Río Blanco venció a la minería que carcome a su gente y a los páramos de Ecuador

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Los habitantes de Molleturo y otras comunidades se apostaron junto a la Corte de Justicia del Azuay para exigir la suspensión del proyecto minero Río Blanco. (Foto: Jaime Plaza)

Río Blanco es hoy, sin lugar a dudas, un auténtico referente para quienes luchan contra la minería en defensa del agua y de los páramos de Ecuador. Pues es inapelable y  marca un precedente histórico no solo para los territorios de pueblos indígenas de Ecuador sino de, al menos, el hemisferio todo.

Constituye una gran inyección de ánimos para quienes defienden a Quimsacocha (Cuenca), Cerro El Mozo (cantón Nabón), Íntag (Imbabura), entre otros. La mayor razón de su lucha es la defensa de sus ‘fábricas naturales de agua’, pues cada sitio constituye la fuente de agua para consumo humano y para riego, además de ser refugio de una biodiversidad especial.

En una sentencia de magnitud, la justicia ecuatoriana no solo suspende (sentencia en primera instancia) sino que prohíbe (sentencia definitiva) la minería en la zona de Río Blanco. 

Es una concesión que incluyen 5.708 hectáreas de la parroquia Molleturo, occidente de la provincia del Azuay. Allí la empresa Ecuagoldmining South America busca oro y lo hará durante 11 años.

Igual que el resto de proyectos mineros, el proyecto de Río Blanco provocó graves impactos sociales, como enfrentamientos entre habitantes de una misma comunidad, causando fractura de la sociedad. El hijo trabaja en la minera a la que la defiende contra el padre que lucha por el agua, igual ocurre con hermanos, familiares y vecinos.

A eso se suma la contaminación ambiental y las afectaciones a las fuentes de agua. Pues este proyecto está dentro del Bosque Protector Molleturo-Mollepongo y el Área de Amortiguamiento del Parque Nacional Cajas. Pero abrieron vías en humedales y páramos. Lo peor, según el Municipio de Cuenca, en Río Blanco desecaron la laguna Cruzloma.

Esto hizo que la gente de esta zona se oponga en una lucha desde el 2002. En ese proceso, los comuneros fueron víctimas de atropellos a sus derechos, libertades y garantías constitucionales. Ocurrieron agresiones verbales y físicas, incluso retenciones arbitrarias con desplazamientos de elementos del Ejército y de la Policía.

 

Una minga por Río Blanco

Desde el inicio mismo y hasta el 2010, navegaron contracorriente, sobre todo con el expresidente Rafael Correa, que en las sabatinas y cada que quería les tildaba de “retrógrados y atrasapueblos que se oponían al desarrollo”.

En el primer tramo de la lucha estuvieron únicamente las comunidades. Pero poco a poco ganaron fuerza entre los cuencanos y azuayos.

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Los defensores del agua estuvieron en reiteradas ocasiones en Río Blanco haciendo escuchar su voz de protesta contra el extractivismo minero.

Avanzado el duro trayecto de Río Blanco, organizaciones, sacerdotes como el obispo de Cuenca, Marcos Pérez, y abogados de la Universidad del Azuay se hicieron eco de su reclamo.

Igual hubo tres marchas a escala nacional. “La primera un poco fría y ante la indiferencia de la gente y la última, del 2015, con una conexión gigante que se vio el despertar de Cuenca y Quito sobre la necesidad de defender el agua”.

En esta cruzada también se unieron las organizaciones internacionales como CLD, Aministía Internacional, Front Line Defenders y más organizaciones ambientalistas nacionales y del extranjero.

Ganó aún más fuerzas con una acción de medidas cautelares solicitada por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), junto con la Ecuacurani y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y las comunidades de Molleturo. Además están los amicus cureae interpuestos a escala nacional e internacional.

Hasta que los comuneros de Molleturo se convirtieron en los protagonistas de una página colmada de historia. El juez Paúl Serrano, con una sentencia de primera instancia, y los jueces Édgar Morocho, Rosa Zhindón y Aura Calderón (con la sentencia definitiva) dieron la razón a sus reclamos.

A esta sentencia, Yaku Pérez, abogado de las comunidades y presidente de la Ecuarunari, le atribuye un grado superlativo y la considera “un homenaje a la lucha de casi dos décadas de gente que pasó por la cárcel, por las Cortes de Justicia, fue asfixiada y hasta secuestrada”. 

Entre Río Blanco y Quimsacocha, hay cerca de 200 personas procesadas. Hasta la fecha, 23 aún están procesadas, ocho de ellas por sabotaje. El propio Yaku Pérez estuvo detenido cinco veces y las enumera, con una especie de orgullo, dentro de su trayectoria en defensa del agua: enero del 2009, mayo del 2010, marzo del 2013, agosto y diciembre del 2015. Aparte que tiene una sentencia por sedición (luego cambió a sabotaje), incluso sentencia de un año por suspensión de servicios públicos.

Pérez insiste que se debe reinvindicar el homenaje a las mujeres, “porque ellas son el alma de la resistencia y la lucha en defensa del agua”.

“A los jueces no agradecerles nada, pero reconocer públicamente porque tuvieron el coraje, perdiendo el miedo, de dictar sentencia favor del agua y de la vida”, enfatiza Pérez.

Claro que aún siguen presionando para que se ejecute la sentencia, ante la demora de quienes tienen que hacerla cumplir.

El 8% del territorio nacional está concesionado para la minería. Solo en la jurisdicción cantonal de Cuenca existen 55 concesiones mineras, según el Municipio cuencano.

Lo que el pueblo ordenó en la Consulta Popular

La defensa del agua, vinculada indefectiblemente a la consulta previa e informada. Ese fue el principal argumento ante los jueces.

De su lado, desde las empresas mineras se aduce que sí hicieron consulta previa. Pero Pérez refuta al asegurar que “hicieron socialización y mal hecha. Pero otra cosa es consulta previa libre e informada, consulta popular y ambiental. Debieron consultar a los “sembradores y criadores del agua que están en los campos. No hay mercados llenos de alimentos sin agua y sin los campesinos que la cuidan”.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, también insiste que en todos los proyectos mineros que están encaminados no existe la consulta previa.

Esa legitimidad de la consulta previa -resalta Yaku Pérez- se expresó en las urnas durante el Referendo de febrero del 2018. Los jueces, en su sentencia, se respaldaron en que el 67,80% de los habitantes de la parroquia Molleturo votó por el Sí y el 32,20% por el No. (A los ecuatorianos se nos consultó si estamos de acuerdo en enmendar la Constitución para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos…).

A eso se sumó otro cuestionamiento serio. Pablo Piedra, del Municipio de Cuenca, advirtió que la Secretaría Nacional del Agua nunca entregó el permiso para que concesionar Río Blanco.

“Eso no es al alzar -lo dice Pérez- Hasta lo imposible se vuelve posible. Antes ser antiextractivista y defensor del agua era un sueño, una utopía…”.

Pero no es cuestión que la minera Ecuagoldmining abandone Río Blanco sino que se responsabilice de la remediación de los daños causados. 

 

Nabón defiende el cerro El Mozo y sus fuentes de agua

La exigencia en consenso es que se anule la concesión de 1.776 hectáreas entregadas a la empresa Cachabí. El 99% implica al Cerro del Mozo y el Valle de Shincata, el 1% restante corresponde al cantón Oña (Azuay) y Yacuambi (Zamora Chinchipe).

Para las comunidades tiene especial valía, ya que desde El Mozo se alimentan sus sistemas de agua potable y de riego que les permite volver productivos sus áridos suelos. En esta zona nacen 24 ríos y 27 quebradas que forman la subcuenca del río León y la microcuenca del río Shincata.

El temor en Nabón es que con la explotación minera se causarían daños irreversibles para esas fuentes de captación, a los páramos, a la salud de las personas y al medioambiente.

Por eso, la alcaldesa Magali Quezada insistió en la nulidad al proceso de la concesión a Cachabí, ya que “hay una ilegalidad en el procedimiento al no haberse dado una consulta previa del proyecto como exige la ley. Existe una población que exige que no se debe dar la explotación minera en estas zonas de conservación”.

El viernes 13 julio pasado, los comuneros recorrieron la zona de El Mozo para mostrar a las autoridades sobre la riqueza natural que conserva El Mozo, en especial como las fuentes de agua.

En ese recorrido participaron delegaciones de comunidades como Cochapata, Ñamarín, Uduzhapa, Canseco y otras más de Nabón. También llegaron de Oña, Yacuambi, Tutupali y de Molleturo. Se sumaron a la caminata organizaciones como ONU Mujeres.

La alcaldesa Quezada, quien lidera esta lucha en su cantón, reitera la necesidad de dejar sin efecto la concesión en el cerro El Mozo.

Una similar exigencia se impulsa para evitar que la minería también cause daño en los páramos de Quimsacocha, una de las fuentes de captación de agua para Cuenca y más sectores.

Protestas Cuenca

Las mujeres son el alma de la resistencia y la lucha en defensa del agua contra la minería en Ecuador. (Foto: Jaime Plaza)

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