Al borde de un genocidio por los incendios forestales en la Amazonía

Los indígenas en aislamiento se ven forzados a desplazarse hacia territorios extraños, lo que les pone en grave riesgo.

Sus territorios arden en medio de los incendios incontrolables y ellos viven una situación dramática. Son 350 grupos indígenas amazónicos y 185 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que habitan la Amazonía y el Gran Chaco.

Frente a esa situación, las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas, junto con los especialistas, denuncian que estos pueblos superviven bajo amenaza constante y los incendios forestales lo agravan aún más.

Un comunicado, firmado por 14 organizaciones, denuncia y alerta que estas amenazas, en especial los incendios que ahora arrasan la Amazonía, obligan a los pueblos indígenas en aislamiento (de 66 está confirmada su existencia en la región) a buscar estrategias de supervivencia, incluido el desplazamiento forzado.

Bajo esas condiciones, se ven empujados a buscar refugio en regiones extrañas a sus territorios tradicionales. Lo peor es que esta migración forzada los pone en contacto inminente e incluso confrontación con personas ajenas a su grupo.

Por eso, “públicamente defendemos a estos pueblos indígenas y exigimos que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomen medidas inmediatas para contrarrestar tales incendios”, reza el manifiesto.

Además, que se implementen medidas especiales de protección para estos pueblos, respetando su autodeterminación para permanecer en aislamiento.

Los intereses detrás de los incendios

Las organizaciones denunciantes aseguran que detrás de la quema en la Amazonía (Brasil), la Chiquitanía (Bolivia) y el Gran Chaco (Paraguay) existe un mercado millonario.

Advierten que en Brasil, “prender fuego a un área de 1.000 hectáreas cuesta alrededor de 1 millón de reales en el mercado negro”. La gran interrogante es: ¿Quién paga y qué se gana?

Las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos en pueblos indígenas en aislamiento presentan en un trabajo conjunto una visión general de lo que ocurre en los siete países de la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.

Brasil y su irrespeto total a los pueblos indígenas

La actitud del gobierno brasileño frente a la población indígena deviene en el irrespeto total a los principios constitucionales. Desde hace meses, el presidente Jair Bolsonaro ha emitido discursos en contra de los pueblos indígenas y  el movimiento ambientalista.

Las organizaciones denunciantes señalan que la discusión y el desprecio fueron los dos únicos pronunciamientos del Presidente y su equipo a la comunidad internacional, especialmente ante la sociedad civil organizada a favor de Brasil.

Aún más,  ha  irrespetado la legislación ambiental. Eso le ha llevado a repercusiones internacionales, sobre todo la presión del G7.  En respuesta, se armó un gabinete de crisis y se movió a los militares para tratar de apagar los flagelos.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es 278% más que el miperíodo del 2018, son daos oficiales del INPE. En Brasil se contabilizaron 131 tierras indígenas incendiadas entre el 15 y el 20 de agosto de 2019. Pero todos los días se presentan nuevos incendios. Estos datos han sido levantados por la geógrafa Ananda Santa Rosa y Fabrício Amorim, con base en el Sistema de Información de Incendios.  Fire Information for Resource Management System  (FIRMS/NASA).

En medio de este caos, la situación más dramática es la de los pueblos indígenas en aislamiento. En Brasil existen 114 registros de estos grupos, de los cuales 28 son confirmados por el organismo oficial indigenista del gobierno o FUNAI.

¿Cuántos huyen del fuego? La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas en aislamiento, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia.

Petróleo y minería contra las comunidades amazónicas de Ecuador

Antes que los grandes incendios, en Ecuador la megaminería es el gran mal. Estas actividades están avanzando sobre los territorios en el sur de la Amazonía de Ecuador. Se suma una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar.

Las imágenes satelitales evidencian que, durante los últimos años, existe un aumento de situaciones dramáticas de incremento de lluvia y nuevas zonas  de inundaciones en la Amazonía norte, que desde hace décadas es destruida y contaminada por actividades petroleras. 

El avance de la frontera agrícola y el desarrollo incentivado por gobiernos locales fomentan la deforestación en esta zona.  La apertura de nuevas carreteras abre paso a la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente. 

Al Parque Nacional Yasuní le están diezmado la deforestación derivada de la explotación de petróleo, por nuevas carreteras y plataformas. Lo peor es que ponen en grave riesgo la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, grupos indígenas que viven en aislamiento.

Grave daño a territorios intangibles en Bolivia

Un millón de hectáreas de bosque se han incendiado en lo que del 2019. Desde finales de julio hasta agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía  devastó 780.000 hectáreas. Lo más afectado está en la región de Chiquitanía y los territorios Ayoreo, Chiquitano y Monkoxi.

También se han afectado gravemente  y desaparecido bosques secos en la frontera con Paraguay, en el área decretada con intangibilidad (inviolable y prohibido el ingreso de gente extraña) para Pueblos en Aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní. Estas zonas representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y la política de gobierno. 

Los incendios afectan a los pueblos en aislamiento del Perú

La mayor parte de los incendios forestales ocurren en zonas de la Sierra (Cusco y Ayacucho). Una buena parte de los incendios reportados en la  selva están directamente vinculados a territorios pueblos en aislamiento o en contacto inicial.

El impacto es grave, no solo en las condiciones del territorio sino también en la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia. Esto afecta directamente a los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan. 

Uno de los incendios detectados afecta al área propuesta para la creación de la reserva indígena de Sierra del Divisor Occidental (Ucayalí, Loreto). Este sitio ya cuenta con el reconocimiento oficial como refugio de los pueblos en aislamiento y que se superpone con el Parque Nacional de Sierra de Divisor, además se conecta con la Reserva Indígena Isconahua.

El segundo incendio está en el Distrito de Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios), próximo al Parque Nacional Alto Purús y a las reservas territoriales Mashco Piro y Madre de Dios. Este sector es parte de un ámbito mayor de desplazamiento los pueblos en aislamiento, conocido por las organizaciones indígenas como: Corredor Territorial Transfronterizo Pano-Arawak (Perú – Brasil). 

Tratar de controlar los incendios forestales resulta una tarea
muy complicada para los brigadistas.

¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.

Una sentencia ‘precedente’ para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento

Por el ataque y matanza a una familias indígenas en aislamiento, 10 waorani fueron sentenciados bajo una visión de interculturalidad. Fotos: Fiscalía General del Estado

El hecho mismo de que ya exista una sentencia condenatoria marca un precedente. Así lo consideran algunos entendidos en el tema sobre la sentencia de un Tribunal Penal contra 10 indígenas waorani por el ataque a familias en aislamiento de la Amazonía ecuatoriana, ocurrido el 30 de marzo del 2013.

En ese entonces, 17 waorani se encaminaron selva adentro hasta un asentamiento (casa que la estuvieron construyendo) de un grupo indígena en aislamiento. Este último sería parte de los tagaeri – taromenane, que superviven en el Parque Nacional Yasuní y están al borde del exterminio por diversas formas de presión, entre estas la extracción petrolera.

Los waorani atacaron con armas de fuego, provocando una matanza, sobre todo de mujeres y niños (serían más de 20 las víctimas). Además, trasladaron a la fuerza a dos niñas (en ese entonces de 7 y 9 años), quienes hoy viven en comunidades waorani.

El 5 de marzo del 2013, dos ancianos waorani, Ompure y su esposa Buganey, murieron lanceados en la chakra cerca de su casa. De allí que el ataque fue en cumplimiento de una tradición de venganza por esas dos muertes.

Todo lo antes anotado es con base a los testimonios de los hoy sentenciados, incluso a fotografías por ellos mismo captadas en el sitio donde ocurrió el ataque.

En audiencia pública en Pompeya, una comunidad de la provincia amazónica de Orellana, los jueces de la provincia amazónica de Orellana anunciaron su resolución. Acudieron 11 de los 17 acusados (uno fue absuelto). Queda pendiente la presentación de otros seis imputados.

La sentencia (leída en español y waoterero –lengua waorani-)

  • 200 horas de trabajo comunitario por año, durante cuatro años, en las comunidades cercanas a sus casas.
  •  La construcción de chakras y casas tradicionales waorani.
  • Una fiesta cultural waorani en una comunidad que será escogida por la Comisión encargada de hacer seguimiento de la sentencia.
  • Que se oficie –previo a la fiesta- a la Secretaría de Derechos Humanos para que realice una inducción de derechos humanos, en especial el derecho a la vida.

Un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado explica que los jueces resolvieron que se trata de un homicidio, delito tipificado en el Artículo 449 del Código Penal anterior y 144 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero el Tribunal Penal, acogiéndose a principios de interculturalidad, “dispuso una pena conforme a la cosmovisión indígena, previa coordinación con ancianos waorani”.

Según la Fiscalía, esta sentencia “se encuentra estipulada en los principios de interculturalidad, contenidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales…”.

El Estado ecuatoriano, en deuda

Esta es la primera sentencia sobre estos casos y es un avance. ¡Al fin una sentencia tras seis años de lo ocurrido, después de tantas dilataciones! Si es suficiente o no, fluirán diversas posiciones, hasta algunas polémicas. Lo cierto es que es un ‘lavado de manos’ del Estado ecuatoriano frente a una matanza.

Por un lado, están los waorani que no logran entender la justicia occidental, cuyas aspiraciones sería que no existiese sentencia. Para otros que lo ven desde el punto de vista occidental sin entender las particularidades de la cultura waorani, querrían que se aplique lo estipulado en la ley sobre el homicidio.

La lectura de Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos en aislamiento, es que “primero se reconoce que hay un delito cometido, pero se logra una sentencia alternativa a la cárcel. En términos generales se marca un antes y un después. Pudo ser más tiempo de trabajo comunitario y más específico en su aplicación”.

Lo negativo del juicio y de la sentencia –así lo mira Pichilingue- es que “no hayan considerado otros responsables como funcionarios de la empresa petrolera y del Estado que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en lo que sucedió. Este ataque ocurrió dentro de un bloque petrolero, a pocos metros de la vía Maxus, una carretera petrolera, y ni se pararon las actividades como se ha dicho tantas veces”.

Tampoco se consideró la denuncia del Vicariato de Aguarico y la Fundación Alejandro Labaka sobre que hubo conocimiento de parte de funcionarios del Estado y de la petrolera de que iba a darse el ataque en venganza.  Incluso se denunció que los waorani organizaron tres expediciones al interior de la selva.  “Todas esas cosas no fueron investigadas. Hubiese sido bueno que también se dé un proceso penal al respecto”, se lamenta Pichilingue.

La casa de las familias en aislamiento voluntario, ocho meses después del ataque del 30 de marzo del 2013.

Milagros Aguirre, en su artículo de opinión ‘La cereza del pastel’ (publicado este jueves 22 de agosto en Diario El Comercio), hace una dura crítica al considerar que esta sentencia es una “lavado de manos” del Estado ecuatoriano “disfrazada de sentencia con aplicación de principios de interculturalidad, sin que nadie diga ni pío”.

La articulista insiste que judicializaron a los waorani en un sistema nada intercultural. “Separaron a las niñas. Mandaron a la cárcel a unos atacantes (a otros no) y les acusaron de algo que no podían entender (genocidio)… Luego de años de dar palos de ciego (y de gastar recursos), pusieron un traductor waorani para simular el cumplimiento de un derecho fundamental. Finalmente un tribunal los condenó como culpables, pero le dejó la responsabilidad de la sentencia a otros: a un grupo de ancianos waorani…”.

Para Vannesa Barham, experta en pueblos indígenas, esta resolución del Tribunal Penal demuestra que “el Estado ecuatoriano no tiene otro tipo de lecturas frente a estos casos. Carece de soluciones diferentes a las penales, es decir solo es punitivo”.

José Proaño, Director para América Latina de Land is Life, agrega que “tratarles como responsables de un crimen resulta una visión muy limitada ante una situación de interculturalidad”. Además, que una verdadera reparación del conflicto en la zona, por ejemplo, debió apuntar a definir la situación de las niñas. “Más allá de tenerlas bajo el Sistema estatal de Protección a las Víctimas como testigos protegidos, más bien debería proponer su reunificación o, al menos, un reencuentro y a futuro sean ellas quienes  decidan estar juntas”.

En definitiva, no existe tal protección para estos pueblos, a pesar de que está delimitada una Zona Intangible (intocable desde el exterior) y hasta un Plan de Medidas Cautelares desde el 2007, que,  entre otras cosas, debería buscar acuerdos de protección con las organizaciones y comunidades waorani y kichwa, asentadas también en estos territorios dentro del Yasuní y en sus goteras.

Peor aún frente a un reciente Decreto (751) y dos licencias ambientales, otorgadas por el Ministerio del Ambiente. Estos dan luz verde para la explotación en dos bloques petroleros en zonas donde se ha advertido presencia de estos grupos en aislamiento.

Los defensores de los tagaeri – taromenane temen que sigan ocurriendo encuentros violentos entre estos indígenas aislados con los waorani y gente externa, que llega a estas zonas movida por la explotación de petróleo.

La audiencia pública donde se hizo conocer la resolución del Tribunal de Garantías Penales fue en la comunidad de Pompeya.

La frontera extractiva en el Yasuní se desborda

El temor es que los pueblos indígenas en aislamiento sufran encuentros fortuitos con los extraños y terminen en enfrentamientos. Foto: Karla Gachet

Al Parque Nacional Yasuní ya casi no le queda un rincón libre de agujeros para extraer petróleo desde sus entrañas. Uno de estos últimos espacios era el conocido bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el noreste de esta área protegida, en la Amazonía ecuatoriana.

Pero en medio de la impotencia de sus defensores, el Ministerio del Ambiente decidió emitir las licencias para la explotación de dos plataformas del campo Ishpingo. Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, lo anunció el 25 de julio del 2019.

Como si se anticipara a las reacciones de rechazo, el ministro Pérez adujo que esta franja está fuera del área de amortiguamiento del Yasuní y solo bordea la Zona Intangible (está dentro del área protegida), donde se considera superviven los Tagaeri y los Taromane.

Los antropólogos y defensores de estos dos últimos pueblos indígenas en aislamiento advierten del grave riesgo. Pues estos pobladores no saben de límites y se movilizan más allá de la Zona Intangible en busca de alimentos y de cacería para su sustento.

El peor temor de los defensores de los derechos de los pueblos en aislamiento es que aquello provocaría encuentros fortuitos y potenciales enfrentamientos con extraños que ingresen a sus territorios para construir plataformas y extraer el crudo. Esto se fundamenta en diferentes episodios trágicos ya ocurridos en el Yasuní.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, asegura que se está acortando el territorio de estas dos comunidades, al igual que el de los waorani. “Eso agrega presión a sus espacios que, de alguna manera, ya está disminuido. Y podría llevar a mayores conflictos no solo del lado de Ecuador sino de Perú. Los aislados han estado moviéndose inusualmente en esa zona de frontera y saliendo hacia comunidades donde casi no se los veía”.

Pichilingue teme que “estos encuentros no siempre son pacíficos sino con alto grado de tensión que podrían terminar en violencia y muertes en algunos casos. Con mayor presión nunca se sabe y obviamente están en riesgos las vidas no solo de los indígenas en aislamiento sino también de quienes comparte con ellos ese territorio”.

Ni las advertencias ni las protestas frenaron el afán extractivista del gobierno del presidente Lenin Moreno. Más bien, este siguió el mismo rumbo de su antecesor, Rafael Correa, quien tanto promocionó la Iniciativa Yasuní-ITT. Dentro y fuera del país, armó una ‘ilusionadora’ campaña para recaudar fondos a cambio de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra.

Este 15 de agosto se cumplieron seis años del fracaso anticipado, ya que Correa, a la par y casi a escondidas, impulsaba un Plan B (en realidad era el Plan A) para explotar el petróleo en el área protegida más grande y biodiversa de la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno de Moreno fiel a esa línea, el 21 de mayo del 2019 promulgó el Decreto 751, con el cual lapidó al Yasuní y a la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane.

Con ese decreto se dejó la puerta abierta para que entren los extractivistas a armar sus plataformas de perforación extracción en varios bloques, incluso en el área de amortiguamiento.

Para eso se escudó en el SÍ de la Consulta Popular (convocada por el Gobierno) del 4 de febrero del 2018, que ordenó la ampliación en, al menos 50.000 hectáreas el área protegida y en más de 60.000 hectáreas a la Zona Intangible, además de reducir de 1.030 a 300 hectáreas la zona autorizada para explotar petróleo. La Zona Intangible subió de 758.051 a 818.502 hectáreas.

Sin embargo, la coartada estaba en el artículo 3 del Decreto 751, que prohíbe nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras. Mas exceptúa a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.

Los Yasunidos insisten en la Consulta Popular

El Colectivo Yasunidos insiste en evitar el extractivismo petrolero en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento

Un grupo de mujeres activistas del Colectivo Yasunidos (defensores del Yasuní) sorprendió al tomarse pacíficamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La mañana del 15 de agosto del 2019, asumieron esa medida en exigencia a que este órgano gubernamental analice y apruebe la Consulta Popular propuesta por su colectivo.

En el 2014, Yasunidos y otras organizaciones presentaron el pedido de Consulta ante el CNE, con el respaldo de 756.623 firmas. Pero no fue aprobado, ya que se validaron solo 359.761 rúbricas. Fraude, así lo calificaron.

Por eso, ahora asumieron una medida de más presión. Exigen que la presidenta del CNE, Diana Atamaín (una mujer amazónica), convoque al Pleno para discutir y dar paso a esta iniciativa ciudadana.  

Antonella Calle, integrante de Yasunidos, insiste en que “hemos esperado años para que se apruebe esta consulta, mientras la frontera extractiva en el Yasuní sigue avanzando. Por eso creemos que la vida de los pueblos en aislamiento y los derechos de la naturaleza no pueden esperar más”.

Durante su medida de hecho en el CNE, recibieron una serie de manifestaciones de respaldo a la espera de una respuesta en el intento por salvar al Yasuní y sus habitantes.

Al caer la tarde del segundo día de la toma pacífica, el CNE reaccionó mediante un comunicado. Pero fue para desentenderse del pedido de Consulta Popular bajo el argumento de que no es atribución aprobarla.

Ante esa situación, las mujeres del Colectivo Yasunidos (formado hace seis años) levantaron su medida, pero dejaron en claro que irán por otras opciones hasta conseguir el objetivo.

Las mujeres activistas del Colectivo Yasunidos se tomó pacíficamente el CNE para exigir se analice y apruebe su iniciativa de Consulta Popular. Foto: Jaime Plaza

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2.000 jaguares son los ‘amos’ de la selva en la frontera Ecuador-Colombia-Perú

Un estudio de WWF permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas

1.5 jaguares por cada 100 km2 en el Corredor Napo-Putumayo. Fotos y video: WWF

Sigilosos, abriéndose paso por entre la espesa vegetación de la selva amazónica. Así es como se alcanza a descubrirlos gracias a un sistema de cámaras trampa que perennizaron la presencia de estos felinos, ‘amos’ de la selva amazónica.

Son alrededor de 2.000 jaguares que reinan en el Corredor Napo-Putumayo, en la frontera entre Ecuador, Colombia y Perú. Esa es la cifra que reveló un inédito estudio de monitoreo, impulsado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Esta investigación trascendental tuvo como pilar fundamental a lo registrado por 129 cámaras trampa, que instaló WWF entre 2018 y 2019. El reto fue determinar la ocupación y abundancia de esta especie y sus presas, en tres áreas del Corredor Napo-Putumayo.

  • Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador).
  • Parque Nacional Gueppi-Sekime (Perú).
  • Territorio Indígena Predio Putumayo (Colombia)

Lo descubierto abriga esperanzas. Se calculó una densidad de 1.5 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados. “Impresionante”, dicen los investigadores.

Las cámaras trampa hicieron el milagro de captar más de 64.700 fotos. Su análisis demandó de 10.500 horas de trabajo, a lo largo de 540 km2.

Para la WWF, estos hallazgos permiten impulsar la protección de los ecosistemas amazónicos y facilitan a las autoridades a tomar sus decisiones.

64.700 fotos fueron captadas por el sistema de cámaras trampa.

Este monitoreo permitió determinar que el Corredor Napo-Putumayo es un valioso refugio para el jaguar y sus presas. Pues se trata de una zona compuesta por áreas protegidas y territorios indígenas, lo que evidencia que sí es posible la coexistencia entre la naturaleza y el ser humano, a través del uso sostenible de los recursos.

José Luis Mena, director de Ciencias de WWF Perú, resaltó que el jaguar se ha convertido en una especie prioritaria para esta organización internacional. Además, es fundamental generar mecanismos para asegurar su conservación, junto con otras organizaciones, el sector privado y el gobierno. “La cooperación internacional y los esfuerzos conjuntos entre diferentes actores son cruciales para enfrentar este problema”.

La inversión china, una grave amenaza

El tráfico ilegal de especies lo tiene en grave riesgo.

La WWF advierte que el incremento de la inversión china en América Latina está empujando a un lamentable aumento en la demanda de partes del jaguar, como colmillos y garras. Esto a su vez incentiva a la caza furtiva inclusive en la Amazonía.

Hasta la década de 1970, estos felinos fueron perseguidos y cazados por sus pieles. Esa cacería se logró detener mediante la creación de leyes más estrictas que velaban por la protección de esta especie.

El más grande de América

  • El jaguar (Panthera onca) es el felino más grande e icónico de América.
  • Es el principal depredador de la Amazonía.
  • En los últimos 100 años, ha perdido casi el 50% de su histórico rango de distribución. Cerca del 90% de su población está en la cuenca del Amazonas.
  • Lo atacan diversos conflictos entre la vida silvestre y la población humana: deforestación, caza ilegal, destrucción del hábitat y pérdida de especies presa.
  • Existe reducción y hasta extinción de sus poblaciones en países como El Salvador y Uruguay.

Casi el 90% de su población se encuentra en la cuenca del Amazonas. El jaguar, considerado protector y símbolo de poder para muchos pueblos, es también el mayor representante de la misteriosa belleza de la Amazonia. “Además, cumple un rol importante en el control de las poblaciones de otras especies de la zona y ayuda a mantener un ecosistema saludable. Es clave asegurar su bienestar y una forma de lograrlo es conservando los corredores biológicos, que son áreas que conectan dos o más regiones, rodeadas de bosques naturales, con la finalidad de evitar el aislamiento de las poblaciones de especies”, continuó Mena.

“El jaguar es un elemento muy importante en la cosmovisión de varios pueblos indígenas de nuestra Amazonía. Por tanto, un aspecto clave del trabajo que hacemos en WWF es colaborar de manera conjunta con las poblaciones locales y así lograr una coexistencia pacífica entre las poblaciones humanas y el jaguar”, indicó Jorge Rivas, gerente del Programa Bosques & Agua Dulce de WWF-Ecuador.

El jaguar es el felino más grande de América.

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Grave amenaza a la supervivencia de los pueblos en aislamiento de la Amazonía

El Gobierno de Ecuador autoriza la extracción de petróleo en zona prohibida del Yasuní. Organizaciones y colectivos civiles demandan la inconstitucionalidad de esa medida ante la Corte Constitucional. También alertan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los peligros.

El Yasuní es el último rincón de los tagaeri taromenane, dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven a las presiones externas. Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

Contradicción absoluta con relación a la inexcusable obligación de protegerlos para evitar que desaparezcan los tagaeri y taromenane, dos últimos pueblos en aislamiento de la Amazonía de Ecuador. Así es vista la decisión del gobierno de Lenin Moreno de permitir que se construyan infraestructuras de “plataformas y producción de hidrocarburos” en donde antes estaba prohibida toda actividad extractiva.

El Decreto 751, que lo firmó el Presidente Moreno el 21 de mayo del 2019, da paso libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible, del Parque Nacional Yasuní. Se deja así de contruibuir a la protección de estos grupos humanos de la Amazonía ecuatoriana en aislamiento.

Para justificar este Decreto, el Gobierno se valió de lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para reforzar la protección al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

La amenaza es tan grave que Victoria Tauli-Corpuz, relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por los Derechos de los Pueblos Indígenas, hizo publica su preocupación por las consecuencias que traerá el Decreto 751 para los tagaeri y taromenane.

La preocupación de la Relatora de la ONU por la situación de los pueblos indígenas en aislamiento en Ecuador.

La organización Land is Life califica a esta medida como un continuismo “a la saga de la anti-protección” de los Pueblos en Aislamiento. Advierte que Ecuador no cuenta con una política pública de protección y que al Gobierno le importan más los intereses económicos antes que la valía de vidas humanas.

Medidas y acciones que atentan

  • Se redujeron los recursos humanos y financieros.
  • No hay un plazo cierto para definir las políticas de protección.
  • Ausencia de iniciativas efectivas de protección frente a las amenazas por las actividades petroleras, movidas con capitales chino, español y ecuatoriano.
  • Mayor presencia de colonos y la frontera agrícola.

Natalia Bonilla, antropóloga y ecologista, alerta que “se deja de proteger al área de amortiguamiento de la Zona Intangible y se abre paso para la explotación petrolera en 396.000 hectáreas en la Reserva de Biósfera.

La Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) advierte que “es aún más grave porque la ampliación de la ZI es de 60.450,42 hectáreas, pero la ampliación del área en que se permite la implementación de infraestructura petrolera alcanza las 400.000 hectáreas”.

Las contradicciones siguen. Pues el mismo artículo prohíbe las actividades de extracción forestal y las concesiones mineras. Pero, según ALDEA, es un
enunciado distractor de lo que parece ser el objetivo final del Decreto: lograr la explotación de los campos petroleros ubicados en el Área de Amortiguamiento en los bloques concesionados (43, 31, 16, 14 y 17) y en los bloques 83, 84 y 87, localizados hacia el sur de la ZI.

Ante la decisión del actual Gobierno ecuatoriano existe un riesgo latente por afectar a un territorio de uso y movilidad tradicional estos pueblos. Así lo advierten Roberto Narváez, Paola Maldonado y Eduardo Pichilingue, en ‘La amenaza del Decreto Ejecutivo No. 751 a la Superviviencia de los Pueblos en Asilamiento Tagaeri Taromenane”, un análisis antropológico, espacial y de derechos. Temen que se repitan los episodios trágicos del 2013, cuando los ancianos waorani Ompore y Buganei murieron lanceados y semanas después ocurrió la masacre de más de 20 personas de uno de los pueblos indígenas aislados.

Ompore, anciano waorani, era el único que mantenía cierta comunicación con grupos en aislamiento. En el 2013, él murió lanceado
junto a su esposa Buganei.

El temor de José Proaño, director para América Latina de Land is Life, y de Eduardo Pichilingue es que se agrave la presión sobre estos pueblos aislados. La presencia de gente extraña en sus territorios provocaría encuentros fortuitos y quizá enfrentamientos. Ellos cada vez tienen que recorrer más distancias para encontrar alimentos y espacios para asentarse por temporadas. Eso hace que su supervivencia empeore aún más.

En el análisis antropológico de ALDEA explica que estos pueblos acostumbran una movilidad estacionaria. Es decir, que se desenvuelven alrededor de las casas tradicionales (onko) y el espacio de ocupación, por un lapso aproximado de 5 a 7 años, con mayor actividad de enero a abril debido al acceso al fruto de la palma de chonta (Bactris gasipaes) y animales de cacería. Lo hacen también en noviembre para recolectar algodón (Gossypium sp.), vegetal fundamental para la cacería por su uso en las flechas de las cerbatanas y en la producción de fuego.

Parte de esta movilidad activa se relaciona con el acceso a animales de caza en humedales donde abunda la ungurahua, que a la vez genera una protección natural a los grupos familiares.

Por todo eso, los expertos se lamentan que este Decreto se haya emitido sin un análisis profundo. Ni siquiera se consideraron los criterios de la Dirección de Protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos (antes Ministerio de Justicia). A tal punto que Lucy Rodríguez y Patricia Peñaherrera, directora y coordinadora, respectivamente, renunciaron al día siguiente del Decreto por “diferencias de opinión” con el mismo.

Pues, el Decreto 751, además del presidente Moreno, fue apoyado con sus firmas por Marcelo Mata, ministro de Ambiente, Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos No Renovables, y Marlon Brito, secretario de Derechos Humanos.

El análisis de ALDEA concluye que este Decreto implica un retroceso en las garantías de derechos de los tagaeri taromenane. Aquello, de acuerdo con el Art. 57 de la Constitución del Ecuador, significa una acción que viola los derechos de irreductibilidad e intangibilidad al territorio de estos pueblos. Eso implica un acercamiento al tipo penal de etnocidio, debido a la potencial destrucción total o parcial de su cultura y vida.

Así, el Decreto 751 implica graves riesgos para la vida de los dos últimos pueblos en aislamiento que le quedan a Ecuador, ya que “están constantemente sometidos a situaciones de máxima vulneración de sus derechos, al acoso y saqueo de su territorio”.

De allí que conminan al Gobierno a generar una planificación responsable, técnica y respetuosa de derechos. Para eso urge la suspensión inmediata de las actividades petroleras en esta zona del Yasuní.

Acciones contra el Decreto 751

– ALDEA, la Fundación Pachamama y más personas presentarán esta semana una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 751. Lo harán ante la Corte Constitucional.

– La Conaie, como copeticionario de medidas cautelares de protección para los pueblos en aislamiento, enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre el Decreto 751. Pondrá al tanto de las implicaciones y los riesgos que representa el mismo. El objetivo es que los jueces analicen y tomen la decisión de pedir medidas adicionales o de remitir el caso a la instancia mayor: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, de considerar que el Estado ecuatoriano no está protegiendo a los tagaeri taromenane, impondría sanciones.

– La organización Land is Life propone convocar a la sociedad civil, por medio de las organizaciones indígenas y aliadas, para una consulta pública en el marco de lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, para definir la Política Pública de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento. También insiste en revocar el Decreto 751 y acoger el mandato de la consulta  popular y que se haga cumplir los preceptos constitucionales, en su artículo 57  sobre la posesión ancestral irreductible e intangible de sus territorios.

Organizaciones indígenas y civiles iniciaron acciones en contra del Decreto 751 y a favor de los pueblos en aislamiento.
Foto: http://bit.ly/2WQmeeh

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Patricia Gualinga se juega la vida en defensa de la Amazonía

La líder Sarayaku es considerada hoy una de las 10 mujeres
más influyentes en la defensa de la Tierra. Foto: FICMEC

“Si esperaban que por sus amenazas y atentados, iba a esconderme, se equivocaron…”. Por su lucha a favor de la Amazonía, la líder Sarayaku acaba de recibir el premio ‘Brote Activismo Medioambiental’ en el XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental, de Canarias.

ECUADOR. Levanta su voz para que se escuchen sus ideas, propuestas y exigencias. Así la encontramos o la hemos visto muy activa en una diversidad de espacios. Unas veces en jornadas de lucha como la Marcha de las Mujeres Amazónicas del 2018, en encuentros, debates y hasta en citas mundiales. Es el rostro de la Resistencia Sarayaku y de la Amazonía.

Eso hace que hoy a Patricia Gualinga Montalvo se la vea como una de las 10 mujeres más influyentes en la defensa de la Tierra, como se la presentan en estos días en el XXI Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias.

Allí, en reconocimiento a esa lucha, Patricia acaba de recibir el premio ‘Brote Activismo Medioambiental‘. Se trata de un galardón de gran trascedencia, antes lo recibieron personajes como la hondureña Berta Cáceres, quien fuera asesinada por defender sus territorios.

El sábado 25 de mayo, Patricia Gualinga Montalvo, de Ecuador, recibió
el premio ‘Brote Activismo Medioambiental’. Foto: FICMEC

Ella es la cuarta hija de Sabino Gualinga, uno de los mayores yachak o líderes espirituales, y de Corina Montalvo. Una cuna de hombres y mujeres combativos y activos en los procesos de lucha territorial del pueblo kichwa de Sarayaku, ubicado en el corazón de la Amazonía de Ecuador.

Fiel a esa rebeldía que caracteriza a los Sarayaku, Patricia se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia de su pueblo ante la arremetida del extractivismo petrolero. Está resuelta a todo con tal que la voracidad petrolera no ataque a la selva amazónica, donde habitan sus padres y todas sus comunidades.

En las bodas de oro de sus padres Sabino Gualinga y Corina Montalvo. Fotos: Archivo Particular de Patricia Gualinga

Esa convicción empezó a forjarse allá por 1992, cuando aún siendo adolescente, junto con otros jóvenes de su comunidad y casi toda su familia, se unió a la gran Movilización Indígena. Presionaban y lograron que el gobierno de Rodrigo Borja les entregara los títulos de propiedad de sus tierras.

Se avivan en su mente los recuerdos de aquel entonces cuando, inesperadamente, se vio rodeada de micrófonos y de preguntas sobre qué buscaban con esa marcha. “Defendemos nuestras tierras”, atinaba sus primeras respuestas.

Por esos tiempos, la joven Sarayaku había terminado la secundaria en el colegio Pompeya. Sin posibilidades económicas para seguir estudiando, aprovechó las oportunidades que le ofreció la vida.

‘Buenas noches’, su programa en kichwa y español en radio Puyo, se convirtió en la primera puerta para llegar hacia su gente. Lo hizo por invitación que recibió de la Misión Católica, cuando recién graduada, trataba de tomar un breve descanso en su natal Sarayaku.

Por alrededor de seis años, difundió comunicados y noticias de interés para las comunidades indígenas de la zona, cuentos infantiles, música autóctona y más. También hablaba sobre las tradiciones y motivaba a utilizar el kichwa.

Su incursión en la radio Puyo, con un programa cultural en kichwa y español.

Las autoridades religiosas de la provincia consideraron importante capacitarla. Por lo que, la enviaron a prepararse por seis meses en Comunicación Superior en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) de la Universidad Católica de Chile. 

Se suman como experiencias de vida los cursos de diplomado sobre Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas en las Universidades Andina Simón Bolívar y Católica de Perú.

También dirigió un programa de turismo de las organizaciones comunitarias de Pastaza. Luego tuvo un paso por la burocracia como gerente regional de Turismo, en el tiempo de la ministra Rocío Vásquez, del gobierno de Gustavo Noboa.

El punto de quiebre

Pero ocurrió un punto de quiebre definitivo cuando, en el 2002, se agudizaron los problemas para las comunidades indígenas amazónicas ante la arremetida de las petroleras. Se valió de la confianza con la ministra Vásquez para referirse al rechazo a las concesiones entregadas por el Gobierno central en la zona.

Hasta que en el 2003, renunció y decidió su apoyo directo a los dirigentes. Aprovechó de sus contactos con los medios de comunicación nacionales para denunciar que los líderes indígenas empezaban a ser criminalizados.

A pedido de los líderes, ella asumió la vocería. Con argumentos sólidos, confrontó al entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Arboleda, ante los medios. Desde entonces, Patricia Gualinga se convirtió en protagonista del ‘Caso Sarayaku’ y de la victoria de su pueblo en contra de las petroleras internacionales.

Pero ese fue un camino largo. Durante la visita de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a Sarayaku, fungió de traductora.

Vivió momentos muy fuertes, como aquel viernes cuando llegaba a su comunidad y encontró a personas heridas y uno de sus hermanos desaparecido. Reconoce que en situaciones extremas, como aquella, su cerebro resuelve mejor las decisiones. Ese día, a las 05:00, logró comunicarse con autoridades de la CorteIDH para conseguir medidas provisionales de protección.

Asumió una responsabilidad grande cuando, como dirigente, tuvo que hacer de traductora, preparar a los testigos y a la vez dar su testimonio, además de hacer la petición de medidas ante la CorteIDH. Mas hoy, pese a las medidas de protección logradas en ese tiempo, el Gobierno ecuatoriano insiste en entregar concesiones petroleras en las tierras de estos pueblos.

Entre amenazas y ataques

Mujeres por la selva y sus territorios ancestrales, en contra de los bloques petroleros.

Ni las amenazas y ataques que han puesto en peligro su vida la amedrentan. Firmeza y valentía son sus fortalezas. “Si esperaban que por sus amenazas y atentados iba a esconderme, se equivocaron”.

A la madrugada, llegaron a atacar con piedras contra las ventanas del departamento que arrienda en Puyo, capital de la provincia amazónica de Pastaza. Al ser descubiertos, los agresores la amenazaron de muerte y huyeron. Ella está segura que esos atentados responden a los intereses de expandir la explotación petrolera, aunque sus denuncias no ha tenido eco.

Esta líder histórica es la actual presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (TIAM). Asegura que, aunque pensó en el retiro de la dirigencia Sarayaku, tras los atentados contra su seguridad, decidió visibilizar las agresiones que sufren los defensores y hablar de la importancia de la Amazonía ante foros internacionales.

Así, su voz se escucha en diferentes escenarios internacionales. Lo hizo en la COP 21 o Cumbre Mundial de Cambio Climático en Lima, Perú, en el 2018. Incluso, para tratar de menguar la fuerza el expresidente Rafael Correa llevó una delegación de indígenas para que hicieran eco en su defensa de la explotación petrolera.

La contrarreplica se dio en la Cumbre de París, Francia. Hasta allá se fueron 12 personas de Sarayaku determinadas a promocionar la propuesta Kausak Sacha (Selva Viva).

También es una gran embajadora del proyecto de vida
Kawsak Sacha (Selva Viva).

“Lograr una ‘comunión’, de manera muy inteligente, entre los intereses internacionales de conservación y la defensa de los pueblos indígenas”, es lo que José Proaño, director de la organización Land is Life para Latinoamérica, resalta como una gran fortaleza de Patricia.

Otro potencial de ella es la capacidad de fomentar el diálogo con los demás pueblos y organizaciones indígenas amazónicas hacia una lucha conjunta.

El famoso actor y director de cine de Hollywood, Alec Baldwin, no dudó en felicitar y estrechar la mano de Patricia Gualinga. Esto ocurrió en el seno de las Naciones Unidas, con motivo de la sesión 18 sobre derechos de los pueblos indígenas. “Siempre quise estrechar la mano de una guerrera por el medioambiente”, fue la reacción del cineasta.

Esos y más gestos de gratitud constituyen la mayor recompensa a su vida en juego por defender su territorio.

Patricia Gualinga ha puesto en esferas internacionales la defensa
de los derechos de su gente.

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