Rechazo unánime al contacto forzado con pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonía

Sus casas avistadas desde el espacio constituyen una de las evidencias de la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento.

¿Desconocimiento total u osadía temeraria? ¡Juzgue usted! Pero el ministro de Ambiente de Ecuador, Raúl Ledesma, habla de que se ha propuesto contactarse con los Tagaeri – Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento que superviven en la Amazonía ecuatoriana.  

“Todavía no he podido contactarme con ellos, pero vamos a ver formas de comunicación”. Así lo dijo Ledesma en el reportaje ‘¿Yasuní o petróleo?’, de Visión 360, del domingo 13 de octubre. Incluso adujo que estos grupos indígenas, que evitan cualquier contacto con el mundo externo, tienen sus asambleas generales y que, a través de estas o las de los pueblos Waorani, socializarían proyectos de asistencia.

Lo cierto es que, tras estas declaraciones absurdas, hay un afán expreso de empujar hacia un contacto forzado con estos grupos indígenas y que, más allá de cualquier intención de protegerlos, sería de contactarlos para dejar vía libre al extractivismo petrolero. El Parque Nacional Yasuní (al noreste de la Amazonía ecuatoriana y refugio de estos grupos) está saturado de bloques petroleros, lo que les expone a un peligro absoluto de exterminio, por la presión y riesgo de encuentros imprevistos y muchas veces violentos.

Frente a este tipo de peligros, escenario que se repite en otras regiones de la Amazonía, surgió una declaratoria de rechazo unánime a cualquier intento de contacto forzado con estos pueblos amazónicos en aislamiento.

Así lo decidieron organizaciones indígenas y no gubernamentales (entre estas Land is Life), líderes indígenas, investigadores, académicos y defensores de derechos de los pueblos y nacionalidades, reunidos con motivo del III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, el 10 y 11 de octubre.

Allí, delegaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Suriname analizaron la situación actual de estos pueblos. Además, conocieron los resultados del Informe ‘Pueblos Indígenas en Aislamiento: Territorios y desarrollo en la Amazonía y el Gran Chaco’. 

Los expertos advierten que ocurren retrocesos preocupantes en las políticas de protección. Lo peor que no se trata de hechos aislados en la región.  

En Bolivia, por ejemplo, se han dado retrocesos normativos y de políticas que han revertido los avances legales y dieron paso a planes extractivos, megarepresas hidroeléctricas, carreteras y la expansión de las fronteras agrícolas.

Ecuador y Perú han asumido medidas políticas que buscan evitar que el Estado asuma la responsabilidad de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. Inclusive se han dado el lujo de recategorizar los mismos para debilitar la protección e incrementar las áreas concesionadas, cediendo paso a los intereses extractrivistas. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno, por ejemplo, mediante el Decreto 751, del 21 de mayo del 2019, dio vía libre a la explotación petrolera en plena área de amortiguamiento de la Zona Intangible del Yasuní.

En el caso de Brasil, resulta paradigmático el giro más radical con relación a la reorientación de políticas que constituyen una regresión con respecto a los marcos internacionales y a los estándares de protección de los derechos de estos pueblos.

LA DECLARATORIA DE LIMA

Las organizaciones, los líderes indígenas e investigadores armaron la Declaratoria conjunta de Lima. Lo hicieron para exigir que los Estados garanticen la protección y supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco.

Los puntos clave de la Declaratoria:

 * Rechazo a toda acción que promueva el contacto forzado con estos pueblos. Esto en observancia y respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, y al principio de no contacto como principal directriz y derecho fundamental.

* Preocupación absoluta frente a los retrocesos que sufre la región en cuanto a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y en general respecto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

* No son hechos aislados los retrocesos que vive la región sobre políticas de protección. En Perú y Ecuador, que tuvieron importantes avances en leyes, normas y directrices, hoy toman medidas políticas que esquivan la responsabilidad de los Estados de proteger y garantizar la intangibilidad de los territorios. 

* Venezuela no tiene normas específicas para proteger a sus pueblos indígenas en aislamiento. Consideran importante urgir a la Asamblea Nacional Constituyente para que adopten las recomendaciones de las organizaciones indígenas, sus aliados y la Defensoría del Pueblo.

* Advierten conflictos sociales, degradación de ecosistemas y violaciones de los derechos humanos fundamentales para los pueblos en aislamiento por implementación de megaproyectos hidrocarburíferas e hidroeléctricas, mineras y más. Las graves ausencias de protección estatal de los territorios han permitido las actividades ilícitas e ilegales.

*  Los impactos del ‘modelo de desarrollo’ causan efectos en diversos ámbitos: amenazas y criminalización de personas e instituciones ligadas a los derechos indígenas, debilitamiento de los estatutos de protección de los territorios y la negativa de Estados y empresas para adoptar el principio de precaución y más salvaguardas que garanticen la intangibilidad de los territorios.

* Ausencia de voluntad política de los gobiernos para implementar y observar las directrices de protección. En países como Perú se tiende a congelar o demorar las decisiones sobre nuevas demarcaciones territoriales para grupos en situación de aislamiento. Más bien, empieza a tomar fuerza la voluntad política para impulsar el modelo de desarrollo extractivo.

Los pueblos indígenas en aislamiento están en situación de vulnerabilidad por la inobservancia e invisibilización de sus derechos por parte de la sociedad envolvente. Por eso se propone la articulación permanente de un grupo de trabajo regional que impulse la protección de estos pueblos a escala internacional, regional, nacional y local.

Los avances de las investigaciones permitieron que crezca el número de registros de los pueblos indígenas en aislamiento entre 2005 y 2019. Sin embargo, el reconocimiento oficial de existencia y de sus territorios aún es un reto en Paraguay, Brasil, Colombia y Venezuela. El Informe Regional contiene información sobre 185 pueblos en situación de aislamiento, pero solo 66 están confirmados por los gobiernos.

Una de las conclusiones de este Informe y que preocupa es que las políticas implementadas en países como Ecuador no son el resultado de dinámicas aisladas o encapsuladas en el espacio nacional. Más bien reflejan un entramado regional, bajo el argumento de un ‘modelo de desarrollo’ en la Amazonía y El Chaco, que se contrapone y contradice las principales normas, leyes y estándares de protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Frente a los graves retrocesos, se reafirma un compromiso colectivo con la defensa de los derechos y la protección de los territorios y la vida de los PIACI. A la vez conminan a todos los sectores de la sociedad civil nacional e internacional a sumar esfuerzos y urgen a los estados a aplicar de manera efectiva las medidas de protección.

Una declaratoria conjunta de organizaciones, líderes indígenas y expertos exige a los Estados garantizar la protección y supervivencia de estos grupos, que se refugian en los bosques amazónicos y del Gran Chaco. Fue difundida durante el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe, en Lima, Perú.
El Parque Nacional Yasuní es el refugio de los Tagaeri Taromenane, los últimos dos pueblos indígenas en aislamiento de Ecuador.

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El movimiento indígena de Ecuador potenció su fortaleza en 12 días de resistencia

Las mujeres tuvieron un papel determinante en la resistencia a la brutal represión.

Increparon con firmeza al presidente Lenin Moreno por la represión y por su modelo económico. Tras 12 días de protestas y de resistir una brutal represión, lograron que el Primer Mandatario les llame a dialogar e hicieron que derogue un decreto con el que eliminó todos los subsidios a los combustibles.

Resistieron 12 días de protestas y una brutal represión del aparato estatal, oposición total de los medios de comunicación tradicionales, acoso y brotes de racismo de un sector de la población. Además, del afán del expresidente Rafael Correa y sus seguidores de usurpar las manifestaciones, dañándolas con actos violentos como del edificio de la Contraloría General del Estado y hasta de vehículos.

Fueron millares de personas de diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, junto con más organizaciones y sociedad civil, respondieron a la convocatoria de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie). Solo el miércoles 9 de octubre, lograron concentrar a más de más de 50.000 personas en Quito, la capital de Ecuador. Ese día, sitiaron las calles cercanas a la Presidencia de la República, en el Centro Histórico de Quito, el 9 de octubre. Pero también lograron paralizar a todas las provincias de la Sierra y la Amazonía.

Al final consiguieron el objetivo, en un diálogo con la mediación de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal. Más allá de lo coyuntural, el movimiento indígena volvió a posicionar su fuerza política en Ecuador. Se levantó luego de una década y más de arremetida, persecución-criminalización a dirigentes y ataques del gobierno del expresidente Rafael Correa.

No solo demostraron resistencia en las calles. También quedó evidente el liderazgo y capacidad de sus dirigentes, como ocurrió durante el Diálogo por la Paz o reunión con el Presidente de la República, el domingo 13.

Con un lenguaje sencillo y didáctico, Leonidas Iza, dirigente indígena de Cotopaxi, dio una cátedra al explicar sobre las repercusiones en la economía de la gente. Aparte que fue uno de los que más se mantuvo firme cuando, desde el Gobierno, hubo un intento de evadir la exigencia de derogar el decreto.

A su vez, Jaime Vargas, líder máximo de la Conaie, no dudó en cuestionar y advertir a Lenin Moreno que sus ministros no tienen voluntad política para acercamientos y menos para cumplir con compromisos con el sector indígena. “Tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal señor Presidente”. Al tiempo que exigió un cambio en el modelo económico del país, hoy condicionado a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

Más de 50.000 manifestantes sitiaron al Centro Histórico de Quito, el 9 de octubre. Fotos: Jaime Plaza

33 años de historia

Concentra a 18 pueblos y 14 nacionalidades. Como tal, la Conaie fue fundada el 16 de noviembre de 1986. Desde ese entonces, ha cumplido un papel fundamental en diferentes episodios de Ecuador.

“Hoy el movimiento indígena es la reserva moral del país”, es la afirmación de Marlon Santi, coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.

El homenaje a Inocencio Tucumbi, una de las ocho víctimas mortales de la represión de militares y policías.

Esta nueva página en la historia de los movimientos indígenas del Ecuador se escribió con sangre de 8 víctimas mortales, entre estos el dirigente Inocencio Tucumbi, y 1.340 heridos (ese es el reporte de la Defensoría del Pueblo)

Por eso, Mirian Cisneros, presidenta del pueblo Sarayaku, increpó al presidente Lenín Moreno y sentenció que “en tu conciencia quedan todos los hermanos caídos en esta lucha”.

Luego de 12 días de resistencia y una vez confirmada la derogatoria del polémico Decreto, ellos volvieron para rendir cuentas antes sus comunidades y a seguir trabajando junto a su gente.

Llegaron de provincias como Tungurahua y de toda la región Andina y Amazonía a sumarse a las protestas.

Ecuador y sus piruetas en cuidar a dos niñas indígenas arrancadas del aislamiento

Una de las niñas cuando era arrancada de su familia y su entorno. Fotos: tomadas del libro ‘Una tragedia ocultada’

Ellas son el vivo testimonio, la prueba misma de la existencia de los Tagaeri – Taromenane, los dos únicos pueblos indígenas en aislamiento que le quedan a Ecuador en su Amazonía. Después que masacraran a sus familias, aterrorizadas las sacaron de su territorio para llevarlas como ‘trofeo de guerra’ a que vivan en las casas de quienes atacaron y mataron a sus padres, hermanos, tíos… 

Son las hermanas N. y C., que tenían aproximadamente 3 y 6 años cuando ocurrió el ataque por parte de un grupo de indígenas waorani, el 30 de marzo del 2013. Esa tragedia ocurrió en su territorio, en las mismísimas entrañas del Parque Nacional Yasuní (en el norte de la Amazonía ecuatoriana), igual que otros tantos episodios trágicos que han puesto al borde de la extinción a estos pueblos.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos indígenas en aislamiento,  advierte que “en si la masacre de sus familias ya les generó un daño enorme, igual su separación al ser llevadas a dos comunidades distintas”.

Pues no solo las cortaron de raíz de su entorno, sino también a las dos las separaron. A la menor se la llevaron a la comunidad de Dikaro y a la mayor a Yarentaro.

Roberto Narváez, antropólogo e investigador de pueblos indígenas en aislamiento, asegura que se han cometido varias vulneraciones contra los derechos de las niñas, en especial:

  • Derecho a su familia, rota por la irrupción guerrera y la matanza.
  • Derecho a la identidad cultural y forma de vida.

Según Narváez, se trata de dos niñas de pueblos vulnerables por ese proceso sistemático de presión que, desde el propio Estado, genera amenazas a su territorio al abrir la frontera extractivista. “La situación actual de las niñas es producto de esa inacción y falta de garantías desde el Estado, ya que habían indicios de que iba ocurrir el ataque y que pudo ser evitado”.

Las incluyeron en un sistema gubernamental de protección a víctimas y testigos, como si se tratara de cualquier persona en riesgo por haber presenciado un delito y su testimonio es clave. Eso dejó al descubierto que Ecuador como Estado aún carece de una política sólida para proteger a un ser humano en las condiciones como las de C. y N. (por cierto, las leyes penales prohíben revelar los rostros e identidades para, en algo, proteger a las víctimas).

“Al no existir políticas públicas de protección hacia estos pueblos en aislamiento ocurre un discrimen manifiesto desde el Estado sobre su origen y su identidad”, sentencia el antropólogo Narváez.

Milagros Aguirre insiste en que “deben levantarles esa condición de testigos protegidos y dejarlas en paz con sus familias adoptivas. Que ellas decidan dónde y con quién quieren estar, garantizándolas su derecho a educación y salud, además de darles un subvención por daños causados por seis años de estar separadas”.

El reencuentro de las dos hermanas

Seis años después, el pasado 27 de agosto, la Fiscalía General provocó un reencuentro de las dos hermanas, bajo el argumento de “reforzar sus lazos afectivos, de confianza y afinidad”.

Pero no fue un encuentro en privacidad como ellas tiene derecho, sino en medio de las miradas curiosas de mucha gente muy extraña para ellas. No sabemos para qué, ni creemos era necesario, pero llegaron autoridades, fiscales, delegados de instituciones públicas y líderes indígenas.

Se trata de “acciones que permitan la asistencia integral a las niñas de la etnia tagaeri/taromenane”, dice la Fiscalía, en un comunicado de Prensa del 28

A ese desarraigo total que sufren las dos niñas, se suma que han tenido que de golpe estar expuestas a diversas situaciones absolutamente ajenas a las condiciones de aislamiento en que ellas vivían junto a sus familias.

“Aislamiento voluntario”, aún creen algunos. Pero es más forzado que nada, porque les han ido arrinconando las presiones de madereros, petroleros, visitantes externos y las mismas comunidades indígenas con quienes comparten sus territorios.

Un día de esos (el 26 de noviembre del 2013), a los funcionarios del Estado se les ocurrió ir por la niña más grande, en medio de un operativo con policías élite. La justificación era que ella corría peligro.

La sacaron del aula donde asistía a clases para trasladarla en un ruidoso helicóptero hasta el Coca, en la provincia de Orellana. La llevaron para hacerle chequeos médicos en el hospital público, ya que la niña tenía salpullidos y fiebre. Justamente ese es uno de los temores de Pichilingue, ya que el mayor riesgo para la niña C. “pudiera ser su exposición al contagio de enfermedades llevadas por turistas que visitan la zona, a pesar de que ella no esté expuesta directamente a ellos”.

Luego la reubicaron en la comunidad de Bameno. Antes, desde abril del 2013, ella permanecía en Yarentaro “contra su voluntad y pudo ser liberada… No se trató de un rescate sino de una medida de protección”, dijo la entonces viceministra de Justicia, Nadia Ruiz.

En las comunidades indígenas donde ahora viven tuvieron que ir asumiendo costumbres de los waorani y hasta de los mismos cowori (extraños que invaden sus territorios). A la más pequeña, por ejemplo, la inscribieron en el Registro Civil como hija de los captores.

Roberto Narváez hizo una preocupante advertencia: “La niña mayor ya es puber y, dentro del marco cultural waorani, a esa edad suele ocurrir las alinazas matrimoniales. De allí que desde el Estado deben definirse lineamientos de protección bajo acuerdo con la comunidad donde ahora vive”.

Las niñas tagaeri taromenane se adaptan a las costumbres de sus familias adoptivas.

El testimonio que valida toda una existencia

En medio de todas esas durísimas vivencias de las dos niñas, hay algo valioso que se ha logrado rescatar. Se trata de las revelaciones de C. sobre lo que constituye su pueblo y que valida todo esfuerzo por evitar su exterminio.

Este testimonio lo trae el libro ‘Historias y Presencias’. Se lo reconstruyó con base a conversaciones cotidianas de C. con quienes hoy vive y contadas por Penti Baigua, líder de la comunidad waorani de Bameno. 

Sorprende que la niña habla de que su grupo se identifica como waorani (no como los conocemos como tagaeri y taromenane). Aunque esa revelación pierde cierta validez cuando en Bameno muchas personas sostiene que C. es una tagaeri, como lo sostendría Teepa (hermana de Tagae, de quien se deriva el gentilicio), tras algunas conversaciones con la niña.

Con sus relatos, nos traslada a escenas como aquella en que sus padres vivían en la casa que estaba en construcción y que fuera atacada el 30 de marzo del 2013. Sus padres eran Tewe, de unos 50 años, y Dayume. Con su madre cruzaba un río (sería el Cononaco Chico) para recoger chonta.

También revela que cerca de su casa habían dos más de sus parientes y que guardaban hamacas, peinillas, shigras, cestas, cadabo (olla de barro), kakapa (fósforo del monte), algodón para los dardos, lanzas, cerbatanas y más.

En sus relatos, C. contó que tenía 10 hermanos, algunos de ellos vivían con su abuela Titera. Además, que tenía un hermano mellizo, Ewento, que murió en el ataque del 2013. Otros de sus hermanos, aún vivos, son Yato y Tayakemo.

Estos y más nombres permiten descubrir similitudes entre estos pueblos en aislamiento y los waorani. Incluso -según ‘Historias y Presencias’- se concluye que son mínimas las diferentes linguísticas entre su lengua y el Waoterero de los Waorani, sin descartar algunas diferencias en las terminaciones de algunas palabras o frases.

Estudiosos de estos pueblos, como el español Miguel Ángel Cabodevilla, afirmaron en reiteradas ocasiones que estos pueblos tienen una misma raíz. En la década de 1960, Taga (hijo de Ñihua) decidió separarse del grupo que se acogió al contacto evangelizador e internarse en la espesa selva y a sus seguidores y descendientes hoy se los conoce como Tagaeri.

Los relatos de C. dejan entrever la marca profunda que le provocó el ataque a sus familias del 30 de marzo del 2013. Vio que a su madre la dispararon y cayó muerta sobre el fogón, que mataron niños… que hicieron muchos disparos. C. y N. se selvaron de morir al permanecer medio ocultas bajo unas hojas en una esquina de la casa, pero luego las encontraron y se las llevaron.

Cuando sufrieron el ataque, sus familias estaban de fiesta porque construían la casa nueva. Pero ese día no estaban todos y que, por ejemplo, su tío Baika aún vive, al igual que dos familias que vivían cerca.

Estos recuerdos, aunque trágicos, que guarda C. tienen una gran valía: Es la memoria viva de familias indígenas en aislamiento que superviven en el Yasuní y que es fundamental que el Estado garantice sus vidas.

La niña C. es alimentada, durante la travesía de regreso hacia los comunidades de quienes atacaron a sus familias en el 2013.

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Al borde de un genocidio por los incendios forestales en la Amazonía

Los indígenas en aislamiento se ven forzados a desplazarse hacia territorios extraños, lo que les pone en grave riesgo.

Sus territorios arden en medio de los incendios incontrolables y ellos viven una situación dramática. Son 350 grupos indígenas amazónicos y 185 pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial que habitan la Amazonía y el Gran Chaco.

Frente a esa situación, las organizaciones indígenas y organizaciones aliadas, junto con los especialistas, denuncian que estos pueblos superviven bajo amenaza constante y los incendios forestales lo agravan aún más.

Un comunicado, firmado por 14 organizaciones, denuncia y alerta que estas amenazas, en especial los incendios que ahora arrasan la Amazonía, obligan a los pueblos indígenas en aislamiento (de 66 está confirmada su existencia en la región) a buscar estrategias de supervivencia, incluido el desplazamiento forzado.

Bajo esas condiciones, se ven empujados a buscar refugio en regiones extrañas a sus territorios tradicionales. Lo peor es que esta migración forzada los pone en contacto inminente e incluso confrontación con personas ajenas a su grupo.

Por eso, “públicamente defendemos a estos pueblos indígenas y exigimos que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela tomen medidas inmediatas para contrarrestar tales incendios”, reza el manifiesto.

Además, que se implementen medidas especiales de protección para estos pueblos, respetando su autodeterminación para permanecer en aislamiento.

Los intereses detrás de los incendios

Las organizaciones denunciantes aseguran que detrás de la quema en la Amazonía (Brasil), la Chiquitanía (Bolivia) y el Gran Chaco (Paraguay) existe un mercado millonario.

Advierten que en Brasil, “prender fuego a un área de 1.000 hectáreas cuesta alrededor de 1 millón de reales en el mercado negro”. La gran interrogante es: ¿Quién paga y qué se gana?

Las organizaciones indígenas, los aliados y los expertos en pueblos indígenas en aislamiento presentan en un trabajo conjunto una visión general de lo que ocurre en los siete países de la cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.

Brasil y su irrespeto total a los pueblos indígenas

La actitud del gobierno brasileño frente a la población indígena deviene en el irrespeto total a los principios constitucionales. Desde hace meses, el presidente Jair Bolsonaro ha emitido discursos en contra de los pueblos indígenas y  el movimiento ambientalista.

Las organizaciones denunciantes señalan que la discusión y el desprecio fueron los dos únicos pronunciamientos del Presidente y su equipo a la comunidad internacional, especialmente ante la sociedad civil organizada a favor de Brasil.

Aún más,  ha  irrespetado la legislación ambiental. Eso le ha llevado a repercusiones internacionales, sobre todo la presión del G7.  En respuesta, se armó un gabinete de crisis y se movió a los militares para tratar de apagar los flagelos.

Las cifras pintan un panorama desolador. Desde julio o antes, la deforestación en la Amazonía brasileña es 278% más que el miperíodo del 2018, son daos oficiales del INPE. En Brasil se contabilizaron 131 tierras indígenas incendiadas entre el 15 y el 20 de agosto de 2019. Pero todos los días se presentan nuevos incendios. Estos datos han sido levantados por la geógrafa Ananda Santa Rosa y Fabrício Amorim, con base en el Sistema de Información de Incendios.  Fire Information for Resource Management System  (FIRMS/NASA).

En medio de este caos, la situación más dramática es la de los pueblos indígenas en aislamiento. En Brasil existen 114 registros de estos grupos, de los cuales 28 son confirmados por el organismo oficial indigenista del gobierno o FUNAI.

¿Cuántos huyen del fuego? La información levantada sugiere que se contaron 15 incendios en tierras donde hay registros de indígenas en aislamiento, especialmente en los estados de Mato Grosso, Pará, Tocantins y Rondônia.

Petróleo y minería contra las comunidades amazónicas de Ecuador

Antes que los grandes incendios, en Ecuador la megaminería es el gran mal. Estas actividades están avanzando sobre los territorios en el sur de la Amazonía de Ecuador. Se suma una enorme pérdida de biodiversidad, conminación del agua y desplazamiento de las comunidades indígenas Shuar.

Las imágenes satelitales evidencian que, durante los últimos años, existe un aumento de situaciones dramáticas de incremento de lluvia y nuevas zonas  de inundaciones en la Amazonía norte, que desde hace décadas es destruida y contaminada por actividades petroleras. 

El avance de la frontera agrícola y el desarrollo incentivado por gobiernos locales fomentan la deforestación en esta zona.  La apertura de nuevas carreteras abre paso a la colonización y desplazamiento de comunidades indígenas Waorani y Kichwa, principalmente. 

Al Parque Nacional Yasuní le están diezmado la deforestación derivada de la explotación de petróleo, por nuevas carreteras y plataformas. Lo peor es que ponen en grave riesgo la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane, grupos indígenas que viven en aislamiento.

Grave daño a territorios intangibles en Bolivia

Un millón de hectáreas de bosque se han incendiado en lo que del 2019. Desde finales de julio hasta agosto, el incendio forestal de la Chiquitanía  devastó 780.000 hectáreas. Lo más afectado está en la región de Chiquitanía y los territorios Ayoreo, Chiquitano y Monkoxi.

También se han afectado gravemente  y desaparecido bosques secos en la frontera con Paraguay, en el área decretada con intangibilidad (inviolable y prohibido el ingreso de gente extraña) para Pueblos en Aislamiento Ayoreo y el Territorio Guaraní. Estas zonas representan los últimos refugios para su supervivencia cada vez más amenazados por los agronegocios y la política de gobierno. 

Los incendios afectan a los pueblos en aislamiento del Perú

La mayor parte de los incendios forestales ocurren en zonas de la Sierra (Cusco y Ayacucho). Una buena parte de los incendios reportados en la  selva están directamente vinculados a territorios pueblos en aislamiento o en contacto inicial.

El impacto es grave, no solo en las condiciones del territorio sino también en la calidad del aire y recursos naturales para su subsistencia. Esto afecta directamente a los derechos a la vida, salud y seguridad alimentaria de los pueblos que allí habitan. 

Uno de los incendios detectados afecta al área propuesta para la creación de la reserva indígena de Sierra del Divisor Occidental (Ucayalí, Loreto). Este sitio ya cuenta con el reconocimiento oficial como refugio de los pueblos en aislamiento y que se superpone con el Parque Nacional de Sierra de Divisor, además se conecta con la Reserva Indígena Isconahua.

El segundo incendio está en el Distrito de Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios), próximo al Parque Nacional Alto Purús y a las reservas territoriales Mashco Piro y Madre de Dios. Este sector es parte de un ámbito mayor de desplazamiento los pueblos en aislamiento, conocido por las organizaciones indígenas como: Corredor Territorial Transfronterizo Pano-Arawak (Perú – Brasil). 

Tratar de controlar los incendios forestales resulta una tarea
muy complicada para los brigadistas.

¡Auxilio! La Amazonía, el pulmón del Planeta, en humo y cenizas

El gran pulmón del Planeta lleva 18 días consumiéndose en llamas. Así la Amazonía, región selvática más grande del mundo, se está convirtiendo en grandes extensiones de tierra cubierta de humo y cenizas.

Son 73.843 focos de incendios forestales que ya han consumido más de 700.000 hectáreas de bosque. La mayoría está en la selva de la Amazonía del noroeste de Brasil. Pero también afectan a ecosistemas como El Pantanal (Brasil), los llanos de Chiquitanía (Bolivia) y el Chaco que lo comparten Paraguay, Bolivia y Argentina.

Gigantes lenguas de fuego y columnas de humo envuelven a la vegetación de la Amazonía.

Tarcisio Granizo, exministro de Ambiente de Ecuador y actual director de la WWF Ecuador, recuerda que ‘normalmente’ en esta época ocurre este tipo de incendios. “Pero ahora se han salido de control por dos razones: Por políticas de deforestación implementadas por el actual gobierno brasileño y que han aumentado drásticamente desde el año pasado. Y por un período de sequía que sería atribuible al cambio climático”.

Organizaciones indígenas y defensores de la Amazonía apuntan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el mayor responsable de este crimen ambiental. Él, con su idea de impulsar la agricultura (especialmente cultivo de soya) y ganadería, ha permitido que los finqueros conviertan miles de hectáreas de bosques en tierras agropecuarias.

“Estos queman cuando quieren eliminar el rastrojo o abrir espacio para nuevos cultivos, pero se salen de control con el periodo de sequía y los fuertes vientos”, es la afirmación de Granizo.

Los pueblos indígenas de la Amazonía agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) se declararon en emergencia humanitaria. Además, responsabilizan a los gobiernos de Bolsonaro y Evo Morales, de Bolivia, “por la desaparición y genocidio físico, ambiental y cultural que se presenta actualmente en la Amazonía y que por su acción y omisión se hace cada día más grave”.

Las pérdidas son irreparables

Poblaciones indígenas en peligro, bosques con cientos de especies de plantas, árboles, aves, animales e insectos están asfixiándose o mueren calcinados. El cuadro es desolador.

Según la COICA, están en inminente riesgo de extinción más de 506 pueblos indígenas de la  Cuenca Amazónica.

La WWF alerta que “la Amazonía está ardiendo” y revela que está en riesgo el hábitat de 34 millones de habitantes. Además, que no son solo crisis locales, sino que significan un peligro para la región y el planeta entero (ver gráfico).

Por su parte, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica advierte que la Amazonía es el hogar de 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies de aves, 550 de reptiles y 500 de mamíferos.

Tarcisio Granizo pinta un panorama más complejo. “Es una cuestión complicada, ya que se considera que la recuperación de la zona afectada por estos incendios en la Amazonía tomaría entre 100 y 200 años”.

Pero la cuestión es qué hacer de aquí en adelante. El exministro del Ambiente de Ecuador plantea un acuerdo entre los países amazónicos para detener la deforestación a largo plazo.

Claro que esto depende también de los hábitos de alimentación y consumo insostenibles de la sociedad actual, además de las políticas de gobiernos como el de Brasil, que responde a intereses de grandes hacendados y productores.

Cientos de personas protestaron ante la Embajada de Brasil en Quito, igual como lo hicieron en muchas otras ciudades, en defensa de la Amazonía.

Por eso para presionar en defensa de la Amazonía, diversas organizaciones empezaron a salir a las calles como ya lo hicieron la tarde de este viernes 23 de agosto a protestar frente a la Embajada de Brasil en Quito. También a la campaña masiva en redes sociales bajo la etiqueta de #PrayforAmazonia o Roguemos por la Amazonía.

Una conmovedora escena. Un bombero brasileño da agua a un armadillo que se salvó de morir.

Una sentencia ‘precedente’ para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento

Por el ataque y matanza a una familias indígenas en aislamiento, 10 waorani fueron sentenciados bajo una visión de interculturalidad. Fotos: Fiscalía General del Estado

El hecho mismo de que ya exista una sentencia condenatoria marca un precedente. Así lo consideran algunos entendidos en el tema sobre la sentencia de un Tribunal Penal contra 10 indígenas waorani por el ataque a familias en aislamiento de la Amazonía ecuatoriana, ocurrido el 30 de marzo del 2013.

En ese entonces, 17 waorani se encaminaron selva adentro hasta un asentamiento (casa que la estuvieron construyendo) de un grupo indígena en aislamiento. Este último sería parte de los tagaeri – taromenane, que superviven en el Parque Nacional Yasuní y están al borde del exterminio por diversas formas de presión, entre estas la extracción petrolera.

Los waorani atacaron con armas de fuego, provocando una matanza, sobre todo de mujeres y niños (serían más de 20 las víctimas). Además, trasladaron a la fuerza a dos niñas (en ese entonces de 7 y 9 años), quienes hoy viven en comunidades waorani.

El 5 de marzo del 2013, dos ancianos waorani, Ompure y su esposa Buganey, murieron lanceados en la chakra cerca de su casa. De allí que el ataque fue en cumplimiento de una tradición de venganza por esas dos muertes.

Todo lo antes anotado es con base a los testimonios de los hoy sentenciados, incluso a fotografías por ellos mismo captadas en el sitio donde ocurrió el ataque.

En audiencia pública en Pompeya, una comunidad de la provincia amazónica de Orellana, los jueces de la provincia amazónica de Orellana anunciaron su resolución. Acudieron 11 de los 17 acusados (uno fue absuelto). Queda pendiente la presentación de otros seis imputados.

La sentencia (leída en español y waoterero –lengua waorani-)

  • 200 horas de trabajo comunitario por año, durante cuatro años, en las comunidades cercanas a sus casas.
  •  La construcción de chakras y casas tradicionales waorani.
  • Una fiesta cultural waorani en una comunidad que será escogida por la Comisión encargada de hacer seguimiento de la sentencia.
  • Que se oficie –previo a la fiesta- a la Secretaría de Derechos Humanos para que realice una inducción de derechos humanos, en especial el derecho a la vida.

Un comunicado de prensa de la Fiscalía General del Estado explica que los jueces resolvieron que se trata de un homicidio, delito tipificado en el Artículo 449 del Código Penal anterior y 144 del vigente Código Orgánico Integral Penal (COIP). Pero el Tribunal Penal, acogiéndose a principios de interculturalidad, “dispuso una pena conforme a la cosmovisión indígena, previa coordinación con ancianos waorani”.

Según la Fiscalía, esta sentencia “se encuentra estipulada en los principios de interculturalidad, contenidos en la Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales…”.

El Estado ecuatoriano, en deuda

Esta es la primera sentencia sobre estos casos y es un avance. ¡Al fin una sentencia tras seis años de lo ocurrido, después de tantas dilataciones! Si es suficiente o no, fluirán diversas posiciones, hasta algunas polémicas. Lo cierto es que es un ‘lavado de manos’ del Estado ecuatoriano frente a una matanza.

Por un lado, están los waorani que no logran entender la justicia occidental, cuyas aspiraciones sería que no existiese sentencia. Para otros que lo ven desde el punto de vista occidental sin entender las particularidades de la cultura waorani, querrían que se aplique lo estipulado en la ley sobre el homicidio.

La lectura de Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los pueblos en aislamiento, es que “primero se reconoce que hay un delito cometido, pero se logra una sentencia alternativa a la cárcel. En términos generales se marca un antes y un después. Pudo ser más tiempo de trabajo comunitario y más específico en su aplicación”.

Lo negativo del juicio y de la sentencia –así lo mira Pichilingue- es que “no hayan considerado otros responsables como funcionarios de la empresa petrolera y del Estado que, por acción u omisión, tuvieron responsabilidad en lo que sucedió. Este ataque ocurrió dentro de un bloque petrolero, a pocos metros de la vía Maxus, una carretera petrolera, y ni se pararon las actividades como se ha dicho tantas veces”.

Tampoco se consideró la denuncia del Vicariato de Aguarico y la Fundación Alejandro Labaka sobre que hubo conocimiento de parte de funcionarios del Estado y de la petrolera de que iba a darse el ataque en venganza.  Incluso se denunció que los waorani organizaron tres expediciones al interior de la selva.  “Todas esas cosas no fueron investigadas. Hubiese sido bueno que también se dé un proceso penal al respecto”, se lamenta Pichilingue.

La casa de las familias en aislamiento voluntario, ocho meses después del ataque del 30 de marzo del 2013.

Milagros Aguirre, en su artículo de opinión ‘La cereza del pastel’ (publicado este jueves 22 de agosto en Diario El Comercio), hace una dura crítica al considerar que esta sentencia es una “lavado de manos” del Estado ecuatoriano “disfrazada de sentencia con aplicación de principios de interculturalidad, sin que nadie diga ni pío”.

La articulista insiste que judicializaron a los waorani en un sistema nada intercultural. “Separaron a las niñas. Mandaron a la cárcel a unos atacantes (a otros no) y les acusaron de algo que no podían entender (genocidio)… Luego de años de dar palos de ciego (y de gastar recursos), pusieron un traductor waorani para simular el cumplimiento de un derecho fundamental. Finalmente un tribunal los condenó como culpables, pero le dejó la responsabilidad de la sentencia a otros: a un grupo de ancianos waorani…”.

Para Vannesa Barham, experta en pueblos indígenas, esta resolución del Tribunal Penal demuestra que “el Estado ecuatoriano no tiene otro tipo de lecturas frente a estos casos. Carece de soluciones diferentes a las penales, es decir solo es punitivo”.

José Proaño, Director para América Latina de Land is Life, agrega que “tratarles como responsables de un crimen resulta una visión muy limitada ante una situación de interculturalidad”. Además, que una verdadera reparación del conflicto en la zona, por ejemplo, debió apuntar a definir la situación de las niñas. “Más allá de tenerlas bajo el Sistema estatal de Protección a las Víctimas como testigos protegidos, más bien debería proponer su reunificación o, al menos, un reencuentro y a futuro sean ellas quienes  decidan estar juntas”.

En definitiva, no existe tal protección para estos pueblos, a pesar de que está delimitada una Zona Intangible (intocable desde el exterior) y hasta un Plan de Medidas Cautelares desde el 2007, que,  entre otras cosas, debería buscar acuerdos de protección con las organizaciones y comunidades waorani y kichwa, asentadas también en estos territorios dentro del Yasuní y en sus goteras.

Peor aún frente a un reciente Decreto (751) y dos licencias ambientales, otorgadas por el Ministerio del Ambiente. Estos dan luz verde para la explotación en dos bloques petroleros en zonas donde se ha advertido presencia de estos grupos en aislamiento.

Los defensores de los tagaeri – taromenane temen que sigan ocurriendo encuentros violentos entre estos indígenas aislados con los waorani y gente externa, que llega a estas zonas movida por la explotación de petróleo.

La audiencia pública donde se hizo conocer la resolución del Tribunal de Garantías Penales fue en la comunidad de Pompeya.

La frontera extractiva en el Yasuní se desborda

El temor es que los pueblos indígenas en aislamiento sufran encuentros fortuitos con los extraños y terminen en enfrentamientos. Foto: Karla Gachet

Al Parque Nacional Yasuní ya casi no le queda un rincón libre de agujeros para extraer petróleo desde sus entrañas. Uno de estos últimos espacios era el conocido bloque Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el noreste de esta área protegida, en la Amazonía ecuatoriana.

Pero en medio de la impotencia de sus defensores, el Ministerio del Ambiente decidió emitir las licencias para la explotación de dos plataformas del campo Ishpingo. Carlos Pérez, ministro de Energías y Recursos Naturales no Renovables, lo anunció el 25 de julio del 2019.

Como si se anticipara a las reacciones de rechazo, el ministro Pérez adujo que esta franja está fuera del área de amortiguamiento del Yasuní y solo bordea la Zona Intangible (está dentro del área protegida), donde se considera superviven los Tagaeri y los Taromane.

Los antropólogos y defensores de estos dos últimos pueblos indígenas en aislamiento advierten del grave riesgo. Pues estos pobladores no saben de límites y se movilizan más allá de la Zona Intangible en busca de alimentos y de cacería para su sustento.

El peor temor de los defensores de los derechos de los pueblos en aislamiento es que aquello provocaría encuentros fortuitos y potenciales enfrentamientos con extraños que ingresen a sus territorios para construir plataformas y extraer el crudo. Esto se fundamenta en diferentes episodios trágicos ya ocurridos en el Yasuní.

Eduardo Pichilingue, ecólogo y defensor de los derechos humanos de los pueblos en aislamiento, asegura que se está acortando el territorio de estas dos comunidades, al igual que el de los waorani. “Eso agrega presión a sus espacios que, de alguna manera, ya está disminuido. Y podría llevar a mayores conflictos no solo del lado de Ecuador sino de Perú. Los aislados han estado moviéndose inusualmente en esa zona de frontera y saliendo hacia comunidades donde casi no se los veía”.

Pichilingue teme que “estos encuentros no siempre son pacíficos sino con alto grado de tensión que podrían terminar en violencia y muertes en algunos casos. Con mayor presión nunca se sabe y obviamente están en riesgos las vidas no solo de los indígenas en aislamiento sino también de quienes comparte con ellos ese territorio”.

Ni las advertencias ni las protestas frenaron el afán extractivista del gobierno del presidente Lenin Moreno. Más bien, este siguió el mismo rumbo de su antecesor, Rafael Correa, quien tanto promocionó la Iniciativa Yasuní-ITT. Dentro y fuera del país, armó una ‘ilusionadora’ campaña para recaudar fondos a cambio de dejar el crudo del Yasuní bajo tierra.

Este 15 de agosto se cumplieron seis años del fracaso anticipado, ya que Correa, a la par y casi a escondidas, impulsaba un Plan B (en realidad era el Plan A) para explotar el petróleo en el área protegida más grande y biodiversa de la Amazonía ecuatoriana.

El Gobierno de Moreno fiel a esa línea, el 21 de mayo del 2019 promulgó el Decreto 751, con el cual lapidó al Yasuní y a la supervivencia de los Tagaeri y Taromenane.

Con ese decreto se dejó la puerta abierta para que entren los extractivistas a armar sus plataformas de perforación extracción en varios bloques, incluso en el área de amortiguamiento.

Para eso se escudó en el SÍ de la Consulta Popular (convocada por el Gobierno) del 4 de febrero del 2018, que ordenó la ampliación en, al menos 50.000 hectáreas el área protegida y en más de 60.000 hectáreas a la Zona Intangible, además de reducir de 1.030 a 300 hectáreas la zona autorizada para explotar petróleo. La Zona Intangible subió de 758.051 a 818.502 hectáreas.

Sin embargo, la coartada estaba en el artículo 3 del Decreto 751, que prohíbe nuevas obras como carreteras, centrales hidroeléctricas, centros de facilidades petroleras y otras. Mas exceptúa a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos.

Los Yasunidos insisten en la Consulta Popular

El Colectivo Yasunidos insiste en evitar el extractivismo petrolero en territorio de los pueblos indígenas en aislamiento

Un grupo de mujeres activistas del Colectivo Yasunidos (defensores del Yasuní) sorprendió al tomarse pacíficamente el Consejo Nacional Electoral (CNE). La mañana del 15 de agosto del 2019, asumieron esa medida en exigencia a que este órgano gubernamental analice y apruebe la Consulta Popular propuesta por su colectivo.

En el 2014, Yasunidos y otras organizaciones presentaron el pedido de Consulta ante el CNE, con el respaldo de 756.623 firmas. Pero no fue aprobado, ya que se validaron solo 359.761 rúbricas. Fraude, así lo calificaron.

Por eso, ahora asumieron una medida de más presión. Exigen que la presidenta del CNE, Diana Atamaín (una mujer amazónica), convoque al Pleno para discutir y dar paso a esta iniciativa ciudadana.  

Antonella Calle, integrante de Yasunidos, insiste en que “hemos esperado años para que se apruebe esta consulta, mientras la frontera extractiva en el Yasuní sigue avanzando. Por eso creemos que la vida de los pueblos en aislamiento y los derechos de la naturaleza no pueden esperar más”.

Durante su medida de hecho en el CNE, recibieron una serie de manifestaciones de respaldo a la espera de una respuesta en el intento por salvar al Yasuní y sus habitantes.

Al caer la tarde del segundo día de la toma pacífica, el CNE reaccionó mediante un comunicado. Pero fue para desentenderse del pedido de Consulta Popular bajo el argumento de que no es atribución aprobarla.

Ante esa situación, las mujeres del Colectivo Yasunidos (formado hace seis años) levantaron su medida, pero dejaron en claro que irán por otras opciones hasta conseguir el objetivo.

Las mujeres activistas del Colectivo Yasunidos se tomó pacíficamente el CNE para exigir se analice y apruebe su iniciativa de Consulta Popular. Foto: Jaime Plaza

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