El irrespeto al Yasuní y a la vida de los pueblos amazónicos

Las comunidades waorani también seran afectadas por la explotación
petrolera en los bloques 31 y 43.

“Un Decreto con trampa o engaño”. La cortina de humo: Amplía la Zona Intangible o de protección para Tagaeri y Taromenane, pueblos en aislamiento. El ‘golpe de gracia’: Vuelve permisible a la Zona de Amortiguamiento ante la voracidad de la extracción petrolera.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, firmó el Decreto 751 con el que se modifica la delimitación de la Zona Intangible (ZI) en el Parque Nacional Yausní, noreste de la Amazonía ecuatoriana. Lo amplía a 818.501,42 hectáreas -incluye las parroquias de Cononaco y Nuevo Rocafuerte (cantón Aguarico), Inés Arango (cantón Orellana), provincia de Orellana; Curaray en Arajuno (Pastaza)-. El Decreto del 2007 contemplaba 758.051 hectáreas.

Con el nuevo Decreto, el Gobierno buscó cumplir lo dispuesto por la voluntad ciudadana. En la Consulta Popular del 2018, el 67,7% de los ecuatorianos dijo SÍ para salvar al Parque Nacional Yasuní, reforzar la protección a los pueblos indígenas (tagaeri, taromenane y waorani) y a los ecosistemas.

Hasta ahí todo parece bien. Sin embargo, “la burla está en que autoriza arbitrariamente la explotación hidrocarburífera en los bloques 31 y 43 dentro de la Zona de Amortiguamiento (un espacio entre el área protegida y lo colonizado)”. Así lo considera José Proaño, director de la organización Land is Life para América Latina.

Este Decreto va en detrimento de las garantías de protección. “Obvio que el Gobierno reconoce la existencia de los pueblos en aislamiento. Pero los pone en mayor riesgo al autorizar los bloques petroleros en sus territorios”. Lo hace el exceptuar a las plataformas de perforación y producción petrolera.

Mediante el Decreto 751, se dispone que en 180 días se establezca la política de procedimientos para minimizar los impactos de estas actividades en la zona de amortiguamiento. El encargo es para los Ministerios de Ambiente, Energía y Recursos No Renovables, junto con las Secretarías de Derechos Humanos y Gestión de la Política.

Los factores de peligro

  • Se construirán plataformas y se abrirán vía de acceso.
  • Habrá más presión sobre los recursos naturales de los que se proveen los pueblos en aislamiento.
  • La presencia humana extraña en zonas por donde transitan los tagaeri y tagaeri generará conflictos, con potenciales ataques.
  • Se repetirán los escenarios que aumentan la situación de genocidio, ante el riesgo de matanzas como la del 2013 (más de 20 personas -mujeres y niños- del pueblo taromenane fueron masacradas).
Con bloques petroleros en la Zona de Amortiguamiento, la presión
será mayor sobre los pueblos en aislamie
nto. Fotos 2 y 3: José Proaño

Lo risible es que prohíbe actividades extractivas de productos forestales para vender y el otorgamiento de todo tipo de concesiones mineras. Igual con el Artículo 3 prohíbe en la zona de amortiguamiento nuevas obras de infraestructura como centrales hidroeléctricas, carreteras y centro de facilidades petroleras.

Enseguida, diversas voces de rechazo y protesta surgieron en torno al Decreto firmado por Moreno, el pasado 21 de mayo. Incluso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anticipó que prepara una movilización.

Alberto Acosta, exministro de Energía y Minas, califica de indignante que se entregue “Territorio Yasuní para la explotación hidrocarburífera de los bloques 31 y 43 ITT sin la consulta previa a las comunidades indígenas Waorani, dueñas de este territorio”.

Proaño cree que si, al menos, se respetara el mandato ciudadano ya sería bastante. Pero lo recomendable es que más bien debería ampliarse las garantías desde el Estado y fortalecer las instituciones de protección. Además, de promover el diálogo y consulta previa con los pueblos waorani, que también serán seriamente afectados.

Mas como está la situación -según Proaño- “hay más argumentos para insistir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe el caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No solo se están violando los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, sino que el Estado irrespeta los territorios vedados”.

Incluso se va contra las medidas cautelares dictadas en el 2007 por la CIDH a favor de los tagaeri y taromenane. Estas prohiben el ingreso de terceros en sus territorios.

Tampoco se ha cumplido con la consulta previa a las comunidades directamente afectadas, como manda la Constitución de Ecuador, en su artículo 57, además de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos.

El Parque Nacional Yasuní es el último refugio de los tagaeri y taromenane, pueblos en aislamiento de Ecuador.

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