivos comerciales habituales.

  • Aprovecha la energía solar para las comunidades.
  • Dota de sistemas de agua limpia.
  • Defiende los derechos humanos de los pueblos indígenas.
  • Apoya a las asociaciones de mujeres en sus diversas propuestas productivas
  • Impulsa el monitoreo ambiental y mapeo territorial.
  • Comunicación comunitaria.

Estas propuestas empezaron allá por el 2011, cuando decidieron reunirse en torno a una alianza para trabajar por sus territorios, la supervivencia cultural y la construcción de soluciones alternativas viables para mejorar la calidad de vida en las distintas comunidades.

Con el apoyo de Alianza Ceibo y Amazone Frontlines, se han construido, por ejemplo, sistemas de captación de agua lluvia en 80 comunidades Kofán, Secoya, Siona y Waorani.

Antes se abastecían con agua de los ríos para beber, cocinar, lavar y bañarse. Pero los afluentes han sido gravemente contaminados por ser una zona tomada por la explotación petrolera y minera, plantaciones de palma africana y las urbes. Por eso para las familias de estas comunidades se ha vuelto cada vez más difícil tener acceso a agua limpia, volviéndose una de las razones para el deterior de la salud de la población.

Los sistemas de agua fueron el punto de partida para las otras diferentes iniciativa, al darse cuenta que “existen más necesidades y mucho más trabajo que hacer”.

Por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, norte de la Amazonía ecuatoriana, la comunidad A’I Cofán de Sinangoe, asentada en las orillas del río Aguarico, salió victoriosa contra la minería en el 2018, al obtener una sentencia que reconoció su derecho a la consulta previa, al agua, a la naturaleza y al medio ambiente.

Un año despues, en el centro-sur de la Amazonía, en la provincia de Pastaza, comunidades Waorani triunfaron frente a las empresas petroleras, con un juicio histórico. En julio de ese año, la Corte de Justicia de Pastaza ratificó la sentencia que impide el ingreso de las petroleras a 180.000 hectáreas del bdenominado bloque 22, incrustado en el Territorio Waorani.

El traslado de los paneles solares en canoa para dotar de energía eléctrica a las comunidades.

“Es un honor para nosotros contar con el reconocimiento de organizaciones internacionales de mucho prestigio como es la ONU. Nos sentimos muy agradecidos por este premio que honra nuestro trabajo y la lucha que realizamos en favor de nuestras vidas, nuestra selva y nuestras culturas”.

Alicia Salazar, mujer siona directora ejecutiva de la Alianza Ceibo

Estas comunidades indígenas miran a la Amazonía como la vida misma para nuestro Planeta. Pero cada día afrontan graves amenazas desde las petroleras, mineros, madereros, ganaderos y peor aún los grupos armados que ponen en peligro sus vidas y sus territorios. Aún más, los gobiernos no solo que no defienden los derechos de los pueblos amazónicos sino que lo irrespetan al insistir en el extractivismo, desplazando a la fuerza a los dueños ancestrales de estos territorios.

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Rechazo unánime al contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía

Sus casas avistadas desde el espacio constituyen una de las evidencias de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento.

¿Desconocimiento total u osadía temeraria? ¡Juzgue usted! Pero el ministro de Ambiente de Ecuador, Raúl Ledesma, habla de que se ha propuesto contactarse con los Tagaeri – Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven en la Amazonía ecuatoriana.  

“Todavía no he podido contactarme con ellos, pero vamos a ver formas de comunicación”. Así lo dijo Ledesma en el reportaje ‘¿Yasuní o petróleo?’, de Visión 360, del domingo 13 de octubre. Incluso adujo que estos grupos indígenas, que evitan cualquier contacto con el mundo externo, tienen sus asambleas generales y que, a través de estas o las de los pueblos Waorani, socializarían proyectos de asistencia.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones absurdas, hay un afán expreso de empujar hacia un contacto forzado con estos grupos indígenas y que, más allá de cualquier intención de protegerlos, sería de contactarlos para dejar vía libre al extractivismo petrolero. El Parque Nacional Yasuní (al noreste de la Amazonía ecuatoriana y refugio de estos grupos) está saturado de bloques petroleros, lo que les expone a un peligro absoluto de exterminio, por la presión y riesgo de encuentros imprevistos y muchas veces violentos.

Frente a este tipo de peligros, escenario que se repite en otras regiones de la Amazonía, surgió una declaratoria de rechazo unánime a cualquier intento de contacto forzado con estos pueblos amazónicos en aislamiento.

Así lo decidieron organizaciones indígenas y no gubernamentales (entre estas Land is Life), líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos y nacionalidades, reunidos con motivo del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, el 10 y 11 de octubre.

Allí, delegaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Suriname analizaron la situación actual de estos pueblos. Además, conocieron los resultados del Informe ‘Pueblos Indígenas en Aislamiento: Territorios y desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco’. 

Los expertos advierten que ocurren retrocesos preocupantes en las políticas de protección. Lo peor que no se trata de hechos aislados en la región.  

En Bolivia, por ejemplo, se han dado retrocesos normativos y de políticas que han revertido los avances legales y dieron paso a planes extractivos, megarepresas hidroeléctricas, carreteras y la expansión de las fronteras agrícolas.

Ecuador y Perú han asumido medidas políticas que buscan evitar que el Estado asuma la responsabilidad de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. Inclusive se han dado el lujo de recategorizar los mismos para debilitar la protección e incrementar las áreas concesionadas, cediendo paso a los intereses extractrivistas. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno, por ejemplo, mediante el Decreto 751, del 21 de mayo del 2019, dio vía libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible del Yasuní.

En el caso de Brasil, resulta paradigmático el giro más radical con relación a la reorientación de políticas que constituyen una regresión con respecto a los marcos internacionales y a los estándares de protección de los derechos de estos pueblos.

LA DECLARATORIA DE LIMA

Las organizaciones, los líderes indígenas e investigadores armaron la Declaratoria conjunta de Lima. Lo hicieron para exigir que los Estados garanticen la protección y supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco.

Los puntos clave de la Declaratoria:

 * Rechazo a toda acción que promueva el contacto forzado con estos pueblos. Esto en observancia y respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y al principio de no contacto como principal directriz y derecho fundamental.

* Preocupación absoluta frente a los retrocesos que sufre la región en cuanto a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en general respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

* No son hechos aislados los retrocesos que vive la región sobre políticas de protección. En Perú y Ecuador, que tuvieron importantes avances en leyes, normas y directrices, hoy toman medidas políticas que esquivan la responsabilidad de los Estados de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. 

* Venezuela no tiene normas específicas para proteger a sus pueblos indígenas en aislamiento. Consideran importante urgir a la Asamblea Nacional Constituyente para que adopten las recomendaciones de las organizaciones indígenas, sus aliados y la Defensoría del Pueblo.

* Advierten conflictos sociales, degradación de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos fundamentales para los pueblos en aislamiento por implementación de megaproyectos hidrocarburíferas e hidroeléctricas, mineras y más. Las graves ausencias de protección estatal de los territorios han permitido las actividades ilícitas e ilegales.

*  Los impactos del ‘modelo de desarrollo’ causan efectos en diversos ámbitos: amenazas y criminalización de personas e instituciones ligadas a los derechos indígenas, debilitamiento de los estatutos de protección de los territorios y la negativa de Estados y empresas para adoptar el principio de precaución y más salvaguardas que garanticen la intangibilidad de los territorios.

* Ausencia de voluntad política de los gobiernos para implementar y observar las directrices de protección. En países como Perú se tiende a congelar o demorar las decisiones sobre nuevas demarcaciones territoriales para grupos en situación de aislamiento. Más bien, empieza a tomar fuerza la voluntad política para impulsar el modelo de desarrollo extractivo.

Los pueblos indígenas en aislamiento están en situación de vulnerabilidad por la inobservancia e invisibilización de sus derechos por parte de la sociedad envolvente. Por eso se propone la articulación permanente de un grupo de trabajo regional que impulse la protección de estos pueblos a escala internacional, regional, nacional y local.

Los avances de las investigaciones permitieron que crezca el número de registros de los pueblos indígenas en aislamiento entre 2005 y 2019. Sin embargo, el reconocimiento oficial de existencia y de sus territorios aún es un reto en Paraguay, Brasil, Colombia y Venezuela. El Informe Regional contiene información sobre 185 pueblos en situación de aislamiento, pero solo 66 están confirmados por los gobiernos.

Una de las conclusiones de este Informe y que preocupa es que las políticas implementadas en países como Ecuador no son el resultado de dinámicas aisladas o encapsuladas en el espacio nacional. Más bien reflejan un entramado regional, bajo el argumento de un ‘modelo de desarrollo’ en la Amazonía y El Chaco, que se contrapone y contradice las principales normas, leyes y estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Frente a los graves retrocesos, se reafirma un compromiso colectivo con la defensa de los derechos y la protección de los territorios y la vida de los PIACI. A la vez conminan a todos los sectores de la sociedad civil nacional e internacional a sumar esfuerzos y urgen a los estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección.

Una declaratoria conjunta de organizaciones, líderes indígenas y expertos exige a los Estados garantizar la protección y supervivencia de estos grupos, que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco. Fue difundida durante el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, Perú.
El Parque Nacional Yasuní es el refugio de los Tagaeri Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador.

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Ecuador y sus piruetas en cuidar a dos niñas indígenas arrancadas del aislamiento

Una de las niñas cuando era arrancada de su familia y su entorno. Fotos: tomadas del libro ‘Una tragedia ocultada’

Ellas son el vivo testimonio, la prueba misma de la existencia de los Tagaeri – Taromenane, los dos únicos pueblos indígenas en aislamiento que le quedan a Ecuador en su Amazonía. Después que masacraran a sus familias, aterrorizadas las sacaron de su territorio para llevarlas como ‘trofeo de guerra’ a que vivan en las casas de quienes atacaron y mataron a sus padres, hermanos, tíos… 

Son las hermanas N. y C., que tenían aproximadamente 3 y 6 años cuando ocurrió el ataque por parte de un grupo de indígenas waorani, el 30 de marzo del 2013. Esa tragedia ocurrió en su territorio, en las mismísimas entrañas del Parque Nacional Yasuní (en el norte de la Amazonía ecuatoriana), igual que otros tantos episodios trágicos que han puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos indígenas en aislamiento,  advierte que “en si la masacre de sus familias ya les generó un daño enorme, igual su separación al ser llevadas a dos comunidades distintas”.

Pues no solo las cortaron de raíz de su entorno, sino también a las dos las separaron. A la menor se la llevaron a la comunidad de Dikaro y a la mayor a Yarentaro.

Roberto Narváez, antropólogo e investigador de pueblos indígenas en aislamiento, asegura que se han cometido varias vulneraciones contra los derechos de las niñas, en especial:

  • Derecho a su familia, rota por la irrupción guerrera y la matanza.
  • Derecho a la identidad cultural y forma de vida.

Según Narváez, se trata de dos niñas de pueblos vulnerables por ese proceso sistemático de presión que, desde el propio Estado, genera amenazas a su territorio al abrir la frontera extractivista. “La situación actual de las niñas es producto de esa inacción y falta de garantías desde el Estado, ya que habían indicios de que iba ocurrir el ataque y que pudo ser evitado”.

Las incluyeron en un sistema gubernamental de protección a víctimas y testigos, como si se tratara de cualquier persona en riesgo por haber presenciado un delito y su testimonio es clave. Eso dejó al descubierto que Ecuador como Estado aún carece de una política sólida para proteger a un ser humano en las condiciones como las de C. y N. (por cierto, las leyes penales prohíben revelar los rostros e identidades para, en algo, proteger a las víctimas).

“Al no existir políticas públicas de protección hacia estos pueblos en aislamiento ocurre un discrimen manifiesto desde el Estado sobre su origen y su identidad”, sentencia el antropólogo Narváez.

Milagros Aguirre insiste en que “deben levantarles esa condición de testigos protegidos y dejarlas en paz con sus familias adoptivas. Que ellas decidan dónde y con quién quieren estar, garantizándolas su derecho a educación y salud, además de darles un subvención por daños causados por seis años de estar separadas”.

El reencuentro de las dos hermanas

Seis años después, el pasado 27 de agosto, la Fiscalía General provocó un reencuentro de las dos hermanas, bajo el argumento de “reforzar sus lazos afectivos, de confianza y afinidad”.

Pero no fue un encuentro en privacidad como ellas tiene derecho, sino en medio de las miradas curiosas de mucha gente muy extraña para ellas. No sabemos para qué, ni creemos era necesario, pero llegaron autoridades, fiscales, delegados de instituciones públicas y líderes indígenas.

Se trata de “acciones que permitan la asistencia integral a las niñas de la etnia tagaeri/taromenane”, dice la Fiscalía, en un comunicado de Prensa del 28

A ese desarraigo total que sufren las dos niñas, se suma que han tenido que de golpe estar expuestas a diversas situaciones absolutamente ajenas a las condiciones de aislamiento en que ellas vivían junto a sus familias.

“Aislamiento voluntario”, aún creen algunos. Pero es más forzado que nada, porque les han ido arrinconando las presiones de madereros, petroleros, visitantes externos y las mismas comunidades indígenas con quienes comparten sus territorios.

Un día de esos (el 26 de noviembre del 2013), a los funcionarios del Estado se les ocurrió ir por la niña más grande, en medio de un operativo con policías élite. La justificación era que ella corría peligro.

La sacaron del aula donde asistía a clases para trasladarla en un ruidoso helicóptero hasta el Coca, en la provincia de Orellana. La llevaron para hacerle chequeos médicos en el hospital público, ya que la niña tenía salpullidos y fiebre. Justamente ese es uno de los temores de Pichilingue, ya que el mayor riesgo para la niña C. “pudiera ser su exposición al contagio de enfermedades llevadas por turistas que visitan la zona, a pesar de que ella no esté expuesta directamente a ellos”.

Luego la reubicaron en la comunidad de Bameno. Antes, desde abril del 2013, ella permanecía en Yarentaro “contra su voluntad y pudo ser liberada… No se trató de un rescate sino de una medida de protección”, dijo la entonces viceministra de Justicia, Nadia Ruiz.

En las comunidades indígenas donde ahora viven tuvieron que ir asumiendo costumbres de los waorani y hasta de los mismos cowori (extraños que invaden sus territorios). A la más pequeña, por ejemplo, la inscribieron en el Registro Civil como hija de los captores.

Roberto Narváez hizo una preocupante advertencia: “La niña mayor ya es puber y, dentro del marco cultural waorani, a esa edad suele ocurrir las alinazas matrimoniales. De allí que desde el Estado deben definirse lineamientos de protección bajo acuerdo con la comunidad donde ahora vive”.

Las niñas tagaeri taromenane se adaptan a las costumbres de sus familias adoptivas.

El testimonio que valida toda una existencia

En medio de todas esas durísimas vivencias de las dos niñas, hay algo valioso que se ha logrado rescatar. Se trata de las revelaciones de C. sobre lo que constituye su pueblo y que valida todo esfuerzo por evitar su exterminio.

Este testimonio lo trae el libro ‘Historias y Presencias’. Se lo reconstruyó con base a conversaciones cotidianas de C. con quienes hoy vive y contadas por Penti Baigua, líder de la comunidad waorani de Bameno. 

Sorprende que la niña habla de que su grupo se identifica como waorani (no como los conocemos como tagaeri y taromenane). Aunque esa revelación pierde cierta validez cuando en Bameno muchas personas sostiene que C. es una tagaeri, como lo sostendría Teepa (hermana de Tagae, de quien se deriva el gentilicio), tras algunas conversaciones con la niña.

Con sus relatos, nos traslada a escenas como aquella en que sus padres vivían en la casa que estaba en construcción y que fuera atacada el 30 de marzo del 2013. Sus padres eran Tewe, de unos 50 años, y Dayume. Con su madre cruzaba un río (sería el Cononaco Chico) para recoger chonta.

También revela que cerca de su casa habían dos más de sus parientes y que guardaban hamacas, peinillas, shigras, cestas, cadabo (olla de barro), kakapa (fósforo del monte), algodón para los dardos, lanzas, cerbatanas y más.

En sus relatos, C. contó que tenía 10 hermanos, algunos de ellos vivían con su abuela Titera. Además, que tenía un hermano mellizo, Ewento, que murió en el ataque del 2013. Otros de sus hermanos, aún vivos, son Yato y Tayakemo.

Estos y más nombres permiten descubrir similitudes entre estos pueblos en aislamiento y los waorani. Incluso -según ‘Historias y Presencias’- se concluye que son mínimas las diferentes linguísticas entre su lengua y el Waoterero de los Waorani, sin descartar algunas diferencias en las terminaciones de algunas palabras o frases.

Estudiosos de estos pueblos, como el español Miguel Ángel Cabodevilla, afirmaron en reiteradas ocasiones que estos pueblos tienen una misma raíz. En la década de 1960, Taga (hijo de Ñihua) decidió separarse del grupo que se acogió al contacto evangelizador e internarse en la espesa selva y a sus seguidores y descendientes hoy se los conoce como Tagaeri.

Los relatos de C. dejan entrever la marca profunda que le provocó el ataque a sus familias del 30 de marzo del 2013. Vio que a su madre la dispararon y cayó muerta sobre el fogón, que mataron niños… que hicieron muchos disparos. C. y N. se selvaron de morir al permanecer medio ocultas bajo unas hojas en una esquina de la casa, pero luego las encontraron y se las llevaron.

Cuando sufrieron el ataque, sus familias estaban de fiesta porque construían la casa nueva. Pero ese día no estaban todos y que, por ejemplo, su tío Baika aún vive, al igual que dos familias que vivían cerca.

Estos recuerdos, aunque trágicos, que guarda C. tienen una gran valía: Es la memoria viva de familias indígenas en aislamiento que superviven en el Yasuní y que es fundamental que el Estado garantice sus vidas.

La niña C. es alimentada, durante la travesía de regreso hacia los comunidades de quienes atacaron a sus familias en el 2013.

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Al borde de un genocidio por los incendios forestales en la Amazonía

Los indígenas en aislamiento se ven forzados a desplazarse hacia territorios extraños, lo que les pone en grave riesgo.

Sus territorios arden en medio de los incendios incontrolables y ellos viven una situación dramática. Son 350 grupos indígenas amazónicos y 185 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que habitan la Amazonía y el Gran Chaco.

Frente a esa situación, las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas, junto con los especialistas, denuncian que estos pueblos superviven bajo amenaza constante y los incendios forestales lo agravan aún más.

Un comunicado, firmado por 14 organizaciones, denuncia y alerta que estas amenazas, en especial los incendios que ahora arrasan la Amazonía, obligan a los pueblos indígenas en aislamiento (de 66 está confirmada su existencia en la región) a buscar estrategias de supervivencia, incluido el desplazamiento forzado.

Bajo esas condiciones, se ven empujados a buscar refugio en regiones extrañas a sus territorios tradicionales. Lo peor es que esta migración forzada los pone en contacto inminente e incluso confrontación con personas ajenas a su grupo.

Por eso, “públicamente defendemos a estos pueblos indígenas y exigimos que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomen medidas inmediatas para contrarrestar tales incendios”, reza el manifiesto.

Además, que se implementen medidas especiales de protección para estos pueblos, respetando su autodeterminación para permanecer en aislamiento.

Los intereses detrás de los incendios

Las organizaciones denunciantes aseguran que detrás de la quema en la Amazonía (Brasil), la Chiquitanía (Bolivia) y el Gran Chaco (Paraguay) existe un mercado millonario.

Advierten que en Brasil, “prender fuego a un área de 1.000 hectáreas cuesta alrededor de 1 millón de reales en el mercado negro”. La gran interrogante es: ¿Quién paga y qué se gana?

Las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos en pueblos indígenas en aislamiento presentan en un trabajo conjunto una visión general de lo que ocurre en los siete países de la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.

Brasil y su irrespeto total a los pueblos indígenas

La actitud del gobierno brasileño frente a la población indígena deviene en el irrespeto total a los principios constitucionales. Desde hace meses, el presidente Jair Bolsonaro ha emitido discursos en contra de los pueblos indígenas y  el movimiento ambientalista.

Las organizaciones denunciantes señalan que la discusión y el desprecio fueron los dos únicos pronunciamientos del Presidente y su equipo a la comunidad internacional, especialmente ante la sociedad civil organizada a favor de Brasil.

Aún más,  ha  irrespetado la legislación ambiental. Eso le ha llevado a repercusiones internacionales, sobre todo la presión del G7.  En respuesta, se armó un gabinete de crisis y se movió a los militares para tratar de apagar los flagelos.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es 278% más que el miperíodo del 2018, son daos oficiales del INPE. En Brasil se contabilizaron 131 tierras indígenas incendiadas entre el 15 y el 20 de agosto de 2019. Pero todos los días se presentan nuevos incendios. Estos datos han sido levantados por la geógrafa Ananda Santa Rosa y Fabrício Amorim, con base en el Sistema de Información de Incendios.  Fire Information for Resource Management System  (FIRMS/NASA).

En medio de este caos, la situación más dramática es la de los pueblos indígenas en aislamiento. En Brasil existen 114 registros de estos grupos, de los cuales 28 son confirmados por el organismo oficial indigenista del gobierno o FUNAI.

¿Cuántos huyen del fuego? La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas en aislamiento, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia.

Petróleo y minería contra las comunidades amazónicas de Ecuador

Antes que los grandes incendios, en Ecuador la megaminería es el gran mal. Estas actividades están avanzando sobre los territorios en el sur de la Amazonía de Ecuador. Se suma una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar.

Las imágenes satelitales evidencian que, durante los últimos años, existe un aumento de situaciones dramáticas de incremento de lluvia y nuevas zonas  de inundaciones en la Amazonía norte, que desde hace décadas es destruida y contaminada por actividades petroleras. 

El avance de la frontera agrícola y el desarrollo incentivado por gobiernos locales fomentan la deforestación en esta zona.  La apertura de nuevas carreteras abre paso a la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente. 

Al Parque Nacional Yasuní le están diezmado la deforestación derivada de la explotación de petróleo, por nuevas carreteras y plataformas. Lo peor es que ponen en grave riesgo la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, grupos indígenas que viven en aislamiento.

Grave daño a territorios intangibles en Bolivia

Un millón de hectáreas de bosque se han incendiado en lo que del 2019. Desde finales de julio hasta agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía  devastó 780.000 hectáreas. Lo más afectado está en la región de Chiquitanía y los territorios Ayoreo, Chiquitano y Monkoxi.

También se han afectado gravemente  y desaparecido bosques secos en la frontera con Paraguay, en el área decretada con intangibilidad (inviolable y prohibido el ingreso de gente extraña) para Pueblos en Aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní. Estas zonas representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y la política de gobierno. 

Los incendios afectan a los pueblos en aislamiento del Perú

La mayor parte de los incendios forestales ocurren en zonas de la Sierra (Cusco y Ayacucho). Una buena parte de los incendios reportados en la  selva están directamente vinculados a territorios pueblos en aislamiento o en contacto inicial.

El impacto es grave, no solo en las condiciones del territorio sino también en la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia. Esto afecta directamente a los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan. 

Uno de los incendios detectados afecta al área propuesta para la creación de la reserva indígena de Sierra del Divisor Occidental (Ucayalí, Loreto). Este sitio ya cuenta con el reconocimiento oficial como refugio de los pueblos en aislamiento y que se superpone con el Parque Nacional de Sierra de Divisor, además se conecta con la Reserva Indígena Isconahua.

El segundo incendio está en el Distrito de Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios), próximo al Parque Nacional Alto Purús y a las reservas territoriales Mashco Piro y Madre de Dios. Este sector es parte de un ámbito mayor de desplazamiento los pueblos en aislamiento, conocido por las organizaciones indígenas como: Corredor Territorial Transfronterizo Pano-Arawak (Perú – Brasil). 

Tratar de controlar los incendios forestales resulta una tarea
muy complicada para los brigadistas.

¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.

La frontera extractiva en el Yasuní se desborda

El temor es que los pueblos indígenas en aislamiento sufran encuentros fortuitos con los extraños y terminen en enfrentamientos. Foto: Karla Gachet

Al Parque Nacional Yasuní ya casi no le queda un rincón libre de agujeros para extraer petróleo desde sus entrañas. Uno de estos últimos espacios era el conocido bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el noreste de esta área protegida, en la Amazonía ecuatoriana.

Pero en medio de la impotencia de sus defensores, el Ministerio del Ambiente decidió emitir las licencias para la explotación de dos plataformas del campo Ishpingo. Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, lo anunció el 25 de julio del 2019.

Como si se anticipara a las reacciones de rechazo, el ministro Pérez adujo que esta franja está fuera del área de amortiguamiento del Yasuní y solo bordea la Zona Intangible (está dentro del área protegida), donde se considera superviven los Tagaeri y los Taromane.

Los antropólogos y defensores de estos dos últimos pueblos indígenas en aislamiento advierten del grave riesgo. Pues estos pobladores no saben de límites y se movilizan más allá de la Zona Intangible en busca de alimentos y de cacería para su sustento.

El peor temor de los defensores de los derechos de los pueblos en aislamiento es que aquello provocaría encuentros fortuitos y potenciales enfrentamientos con extraños que ingresen a sus territorios para construir plataformas y extraer el crudo. Esto se fundamenta en diferentes episodios trágicos ya ocurridos en el Yasuní.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, asegura que se está acortando el territorio de estas dos comunidades, al igual que el de los waorani. “Eso agrega presión a sus espacios que, de alguna manera, ya está disminuido. Y podría llevar a mayores conflictos no solo del lado de Ecuador sino de Perú. Los aislados han estado moviéndose inusualmente en esa zona de frontera y saliendo hacia comunidades donde casi no se los veía”.

Pichilingue teme que “estos encuentros no siempre son pacíficos sino con alto grado de tensión que podrían terminar en violencia y muertes en algunos casos. Con mayor presión nunca se sabe y obviamente están en riesgos las vidas no solo de los indígenas en aislamiento sino también de quienes comparte con ellos ese territorio”.

Ni las advertencias ni las protestas frenaron el afán extractivista del gobierno del presidente Lenin Moreno. Más bien, este siguió el mismo rumbo de su antecesor, Rafael Correa, quien tanto promocionó la Iniciativa Yasuní-ITT. Dentro y fuera del país, armó una ‘ilusionadora’ campaña para recaudar fondos a cambio de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra.

Este 15 de agosto se cumplieron seis años del fracaso anticipado, ya que Correa, a la par y casi a escondidas, impulsaba un Plan B (en realidad era el Plan A) para explotar el petróleo en el área protegida más grande y biodiversa de la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno de Moreno fiel a esa línea, el 21 de mayo del 2019 promulgó el Decreto 751, con el cual lapidó al Yasuní y a la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane.

Con ese decreto se dejó la puerta abierta para que entren los extractivistas a armar sus plataformas de perforación extracción en varios bloques, incluso en el área de amortiguamiento.

Para eso se escudó en el SÍ de la Consulta Popular (convocada por el Gobierno) del 4 de febrero del 2018, que ordenó la ampliación en, al menos 50.000 hectáreas el área protegida y en más de 60.000 hectáreas a la Zona Intangible, además de reducir de 1.030 a 300 hectáreas la zona autorizada para explotar petróleo. La Zona Intangible subió de 758.051 a 818.502 hectáreas.

Sin embargo, la coartada estaba en el artículo 3 del Decreto 751, que prohíbe nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras. Mas exceptúa a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.

Los Yasunidos insisten en la Consulta Popular

El Colectivo Yasunidos insiste en evitar el extractivismo petrolero en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento

Un grupo de mujeres activistas del Colectivo Yasunidos (defensores del Yasuní) sorprendió al tomarse pacíficamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La mañana del 15 de agosto del 2019, asumieron esa medida en exigencia a que este órgano gubernamental analice y apruebe la Consulta Popular propuesta por su colectivo.

En el 2014, Yasunidos y otras organizaciones presentaron el pedido de Consulta ante el CNE, con el respaldo de 756.623 firmas. Pero no fue aprobado, ya que se validaron solo 359.761 rúbricas. Fraude, así lo calificaron.

Por eso, ahora asumieron una medida de más presión. Exigen que la presidenta del CNE, Diana Atamaín (una mujer amazónica), convoque al Pleno para discutir y dar paso a esta iniciativa ciudadana.  

Antonella Calle, integrante de Yasunidos, insiste en que “hemos esperado años para que se apruebe esta consulta, mientras la frontera extractiva en el Yasuní sigue avanzando. Por eso creemos que la vida de los pueblos en aislamiento y los derechos de la naturaleza no pueden esperar más”.

Durante su medida de hecho en el CNE, recibieron una serie de manifestaciones de respaldo a la espera de una respuesta en el intento por salvar al Yasuní y sus habitantes.

Al caer la tarde del segundo día de la toma pacífica, el CNE reaccionó mediante un comunicado. Pero fue para desentenderse del pedido de Consulta Popular bajo el argumento de que no es atribución aprobarla.

Ante esa situación, las mujeres del Colectivo Yasunidos (formado hace seis años) levantaron su medida, pero dejaron en claro que irán por otras opciones hasta conseguir el objetivo.

Las mujeres activistas del Colectivo Yasunidos se tomó pacíficamente el CNE para exigir se analice y apruebe su iniciativa de Consulta Popular. Foto: Jaime Plaza

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2.000 jaguares son los ‘amos’ de la selva en la frontera Ecuador-Colombia-Perú

Un estudio de WWF permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas

1.5 jaguares por cada 100 km2 en el Corredor Napo-Putumayo. Fotos y video: WWF

Sigilosos, abriéndose paso por entre la espesa vegetación de la selva amazónica. Así es como se alcanza a descubrirlos gracias a un sistema de cámaras trampa que perennizaron la presencia de estos felinos, ‘amos’ de la selva amazónica.

Son alrededor de 2.000 jaguares que reinan en el Corredor Napo-Putumayo, en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú. Esa es la cifra que reveló un inédito estudio de monitoreo, impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Esta investigación trascendental tuvo como pilar fundamental a lo registrado por 129 cámaras trampa, que instaló WWF entre 2018 y 2019. El reto fue determinar la ocupación y abundancia de esta especie y sus presas, en tres áreas del Corredor Napo-Putumayo.

  • Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador).
  • Parque Nacional Gueppi-Sekime (Perú).
  • Territorio Indígena Predio Putumayo (Colombia)

Lo descubierto abriga esperanzas. Se calculó una densidad de 1.5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. “Impresionante”, dicen los investigadores.

Las cámaras trampa hicieron el milagro de captar más de 64.700 fotos. Su análisis demandó de 10.500 horas de trabajo, a lo largo de 540 km2.

Para la WWF, estos hallazgos permiten impulsar la protección de los ecosistemas amazónicos y facilitan a las autoridades a tomar sus decisiones.

64.700 fotos fueron captadas por el sistema de cámaras trampa.

Este monitoreo permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas. Pues se trata de una zona compuesta por áreas protegidas y territorios indígenas, lo que evidencia que sí es posible la coexistencia entre la naturaleza y el ser humano, a través del uso sostenible de los recursos.

José Luis Mena, director de Ciencias de WWF Perú, resaltó que el jaguar se ha convertido en una especie prioritaria para esta organización internacional. Además, es fundamental generar mecanismos para asegurar su conservación, junto con otras organizaciones, el sector privado y el gobierno. “La cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos entre diferentes actores son cruciales para enfrentar este problema”.

La inversión china, una grave amenaza

El tráfico ilegal de especies lo tiene en grave riesgo.

La WWF advierte que el incremento de la inversión china en América Latina está empujando a un lamentable aumento en la demanda de partes del jaguar, como colmillos y garras. Esto a su vez incentiva a la caza furtiva inclusive en la Amazonía.

Hasta la década de 1970, estos felinos fueron perseguidos y cazados por sus pieles. Esa cacería se logró detener mediante la creación de leyes más estrictas que velaban por la protección de esta especie.

El más grande de América

  • El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande e icónico de América.
  • Es el principal depredador de la Amazonía.
  • En los últimos 100 años, ha perdido casi el 50% de su histórico rango de distribución. Cerca del 90% de su población está en la cuenca del Amazonas.
  • Lo atacan diversos conflictos entre la vida silvestre y la población humana: deforestación, caza ilegal, destrucción del hábitat y pérdida de especies presa.
  • Existe reducción y hasta extinción de sus poblaciones en países como El Salvador y Uruguay.

Casi el 90% de su población se encuentra en la cuenca del Amazonas. El jaguar, considerado protector y símbolo de poder para muchos pueblos, es también el mayor representante de la misteriosa belleza de la Amazonia. “Además, cumple un rol importante en el control de las poblaciones de otras especies de la zona y ayuda a mantener un ecosistema saludable. Es clave asegurar su bienestar y una forma de lograrlo es conservando los corredores biológicos, que son áreas que conectan dos o más regiones, rodeadas de bosques naturales, con la finalidad de evitar el aislamiento de las poblaciones de especies”, continuó Mena.

“El jaguar es un elemento muy importante en la cosmovisión de varios pueblos indígenas de nuestra Amazonía. Por tanto, un aspecto clave del trabajo que hacemos en WWF es colaborar de manera conjunta con las poblaciones locales y así lograr una coexistencia pacífica entre las poblaciones humanas y el jaguar”, indicó Jorge Rivas, gerente del Programa Bosques & Agua Dulce de WWF-Ecuador.

El jaguar es el felino más grande de América.

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Grave amenaza a la supervivencia de los pueblos en aislamiento de la Amazonía

El Gobierno de Ecuador autoriza la extracción de petróleo en zona prohibida del Yasuní. Organizaciones y colectivos civiles demandan la inconstitucionalidad de esa medida ante la Corte Constitucional. También alertan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los peligros.

El Yasuní es el último rincón de los tagaeri taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven a las presiones externas. Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

Contradicción absoluta con relación a la inexcusable obligación de protegerlos para evitar que desaparezcan los tagaeri y taromenane, dos últimos pueblos en aislamiento de la Amazonía de Ecuador. Así es vista la decisión del gobierno de Lenin Moreno de permitir que se construyan infraestructuras de “plataformas y producción de hidrocarburos” en donde antes estaba prohibida toda actividad extractiva.

El Decreto 751, que lo firmó el Presidente Moreno el 21 de mayo del 2019, da paso libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible, del Parque Nacional Yasuní. Se deja así de contruibuir a la protección de estos grupos humanos de la Amazonía ecuatoriana en aislamiento.

Para justificar este Decreto, el Gobierno se valió de lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para reforzar la protección al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

La amenaza es tan grave que Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los Derechos de los Pueblos Indígenas, hizo publica su preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 751 para los tagaeri y taromenane.

La preocupación de la Relatora de la ONU por la situación de los pueblos indígenas en aislamiento en Ecuador.

La organización Land is Life califica a esta medida como un continuismo “a la saga de la anti-protección” de los Pueblos en Aislamiento. Advierte que Ecuador no cuenta con una política pública de protección y que al Gobierno le importan más los intereses económicos antes que la valía de vidas humanas.

Medidas y acciones que atentan

  • Se redujeron los recursos humanos y financieros.
  • No hay un plazo cierto para definir las políticas de protección.
  • Ausencia de iniciativas efectivas de protección frente a las amenazas por las actividades petroleras, movidas con capitales chino, español y ecuatoriano.
  • Mayor presencia de colonos y la frontera agrícola.

Natalia Bonilla, antropóloga y ecologista, alerta que “se deja de proteger al área de amortiguamiento de la Zona Intangible y se abre paso para la explotación petrolera en 396.000 hectáreas en la Reserva de Biósfera.

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) advierte que “es aún más grave porque la ampliación de la ZI es de 60.450,42 hectáreas, pero la ampliación del área en que se permite la implementación de infraestructura petrolera alcanza las 400.000 hectáreas”.

Las contradicciones siguen. Pues el mismo artículo prohíbe las actividades de extracción forestal y las concesiones mineras. Pero, según ALDEA, es un
enunciado distractor de lo que parece ser el objetivo final del Decreto: lograr la explotación de los campos petroleros ubicados en el Área de Amortiguamiento en los bloques concesionados (43, 31, 16, 14 y 17) y en los bloques 83, 84 y 87, localizados hacia el sur de la ZI.

Ante la decisión del actual Gobierno ecuatoriano existe un riesgo latente por afectar a un territorio de uso y movilidad tradicional estos pueblos. Así lo advierten Roberto Narváez, Paola Maldonado y Eduardo Pichilingue, en ‘La amenaza del Decreto Ejecutivo No. 751 a la Superviviencia de los Pueblos en Asilamiento Tagaeri Taromenane”, un análisis antropológico, espacial y de derechos. Temen que se repitan los episodios trágicos del 2013, cuando los ancianos waorani Ompore y Buganei murieron lanceados y semanas después ocurrió la masacre de más de 20 personas de uno de los pueblos indígenas aislados.

Ompore, anciano waorani, era el único que mantenía cierta comunicación con grupos en aislamiento. En el 2013, él murió lanceado
junto a su esposa Buganei.

El temor de José Proaño, director para América Latina de Land is Life, y de Eduardo Pichilingue es que se agrave la presión sobre estos pueblos aislados. La presencia de gente extraña en sus territorios provocaría encuentros fortuitos y quizá enfrentamientos. Ellos cada vez tienen que recorrer más distancias para encontrar alimentos y espacios para asentarse por temporadas. Eso hace que su supervivencia empeore aún más.

En el análisis antropológico de ALDEA explica que estos pueblos acostumbran una movilidad estacionaria. Es decir, que se desenvuelven alrededor de las casas tradicionales (onko) y el espacio de ocupación, por un lapso aproximado de 5 a 7 años, con mayor actividad de enero a abril debido al acceso al fruto de la palma de chonta (Bactris gasipaes) y animales de cacería. Lo hacen también en noviembre para recolectar algodón (Gossypium sp.), vegetal fundamental para la cacería por su uso en las flechas de las cerbatanas y en la producción de fuego.

Parte de esta movilidad activa se relaciona con el acceso a animales de caza en humedales donde abunda la ungurahua, que a la vez genera una protección natural a los grupos familiares.

Por todo eso, los expertos se lamentan que este Decreto se haya emitido sin un análisis profundo. Ni siquiera se consideraron los criterios de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos (antes Ministerio de Justicia). A tal punto que Lucy Rodríguez y Patricia Peñaherrera, directora y coordinadora, respectivamente, renunciaron al día siguiente del Decreto por “diferencias de opinión” con el mismo.

Pues, el Decreto 751, además del presidente Moreno, fue apoyado con sus firmas por Marcelo Mata, ministro de Ambiente, Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos No Renovables, y Marlon Brito, secretario de Derechos Humanos.

El análisis de ALDEA concluye que este Decreto implica un retroceso en las garantías de derechos de los tagaeri taromenane. Aquello, de acuerdo con el Art. 57 de la Constitución del Ecuador, significa una acción que viola los derechos de irreductibilidad e intangibilidad al territorio de estos pueblos. Eso implica un acercamiento al tipo penal de etnocidio, debido a la potencial destrucción total o parcial de su cultura y vida.

Así, el Decreto 751 implica graves riesgos para la vida de los dos últimos pueblos en aislamiento que le quedan a Ecuador, ya que “están constantemente sometidos a situaciones de máxima vulneración de sus derechos, al acoso y saqueo de su territorio”.

De allí que conminan al Gobierno a generar una planificación responsable, técnica y respetuosa de derechos. Para eso urge la suspensión inmediata de las actividades petroleras en esta zona del Yasuní.

Acciones contra el Decreto 751

– ALDEA, la Fundación Pachamama y más personas presentarán esta semana una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 751. Lo harán ante la Corte Constitucional.

– La Conaie, como copeticionario de medidas cautelares de protección para los pueblos en aislamiento, enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el Decreto 751. Pondrá al tanto de las implicaciones y los riesgos que representa el mismo. El objetivo es que los jueces analicen y tomen la decisión de pedir medidas adicionales o de remitir el caso a la instancia mayor: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, de considerar que el Estado ecuatoriano no está protegiendo a los tagaeri taromenane, impondría sanciones.

– La organización Land is Life propone convocar a la sociedad civil, por medio de las organizaciones indígenas y aliadas, para una consulta pública en el marco de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, para definir la Política Pública de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento. También insiste en revocar el Decreto 751 y acoger el mandato de la consulta  popular y que se haga cumplir los preceptos constitucionales, en su artículo 57  sobre la posesión ancestral irreductible e intangible de sus territorios.

Organizaciones indígenas y civiles iniciaron acciones en contra del Decreto 751 y a favor de los pueblos en aislamiento.
Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

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El irrespeto al Yasuní y a la vida de los pueblos amazónicos

Las comunidades waorani también seran afectadas por la explotación
petrolera en los bloques 31 y 43.

“Un Decreto con trampa o engaño”. La cortina de humo: Amplía la Zona Intangible o de protección para Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento. El ‘golpe de gracia’: Vuelve permisible a la Zona de Amortiguamiento ante la voracidad de la extracción petrolera.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, firmó el Decreto 751 con el que se modifica la delimitación de la Zona Intangible (ZI) en el Parque Nacional Yausní, noreste de la Amazonía ecuatoriana. Lo amplía a 818.501,42 hectáreas -incluye las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte (cantón Aguarico), Inés Arango (cantón Orellana), provincia de Orellana; Curaray en Arajuno (Pastaza)-. El Decreto del 2007 contemplaba 758.051 hectáreas.

Con el nuevo Decreto, el Gobierno buscó cumplir lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para salvar al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo, “la burla está en que autoriza arbitrariamente la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 dentro de la Zona de Amortiguamiento (un espacio entre el área protegida y lo colonizado)”. Así lo considera José Proaño, director de la organización Land is Life para América Latina.

Este Decreto va en detrimento de las garantías de protección. “Obvio que el Gobierno reconoce la existencia de los pueblos en aislamiento. Pero los pone en mayor riesgo al autorizar los bloques petroleros en sus territorios”. Lo hace el exceptuar a las plataformas de perforación y producción petrolera.

Mediante el Decreto 751, se dispone que en 180 días se establezca la política de procedimientos para minimizar los impactos de estas actividades en la zona de amortiguamiento. El encargo es para los Ministerios de Ambiente, Energía y Recursos No Renovables, junto con las Secretarías de Derechos Humanos y Gestión de la Política.

Los factores de peligro

  • Se construirán plataformas y se abrirán vía de acceso.
  • Habrá más presión sobre los recursos naturales de los que se proveen los pueblos en aislamiento.
  • La presencia humana extraña en zonas por donde transitan los tagaeri y tagaeri generará conflictos, con potenciales ataques.
  • Se repetirán los escenarios que aumentan la situación de genocidio, ante el riesgo de matanzas como la del 2013 (más de 20 personas -mujeres y niños- del pueblo taromenane fueron masacradas).
Con bloques petroleros en la Zona de Amortiguamiento, la presión
será mayor sobre los pueblos en aislamie
nto. Fotos 2 y 3: José Proaño

Lo risible es que prohíbe actividades extractivas de productos forestales para vender y el otorgamiento de todo tipo de concesiones mineras. Igual con el Artículo 3 prohíbe en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura como centrales hidroeléctricas, carreteras y centro de facilidades petroleras.

Enseguida, diversas voces de rechazo y protesta surgieron en torno al Decreto firmado por Moreno, el pasado 21 de mayo. Incluso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anticipó que prepara una movilización.

Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas, califica de indignante que se entregue “Territorio Yasuní para la explotación hidrocarburífera de los bloques 31 y 43 ITT sin la consulta previa a las comunidades indígenas Waorani, dueñas de este territorio”.

Proaño cree que si, al menos, se respetara el mandato ciudadano ya sería bastante. Pero lo recomendable es que más bien debería ampliarse las garantías desde el Estado y fortalecer las instituciones de protección. Además, de promover el diálogo y consulta previa con los pueblos waorani, que también serán seriamente afectados.

Mas como está la situación -según Proaño- “hay más argumentos para insistir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo se están violando los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, sino que el Estado irrespeta los territorios vedados”.

Incluso se va contra las medidas cautelares dictadas en el 2007 por la CIDH a favor de los tagaeri y taromenane. Estas prohiben el ingreso de terceros en sus territorios.

Tampoco se ha cumplido con la consulta previa a las comunidades directamente afectadas, como manda la Constitución de Ecuador, en su artículo 57, además de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

El Parque Nacional Yasuní es el último refugio de los tagaeri y taromenane, pueblos en aislamiento de Ecuador.

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Los Frailes y el Parque Nacional Machalilla, con las alarmas activadas

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Los Frailes es una de las principales joyas del Parque Nacional Machalilla. El sitio es vigilado por guardaparques. (Fotos: Jaime Plaza)

MANABÍ. Los Frailes es una playa paradisiaca, quizá única en Ecuador, por sus condiciones, riqueza natural y pacividad que ofrece esta entrada de mar, con agua color turquesa. Estas características constituyen un verdadero imán para el visitante. Es que de verdad es para disfrutarlo al máximo. 

Por eso y por mucho más, es uno de los sitios privilegiados del Parque Nacional Machalilla (PNM) y que quizá por eso la han puesto en la mirada de los inversionistas extranjeros.

En su entorno, en estos días ronda una gran preocupación. Los habitantes de Puerto López (cantón donde está ubicada esta área protegida) y la comunidad entera alertan sobre las intenciones de construir un mega proyecto hotelero.

Las alarmas se activaron a partir de que, el pasado 18 de septiembre, un helicóptero, sin autorización alguna, aterrizara en la playa La Tortuguita, contigua a Los Frailes e igual dentro del PNM.

Un comunicado oficial confirmó ese aterrizaje. En este se adujo que “El sustento para estas aseveraciones mal intencionadas es, posiblemente, la visita realizada por el Ministerio de Turismo con inversionistas extranjeros en la provincia de Manabí y donde se visitó la playa de los Frailes, uno de los atractivos de esta zona. Por tanto, este recorrido solo cumplió con el objetivo de mostrar a los interesados las potencialidades turísticas que tiene el Ecuador”.

El Ministerio del Turismo insiste en rechazar las “expresiones en redes sociales” sobre que se busca introducir cadenas hoteleras en zonas protegidas como parques nacionales.

La Cartera de Ambiente también emitió un comunicado. En este se indicó que “Hasta la fecha, ni el Ministerio del Ambiente ni la Dirección Provincial del Ambiente en Manabí han recibido propuesta alguna para la construcción de un complejo hotelero o infraestructura turística masiva en Los Frailes”.

Sin embargo, argumentos hay suficientes para esa preocupación. Sol Damerval, exdirectora del PNM, trae a colación lo señalado por el  presidente de Ecuador, Lenin  Moreno, y el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, el 11 de mayo del 2018. 

Ese día anunciaron que se busca atraer el turismo extranjero con base en dos grandes proyectos denominados ‘Pueblos Mágicos y Riviera del Pacífico’, en un estilo similar a lo de Riviera Maya en México.

Los Frailes 2
Los Frailes es una playa de especial atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

El vicealcalde de Puerto López, Cinerman Miranda, aseguró que, el 18 de julio, el ministro Ponce de León junto a otras autoridades y más personas estuvieron en esta localidad. “En una visita de cinco minutos, me supo manifestar sobre el proyecto Riviera del Pacífico, que contempla inversión privada en áreas específicas. Una de ellas es Puerto López. Ese día hicieron un sobrevuelo y quedaron en pedir la información correspondiente al Municipio”.

Según Miranda, “quieren atraer la inversión privada para hacer resorts u hoteles de primera. Lógicamente están viendo la ubicación, aunque en esa visita no se habló de lugares… De que existe interés, pues sí. Hay una visita y un anuncio oficial”.

   Área protegida desde hace 39 años

Ave PNM 1
Batará collarejo endémico.

Ave PNM 2
Oriol filiblanco endémico de la Región Tumbesina.

  • El Parque Nacional Machalilla tiene 41.754 hectáreas terrestres y 14.430 hectáreas marinas.
  • Es el refugio de 142 especies de aves de 142 marinas y terrestres. De estas, 34 son endémicas de las Región Tumbesina.
  • Alberga mamíferos como el perro de monte de Sechura Pseudalopex sechurae. Esta especie aparece en la lista roja de la UICN como casi amenazada. 
  • Es hogra del yaguarundí Herpailurus yagouaroundi, el venado de Cola Blanca Odocoileus virginianus, el mapache tropical Procyon cancrivorus, entre otros mamíferos.
  • Es un hábitat para variedad de reptiles y anfibios.
  • El sitio Playa la Tortuguita es un lugar importante para la anidación de tortugas marinas: la tortuga verde Chelonia mydas agassizii y la carey Eretmochelys imbricat. Esta última está Peligro Crítico de Extinción, según la UICN.
  • En su área marina alberga un sinnúmero de peces e invertebrados en sus arrecifes rocosos coralinos.
  • Sus parajes se caracterizan por el bosque seco tropical y matorral desértico propio de la zona. Incluso se han recuperado los bosques de palo santo (Bursera Graveoles), un árbol aromático medicinal.Caminata Los Frailes

El riesgo de un impacto irreversible

El helicóptero no tuvo permiso de aterrizaje y el riesgo que causó impacto es enorme. La playa La Tortuguita es zona de anidación de tortugas marinas, además refugio de aves, venados de cola blanca y roja. 

José Luis Mendoza, administrador del PNM, confirmó que un funcionario del Ministerio de Turismo anticipó que se haría un sobrevuelo a la zona, pero no un aterrizaje. “Nosotros (como PNM) nunca dimos autorización. Si bien hay una comunicado oficial, pero no hemos tenido respuestas sobre el aterrizaje ni se justifica”.

Por tratarse de un parque nacional es de protección estricta por su fragilidad y el aterrizaje del helicóptero habría ocasionado una seria afectación. “Las sanciones por este irrespeto pueden llegar hasta un proceso administrativo a los funcionarios”. Hay un informe elaborado por los guardaparques y el Ministerio del Ambiente encamina una investigación.

El peso del helicóptero habría afectado seriamente a posibles nidos tortugas. Aparte de que las aspas de la nave también habría ahuyentado a aves migratorias y animales de la zona.

Los dueños originales reclaman sus derechos

Hernán Cobo Pérez es uno de los que aduce tener derecho sobre parte de lo que hoy es el Parque Nacional Machalilla. Al igual que él, existen otras familias que mantienen sus propiedades dentro del área protegida.

Con documentos en mano, él sustentó su propiedad en reunión del administrador del PNM, José Luis Mendoza. 

Con una escritura pública de compra-venta de un terreno de 194 hectáreas (incluyen Los Frailes y playa la Tortuguita), demuestra que su padre Hernán Cobo Barona adquirió el 31 de octubre de 1973. Y se lo inscribe en el Registro de la Propiedad, en mayo de 1974.

Un año después se lo expropió el terreno para incluirlo al PNM. Sin embargo, hasta la actualidad no han recibido indemnización, a pesar de que las ministras de Ambiente, Sol Damerval, Lourdes Luque y Ana Albán, reconocieran que la familia Cobo tiene ese derecho.

Incluso Cobo aún sigue pagando el impuesto de predio rústico, en la actualidad ante el Municipio de Puerto López. 

Hernán Cobo
Hernán Cobo (der.) indica las escrituras sobre su propiedad al administrador del PNM, José Luis Mendoza.

Ni en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni en los planes de Manejo de Los Frailes y del Parque Nacional Machalila se contempla la construcción de ningún tipo de complejo turístico o similares.

Por eso, Sol Damerval está segura que no se dará paso a ninguna de estas pretensiones. Incluso durante estos días se realiza la cruzada #SalvemosLosFrailes, mediante la recolección de firmas de respaldo en las principales ciudades de Ecuador. 

A la defensa se sumaron manifiestos de colectivos como ‘Amazilia’ (la Asociación de Guías Naturalistas del PNM). Los guías enviaron una senda comunicación exigiendo respuestas a los ministros de Turismo y de Ambiente. 

Mediante un oficio dirigido al Alcalde de Puerto López, la concejal Patricia Sanlucas también hizo público su desacuerdo y oposición a la “ilegal y arbitraria pretención de construcción de un presunto hotel resort en la playa Los Frailes”. 

Aún más, la noche del jueves 27 de septiembre, la comunidad de Puerto López se reunió en una asamblea ciudadana para hacer pública su preocupación. Acudieron autoridades, representantes de los sectores hoteleros, guías, Administrador del PNM y ciudadanía en general. 

Entre otras cosas, decidieron pedir a los asambleístas por Manabí que exijan una explicación ante la Asamblea Nacional a las autoridades del Ministerio de Turismo sobre el aterrizaje del helicóptero.

“Jamás se va dar eso, porque el pueblo entero de Puerto López se levantará a gritar No. Habrían muertos y heridos, pero los vecinos no vamos a permitirlo”. “Tenemos que defenderlo porque nuestro máximo atractivo”. Así lo afirmó con determinación Sol Damerval y Carmen Yanchapatza, dueña del restaurante más antiguo de este cantón manabita.

La Tortuguita
La playa La Tortuguita, donde aterrizó el helicóptero, es de mucha fragilidad ya que es una zona de anidación permanente de tortugas marinas.

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